La Libertad Avanza reunió a más de 1500 dirigentes bonaerenses en el lanzamiento del programa 2026 de la EFDAP.
Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha el cierre de una jornada de formación política de La Libertad Avanza con la participación de más de 1500 dirigentes de la provincia de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en el marco del lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), donde se desarrollaron capacitaciones en estrategia, comunicación y organización territorial.
Durante el cierre, Karina Milei destacó el compromiso de la dirigencia y afirmó que el objetivo del espacio es consolidar su crecimiento en la provincia.
La titular de LLA remarcó la necesidad de construir con presencia en cada distrito y sostuvo que el desafío es ganar la provincia de Buenos Aires y sostener el rumbo político iniciado a nivel nacional.
Por su parte, Sebastián Pareja señaló que el espacio trabaja con un plan estratégico para alcanzar ese objetivo, mientras que Santilli convocó a la unidad para impulsar una transformación en el territorio bonaerense.__IP__
La actividad contó además con la participación de legisladores nacionales y provinciales y buscó fortalecer la formación dirigencial y la construcción política en los 135 municipios.
El portavoz de la oficina del primer ministro, Keir Starmer, recordó el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 98 % de los votantes se pronunció a favor de permanecer como territorio británico, consulta que Argentina no reconoció
El Gobierno británico rechazó este viernes cualquier cuestionamiento sobre la soberanía del Reino Unido sobre las islas Malvinas, luego de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono con una lista de posibles represalias de Washington contra aliados de la OTAN que no respaldaron la postura estadounidense frente a Irán.
“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, declaró el portavoz de la oficina del primer ministro Keir Starmer.
El correo, cuya autenticidad no fue verificada de manera oficial, detalla una serie de medidas que Estados Unidos podría adoptar contra España y el Reino Unido como represalia por la falta de alineamiento de ambos países con la política exterior de la administración del presidente Donald Trump.
Fotografía de archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (Islas Malvinas). EFE/Felipe Trueba/Archivo
Entre las opciones figura la revisión del respaldo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina. La información fue difundida inicialmente por la agencia de noticias Reuters y replicada en medios británicos como el tabloide británico The Sun, el diario The Telegraph, el tabloide Daily Mail, el diario The Independent y el periódico The Guardian.
El portavoz gubernamental británico recordó el referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 98 % de los votantes se pronunció a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, consulta que Argentina, que reclama la soberanía sobre el archipiélago situado a unos 500 kilómetros de sus costas continentales, no reconoció.
La reacción de la prensa británica
La respuesta de la prensa local fue inmediata. The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la OTAN reticentes.
Daily Mail amplió que el documento también contempla la suspensión de España de la Alianza Atlántica a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán. Washington cuenta con dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.
The Sun, por su parte, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. El conflicto de ese año dejó un saldo de aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos.
La postura de Milei
Desde Buenos Aires, el presidente Javier Mileiaseguró en una entrevista con el canal digital Neura que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho” en el reclamo de soberanía sobre las islas, aunque reconoció que “no depende solo de nosotros”. “La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo con cerebro”, señaló, y agregó: “No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile”.
La sintonía entre Milei y Trump aparece como telón de fondo en este escenario. Esta semana, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, visitó Argentina y reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”. El funcionario anunció, además, que EEUU ampliará su asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento de fuerzas de seguridad.
El presidente Javier Milei parte este sábado con su comitiva a Israel donde se reunirá con Netanyahu y participará de los actos por la independencia.
El presidente Javier Milei viajará este sábado hacia Israel en lo que será su tercera visita oficial, en un contexto marcado por el conflicto en la región y con una agenda cargada de actividades políticas, institucionales y simbólicas. En la agenda oficial está prevista una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu.
La comitiva partirá a las 11 a bordo del avión presidencial ARG01 e incluirá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.
Agenda en Jerusalén
El arribo está previsto para el domingo a las 9:30 (hora local). Una hora después, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, un sitio emblemático que suele incluir en cada uno de sus viajes al país.
Más tarde, la agenda incluye un encuentro clave con el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde podrían anunciarse acuerdos bilaterales y el inicio de operaciones de la aerolínea El Al entre ambos países.
En paralelo, el canciller argentino mantendrá una reunión con su par israelí, Gideon Sa’ar.
Actos oficiales y reconocimiento académico
Durante la noche del domingo, Milei participará de la pregrabación de la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en el Monte Herzl.
Para el lunes, el mandatario será distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, donde también brindará una exposición.
Ese mismo día, mantendrá una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá otra distinción académica.
Cierre de la visita
Antes de regresar al país, el jefe de Estado también tiene previsto reunirse con rabinos y recorrer la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más importantes del cristianismo.
El viaje concluirá el lunes por la noche, tras su participación en los actos centrales por la independencia israelí, con llegada a Argentina prevista para el miércoles por la mañana.
La visita se da en un contexto internacional complejo, donde la política exterior argentina busca consolidar su alineamiento con Israel y reforzar vínculos estratégicos en medio del escenario bélico en Medio Oriente.
Pese a que era una periodista importante dentro de C5N, el canal de noticias decidió desistir con ella y ya están negociando su salida en la brevedad.
En C5N el tablero se volvió a mover y esta vez con una decisión que no pasó desapercibida. Después de meses de cruces, tensiones y un perfil cada vez más marcado, una de las figuras más polémicas del canal quedó afuera de uno de sus programas más emblemáticos.
¿Quién es al periodista que se irá de C5N?
El nombre en cuestión: Mariana Brey. La salida se dio en Duro de Domar, el ciclo donde Brey había logrado consolidarse como una de las voces más picantes del panel. Su rol no era menor: generaba debate, incomodaba y funcionaba como contrapunto en un programa que vive de la confrontación de ideas.
Mariana Brey no continuará en Duro de Domar.
Pero la relación empezó a desgastarse. Los cruces al aire, especialmente con Pablo Duggan, se volvieron cada vez más frecuentes y dejaron de ser solo parte del show. A eso se sumó su fuerte exposición en redes, donde su posicionamiento político empezó a tomar protagonismo y a generar repercusiones dentro y fuera del canal.
Los detalles de la salida de Mariana Brey de C5N
La confirmación llegó desde otro clásico de la TV, cuando Rodrigo Lussich dio detalles en Intrusos. “Fue la salida”, explicó, aunque aclaró que el término “despido” todavía no está del todo cerrado. ¿El motivo? Brey sigue en negociaciones con el canal para definir su futuro.
Es que, por ahora, la puerta no está completamente cerrada. En C5N evalúan la posibilidad de reubicarla en otro espacio, lo que deja el escenario abierto a un posible reacomodamiento más que a una desvinculación definitiva.
Mientras tanto, en el propio panel de Intrusos, Adrián Pallares aportó otra mirada: “Es una pérdida enorme para Duro de Domar”. Una frase que resume el impacto interno de la decisión, más allá de las diferencias.
También se deslizó que el cambio podría no ser exclusivamente por ella, sino parte de una renovación más amplia dentro del programa. Una estrategia habitual en la televisión cuando se busca oxigenar formatos que empiezan a mostrar desgaste.
Lo cierto es que la salida ya es un hecho. Y aunque todavía no está definido si seguirá en el canal, el capítulo en Duro de Domar parece haber llegado a su fin.
En un medio donde las polémicas suman pero también desgastan, el caso de Brey vuelve a dejar una enseñanza conocida: el equilibrio entre el personaje y el programa es frágil. Y cuando se rompe, las decisiones no tardan en llegar.
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos en una escena que vuelve a repetirse en la Argentina, pero que esta vez deja al descubierto una crisis más profunda en el funcionamiento de los municipios.
Lo que en otro momento hubiese generado una reacción automática de apoyo, hoy abre un interrogante incómodo: ¿el problema es solo la falta de recursos o también la forma en que se administran?
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos y obras paralizadas
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos vinculados a la paralización de la obra pública, la caída de la coparticipación y la reducción de transferencias nacionales.
El planteo es claro: aseguran que los municipios están asfixiados y que sin asistencia financiera se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos.
Pero del otro lado, la respuesta del Gobierno nacional no se mueve en la misma lógica. El mensaje es otro: antes de pedir más recursos, es necesario ordenar las cuentas.
Ahí comienza el verdadero conflicto.
Municipios en crisis: entre la falta de recursos y la mala gestión
Cada vez que los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, el debate volvió al mismo punto: la dependencia estructural de los municipios respecto del Estado nacional.
Durante años, el esquema fue relativamente simple. Cuando los ingresos no alcanzaban, el camino era aumentar tasas o recurrir a la Nación.
Hoy, ese modelo muestra signos evidentes de agotamiento.
En muchos casos, la generación de recursos propios es limitada, y las economías locales no logran despegar con la fuerza suficiente como para sostener estructuras municipales cada vez más costosas.
La discusión de fondo: eficiencia o dependencia del Estado
El reclamo no es solo económico. Es político y cultural.
Cuando los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, también quedó en evidencia una discusión más profunda: ¿cuánto de esta crisis responde a factores externos y cuánto a problemas internos de gestión?
Mientras el sector privado enfrenta un contexto adverso ajustando costos, optimizando recursos y buscando eficiencia, el Estado —en muchos niveles— sigue funcionando con inercias difíciles de modificar.
La comparación, aunque incómoda, es inevitable.
El contraste con el sector privado
En el ámbito privado, cada peso cuenta. Las decisiones se toman en función de resultados concretos y medibles. La eficiencia no es un valor deseable: es una condición de supervivencia.
En cambio, en buena parte del sector público, esa lógica no siempre se aplica con la misma rigurosidad.
Por eso, cuando los intendentes reclamaron a Caputo por fondos, una parte de la sociedad no reaccionó con empatía, sino con escepticismo.
Porque detrás del reclamo aparece una pregunta que ya no puede evitarse: ¿se está gestionando bien?
Un modelo agotado que vuelve a ponerse en debate
Lo que está en discusión es mucho más que una transferencia de recursos.
Es el modelo de funcionamiento de los municipios en Argentina.
Durante décadas, se consolidó un esquema donde el gasto crece, la dependencia se profundiza y la responsabilidad se diluye entre distintos niveles del Estado.
Cuando ese sistema deja de recibir financiamiento constante, entra en crisis.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Lo que no se dice
Hay un punto que rara vez se menciona en el discurso público: no todos los municipios están en la misma situación.
Algunos lograron ordenar sus cuentas, mejorar su recaudación sin aumentar la presión fiscal y generar desarrollo local.
Otros, en cambio, siguen atrapados en una lógica de corto plazo, donde la solución siempre parece estar afuera.
La diferencia no es solo económica. Es de gestión.
Lo que viene
El conflicto está lejos de resolverse.
Es probable que los intendentes sigan reclamando a Caputo por fondos, y que el Gobierno nacional mantenga su postura de ajuste y control del gasto.
Pero hay algo que ya cambió.
La sociedad.
El ciudadano que paga impuestos —muchas veces con esfuerzo extremo— ya no acepta con la misma facilidad que el Estado administre mal y luego pida más recursos.
La tolerancia bajó. La exigencia subió.
CONCLUSION
Intendentes reclamaron a Caputo por fondos, pero el verdadero debate no pasa solo por el dinero.
Pasa por la capacidad de gestión, la eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad política.
Porque en la Argentina que viene, ya no alcanza con pedir.
A la fiscal, que estuvo a cargo de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la imputaron por “encubrimiento agravado”. Dijo que le llamaba la atención que Eduardo Taiano la hubiera imputado luego de que se le solicitó el pedido de juicio político por su accionar en la causa “cripto Libra”.
La ex fiscal Viviana Fein le solicitó este lunes al juez Julián Ercolini que dicte la falta de mérito y que dé lugar a las declaraciones testimoniales que solicitó, en una audiencia en la que se presentó en la causa que la investiga por el posible “encubrimiento agravado” en la escena en la que se encontró sin vida a titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015.
Fein, que ya está jubilada, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py. En rigor se trató de una ampliación de indagatoria ante el fiscal Eduardo Taiano, al que señaló por considerar que la imputación que pesa sobre ella (de “encubrimiento agravado”) le resulta “absurda y hasta delirante”. Ya había declarado a fines del mes de febrero, luego de una suspensión de la audiencia el año pasado.
“El encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores (…)”, sostuvo la ex fiscal en el acta de la audiencia
Fein aseguró que llegó a la casa del fiscal Nisman, en la torre Le Parc de Puerto Madero, durante la madrugada del 18 de enero de 2015 y que en ese momento era un “domicilio desconocido por ella”. Dijo que al arribar solo sabía que había una persona fallecida, sin conocer las circunstancias de la muerte y que tampoco conocía a ninguno de los policías que estaban allí ni a los altos mandos de las fuerzas de seguridad.
Remarcó que cuando llegó no había personal policial dentro del departamento. Fein subrayó que la causa “estuvo diez años bajo la órbita de la parte acusadora, durante mucho tiempo paralizada porque las pruebas son mínimas” y que ahora se la acusa únicamente a ella. En ese sentido, se consideró un “chivo expiatorio” del fiscal Taiano.
En otro tramo de la audiencia, Fein rechazó la imputación del fiscal Taiano, que la acusó de manipular la prueba. Dijo que quienes manejaron la prueba fueron los peritos y el personal de Prefectura, y esto fue observado por testigos.
Fein defendió el accionar de la policía, en particular del personal que tomó las huellas. Sostuvo que actuaron “con todos los recaudos desde un primer momento mientras hizo su trabajo dentro de todo el departamento”. Añadió que “muchas de las huellas que se levantaron no pudieron cotejarse por no tener todos los puntos característicos”.
La ex fiscal dijo que la puerta del departamento donde hallaron a Nisman sin vida “no estaba violentada” y que “sólo tiene apertura desde adentro”. Advirtió que si el fiscal Taiano tenía alguna sospecha respecto del accionar del vecino de Nisman, que podría haber permitido el acceso a su departamento a los presuntos autores en caso de que se trate de un crimen, pudo haberlo citado como testigo, algo que no hizo en más de 10 años.
Fein advirtió que le “llama la atención” que Taiano la haya acusado luego de que se le solicitó el juicio político por la causa “cripto Libra”, que instruye como fiscal.
Un “fiscal militante”
Fein dijo que el fiscal auxiliar Hernán Kleiman “concurre a los actos de aniversario de la muerte de Nisman” y que en uno de ellos disertó junto a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera pareja de Nisman, la madre de sus hijas y querellante en la causa. Para Fein, Kleiman es un “fiscal militante”. En ese sentido, considera que habría una “violación grave al principio de falta de objetividad e imparcialidad previsto en la ley ogánica del Ministerio Público Fiscal”.
Por último, la ex fiscal dijo que la situación que está viviendo es una “pesadilla que le genera impotencia”. Ni el tribunal ni el representante del Ministerio Público le hicieron preguntas.
Fein se retiró de tribunales sin hacer declaraciones a la prensa.
Roncaglia intimó a medios y desató un fuerte debate sobre los límites del periodismo en Argentina.
El episodio protagonizado por el ministro Néstor Roncaglia no es un hecho aislado ni una reacción desmedida. Es, en todo caso, la expresión visible de un cambio de época que el periodismo aún no termina de procesar.
Las cartas documento enviadas a Crónica TV, Canal 9 y al periodista Tomás Méndez marcan un punto de inflexión. Ya no se trata sólo de una disputa mediática o de versiones cruzadas. Lo que está en juego es el límite entre investigar y acusar sin pruebas.
Durante años, cierto periodismo capitalino construyó su lógica sobre el impacto inmediato. El dato lanzado al aire, el título fuerte, la denuncia en potencial que rápidamente se transforma en certeza para el público. El problema es que ese mecanismo, efectivo en términos de rating, empieza a mostrar fisuras cuando entra en contacto con el sistema judicial.
Porque no es lo mismo opinar que imputar. Y mucho menos cuando se trata de delitos graves como el narcotráfico.
En el caso puntual, las versiones difundidas vinculaban a Roncaglia con supuestas maniobras ilegales apoyadas en material atribuido al condenado Daniel Celis y a la exfuncionaria Griselda Bordeira, en el marco de la causa conocida como Narcomunicipio. Un terreno de extrema sensibilidad donde cualquier afirmación debería estar respaldada por pruebas sólidas, no por interpretaciones o filtraciones de dudosa verificación.
Roncaglia respondió con una frase que resume el nuevo escenario: la libertad de expresión no es absoluta. No es una novedad jurídica, pero sí una advertencia política y mediática. En un contexto donde todo se viraliza y el daño reputacional es inmediato, las consecuencias de una denuncia falsa ya no se diluyen con el paso del tiempo.
El episodio donde Roncaglia intimó a medios marca un límite cada vez más claro.
Hay un cambio silencioso en marcha. Funcionarios, dirigentes y hasta particulares empiezan a reaccionar más rápido. Ya no esperan que el tema se enfríe. Intiman, exigen rectificaciones, y avanzan judicialmente si es necesario. El costo de publicar sin sustento empieza a ser tangible.
Al mismo tiempo, los medios enfrentan un riesgo creciente. Porque cuando se cruza la línea, no responde sólo el periodista. También queda expuesta la estructura que lo respalda. Empresas, editores y plataformas entran en la misma ecuación.
Lo que aparece entonces es una doble vara que el propio periodismo deberá revisar. Si la denuncia es cierta, el reconocimiento es inmediato. Si es falsa, el daño queda, pero la rectificación rara vez tiene el mismo alcance. Esa asimetría es la que hoy comienza a ser cuestionada desde los tribunales.
Lo que no se dice es que detrás de muchas de estas publicaciones conviven intereses políticos, operaciones cruzadas y disputas de poder. El periodista, en ese esquema, puede pasar de investigador a instrumento sin advertirlo. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es sólo ético. Es legal.
El caso Roncaglia deja una señal clara. El margen para el “run run” sin respaldo se achica. Y en un ecosistema donde la credibilidad está en crisis, cada error no sólo afecta a quien es señalado. También debilita al sistema informativo en su conjunto.
El periodismo sigue teniendo un rol central. Pero ese rol exige algo básico que nunca debió perderse: rigor. Porque en esta nueva etapa, la diferencia entre informar y dañar puede terminar resolviéndose en un expediente judicial.
El impacto del caso no se limita a una disputa puntual. A partir de ahora, cada publicación que implique una acusación grave deberá estar respaldada con mayor solidez. El episodio en el que Roncaglia intimó a medios funciona como advertencia para un ecosistema informativo que muchas veces prioriza la velocidad sobre la precisión. En ese escenario, la credibilidad vuelve a ser el activo central del periodismo.
Este miércoles 8 de abril, desde las 9:00 horas, la Facultad de Derecho de la UNNE será escenario de una audiencia pública que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del Nordeste argentino. En el centro del debate estará el proyecto del segundo puente Chaco–Corrientes, una obra estratégica que excede lo meramente vial y se instala como una decisión de largo alcance político, económico y ambiental.
La disertación estará a cargo del ingeniero José Sesma, quien viene impulsando una visión clara: no se trata solo de construir un nuevo puente, sino de definir qué modelo de desarrollo se quiere para las próximas décadas. El eje central de su planteo es la necesidad de avanzar hacia un puente bimodal, que integre transporte vial y ferroviario.
Según el análisis técnico presentado, la diferencia entre un puente exclusivamente vial y uno ferro-vial no es menor. Mientras el primero consolida un sistema dependiente del transporte por camión —más costoso, menos eficiente y con mayor impacto ambiental—, el segundo permite una integración logística real, articulando trenes, rutas y vías fluviales.
El informe destaca que el transporte ferroviario puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en más de un 60% por tonelada transportada, además de mejorar la eficiencia energética y disminuir la congestión y la siniestralidad. En términos estratégicos, un puente bimodal no solo reduce costos a largo plazo, sino que posiciona a la región en un esquema logístico competitivo a nivel nacional e internacional.
La audiencia pública aparece así como una instancia clave de participación ciudadana, donde no solo se discute una obra de infraestructura, sino una política de Estado. La decisión que se tome no impactará únicamente en la conectividad actual, sino en la forma en que el Norte Grande crecerá, producirá y se integrará durante los próximos 50 años.
El mensaje es claro: no se trata de construir más rápido o más barato, sino de construir mejor. Porque, como advierten los especialistas, un puente sin ferrocarril nace limitado. Un puente bimodal, en cambio, nace preparado para el futuro.
Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, sostiene que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de LLA.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.
Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado. El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.
Cuando Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno, según documentos filtrados a los que tuvo acceso un consorcio de 7 medios integrado, entre otros, por el medio africano The Continent y el inglés openDemocracy.
Milei, figura emergente en el ecosistema de la extrema derecha mundial, asumió el cargo en diciembre de 2023 y se alineó enseguida con los intereses estadounidenses, al principio apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. También fijó su sello: la “motosierra”, en referencia a las medidas para “destruir el Estado desde adentro”, y un discurso caracterizado por insultos a quien se le opusiera.
A medida que Argentina -una sociedad ya polarizada– se tensaba más, una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como “La Compañía”, trató de explotar ese clima y echar leña al fuego. La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en más de 20 países de África y América del Sur, según los archivos filtrados.
La información se encuentra en 76 documentos que obtuvo The Continent y que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), Filtraleaks (Argentina) y 2 periodistas independientes de habla rusa.
Según los documentos, La Compañía se dedicó a contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos. También efectuó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas y “entrevistas a expertos, políticos, politólogos y economistas de la oposición”. Trazó, incluso, planes para apoyar a candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.
Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.
La investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto de US$ 283 mil.
Los documentos, presuntamente dirigidos a los encargados y financiadores de La Compañía, consignan intentos de exagerar el alcance de las operaciones, por ejemplo, duplicando en las planillas algunos de los artículos efectivamente publicados en los medios.
Los registros incluyen facsímiles con supuestas tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde US$ 350 a US$ 3.100 por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros que pudieron haber actuado como intermediarios, agencias de prensa o consultoras de comunicación. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. La investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.
openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios mencionados en los documentos y lograron entrevistar a directores, editores o periodistas de 15 de ellos.
Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.
Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos. Las 2 fuentes dieron versiones parecidas sobre el origen de los artículos y del dinero. En un caso, se trató de intermediarios que contactaban a los periodistas para gestionar la publicación de artículos mencionando a un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional. En el otro, empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.
“Es posible, pero no muy frecuente, que un redactor pueda colar publicaciones sin conocimiento de su editor. Y, si es cierto que esta red pagó más de 250 artículos, entonces es muy improbable que ningún editor o editora haya prestado atención al tema”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Martín Becerra.
Y agregó: “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”.
Autores ficticios y contenido fabricado
Muchos artículos no tenían autoría y, cuando aparecían firmas, los nombres eran desconocidos o inventados.
Según los facsímiles publicados por openDemocracy, el sitio web Realpolitik supuestamente publicó 20 artículos a un precio de US$ 550 cada uno, por un total de US$ 11 mil. Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos al director del medio, Santiago Sautel, este dijo que no los conocía.
“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo. Y agregó: “El origen de estas, en particular, lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática. Y si algunas de estas publicaciones se orquestaron en las sombras bajo algún interés puntual, lo desconocemos”.
Una de esas firmas, Manuel Godsin -vinculada a una noticia sobre las universidades que se manifestaban contra los recortes presupuestarios de Milei– fue desenmascarada ya 2 veces. Godsin aparece como doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un Centre for Political and Strategic Studies. Nada de esto es cierto, tampoco su cara, que corresponde a la foto de un ruso llamado Mikhail Malyarov. En 2025, el medio Africa Confidential lo expuso como un “perfil virtual” usado para propagar desinformación prorrusa en ese continente.
Una investigación del medio africano Code for Africa, publicada en marzo a partir de un reporte de OpenAI, afirma que es una “identidad ficticia”, creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado por ChatGPT.
Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin | James Battershill / openDemocracy
Otras firmas fantasma identificadas en esta investigación son Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto. Los 3 figuran como autores en el sitio web Diario Registrado, al que los documentos filtrados le atribuyen la publicación de 26 notas por un valor de US$ 28.600. El medio no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Di Taranto aparece en 20 artículos en 3 sitios web diferentes (Diario Registrado, C5N y Ámbito). Se lo describe como titular de un Máster en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Sin embargo, cuando Forbidden Stories le preguntó al respecto, la universidad negó que existiera tal título y afirmó que Di Taranto no figuraba como estudiante ni en ningún otro rol. La imagen vinculada a su biografía fue generada con software de Nvidia, según un artículo de Metro publicado en 2018, y se utilizó en varios perfiles de redes sociales.
Ámbito, un diario financiero tradicional que pasó al formato digital en 2024, aparece mencionado por la supuesta publicación de 8 artículos, valuados por los rusos en US$ 20 mil. Sus editores no respondieron a los pedidos de entrevista.
Entre tanto, la cara asociada a Juan Carlos López se puede encontrar en un banco de imágenes y, de nuevo, en perfiles de redes sociales en Facebook y LinkedIn, vinculada a diferentes nombres y actividades. Esta firma aparece en 9 artículos registrados en los documentos rusos y publicados en Diario Registrado.
C5N, el sitio web del canal de noticias C5N TV, figura en los documentos rusos publicando 17 artículos supuestamente por un valor de US$ 32.500, 14 de ellos firmados por Lopreiatto y Di Taranto. Sus editores declinaron hacer comentarios.
A24.com, un digital de noticias del canal A24 -parte del grupo América- publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”. Los documentos mencionan un presunto monto de US$ 16.500. Los editores no contestaron los pedidos de entrevista.
Diario Con Vos, un portal que perteneció al grupo de medios Radio Con Vos hasta 2024 y luego pasó a llamarse Es Nota, publicó 37 artículos a cambio, supuestamente, de US$ 40.700 según los documentos. La mayoría estaban firmados. Su director no aceptó el pedido de entrevista.
Otros digitales consignados en las planillas que publicaron artículos son Big Bang News (16 notas por US$ 12 mil) y Dos Bases (18 notas por US$ 6.300). Una fuente de Big Bang News negó cualquier relación con campañas o dinero de Rusia y aseguró que las notas fueron encargadas por los editores a sus periodistas. Dos Bases no contestó las preguntas del consorcio de medios.
El Grito del Sur, un digital de izquierda, aparece en los documentos con 6 notas por supuestamente US$ 2.400. En una respuesta por escrito, el editor en jefe Yair Cybel negó que hubieran aceptado dinero para publicarlas, pero aclaró que aceptan “toda información dispuesta a desacreditar al gobierno de Milei, con fundamento en la realidad objetiva”.
Y agregó: “Nuestro medio respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania, a Palestina en el genocidio al que lo somete Israel y a Argentina en su reclamo por Malvinas. Nuestro comité editorial en plenitud anhela que las tropas rusas de Putin avancen hasta tomar Londres, y hará su humilde aporte comunicacional para que eso se concrete”.
Tambores falsos de guerra
El 23 de agosto de 2024, el sitio web El Destape publicó una nota que contiene una versión sobre 3 argentinos detenidos por la policía chilena mientras transportaban un artefacto explosivo, un dron y “mapas electrónicos” de la región de Ñuble, cerca de la frontera binacional. El hecho, que aparece mencionado en el artículo firmado por Fernanda Velázquez, cuya única huella digital es una página con sus reportajes en El Destape, no pudo ser verificado.
Según openDemocracy, esta historia figura en un documento filtrado: “Para crear tensión entre Argentina y Chile (13-29 de agosto), se introdujo una noticia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas, en interés de EE.UU.”.
El Destape -un portal de noticias lanzado en 2014 que incluye una emisora de radio y un canal de televisión- aparece en los documentos rusos. Sus editores se negaron a responder a las preguntas de openDemocracy.
La historia de los falsos saboteadores fue recogida por 2 digitales chilenos, Osorno en Vivo y La Razón. El editor de Osorno en Vivo, Juan Luis Rubilar, dijo a openDemocracy por escrito: “Alguien copió la nota y la puso en la web. No sabemos quién. No se recibió pago. Mil disculpas; si es falsa la podemos sacar de la web”. La Razón no contestó nuestras preguntas.
Los rusos ensayaron otros títulos escabrosos sobre Argentina y Chile, como “Mapa de la partición de Chile tras la guerra con Argentina” y “Se están reclutando soldados en Argentina para una guerra con Chile”. No encontramos registro de que algo así se hubiera publicado.
Otra línea de propaganda buscó explotar la extravagante relación de Milei con sus perros. “Objetivo y descripción: inyectar una noticia sobre Milei comprando 5 collares para perros de Cartier por valor de US$ 64 mil en EE.UU.”, dice uno de los documentos. No hay referencias sobre dónde se publicó esto, pero un artículo idéntico apareció en un sitio web de República Dominicana y en una publicación de Instagram.
Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta con contenidos de La Compañía contra Ucrania y Milei | James Battershill / openDemocracy
¿Qué es La Compañía?
Los documentos muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin, tal como reveló una investigación previa de openDemocracy, que puso de manifiesto cómo agentes intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del ex presidente Luis Arce en Bolivia.
Uno de los 17 ex contratistas de Wagner que siguieron vinculados a La Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía en uno de los documentos filtrados.
En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos.
“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan de trabajo para intensificar los intercambios con políticos de la oposición.
Ocho meses después, el Gobierno argentino informó que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en “campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”. Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.
La senadora argentina Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre de 2025, dijo a Filtraleaks que a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a La Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas.
“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, dijo Bullrich.
Según una investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), publicada en enero de este año, Andriashvili y Yakovenko abandonaron Argentina rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicar esta investigación, ambos siguen viviendo en Buenos Aires.
En una respuesta por escrito a openDemocracy, Andriashvili dijo: “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas. Y no tenemos ninguna relación con la organización mencionada en su descripción. Tampoco se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, simplemente porque no existen”.
En el negocio del caos
Cuando Milei llegó al gobierno, cambió la posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania de la administración de Alberto Fernández, que mantenía relaciones amistosas con Moscú.
En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Milei totalmente alineado con él, Argentina se abstuvo en una votación de la ONU que reclamaba el retiro inmediato de Rusia de los territorios ucranianos invadidos. Washington votó en contra. Pero la guerra de Rusia contra Ucrania es un asunto marginal en la agenda pública argentina.
En las elecciones de 2025, el partido de Milei obtuvo una victoria ajustada y ganó más bancas en el Congreso -pese a estar inmerso en causas de corrupción– y después de que Trump dejara en claro que un rescate de US$ 20 mil millones para la economía argentina dependía de que el partido del Presidente ganara los comicios.
Además de los US$ 283 mil presupuestados por La Compañía supuestamente para influir en los medios, en los registros de gastos se encontraron US$ 343 mil repartidos en rubros como recopilación de información y organización del trabajo en el terreno.
“El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido. Lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos”, dijo el experto en medios Martín Becerra.
“El Wagner Group, y en general las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos”, dijo. El objetivo es “pescar en río revuelto”.
Por tanto, las campañas de desinformación rusas no deben interpretarse como unidireccionales. “Pueden, en un determinado contexto, favorecer a alguien como Donald Trump y, en otro, dañar su reputación”, señaló Becerra.
La Presidencia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio de inteligencia SIDE, la Embajada de Rusia, Shilov y el SVR no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.
Fotografía de archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (Islas Malvinas). EFE/Felipe Trueba/Archivo
