No alcanza con reconocer errores de comunicación, hablarles a los jóvenes ni reorganizar las internas. Antes de pensar en recuperar el poder, el peronismo entrerriano necesita algo mucho más profundo: memoria, autocrítica y dignidad política.
El peronismo entrerriano comienza a mover sus fichas de cara a 2027. Se habla de reconfiguración, de nuevos liderazgos, de recuperar el contacto con la sociedad y de revisar los errores que alejaron a una parte importante de la ciudadanía. El diputado nacional Guillermo Michel advierte que buena parte del espacio sigue hablándole a su propia interna, mientras las nuevas generaciones enfrentan problemas concretos de empleo, ingresos y futuro.
Es una observación atendible. Pero hay una pregunta que no puede quedar afuera de ese debate: ¿el problema del peronismo entrerriano es solamente de comunicación o también es de credibilidad?
Porque una cosa es no saber comunicar y otra muy distinta es tener que explicar una historia política que todavía genera interrogantes, cuestionamientos y responsabilidades pendientes de esclarecer.
En ese escenario aparece José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay, dirigente histórico del justicialismo y con aspiraciones de disputar la gobernación. Su trayectoria política lo ubica ante un desafío que va mucho más allá de conseguir consensos, recorrer municipios o medir su nivel de aceptación en las encuestas.
Lauritto fue vicegobernador durante la gestión de Sergio Urribarri, hoy condenado y detenido. Y ese antecedente, por sí solo, plantea interrogantes políticos legítimos que no pueden ser esquivados si el objetivo es construir una alternativa creíble para Entre Ríos.
¿Qué sabía la dirigencia que integraba aquel gobierno? ¿Qué controles se hicieron? ¿Qué se denunció y qué se dejó pasar?
Frente a los contratos presuntamente irregulares que fueron objeto de investigaciones judiciales, y ante las causas vinculadas al patrimonio del exgobernador, los entrerrianos tienen derecho a preguntar qué responsabilidades políticas asumieron quienes formaron parte de aquella administración.
No se trata de atribuirle automáticamente a Lauritto responsabilidades penales que deben determinar los tribunales. Se trata de algo diferente: exigir explicaciones políticas a quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad en un gobierno que terminó marcado por graves escándalos judiciales.
¿Hubo advertencias? ¿Se investigó desde el propio poder? ¿Existió una voluntad real de transparentar lo que ocurría? ¿Qué hizo cada uno frente a hechos que hoy forman parte de la historia judicial de la provincia?
Son preguntas incómodas, pero la política no puede pretender que la ciudadanía olvide aquello que sus dirigentes preferirían dejar atrás.
Y aquí aparece la contradicción de fondo. Mientras algunos sectores del justicialismo hablan de recuperar las banderas de la justicia social, de representar a los trabajadores y de defender a los más humildes, todavía deben explicar cómo fue posible que, durante determinadas gestiones, recursos públicos terminaran bajo sospecha o fueran objeto de investigaciones por presuntas irregularidades.
Porque detrás de cada peso público hay contribuyentes. Hay trabajadores que pagan impuestos, jubilados que hacen cuentas para llegar a fin de mes y familias humildes a las que se les promete protección mientras esperan respuestas que nunca llegan.
La justicia social no puede ser solamente una consigna electoral. También debe ser una conducta en el ejercicio del poder.
Si el peronismo pretende volver a gobernar Entre Ríos, el primer paso no debería ser una carrera para definir quién ocupará la Casa Gris. Debería ser un compromiso público con la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Un verdadero acto de humildad sería reconocer los errores, explicar las omisiones y establecer con claridad qué dirigentes pueden presentar una trayectoria compatible con las responsabilidades que pretenden asumir.
Quien no tenga responsabilidades que ocultar no debería temer a las preguntas. Y quien haya cometido errores políticos debería tener la dignidad de reconocerlos. Las eventuales responsabilidades penales, por supuesto, corresponden a la Justicia y no a las internas partidarias.
El peronismo puede reorganizarse, renovar sus discursos, mejorar su presencia en las redes sociales y buscar nuevas formas de comunicarse con los jóvenes. Pero ninguna estrategia digital reemplazará la confianza perdida si no existe una respuesta convincente sobre el pasado.
Tampoco alcanzará con cambiar los nombres de las listas si las prácticas siguen siendo las mismas.
ENTRE RÍOS NO NECESITA SOLAMENTE UN PERONISMO REORGANIZADO. NECESITA UNA POLÍTICA CAPAZ DE MIRARSE AL ESPEJO.
Por eso, antes de discutir candidaturas, fórmulas, consensos o internas para 2027, sería saludable que quienes aspiran a conducir la provincia comenzaran por un acto de mea culpa. No para condenar a todo un partido ni para convertir la historia en una acusación colectiva, sino para separar las responsabilidades, reconocer los errores y demostrar que las lecciones del pasado fueron verdaderamente aprendidas.
Porque recuperar el poder puede ser una ambición partidaria. Recuperar la confianza de los entrerrianos es una obligación mucho más grande.
Y la pregunta final sigue en pie: ¿el peronismo entrerriano está dispuesto a hacer una verdadera autocrítica o solamente está buscando una mejor manera de volver a comunicar su propuesta electoral?
Los entrerrianos merecen una respuesta.
Análisis Litoral
