La protección costera de Concordia tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria y cifras oficiales. Sin embargo, la ciudad sigue necesitando respuestas sobre la ejecución de una obra fundamental para preservar el Parque San Carlos y proteger la infraestructura de agua potable. Análisis Litoral reclama que se informe qué se hizo, cuánto se pagó y quién debe rendir cuentas.
Días atrás, desde el programa Punto de Inflexión, que se emite los sábados de 9 a 12 por FM 106.10, Rivadavia Concordia, nos permitimos celebrar una noticia vinculada con la protección de las costas del río Uruguay, en su margen argentina. Creímos que, finalmente, podía comenzar a saldarse una deuda histórica con Concordia. Pero la alegría duró poco: al revisar los antecedentes, encontramos una historia que merece una explicación pública, documentada y urgente.
El 18 de junio de 2022, cuando la Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la pandemia, se anunciaba con entusiasmo la obra de protección costera del Parque San Carlos. El entonces gobernador Gustavo Bordet presentaba la iniciativa como un paso concreto para enfrentar los efectos del cambio climático y frenar la erosión de las barrancas, un problema que amenazaba tanto al patrimonio natural como a instalaciones esenciales para la ciudad.
No era un anuncio menor. Se trataba de intervenir en una zona estratégica del río Uruguay, aproximadamente 12 kilómetros aguas abajo de la represa de Salto Grande, donde la erosión compromete la estabilidad de la costa y plantea riesgos para la infraestructura de captación y las plantas de agua potable de Concordia.
Bordet sostenía entonces que la obra brindaría seguridad y estabilidad a una amplia zona de la ciudad. El proyecto se presentó con la participación de organismos nacionales, equipos técnicos provinciales y el municipio. Había diagnósticos, planificación y una necesidad concreta. Concordia tenía motivos para esperar una solución.
Pero una cosa es anunciar una obra y otra muy distinta es ejecutarla, terminarla y demostrar que el dinero público produjo los resultados comprometidos.
LOS PAPELES EXISTEN. AHORA HAY QUE EXPLICAR QUÉ PASÓ EN EL TERRENO
La documentación oficial permite reconstruir una secuencia que no puede pasar inadvertida.
En junio de 2022, mediante la Resolución 245/2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó los pliegos de la primera licitación, identificada como LPN 01/2022, con un presupuesto estimado de $161.446.557,05. Sin embargo, ese procedimiento fue declarado desierto y se decidió reformular la contratación mediante una obra dividida en tramos.
Posteriormente se convocó la Licitación Pública Nacional 02/2022 para ejecutar el primer tramo de la protección costera del Parque San Carlos. La convocatoria oficial se publicó el 26 de octubre de 2022 y estableció como fecha límite para presentar ofertas el 28 de noviembre de ese año.
El 24 de febrero de 2023, mediante la Resolución 80/2023, se adjudicó el contrato a la empresa José Eleuterio Pitón S.A. por $208.255.349,32, con impuestos incluidos. Meses después, la Resolución 287/2023 aprobó una adecuación provisoria de precios de $86.634.225,24, correspondiente a junio de 2023.
No estamos hablando, por lo tanto, de una idea que nunca llegó a los escritorios oficiales. Hubo procedimientos administrativos, una adjudicación concreta y modificaciones económicas formalizadas mediante actos públicos.
Los antecedentes pueden consultarse en la documentación oficial del Estado nacional y en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La pregunta es inevitable: ¿cuál fue el destino efectivo de esos recursos y cuál es el estado real de la obra?
Es importante aclararlo: las cifras de adjudicación y adecuación de precios no permiten, por sí solas, afirmar cuánto se pagó efectivamente ni demostrar una irregularidad. Precisamente por eso resulta indispensable conocer los certificados de avance, los pagos realizados, las eventuales modificaciones contractuales, las inspecciones y el acta de recepción de los trabajos, si existiera.
Si la obra se ejecutó, que se exhiba la documentación y se explique por qué la protección no resuelve el problema que motivó el reclamo. Si quedó inconclusa, que se informe cuándo se paralizó, qué trabajos faltan y qué responsabilidad corresponde a cada organismo. Y si existen incumplimientos contractuales, que se determinen las responsabilidades y se apliquen las medidas previstas por la normativa.
Lo que no puede ocurrir es que una obra de semejante importancia quede atrapada en el silencio administrativo mientras la comunidad sigue padeciendo las consecuencias.
¿OTRA DEUDA CON LOS CONCORDIENSES?
Desde Análisis Litoral venimos advirtiendo sobre el deterioro de las costas y la contradicción entre promocionar a Concordia como destino turístico y descuidar sus recursos naturales. Lo hicimos, entre otros trabajos, en nuestras publicaciones sobre la promoción turística sin cuidado efectivo de los espacios públicos y sobre la erosión en Salto Chico y Parque Rivadavia.
No se trata de una discusión partidaria ni de una disputa entre administraciones. Se trata de una obligación que atraviesa gobiernos y que afecta el patrimonio de todos los concordienses.
Mientras se multiplican los anuncios, las fotografías institucionales, las visitas de funcionarios y las declaraciones sobre el desarrollo regional, hay problemas que no se resuelven con discursos. La costa del río Uruguay necesita soluciones de ingeniería, planificación, inversión, controles y mantenimiento. Y la ciudadanía necesita saber qué se hizo con cada peso destinado a ese objetivo.
Bordet, que hoy ocupa una banca como diputado nacional, fue gobernador cuando se presentó esta iniciativa. Por eso corresponde reclamar que se esclarezca el recorrido administrativo y político de una obra anunciada durante su gestión. La adjudicación posterior también obliga a examinar la actuación de los organismos nacionales responsables, de la empresa contratista y de las autoridades que debían supervisar los trabajos.
No se trata de atribuir responsabilidades penales sin pruebas. Se trata de exigir explicaciones a quienes tuvieron a su cargo decisiones, contratos, controles y recursos públicos.
SALTO GRANDE TAMPOCO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO
Hay otro actor regional cuya responsabilidad institucional merece ser puesta sobre la mesa: la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La represa es una infraestructura estratégica para la generación de energía y para la región. Su presencia forma parte de la realidad económica, ambiental y territorial de Concordia. Por eso corresponde que la CTM informe qué estudios, programas, aportes y mecanismos de cooperación existen para atender los problemas de erosión de las costas ubicadas aguas abajo de la represa, y cuál es su participación, si la hubiera, en las soluciones previstas.
Esto no significa afirmar que Salto Grande sea responsable directa de todos los procesos erosivos ni que deba financiar por sí sola una obra cuya contratación correspondió a otros organismos. Significa que una institución de semejante relevancia regional no debería permanecer ajena al debate técnico y ambiental sobre un problema que afecta a la ciudad con la que comparte territorio y una historia común.
Concordia no puede quedar condenada a observar cómo se deterioran sus espacios naturales mientras cada organismo señala las competencias del otro.
LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO PUEDE SER UN PRIVILEGIO
Por eso, desde Análisis Litoral reclamamos que el Gobierno nacional, el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Concordia y los organismos de control publiquen un informe integral y actualizado sobre la protección costera del Parque San Carlos.
Queremos conocer el monto contractual vigente y las redeterminaciones aprobadas; los pagos efectivamente realizados; los certificados de obra; los avances físicos verificados; las inspecciones técnicas; las eventuales ampliaciones de plazo; las modificaciones del proyecto; las multas o sanciones, si correspondieran; y el estado actual del contrato.
También exigimos que se explique si el primer tramo fue concluido y recibido formalmente, si las obras ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas y qué solución se prevé para los sectores costeros que todavía requieren intervención.
Si hubo demoras, que se expliquen. Si faltan trabajos, que se identifiquen. Si el proyecto quedó desactualizado, que se informe cuánto costaría completarlo y de dónde saldrán los recursos. Y si se detectan irregularidades, que intervengan los organismos competentes.
La transparencia no consiste en publicar una licitación y dar por cumplida la obligación. Consiste en permitir que cualquier ciudadano pueda seguir el recorrido del dinero público desde el presupuesto inicial hasta el resultado concreto de la obra.
CONCORDIA MERECE ALGO MÁS QUE PROMESAS
Lo dijimos y lo repetimos: no se puede promocionar una ciudad por sus paisajes, su río, su patrimonio natural y su potencial turístico mientras se posterga el cuidado de esos mismos recursos.
La erosión de las costas no espera los tiempos de la política. Tampoco distingue entre gobiernos anteriores y actuales. Cada temporada sin una solución adecuada puede agravar un problema que exige conocimiento técnico, coordinación institucional y decisiones sostenidas.
La pregunta que nos hacemos en Análisis Litoral es sencilla, pero no admite evasivas: si hubo una licitación, una adjudicación y recursos comprometidos, ¿cuál es hoy el resultado verificable de esa inversión?
No afirmamos que el dinero haya desaparecido ni que exista una estafa comprobada. Afirmamos que, ante una obra de esta magnitud y frente a la persistencia del problema, la sociedad tiene derecho a exigir documentación, explicaciones y responsabilidades.
Porque mientras los expedientes avanzan de oficina en oficina, la costa sigue siendo patrimonio de los concordienses.
Y Concordia no puede seguir pagando el precio de la desidia, la falta de controles o la ausencia de respuestas. Si todo se hizo correctamente, que lo demuestren con documentos y resultados. Si algo falló, que se sepa quiénes fueron responsables y qué medidas se tomarán para reparar el daño.
La defensa de la costa no puede quedar en una promesa de 2022. La ciudad necesita saber qué se hizo, qué falta hacer y quién va a responder.
Por Alejandro Monzón
N/R Fuentes oficiales
Licitación Pública Nacional 02/2022 — segundo llamado para el tramo 1.
Boletín Oficial — adjudicación a José Eleuterio Pitón S.A. y adecuación de precios.
Resolución 287/2023 — adecuación provisoria de precios.
A continuación se presentan los detalles técnicos del pliego, las especificaciones de la obra y las consideraciones de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la licitación:
1. Especificaciones Técnicas y Pliegos de la Obra
El proyecto ejecutivo fue elaborado de forma directa para frenar el proceso de erosión hídrica en la margen derecha del río Uruguay (aguas abajo de Salto Grande). La obra se dividió en soluciones estructurales específicas según la topografía del sector:
- Muros de contención y protección de pie:
- Gaviones de piedra y colchonetas Reno: En los sectores de barranca activa se diseñó un revestimiento flexible a base de mallas metálicas rellenas de piedra para absorber los golpes del oleaje y las fluctuaciones del caudal del río Uruguay sin fisurarse.
- Mantas geotextiles filtrantes: Colocación bajo la estructura de piedra para permitir el drenaje del agua subterránea hacia el río evitando la pérdida de sedimentos finos (sobrante de subsuelo) que causa los caídos de barranca.
- Perfilado y estabilización de taludes:
- Readecuación topográfica de los pendientes más pronunciados para llevarlas a un ángulo seguro de reposo natural.
- Obras de drenaje pluvial superficial: Canales, bajadas de agua y cordones cuneta para canalizar el escurrimiento de lluvias desde el Parque San Carlos y evitar que el agua desborde erosionando la cresta de la barranca.
- Protección de la Planta de Agua:
- Fundaciones y contenciones especiales en la zona cercana a las tomas de agua dulce (tanto la infraestructura clásica como la nueva planta potabilizadora) para evitar el descalce de los ductos de aspiración.
2. Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)
Dado que la obra se financió en el marco de programas ambientales nacionales con supervisión internacional, el proyecto requirió un análisis riguroso para la protección del ecosistema local del Parque San Carlos:
- Medidas de Preservación de la Flora y Fauna:
- Intervención mínima en cubierta forestal: Limitación de la poda y erradicación de especies nativas (espinares y monte de galería). Requerimiento de reforestación compensatoria en zonas del parque golpeadas por las obras.
- Protección de avifauna: Programación de trabajos de ruidos intensos y movimiento de suelos fuera de las épocas pico de nidificación de especies locales.
- Patrimonio Histórico y Arqueológico:
- Protocolo obligatorio de hallazgo durante las excavaciones y movimiento de tierras, considerando la cercanía al Castillo San Carlos y zonas de asentamientos históricos del río Uruguay.
- Manejo de Obra y Turbidez:
- Control del sedimento mediante cortinas anti-turbidez durante la colocación de estructuras dentro de la línea de agua para evitar afectar la calidad del recurso en las tomas de la planta potabilizadora de Concordia.
3. Marco de Adjudicación Oficial
- Licitación: LPN N° 02/2022 ( “Protección de Costa Parque San Carlos” – Expediente EX-2022-54070014- -APN-DGD#MAD).
- Resolución Final: Formalizada bajo la Resolución 253/2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
