El senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, se encuentran actualmente bajo prisión domiciliaria, luego de ser acusados de tentativa de contrabando. La decisión judicial establece que ambos deberán pagar una fianza individual de 150 mil dólares y permanecer en la ciudad de Asunción, bajo estricta vigilancia policial. La causa detrás de esta medida es que Kueider y Costa intentaron introducir al país, sin declararlos, más de 200 mil dólares en efectivo, lo que motivó su detención en un procedimiento que involucró a las autoridades paraguayas.
El juez Humberto Otazú fue el encargado de tomar esta decisión, en el marco de una audiencia virtual en la que se resolvió mantener la imputación de los acusados. Durante la audiencia, se valoró que, debido a la posición pública que ocupa Kueider como senador, existe un riesgo latente de que él y su secretaria pudieran interferir en el curso de la investigación si quedaran en libertad. El juez, por lo tanto, optó por mantener a ambos en arresto domiciliario, con la justificación de evitar cualquier intento de obstrucción al proceso. La imputación establece que tanto el senador como su secretaria enfrentan una posible condena que podría llegar hasta los dos años de prisión. Además, deberán enfrentarse a un proceso administrativo tributario que podría derivar en sanciones adicionales.
En respuesta a la acusación, la defensa de Edgardo Kueider presentó un recurso solicitando su libertad ambulatoria, argumentando que el senador no reside habitualmente en Paraguay y que, debido a su posición, carece de fueros que lo eximan de ser procesado como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, Kueider y Guinsel Costa decidieron no hacer uso de este recurso y optaron por permanecer en Paraguay mientras se esclarece la situación jurídica. Este hecho subraya la intención de los acusados de colaborar con las autoridades y enfrentar el proceso legal de manera transparente, aunque las circunstancias de su detención siguen siendo un tema de discusión.
El incidente que desencadenó la detención ocurrió en la ciudad de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil. Fue en este lugar donde ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Según los informes, Kueider fue arrestado con una considerable cantidad de dinero en efectivo, que no pudo justificar adecuadamente en el momento de la detención. Ante esta situación, el senador sostuvo que el dinero no le pertenecía, sino que era propiedad de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien trabajaba en Paraguay para una empresa local. En su defensa, se argumentó que Kueider solo estaba conduciendo el vehículo en el que se transportaba el dinero, el cual no era de su propiedad.
Por su parte, la secretaria de Kueider, Guinsel Costa, también fue detenida en el mismo operativo, y en su declaración, explicó que el dinero en efectivo estaba destinado a ser utilizado para la compra de mercancías de una empresa en la que trabajaba. El hecho de que ambos cruzaran desde Brasil a Paraguay en ese momento ha sido un punto clave de la investigación, pues las autoridades sospechan que la cantidad de dinero no declarado podría estar vinculada a una posible operación de contrabando, dado el contexto de la frontera entre ambos países.
Este caso ha causado gran revuelo en Argetina, principalmente por la implicación de un funcionario público de alto rango, como lo es el senador Kueider, en una presunta actividad ilegal que podría tener ramificaciones más amplias en cuanto a la corrupción y el contrabando en la región. La frontera entre Paraguay y Brasil es conocida por ser un punto caliente para este tipo de actividades ilícitas, y este caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas de contrabando y el flujo de dinero no declarado entre ambos países.
El proceso judicial sigue su curso, mientras tanto, la sociedad argentina sigue atenta a los desarrollos del caso, que podría traer consigo implicaciones no solo para Kueider y Costa, sino también para otros actores políticos y empresariales involucrados en redes de contrabando y evasión fiscal. La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que determinar si hay pruebas suficientes para formular cargos adicionales o si la defensa de los acusados logra desvirtuar las acusaciones. Este caso también ha abierto un debate sobre la efectividad de las políticas de control de contrabando y lavado de dinero en la región, así como sobre la transparencia y ética de los funcionarios públicos en Argentina.