La diputada provincial Liliana Salinas, oriunda de Concordia, enfrenta una sentencia judicial que incluye el embargo de su dieta como legisladora y el desalojo de la vivienda que ocupaba desde 2012. La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones, Sala Civil y Comercial Nº1, en un fallo al que tuvo acceso 7Paginas.
El origen del conflicto
Según información recabada, Salinas alquiló una vivienda sobre calle Laprida en Concordia en 2012, pero habría acumulado una deuda considerable por el impago del alquiler durante varios años. La particularidad del caso radica en que los propios garantes de la legisladora, Pablo Estarque y Oscar Escurra, fueron quienes iniciaron la acción legal, ya que el propietario de la vivienda no podía desalojarla debido a que Salinas convivía en el domicilio con su hijo, un menor con discapacidad.
Durante el juicio, Salinas habría argumentado que no contaba con ingresos suficientes para saldar la deuda, razón por la cual continuó ocupando la vivienda. Sin embargo, tras asumir como diputada provincial, la situación cambió, y los garantes accionaron para que se ejecutara el desalojo y el cobro de la deuda acumulada.
La resolución judicial
El juez Jorge Ignacio Ponce firmó la orden judicial con fecha del 8 de noviembre, estableciendo el embargo sobre las remuneraciones o dieta de Salinas. El fallo, en el expediente caratulado “Estarque Pablo / Escurra Oscar Javier y otras, desalojo y cobro de alquiler”, resolvió que el embargo se llevara a cabo una vez que los garantes ofrecieran una fianza a satisfacción del juzgado.
Impacto y contexto
El caso genera repercusión no solo por la posición pública de la legisladora, sino también por las particularidades de su situación personal y familiar. Aunque el desalojo es una medida extrema, el fallo judicial refleja años de conflicto y la falta de resolución en tiempo oportuno, afectando tanto al propietario de la vivienda como a los garantes.