El Poder Ejecutivo provincial dio por finalizada la información sumaria que desde 2025 investigaba el manejo de fondos en la Coordinación de Comedores de Concordia. La medida alcanza a la excoordinadora Silvina Soledad Murúa y a integrantes de su entorno familiar, todos imputados en la Justicia por presuntas maniobras con dinero público destinado a la alimentación de niños en comedores escolares.
La decisión quedó plasmada en el decreto N° 3.469, del 21 de octubre, que puso fin a la investigación abierta en el ámbito de la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia, dependiente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano.
Qué se investigó y el perjuicio estimado
El expediente buscó esclarecer irregularidades detectadas en 37 comedores escolares durante marzo y abril de 2025. En ese momento, el perjuicio al fisco se estimó en $103.738.136.
El mismo decreto ordenó girar todas las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE). Ese organismo deberá evaluar si corresponde instruir un sumario administrativo contra Murúa, sobre la base de las pruebas reunidas, las conclusiones de la información sumaria y lo recomendado por la Fiscalía de Estado.
El dictamen que complicó a la excoordinadora
El 10 de agosto, la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado clausuró la etapa instructoria y concluyó que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario a quien se desempeñó como Coordinadora de Comedores del Departamento Concordia”.
Según ese dictamen, Murúa “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable”. Tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades que le informaron supervisores y personal de rendición, y no adoptó medidas para corregirlas ni las reportó a sus superiores.
La Fiscalía también sostiene que intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados —“Ahora Voy”, “Autoservicio Joaquín” y “Flores Sandra”—, que impartió instrucciones sobre cómo confeccionar las rendiciones y que concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.
Sin sanción, pero con una puerta abierta en el CGE
Pese a la gravedad de las conclusiones, la Fiscalía de Estado entendió que Murúa “no resulta pasible de sanción” en esa instancia por haber sido ya separada de su cargo en la Coordinación.
Sin embargo, el propio dictamen dejó una llave abierta: las constancias de revista demuestran que la exfuncionaria conserva un cargo docente dentro del CGE y sigue vinculada laboral y jurídicamente al Estado provincial bajo el Estatuto del Docente Entrerriano. Por eso, corresponde a ese organismo autárquico —como autoridad de nombramiento y con intervención previa de su Dirección de Asuntos Jurídicos— evaluar y resolver la apertura del procedimiento sumarial disciplinario.
La causa penal que sigue su curso
En paralelo, avanza la causa penal. En mayo se conoció que la Unidad Fiscal de Concordia imputó a la excoordinadora por la maniobra con los 37 comedores. La investigación está a cargo de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning.
La hipótesis fiscal sostiene que, desde enero de 2024, Murúa habría usado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para montar un sistema de direccionamiento de compras. Junto a sus hermanos Adrián y Vanessa y a su cuñado Esteban Godoy, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.
El foco de los investigadores apunta a favorecer económicamente a los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma “Ahora Voy SRL”.
Dentro de la estructura también se destaca el rol de Guillermo Julián Quiroga, quien “sin contar con un rol funcional formal, teniendo la llave de la oficina de la Coordinación de Comedores de Concordia, ejercía un rol de manejo y disposición de dinero”, según la acusación. También se le atribuye haber retirado mercadería cuyo destino final aún no fue determinado.
