de una dirigencia que muchas veces parece haber perdido de vista las prioridades de la sociedad.
Hubo una época en la que las internas partidarias se resolvían dentro de los propios partidos. Los candidatos recorrían sus espacios, reunían voluntades, buscaban aportes, organizaban encuentros y, muchas veces, ponían dinero de sus propios bolsillos para sostener sus aspiraciones. Quienes tenían mayores recursos aportaban más; otros conseguían colaboradores y militantes dispuestos a acompañarlos. Con sus virtudes y defectos, la responsabilidad de construir una candidatura recaía, fundamentalmente, sobre quienes pretendían llegar al poder.
Entonces, ¿en qué momento naturalizamos que el conjunto de los argentinos deba pagar para que los partidos políticos resuelvan sus disputas internas?
Las PASO fueron presentadas como un mecanismo para ordenar las candidaturas y ampliar la participación democrática. Sin embargo, cabe una pregunta incómoda: ¿tiene sentido que el Estado destine recursos públicos a financiar una competencia electoral en la que, en algunos casos, se presentan candidatos que terminan obteniendo una cantidad ínfima de votos?
No se trata de cuestionar el derecho de nadie a participar. La democracia necesita pluralidad, competencia y oportunidades. Pero una cosa es garantizar esos derechos y otra, muy distinta, es convertir al contribuyente en el financista obligado de cada aspiración personal.
¿Por qué un ciudadano que hace malabares para llegar a fin de mes debe hacerse cargo de una interna que ni siquiera le interesa?
La Argentina atraviesa dificultades económicas que no necesitan demasiadas explicaciones. Familias que ajustan sus gastos, comerciantes que intentan sostener sus negocios, trabajadores que buscan recuperar su poder adquisitivo y jubilados que cuentan cada peso. En ese contexto, discutir cómo se utiliza el dinero público no es una cuestión secundaria: es una obligación política y moral.
Por eso, ante el debate sobre la eventual eliminación de las PASO, la discusión no debería reducirse a determinar si la medida favorece o perjudica al Gobierno de turno. La pregunta de fondo es otra: ¿es razonable seguir destinando recursos públicos a un mecanismo que los propios partidos podrían reemplazar por internas organizadas y financiadas de manera responsable?
Si una fuerza política tiene varios aspirantes a una candidatura, puede organizar su competencia interna, transparentar sus aportes y demostrar que cuenta con una estructura real. Quienes quieran conducir el país, una provincia o un municipio deberían empezar por demostrar que son capaces de organizar sus propios espacios sin trasladar automáticamente todos sus costos a la sociedad.
Esto no significa desconocer que el financiamiento público de la política puede cumplir una función importante: evitar que las elecciones dependan exclusivamente de grandes fortunas o de intereses económicos particulares. Precisamente por eso, el debate debe ser serio. Hay que distinguir entre garantizar condiciones equitativas para competir y pagar, sin suficiente justificación, cada instancia de una disputa partidaria.
Pero hay algo que resulta difícil de aceptar: mientras se reclama austeridad a la sociedad, una parte de la dirigencia parece considerar que el Estado debe seguir sosteniendo sus estructuras, sus internas y sus disputas por espacios de poder.
Y cuando se cuestiona la eventual supresión de las PASO, también conviene mirar lo que sucede en el Congreso. Las peleas, los cruces y las disputas por cargos y cuotas de poder no son un espectáculo gratuito. Detrás de cada institución hay recursos públicos y, detrás de esos recursos, millones de argentinos que trabajan y pagan impuestos.
El Congreso no es un ring para dirimir vanidades personales. El Estado no es el patrimonio de los partidos y el dinero público no pertenece a quienes circunstancialmente gobiernan. Pertenece a la sociedad que lo sostiene.
A la fecha, 20 de octubre de 2026, el debate exige menos especulación electoral y más responsabilidad. Si el Gobierno sostiene que eliminar las PASO permitiría ahorrar recursos, corresponde evaluar esa afirmación con números verificables, explicar el destino alternativo de esos fondos y garantizar que cualquier cambio preserve la competencia democrática. La austeridad también debe tener reglas claras y no convertirse en una consigna selectiva.
No se trata de aplaudir todas las decisiones del oficialismo ni de justificar cualquier medida porque se presente bajo la bandera del ahorro. Se trata de aplicar el mismo criterio a todos: oficialismo y oposición, partidos grandes y pequeños, dirigentes conocidos y candidatos sin estructura territorial.
Porque el problema argentino no es solamente cuánto dinero se gasta, sino también cuántas veces se gasta sin preguntarse si la sociedad obtiene un beneficio proporcional.
Tal vez haya llegado el momento de recuperar una idea elemental: quien pretende representar a los ciudadanos debe comenzar por respetar el esfuerzo de esos mismos ciudadanos.
Que los partidos organicen sus internas. Que los candidatos busquen respaldo, consigan aportes transparentes y demuestren su capacidad de convocatoria. Que existan reglas equitativas y controles efectivos. Y que el Estado financie aquello que realmente resulte necesario para garantizar una democracia sólida, no aquello que simplemente les resulte cómodo a las estructuras políticas.
Porque los argentinos pueden estar dispuestos a hacer sacrificios para construir un país mejor. Lo que cada vez resulta más difícil de aceptar es que esos sacrificios convivan con una dirigencia que parece no estar dispuesta a hacer los propios.
La pregunta final es sencilla: si un candidato no consigue reunir el respaldo suficiente para sostener su propia candidatura, ¿por qué debería ser el contribuyente quien pague la cuenta?
La democracia merece ser defendida. Pero defenderla también significa exigir responsabilidad, austeridad y respeto por el dinero de todos.
Por Alejandro Monzon
ANLitoral
