Hay dirigentes que parecen tener una memoria extraordinaria para recordar las promesas ajenas y una memoria bastante más selectiva cuando llega el momento de repasar sus propios años de gobierno. Enrique Cresto acaba de dar otra muestra de esa curiosa habilidad: pronosticó que la actual gestión municipal se irá sin terminar la planta potabilizadora y anunció que su espacio la finalizará en 2028. En Concordia, evidentemente, algunos ya están pensando en las próximas elecciones mientras miles de vecinos siguen tratando de resolver los problemas de todos los días.
«La vamos a terminar nosotros en el 2028», desafió el exintendente y actual diputado provincial. La frase tiene su ironía: la planta que hoy utiliza como munición política fue impulsada durante gestiones anteriores y su ejecución atravesó distintos gobiernos, con recursos públicos y sucesivos cambios en los plazos anunciados. Ahora, la obra vuelve a tener como horizonte junio de 2027. Si ese cronograma se cumple, deberá reconocerse; si vuelve a postergarse, habrá explicaciones que exigir. Lo que no corresponde es convertir una infraestructura indispensable para los concordienses en una bandera partidaria que se levanta o se baja según quién gobierne.
Porque conviene recordar algo elemental: las obras públicas no salen del bolsillo particular de ningún dirigente. Se financian con recursos del Estado, es decir, con dinero de los contribuyentes. Los gobiernos pueden tener el mérito de impulsarlas, gestionarlas o terminarlas, pero nadie debería apropiarse políticamente de lo que pertenece a toda la sociedad.
Cresto tiene derecho a cuestionar a Francisco Azcué. Es diputado, fue intendente y forma parte de una oposición que tiene la obligación de controlar al gobierno. Pero ese derecho también trae aparejada una pregunta incómoda: ¿con qué balance de gestión pretende presentarse ante los concordienses quien ahora habla como si estuviera llegando por primera vez a una ciudad que necesita soluciones urgentes?
No hace falta inventar acusaciones ni recurrir a expedientes judiciales para señalar una realidad incontrastable: Concordia sigue atrapada en problemas estructurales que ninguna fuerza política ha logrado resolver de manera sostenida. Y quienes ocuparon cargos de responsabilidad durante años no pueden comportarse como espectadores que acaban de descubrir las dificultades de la ciudad.
El dato más doloroso llegó con el último informe del INDEC. Durante el primer semestre de 2026, Concordia registró un 56,2% de pobreza y un 12,7% de indigencia. En números aproximados, 94.000 personas pobres y 21.000 indigentes. Más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Una tragedia social que no se arregla con declaraciones ingeniosas, pronósticos electorales ni promesas a dos años de distancia.
¿De quién es la culpa de semejante realidad? Sería intelectualmente deshonesto atribuírsela exclusivamente a un intendente o a una sola administración. La pobreza de Concordia tiene causas económicas, sociales y productivas acumuladas, y las responsabilidades deben analizarse con datos y períodos concretos. Pero tampoco sería serio eximir de toda responsabilidad a quienes gobernaron la ciudad, la provincia o el país durante los años en que estos problemas persistieron.
Por eso, cuando un exintendente vuelve a levantar la voz, la ciudadanía tiene derecho a pedirle algo más que críticas al adversario: un balance completo, explicaciones sobre lo realizado, reconocimiento de lo que quedó pendiente y propuestas verificables para salir de este círculo de decadencia.
Y mientras se intercambian acusaciones, el río Uruguay vuelve a recordarnos que la realidad no espera los calendarios electorales. Familias evacuadas, calles afectadas por el agua y vecinos obligados a convivir con la incertidumbre forman parte de la emergencia que atraviesa Concordia. En semejantes circunstancias, la prioridad debería ser acompañar a quienes sufren, coordinar respuestas y exigir las obras de prevención necesarias. No convertir cada dificultad en una oportunidad para sumar puntos en la próxima campaña.
La ciudad, además, arrastra otras heridas que no pueden quedar fuera de la discusión pública: el avance de las drogas, la vulnerabilidad de numerosos jóvenes, la falta de oportunidades y una problemática de salud mental que exige atención seria, prevención y políticas sostenidas. No corresponde atribuir cifras de suicidios sin estadísticas verificadas, pero tampoco mirar hacia otro lado frente al sufrimiento social.
Es cierto que Concordia recibió obras y financiamiento nacional durante la gestión de Alberto Fernández, como ocurrió con numerosos proyectos de infraestructura pública. También es cierto que el origen de los fondos no convierte una obra en patrimonio de un partido. El dinero público lo aportamos los argentinos, y los resultados deben evaluarse por su utilidad, su costo, sus plazos y su impacto real en la vida de la gente.
Si la actual administración municipal sostiene que está recurriendo a recursos genuinos de la recaudación local para afrontar sus compromisos, deberá demostrarlo con presupuestos, ejecución de gastos y resultados concretos. La transparencia no puede ser una exigencia exclusiva para el adversario: debe ser una regla para todos.
En cuanto a Cresto, sus declaraciones también merecen una lectura política. Anunciar que en 2028 volverá a gobernar o que su espacio terminará lo que otros no pudieron concluir puede servir para entusiasmar a los propios. Pero, frente a una sociedad golpeada por la pobreza, semejante anticipación corre el riesgo de sonar a una campaña adelantada en una ciudad que todavía no encuentra la salida.
Y las redes sociales, donde las críticas a los dirigentes suelen multiplicarse, pueden ofrecer señales del malestar ciudadano, aunque no constituyen por sí solas una encuesta representativa ni permiten afirmar que toda la sociedad piensa de la misma manera. Lo verdaderamente importante no es contar cuántos aplausos o reproches recibe un político en una publicación, sino preguntarse por qué tantos vecinos siguen reclamando soluciones que no llegan.
Tal vez, por el bien de su propia imagen política, Cresto debería bajar un poco el volumen. No porque la oposición deba callarse, sino porque quien ya ocupó la Intendencia tiene una responsabilidad adicional cuando decide juzgar a quienes lo sucedieron. Antes de anunciar cómo terminará las obras en 2028, podría explicar qué quedó pendiente de su paso por el municipio y qué propone hacer, hoy, para que Concordia deje de encabezar los peores indicadores sociales del país.
Y el mismo consejo vale para tantos exfuncionarios, dirigentes y antiguos integrantes de distintas administraciones: menos soberbia, menos pases de factura y menos discursos diseñados para la próxima elección. Más autocrítica, más transparencia y más propuestas que puedan medirse.
Concordia no necesita políticos que se reserven el papel de salvadores para el próximo turno electoral. Necesita dirigentes capaces de asumir responsabilidades, rendir cuentas y trabajar para que la próxima generación no herede los mismos problemas.
Porque mientras algunos ya discuten quién cortará la cinta de una planta potabilizadora dentro de dos años, hay familias que hoy necesitan salir del agua, hogares que no llegan a fin de mes y jóvenes que necesitan oportunidades concretas para construir un futuro.
Un poco de cordura, por favor. La ciudad no es una herencia partidaria ni una caja de resonancia para las ambiciones personales. Es el lugar donde vive la gente. Y esa gente está cansada de pagar las consecuencias de una política que demasiadas veces parece preocuparse más por conservar el poder que por resolver sus problemas.
