El controvertido giro de Norberto Germán Flores que compromete su versión y abre nuevos interrogantes sobre la estrategia de la defensa del exgobernador
Norberto Germán Flores, señalado como un hombre de confianza de Gustavo Bordet y de su esposa, Mariel Ávila, podría quedar bajo investigación por presunto falso testimonio, en una derivación de la causa principal que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos y su entorno familiar.
HACER MENTIR A UN TESTIGO: ¿UNA ESTRATEGIA FALLIDA DE LA DEFENSA DE BORDET?
¿Flores mintió al denunciar una supuesta coacción del fiscal José Arias? ¿La acusación fue una iniciativa propia o respondió a presiones de terceros? ¿Se intentó apartar al fiscal de una investigación incómoda mediante una maniobra que terminó produciendo el efecto contrario?
Son interrogantes que surgen del contraste entre dos versiones atribuidas al propio Flores. Si el objetivo era desplazar a Arias de la investigación, la estrategia no habría prosperado: el juez de Garantías Edwin Ives Bastian rechazó la recusación y el testimonio del hombre que habría dado sustento a ese planteo quedó bajo cuestionamiento.
Para comprender el alcance de la controversia, resulta indispensable comparar dos documentos: por un lado, un acta firmada por Flores, presentada por el abogado defensor de Bordet, Jorge Romero, durante la audiencia en la que se solicitó la recusación del fiscal; por el otro, la declaración posterior de Flores ante el fiscal Martín Núñez, en la que se le pidió que ratificara o rectificara el contenido de aquella acta.
El contraste entre ambos relatos plantea dudas que deberán ser evaluadas por la Justicia para establecer si existió una declaración falsa y, en su caso, quiénes podrían resultar responsables.
DOS VERSIONES, UN GIRO DIFÍCIL DE IGNORAR
En el acta exhibida durante la audiencia, Flores habría relatado que el fiscal Arias le formuló preguntas e insinuaciones destinadas a obtener información comprometedora sobre Bordet.
Según esa primera versión, Arias le habría preguntado si, cuando trabajaba como chofer o secretario del entonces gobernador, transportaba bolsos con dinero hacia Paraguay o Uruguay. También habría indagado sobre supuestos vínculos de Bordet con la firma Gruppa 3 S.R.L., la relación de Flores con el empresario Salvador Carubia y la eventual existencia de propiedades o cuentas bancarias del exmandatario en el exterior.
El documento atribuye a Flores una negativa categórica a esas preguntas y sostiene que el fiscal le habría ofrecido desvincularlo a él y a su hijo, Germán Ezequiel Flores, de la investigación si aportaba información. La respuesta que se le atribuye es contundente: «Yo no puedo mentir».
Sin embargo, cuando declaró posteriormente ante el fiscal Núñez, Flores habría ratificado únicamente tres aspectos centrales del acta: su firma, la existencia de una reunión y la conversación sobre la posibilidad de aportar información para procurar su desvinculación y la de su hijo de la causa.
Pero el cambio sustancial apareció al explicar cómo se había producido ese encuentro y de quién había surgido la iniciativa de colaborar.
Según la segunda declaración, la reunión no habría sido consecuencia de una citación verbal del fiscal, sino que habría sido solicitada por el propio Flores. Además, la posibilidad de aportar información habría surgido de una propuesta suya, con la expectativa de obtener algún beneficio procesal para él y su hijo.
También habría relativizado el contenido de las preguntas sobre los supuestos bolsos con dinero, señalando que se trató de consultas generales sobre su trabajo y sus actividades, y no de interrogantes tan específicos como los descriptos inicialmente.
Por último, habría manifestado que nunca se sintió coaccionado ni intimidado por Arias.
El cambio es sustancial: en una versión, Flores aparece como alguien sometido a presiones para comprometer al exgobernador; en la otra, como quien habría solicitado una reunión y ofrecido colaborar con la investigación.
En términos sencillos, dos relatos que parecen transitar caminos opuestos. Lo que primero fue presentado como una supuesta coacción habría quedado luego relativizado por el propio protagonista.
¿Se trató de una contradicción relevante, de una rectificación o de algo más grave? Esa es precisamente la cuestión que deberá resolver la Justicia.
DEL SUPUESTO APRIETE A LA POSIBLE INVESTIGACIÓN POR FALSO TESTIMONIO
A partir de estas diferencias, el fiscal Martín Núñez avanzaría hacia el cierre de la investigación vinculada con la supuesta coacción y remitiría los antecedentes para que otro representante del Ministerio Público Fiscal evalúe la apertura de un legajo por presunto falso testimonio.
La eventual responsabilidad penal no puede darse por establecida de antemano. Será necesario determinar qué se declaró, en qué condiciones, ante qué autoridad y si se reúnen los requisitos legales para configurar el delito.
Lo que sí queda planteado es un problema para la versión que habría servido de sustento al pedido de recusación: la existencia de diferencias sustanciales entre el acta presentada y la declaración posterior de Flores.
¿HUBO MALA FE PROCESAL? LAS DUDAS SOBRE EL PAPEL DE LA DEFENSA
La controversia no se limita al comportamiento de Flores. También abre interrogantes sobre la utilización procesal del acta y el papel que desempeñó en la estrategia defensiva del exgobernador.
Durante la audiencia del lunes 5 de octubre, el fiscal José Arias cuestionó duramente el planteo de recusación y sostuvo que la reunión denunciada no había existido, según su interpretación de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de los tribunales.
Arias también cuestionó la relación entre Flores y Bordet, y puso en duda que se tratara de un vínculo laboral limitado al período en que el exmandatario ejerció la gobernación.
En su exposición, el fiscal manifestó que Flores continuaría manteniendo una estrecha relación con el exgobernador y sugirió que sus servicios podrían estar siendo utilizados en beneficio de este último. Esas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el funcionario judicial y deberán valorarse en el marco de las actuaciones pertinentes.
El representante del Ministerio Público Fiscal fue todavía más contundente al referirse a la utilización del testimonio:
«Lo han obligado a declarar. Y miren cómo lo utilizan, el poder que tienen», sostuvo, según el registro de su exposición.
Arias adelantó, además, que solicitaría sanciones por presunta mala fe procesal. En ese contexto, cuestionó que la defensa presentara el caso como una disputa de versiones cuando, según afirmó, las imágenes de seguridad permitían descartar la reunión denunciada.
La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿la defensa de Bordet se limitó a presentar un elemento que consideraba relevante para recusar al fiscal o existen elementos que permitan sospechar que se utilizó un acta cuyo contenido no se correspondía con lo ocurrido?
Por ahora, no corresponde dar por probada una maniobra deliberada ni atribuir responsabilidades sin una decisión judicial. Pero la divergencia entre las versiones vuelve indispensable esclarecer cómo se confeccionó el documento, en qué circunstancias fue firmado y con qué finalidad se lo incorporó al planteo de recusación.
LA FAMILIA FLORES, BAJO LA LUPA DE LA INVESTIGACIÓN
Norberto Germán Flores y su hijo, Germán Ezequiel, también son objeto de investigación en el marco de las actuaciones que examinan los vínculos entre el entorno de Bordet, Mariel Ávila y el empresario Salvador Carubia.
La Fiscalía investigaría si las relaciones personales, comerciales y laborales entre esas personas guardan alguna conexión con posibles irregularidades patrimoniales o beneficios derivados de contratos con el Estado provincial. Entre las hipótesis que se atribuyen a la investigación figura la posibilidad de que Carubia haya actuado como presunto testaferro del exgobernador o entregado dádivas a cambio de acceder a contrataciones públicas. Se trata de sospechas que deberán ser acreditadas y no de responsabilidades judicialmente establecidas.
Según los antecedentes expuestos en la causa, Germán Ezequiel Flores sería gerente de una de las empresas vinculadas con Carubia, mientras que su padre tendría una contratación en la Legislatura provincial relacionada con la diputada Mariel Ávila.
Con autorización judicial, a ambos se les secuestraron teléfonos celulares en el marco de la investigación.
Del análisis de uno de esos dispositivos habrían surgido conversaciones entre Flores padre y su hija, Giuliana, quien se desempeñaba en la mesa de entradas de la Fiscalía. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la joven habría reconocido en un audio que filtró información sensible de la causa.
Ese episodio habría motivado una denuncia por presunta violación de secretos por parte de una funcionaria pública y su desvinculación de la Fiscalía. También quedaría por aclarar cuál es su situación laboral en la Municipalidad de Concordia, donde habría tramitado una licencia sin goce de haberes.
UNA CAUSA QUE SUMA INTERROGANTES
El expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Gustavo Bordet y su entorno vuelve a quedar atravesado por una controversia que excede el contenido de las sospechas patrimoniales.
La diferencia entre las dos versiones atribuidas a Flores, el rechazo de la recusación de Arias y el anuncio de posibles nuevas actuaciones plantean una cuestión central: ¿se intentó apartar al fiscal mediante una denuncia que luego perdió sustento o las contradicciones responden a circunstancias que todavía deben esclarecerse?
La respuesta no puede anticiparse desde una tribuna política ni desde una acusación periodística. Debe surgir de la prueba y de las decisiones judiciales.
Pero hay algo que resulta difícil de soslayar: cuando un testimonio cambia de manera sustancial y ese relato fue utilizado para intentar desplazar a un fiscal, la obligación de investigar las contradicciones es ineludible.
En una causa de semejante trascendencia pública, la pregunta ya no es solamente qué declaró Flores, sino también por qué cambió su versión y qué consecuencias procesales tendrá ese giro.
