Diario Análisis Litoral

Reglamentaron la primera parte de la Ley Bases: privatizaciones, empleo público y procedimientos

Acasi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el gobierno nacional reglamentó la primera parte de la legislación, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo desde el inicio de su gestión. En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

La reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una última ofensiva que se coronó después de una negociación política que encabezó Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.

El decreto incluye la reglamentación del Título II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público. Así, se establecieron las precisiones de la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.

Privatizaciones

En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización. Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.

Empleo público

Con respecto a los cambios en la estructura del empleo público, el gobierno reglamentó las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.

Uno de los principales puntos que establece el decreto es que, de ahora en más, para trabajar en el Estado se deberá aprobar una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”. La persona será identificada una vez que sea calificada.

“La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selección será responsable de la verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”, señala y indica: “En lo concerniente a las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública y su aplicación respecto al presente artículo, cuando la Unidad de Recursos Humanos del organismo en que tramita el ingreso lo considere pertinente consultará a la Oficina Anticorrupción o el órgano competente, el que deberá expedirse dentro de los cinco días de efectuada la consulta”.

Sobre este último punto, la reglamentación de la legislación sostiene que, cuando la función a desempeñar lo requiera, las personas designadas tendrán que presentar una declaración jurada patrimonial y adjuntar sus antecedentes laborales.

Por otro lado, dejaron en claro que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”. El empleado será evaluado en su desempeño de manera constante y, en el caso de que deba ser promovido, será sometido nuevamente a una instancia de evaluación.

Además, autorizaron las contrataciones ad honorem para la prestación de servicios de asesoramiento, “sin percepción de contraprestación alguna en concepto de retribución, salvo el derecho a que se le reintegren los gastos efectivamente ocasionados mediante las correspondientes rendiciones de cuentas”.

El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Por esto, el personal cumplirá exclusivamente actividades de carácter transitorio o estacional y los contratos deberán especificar las funciones que tendrá, la equiparación escalafonaria y el plazo de duración del trabajo. “El personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento”, fijaron.

Desde su llegada al Poder Ejecutivo, la gestión libertaria puso en marcha un proceso de reorganización de la planta del Estado al no renovar cientos de contratos y pasar a disponibilidad a aquellos que integran la planta permanente. Sobre la situación de las personas afectadas por la reestructuración, dispusieron la creación del Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad y establecieron una escala para asignar el período de disponibilidad del personal alcanzado, que quedó conformada de la siguiente manera:

. hasta 15 años de antigüedad: 6 meses;

. más de 15 años de antigüedad y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses;

. más de 30 años de antigüedad: 12 meses.

Las personas que se encuentren en esta situación percibirán en concepto de haber de disponibilidad “un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”.

Para el cálculo de la indemnización, “se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización”. De igual forma, aquellos que tengan un sumario en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.

La instrumentación de este capítulo indica que los empleados que se encuentran de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Mientras tanto, aquellos que estén próximos a jubilarse —dentro del período máximo de 12 meses— serán reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situación.

Por otra parte, el gobierno fijó un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan con sus funciones, por lo que la normativa también precisa los motivos de apercibimientos y aplicación de sanciones. Algunos de los actos que serán tenidos en consideración para esto son llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias, condenas judiciales, entre otras.

Procesos administrativos

Mediante el anexo del decreto, se hacen efectivos una serie de cambios y modificaciones en los procesos administrativos de los organismos del Estado a fin de agilizar los tiempos de la gestión.

“Los trámites en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusión de aquellos en los que, por normativa específica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organización de esa actividad estatal específica y concreta”, garantiza la normativa.

En este apartado, se establece el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que especifica los procesos de los trámites del Estado, otorgándole a los adolescentes la plena capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte autorizada. Asimismo, contempla a los medios electrónicos como una forma de notificación formal o como una de las maneras válidas para presentar un escrito.

Sin embargo, con este decreto, el oficialismo solo estableció la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por lo que aún falta ultimar los detalles para la implementación de los demás títulos de la legislación, dentro de los que se encuentra el RIGI —uno de los principales puntos que más conflictos generó en ambas cámaras y trabó las negociaciones—.Fuente: Infobae

Macri elogió a Frigerio por TV y habló de “salto de calidad” en la provincia

Durante una entrevista televisiva, el expresidente y actual líder del PRO, Mauricio Macri, aseguró que el gobernador Rogelio Frigerio hará “una gran diferencia” en Entre Ríos.

El actual mandatario provincial “es un hombre muy preparado y con mucha experiencia previa, que llegó en un buen momento y hará un salto de calidad importante”, resaltó Macri, al ser consultado sobre los gobernadores del PRO que vencieron al peronismo en la última elección.

“Los entrerrianos van a valorar mucho el trabajo de ordenamiento que está haciendo Rogelio en la provincia”, agregó luego.

Frigerio fue ministro del Interior, Vivienda y Obra Pública durante la presidencia de Macri. Ambos se reencontraron la semana pasada en el acto de relanzamiento del PRO en Capital Federal.Fuente: La Nación Más

Fracasó un nuevo intento de Urribarri por modificar el tribunal que debe resolver si irá a prisión preventiva

La Cámara de Casación Penal confirmó el rechazo del recurso presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri en el marco del mega juicio contra la constitución del tribunal que debe resolver el pedido fiscal para que al exgobernador y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, se le aplique prisión preventiva, y se envíe a la cárcel al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez.

Los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Carola Bacaluzzo habían resuelto dejar conformado el tribunal para atender el pedido fiscal de la prisión con los jueces Bacaluzzo, Vergara y Elvio Osir Garzón. Los defensores Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa reprocharon esa decisión y acudieron con un recurso de reposición, que fue rechazado. Intentaron con un planteo casatorio que también fue denegado. Al final, llegaron con una queja a la Casación, que confirmó lo resuelto en instancias inferiores. La resolución lleva las firmas de las juezas Marcela Badano, Marcela Davite y María Evangelina Bruzzo.

Ya se fijó fecha para analizar aquel pedido fiscal. Primero se dispuso el martes 6, pero como uno de los jueces, Elvio Garzón, está enfermo se pospuso para el 22.

Aunque los defensores insistirán con su reproche y ahora plantean llegar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El entredicho

El 18 de abril, los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la “inmediata detención” del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y para su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del mega juicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.

Recién a finales de mayo quedó integrado el tribunal que debía resolver esa petición: lo conforman María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón. En medio, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri planteó un recurso de reposición y sostuvo que el organismo que debía integrar el tribunal es la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y no el tribunal que finalmente lo resolvió.

En el ínterin, el exministro Báez solicitó que en vez de la cárcel sea beneficiado con arresto domiciliario por razones de salud.

El exministro de Cultura y Comunicación durante el urribarrismo, Pedro Ángel Báez, pidió a la Justicia que se le aplique arresto domiciliario para cumplir la condena que le fuera impuesta en 2022 en el marco del mega juicio, 6 años y 6 meses de cárcel, y arguyó que padece problemas de salud -diabetes- y además nunca eludió las instancias de la investigación y el juicio al que fue sometido, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

“Expuesto el cuadro normativo, está claro que nuestro pupilo es una persona de riesgo. A ello, se le suma la necesidad de una dieta acorde, ejercicios y el tratamiento farmacológico adecuado y de estricta aplicación y seguimiento, cuestión que no ocurre. El hacinamiento, las condiciones edilicias, exposiciones a cambios climáticos, etc. hacen de este establecimiento carcelario, Unidad Penal de Paraná, una causal determinante que afectará la salud de nuestro pupilo”, señaló el escrito que el defensor de Báez, Ignacio Díaz, presentó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Las prisiones

La petición de Fiscalía apunta a la “inmediata detención” de Báez, Urribarri y Aguilera.

Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, “se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme”.

En ese sentido, plantearon que “la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal”. El argumento es que la defensa de Báez no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.

En cuanto a Urribarri y Aguilera, “ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva”. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y “a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia”, propusieron, “se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto”.

“Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga”, dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, “se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados”.

Con ese razonamiento, se pidió que se “disponga la inmediata prisión preventiva” de Urribarri y de su cuñado Aguilera. “En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia”.

Báez ya se adelantó y pidió que se le aplique prisión domiciliaria por cuanto entiende, a través de una presentación que hizo su defensor Ignacio Díaz de que la Unidad Penal no le garantiza las condiciones necesarias para tratar su cuadro de diabetes.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Humillado y enfurecido, Maduro detuvo a 2.000 venezolanos en ola la más represiva de su mandato

Desde las elecciones del domingo pasado, el régimen ya detuvo a 2.000 manifestantes y prometió enviarlos a cárceles de máxima seguridad durante 30 años, la misma pena que se impone a los asesinos. Al menos 14 trabajadores de los medios de comunicación han sido deportados, según el sindicato de periodistas del país.

Lejos ha quedado la versión desenfadada de Nicolás Maduro que intentó encandilar al mundo en el periodo previo a las elecciones presidenciales de Venezuela. El hombre que subió al escenario del Palacio de Miraflores la semana pasada estaba agotado… y enfadado.

El mundo pudo comprobar hasta qué punto calculó mal el poder de la oposición. Las protestas contra su supuesta victoria fraudulenta recorrieron la capital, Caracas, a pesar de llevar a cabo la ola de represión más feroz de sus 11 años de mandato. Su rival, la popular María Corina Machado, y su partido habían publicado un detallado recuento de los resultados de la votación que mostraba que su candidato, Edmundo González, había ganado por lejos. La presión para que divulgara los resultados electorales aumentó incluso desde los aliados más cercanos de Maduro. La perspectiva de un alivio de las sanciones desapareció, y también la poca legitimidad que le quedaba.

Así que, en su primera conferencia de prensa internacional en casi dos años, Maduro gritó. Gritó. Agitó las manos. Apretó los puños.

“Tóquense el corazón, corresponsales, si les queda algo de corazón”, empezó. Durante la siguiente media hora, su discurso se intensificó y su voz se hizo más fuerte, hasta que gritó. “No insistan en su agenda de traer una guerra a Venezuela, como hicieron con Afganistán. Ustedes son los responsables de la guerra en Afganistán e Irak, y en Libia, y de la muerte, los medios internacionales”.

Si la ira no era suficiente delatora, sus ojos sí lo fueron. Su afirmación de haber dormido como un bebé tras las elecciones parecía poco creíble.

Con la frustración estallando incluso en los bastiones del chavismo, el socialismo venezolano de toda la vida, Maduro sabe que está perdiendo el control.

Tal vez en un intento por recuperarlo, el presidente de Venezuela ha enfocado como nunca antes su ira contra la oposición. Ha dicho que Machado y González “deberían estar entre rejas”. Ya ha detenido a 2.000 manifestantes y ha prometido enviarlos a cárceles de máxima seguridad durante 30 años, la misma pena que se impone a los asesinos. Al menos 14 trabajadores de los medios de comunicación han sido deportados, según el sindicato de periodistas del país.

“Maduro ha calculado muy mal”, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Para mantenerse en el poder, Maduro ha movido al país en la dirección de Nicaragua, que es un estado policial total”.

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Elevar la represión en Venezuela pone en riesgo el futuro de su pueblo y su recuperación económica. Aunque Maduro ha conseguido sacar a la economía de sus peores días de hiperinflación y escasez, la situación política podría convencer a las empresas e inversores que recientemente cerraron acuerdos petroleros con Venezuela a hacer una pausa, al menos por ahora. Esos acuerdos son cruciales para aumentar la producción y exportaciones de petróleo y obtener ingresos en dólares.

Berg dijo que Maduro debe haberse dado cuenta ahora de que “la fortaleza del régimen y la capacidad de supervivencia del régimen son dos conceptos distintos: se puede carecer de la primera y tener la segunda”.

La autoridad electoral de Venezuela ratificó el viernes la victoria de Maduro. Dijo que obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que la oposición ha publicado más del 80% de las tabulaciones de la votación que muestran que González recibió casi el 70%. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que las tabulaciones de la oposición eran falsas y no cumplían las normas legales.

“Una cosa es que uno imagine que le robaron el voto. Era una posibilidad. Pero ver el robo frente a nuestros ojos es otra cosa completamente diferente”, dijo María Gómez, de 64 años, una secretaria que vive en el barrio de Petare, históricamente un bastión del chavismo.

Gómez dijo que espera que la comunidad internacional pueda ayudar a Maduro a “volver a sus cabales”.

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La realidad es, sin embargo, que EE.UU. ya ha agotado sus opciones cuando se trata de Maduro. Ha sobrevivido a años de sanciones a la industria petrolera, el corazón de la economía venezolana. EE.UU. prometió retirar las sanciones a cambio de unas elecciones justas y libres, pero si ese acuerdo pretendía impulsar a Venezuela hacia la democracia, parece haber conseguido lo contrario.

Por ahora, Caracas parece haber vuelto a la normalidad tras las protestas. Mensajeros reparten paquetes y papeles de oficina en oficina. Los supermercados y las farmacias han vuelto a abrir. Los restaurantes y bares también, aunque algunos con horarios limitados.

Pero por la noche, las calles están vacías. La gente permanece encerrada en casa, temerosa de los grupos de hombres, algunos de uniforme, otros de civil, que patrullan las calles.

A pesar de los intentos del gobierno de atemorizar a la oposición, miles de personas acudieron a una convocatoria el sábado por la mañana a lo largo de una avenida principal del este de Caracas.

“Se acabó el hechizo”, dijo José Márquez, de 55 años, un economista jubilado que vive con sus hermanos en Petare. “La gente se ha dado cuenta de que la han engañado delante de sus ojos. Solo veo venir la radicalización”.

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Machado, que sólo dos días antes había dicho que se escondía temiendo por su vida, apareció sorpresivamente en la manifestación. Poco antes, el gobierno había intentado apoderarse de un camión que transportaría a los oradores de la manifestación y detuvo brevemente a otro líder de la oposición.

Lo que venga después depende sobre todo de Maduro. Tanto Machado como González corren peligro de detención. González no se presentó a una audiencia en el tribunal electoral el viernes alegando razones jurídicas y políticas, ni asistió a la manifestación del sábado. La noche anterior, ambos emitieron un comunicado y un vídeo desde un lugar desconocido.

Maduro insistió el viernes en que las manifestaciones de la semana pasada no fueron pacíficas, señalando casos de edificios públicos incendiados, incluidas escuelas. Alegó que la oposición planeaba un ataque con granadas a sólo tres kilómetros de la marcha del sábado. Ambas sirven como excusas razonables para mantener a las fuerzas de seguridad en la calle.

Una cosa está clara: tras ser rechazado por su propio pueblo y, una vez más, por la comunidad internacional, Maduro está dispuesto a hacer las cosas de otra manera.

En su discurso a los medios internacionales el miércoles, Maduro dijo que quería continuar con los ideales trazados por su mentor, el difunto Hugo Chávez. “Pero si el imperialismo norteamericano y los fascistas criminales nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución, con otras características”, advirtió.

Aunque “a Maduro aún le queda camino por recorrer si quiere construir un control total de la sociedad venezolana a la Ortega en Nicaragua”, dijo Berg, del Programa de las Américas, “bien puede ser hacia allí hacia donde se dirige”.

El gobierno de Maduro cuestionó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández: «Traicionaron el legado de Kirchner, de Perón y a su pueblo»

Luego de que Cristina Kirchner se refiriera a la elección presidencial de Venezuela y se sumara al pedido internacional de que se «publiquen las actas», el gobierno de Nicolás Maduro salió al cruce y cuestionó a la expresidenta y al exmandatario Alberto Fernández, a quienes acusaron de «traicionar el legado de Kirchner, de Perón y a su pueblo».

El número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, salió al cruce del pedido de la expresidenta de que se publiquen las actas de los comicios. Además, criticó «la tibieza» del exmandatario.

Luego de que Cristina Kirchner se refiriera a la elección presidencial de Venezuela y se sumara al pedido internacional de que se «se publiquen las actas», el gobierno de Nicolás Maduro salió al cruce y cuestionó a la expresidenta y al exmandatario Alberto Fernández, a quienes acusaron de «traicionar el legado de Kirchner, de Perón y a su pueblo».

La exfuncionaria disertó el sábado desde México en el curso internacional «Realidad Política y Electoral de América Latina«, donde hizo mención por primera vez de la situación electoral en el país caribeño. Durante su exposición, defendió la no injerencia sobre los asuntos internos de Caracas y criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA), pero también le solicitó al chavismo que muestre las actas de la votación por la que le adjudicaron la victoria a Maduro.

«Ayer escuché al titular del Consejo Nacional Electoral venezolano leer el resultado total del escrutinio. Habían dicho que el sistema había sido hackeado. Y que no tenía las actas. Pero es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio, que se leyó ayer con precisión de decimales, es porque hay un sistema doble de soporte informático, pero de soporte de actas remitidas al CNE. Le pido, por el propio legado de Chávez, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir: que se publiquen las actas», indicó Kirchner.

A raíz de sus dichos, el número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, le contestó a la exvice, pero sin mencionarla de forma directa. En ese sentido, se refirió a la mención del «legado». «Al fascista de Milei le hace la fiesta Alberto Fernández. ¿Por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo«, señaló en su programa de televisión Con el mazo dando.

Diosdado Cabello, el vicepresidente primero del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además, continuó con las críticas hacia el último gobierno kirchnerista. «Contra Venezuela, contra Chávez y contra Nicolás Maduro hay una gran envidia. Pero el fondo, aquí en Venezuela este proyecto se ha mantenido y ellos han pasado por gobiernos en sus países y han terminado entregando los gobiernos a la extrema derecha porque no han sido consecuentes con el pueblo que los eligió«, arremetió.

Y agregó: «Más envidia le da que pase lo que pase nos encontrarán unidos, en las buenas y en las malas. Entonces, un tibio como Alberto Fernández opina sobre Venezuela, ¿qué tiene Alberto Fernández con Venezuela?».

«El legado de Chávez está en buenas manos, está seguro. Está seguro», afirmó, sin nombrar a Cristina Kirchner, que fue la que habló del legado de Chávez. «Repito, es un envidia que se extiende a Nicaragua y a la que más envidia le tiene es a Cuba. Otros países que han tenido todas las facilidades, que no los han sancionado, no le han hecho ni una volteada de ojos», continuó el líder chavista.

«De repente, vienen elecciones y gana la extrema derecha y los barren. Los maltratan, los persiguen, los meten presos. Y entonces, ¿quién está traicionando el legado de quién? Por algo será, verdad. Aquí andan unos jóvenes argentinos peronistas, uno los abraza y casi que lloran», siguió el vicepresidente primero del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y señaló a una persona con la camiseta de la Selección argentina entre el público.

Sumado a esto, leyó un mensaje del expresidente Mauricio Macri, al que trató de «idiota» y lo usó para volver a criticar a Fernández. «¿Cómo llegó Macri a gobernar la Argentina? Después vino el tibiecito, no llega ni a baño maría, y le entrega el gobierno a un fascista porque no fue consecuente con el legado de Perón, de Kirchner y de Evita, se lo olvidó«, sostuvo Cabello.

Enriquecimiento Rossi: retoman audiencia por recusaciones

La Justicia programó para este miércoles 7, a las 9, una audiencia para continuar con el tratamiento de recursos de recusación a magistrados que intervienen en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, ambos del PJ.

El trámite de recusación será ante un tribunal conformada por los jueces Santiago Brugo Gervasio Labriola y María Susana Paola Firpo.

A principios de abril, el abogado de Rossi y Díaz, Carlos Guillermo Reggiardo, tenía previsto pedir nuevamente el sobreseimiento de sus defendidos, pero en medio coló otra petición: anunció que había denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento al fiscal de la causa, Álvaro Piérola -planteo rechazado y que ahora está a estudio del Superior Tribunal de Justicia (STJ)-, y además recusó al juez de Garantías José Eduardo Ruhl, que debía dirigir el debate. El magistrado rechazó su recusación pero el brete debía ser resuelto por un tribunal de alzada.

Así fue como un tribunal conformado por los jueces Santiago Brugo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo debía definir en mayo el planteo de recusación. La audiencia, sin embargo, se suspendió por una nueva recusación: la defensa de Rossi pidió el apartamiento del juez Grippo.

Ahora, se reemplazó al juez Grippo e ingresó al tribunal la jueza Firpo.

Una larga historia de pedidos de sobreseimientoLa causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue Rossi y Díaz -la segunda investigación de este tenor: ya tuvo condena por una primera investigación judicial- se abrió en 2016, y a pesar de que viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie.El 11 de febrero de 2020, el exjuez de juicio Pablo Andrés Vírgala (ya jubilado) rechazó, por sexta vez, un pedido de sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2016. Entonces, Vírgala tampoco hizo lugar al segundo planteo que formuló el defensor: el beneficio de la prescripción de la acción penal.«La situación de los investigados es hoy un poco más comprometida», resumió Virgala al dar a conocer su resolución a la petición que había formulado el viernes 20 de diciembre de 2019 el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo. «Lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos», evaluó el magistrado al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotia Bank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.El último revés ocurrió el viernes 22 de noviembre de 2019. Ese día, el juez de Garantías Nº2, José Eduardo Ruhl, le dio la mala nueva a Rossi: rechazó por quinta vez el pedido de sobreseimiento. Los argumentos del juez al rechazar la petición defensiva fueron similares a los vertidos en otras oportunidades: que se trata de una causa compleja y que no existe “certeza negativa” para impedir que la Fiscalía siga investigando.En la última decisión, el juez Ruhl tomó un nuevo argumento del fiscal Piérola, quien dijo en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial se supo que Rossi y Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay.“Primero Rossi dijo que no tenía cuentas. Después, se discutió sobre la fecha de la apertura de esas cuentas. La evidencia que se pudo recoger hoy, nos da la razón. E indica que lo que se afirmó no era cierto. Hicimos lo que teníamos que hacer: por vía diplomática se pidió la información y esa información, aunque tardó, finalmente llegó. Pedimos vía Afip y vía Cancillería. Llegó vía Cancillería. El informe lo hizo el Banco Central del Uruguay. De muchas entidades hay informes negativos, pero también hay informes positivos. Hubo que ir a la Justicia del Uruguay para exigir que el Scotiabank nos diera información, porque el banco protegía a su cliente. Por eso el mote que tiene Uruguay de paraíso fiscal”, planteó el fiscal de la causa, Álvaro Piérola.Hasta ahora, los sucesivos magistrados que han intervenido en la causa le han rechazado esa petición.El 5 de febrero de este año, el juez de Juicio y Apelaciones Pablo Vírgala rechazó el pedido de sobreseimiento en esa causa por supuesto enriquecimiento ilícito que formuló la defensa del exvicegobernador Rossi; y su esposa, la exdiputada Patricia Díaz.

La petición había sido presentada por los abogados Carlos Reggiardo y Marciano Martínez. Sin embargo, la solicitud no tuvo buena acogida por parte del juez Vírgala, quien confirmó la resolución del juez de Garantías José Eduardo Ruhl de fecha 17 de diciembre de 2018.

La resolución de Vírgala fue el cuarto revés para Rossi y Díaz que hace dos años buscan ser sobreseídos y que se le ponga punto final a la investigación. Anteriormente, formulaciones similares fueron rechazadas por el juez de Garantías Ruhl. Primero lo hizo el 15 de septiembre de 2017, luego el 14 de marzo de 2018 y en una tercera oportunidad el 17 de diciembre de 2018.

La defensa de Rossi y Díaz enarbola otra documentación proveniente del banco Scotiabank, de la República Oriental del Uruguay, que, afirma, probaría su tesis defensiva: que las cuentas a nombre de Díaz existen desde antes de convertirse en diputada provincial, cargo que ejerció entre 2007 y 2011.

https://entreriosahora.com/enriquecimiento-rossi-pidio-suspender-la-audiencia-de-hoy-asume-su-quinto-mandato/El documento bancario proveniente de Montevideo, fechado el 16 de octubre de 2019, llegó al país vía exhorto judicial internacional el viernes 21 de febrero, según dijo el defensor a Entre Ríos Ahora. En el mismo se informa a la Justicia entrerriana que la exdiputada y actual concejal Díaz, esposa de Rossi, tenía cuenta en el banco desde 2002, por un importe de 300 mil dólares.

“Lo que hoy el banco está diciendo es una cuestión decisiva. El banco está yendo por encima de los 10 años que tiene obligación de informar porque nosotros fuimos los que solicitamos que se revele esa información, porque la política sobre los clientes del banco y las cuentas no la hacen con Rossi, que es un cliente menor, sino con otro tipo de clientes. Nosotros insistimos hasta que se reveló la información, que es clara, que no hubo enriquecimiento de Patricia Díaz cuando fue diputada, ni tampoco hay cuentas que puedan ameritar la apertura de una causa. Nosotros creemos que el camino ahora es el sobreseimiento”, declaró el abogado Reggiardo.

Fuente : Entre Ríos Ahora

Turismo Nacional: Pernía, Santero y Mallo cantaron victoria en las series de la Clase 3 en Oberá

Luego de cinco años de ausencia, el Turismo Nacional regresó a Oberá para disputar su octava fecha de la temporada 2024. En una jornada de domingo, la Clase 3 disputó sus tres series con una condición de pista húmeda.

Los pilotos que lograron ser protagonistas en sus respectivas baterias y cantaron victoria fueron Leonel Pernía, Julián Santero y Santiago Mallo. El piloto mendocino tendrá la oportunidad de largar desde la posición de privilegio en la definición, gracias a que logró quedarse con el registro más rápido.

En la primera de las tres series, Pernía se llevó todos los focos de atención luego de un tremendo duelo con Andrés Jakos, el poleman en el día de ayer. Santero ganó con contundencia, mientras que Jorge Barrio y Carlos Okulovich batallaban por el segundo lugar y Mallo logró tomar la punta de la última bateria luego de que José Manuel Urcera acusara problemas en su auto y abandone la competencia.

En la primera fila de la final estarán largando Santero y Mallo; el mendocino buscará su primera victoria del año, mientras que el cordobés irá por su segunda conquista en lo que va de este campeonato. La definición de la Clase 3 del TN en Oberá tendrá lugar a partir de las 13.10hs.

El gabinete provincial trabajó sobre obra pública

El gobernador Frigerio se reunió con el gabinete en la Casa Gris. Destacan acuerdos con empresas constructoras para reactivar la obra púbica.

Rogelio Frigerio lideró una nueva reunión de gabinete junto a la vicegobernadora Alicia Aluani y los ministros, en la Casa Gris, en Paraná. Trataron temáticas relacionadas a la producción, desarrollo humano y la reactivación de la obra pública.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y servicios, Darío Schneider, dio cuenta de lo tratado por el equipo. «Abordamos temas de mucha importancia en cuestiones de producción, desarrollo humano y, obviamente, de la obra pública. Sobre esto último, se definió llevar adelante importantes obras».

Eje en la obra pública

El funcionario describió que la reactivación de la obra pública tratada incluyó sobre «materia vial, viviendas y construcciones de arquitectura en escuelas y hospitales».

Schneider destacó también que, en el contexto de finalización del proceso de pago de deuda recibida de 2023, «el 80 por ciento de las empresas constructoras adhirió a los convenios de pago» y que, gracias a ello, están dadas «las condiciones para el reinicio».

«Es una directiva del gobernador que se termine de pagar esa deuda para que las empresas tengan ese capital para poder reiniciar las obras. Esto es muy importante, sobre todo por la necesidad de la infraestructura que tenemos, pero también porque genera mano de obra y moviliza la economía, sobre todo cuando las obras son en nuestros municipios, que precisan esta reactivación», cerró.

Escándalo en París 2024: una triatleta lleva cuatro días internada tras sufrir la contaminación del río Sena y su equipo se bajó de la prueba mixta

Se trata de la triatleta Claire Michel quien se contagió la bacteria Escherichia Coli tras la prueba del pasado 31 de agosto. La terminante decisión de su país

El Comité Olímpico Belga (COIB) y la federación de triatlón de Bélgica anunciaron que su equipo mixto de triatlón no participará en la competencia programada para este lunes. La decisión se tomó después de que la triatleta Claire Michel cayera enferma tras competir en la prueba femenina el pasado 31 de julio. Según un comunicado emitido este domingo, la atleta “lamentablemente está enferma y debe retirarse de la competición”.

Los organismos indicaron que la resolución se tomó tras consultar a los deportistas y a su entorno inmediato. El comunicado también expresa la esperanza de que se aprendan lecciones clave para futuras competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos. Se subraya la importancia de garantizar claridad acerca de los días de entrenamiento, de competición y del formato, con el objetivo de proporcionar certeza tanto a los deportistas como a sus seguidores.

Claire Michel terminó trigésima octava en la prueba femenina antes de enfermarse, según reporta la prensa belga. Esta situación representa un golpe significativo para el equipo belga de triatlón, ya que Michel es una de sus integrantes clave. Los medios han señalado que su retiro no solo afecta la estrategia del equipo sino también el ánimo general del equipo.

La australiana Natalie Van Coevorden (15), la belga Claire Michel (5) y la kazaja Ekaterina Shabalina compiten el triatlón de los Juegos Olímpicos de París, el miércoles 31 de julio de 2024. (AP Foto/David Goldman)

El COIB y la federación de triatlón belga insisten en que este incidente subraya la necesidad de manejar con precisión las jornadas de entrenamiento y competición. “Pensamos en la garantía de los días de entrenamiento, los días de competición y el formato de las competiciones, que deben aclararse con antelación y garantizar que no haya incertidumbre para los deportistas, el entorno y los aficionados”, se señala en el comunicado.

La noticia se une a otros desafíos que han enfrentado los equipos de triatlón durante estos Juegos Olímpicos. La fatiga, las lesiones y las complicaciones de salud no son ajenas a competiciones de tan alto nivel y han jugado un rol crucial en las decisiones de equipos y organizaciones de todo el mundo. Además de la situación en Bélgica, otros países también han enfrentado complicaciones en sus equipos de triatlón.

Según informó el comunicado, la triatleta está infectada con la bacteria Escherichia Coli, conocida por causar graves problemas estomacales e intestinales, incluyendo diarrea y colitis hemorrágica, que pueden tener severas consecuencias para la salud. El incidente ocurrió durante una competencia en la que participaron tanto atletas masculinos como femeninos. Esta competición, marcada por problemas previos de contaminación, se llevó a cabo en condiciones que claramente no eran las ideales.

Claire Michel de Bélgica en acción (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Cabe recordar que los entrenamientos programados para los días anteriores fueron cancelados debido a preocupaciones por la calidad del agua, y la prueba misma se pospuso un día adicional por motivos de contaminación. Los informes sugieren que nadar en el Sena —un río históricamente conocido por sus altos niveles de contaminación— podría haber sido la causa principal de la infección con Escherichia coli (E.coli). La natación en aguas contaminadas aumenta significativamente el riesgo de contraer infecciones bacterianas, como lo demostró el caso de la triatleta.

“Si se hubiera pensado en la salud de los atletas, no se habría hecho aquí. Han tenido 8 años para preparar los Juegos, cada año vamos a peor. Es una pena”, cuestionó la española Miriam Casillas, una de las atletas que participó en la prueba de triatlón y quien cruzó la meta 30 segundos antes que la propia Claire Michel.

(Con información de EFE).

Cristina Kirchner no le suelta la mano al chavismo

Como en la moraleja del cuento “El traje nuevo del emperador”, de Hans Christian Andersen, el dictador Nicolás Maduro está más desnudo que nunca, aunque Cristina Kirchner se niegue a soltarle la mano. Todo el mundo sabe ya que el régimen chavista ha sufrido en las urnas una derrota sin atenuantes que ni sus presuntos aliados en la región pueden desconocer. Esta vez la oposición venezolana hizo lo que debía hacer: logró unirse y se garantizó la presencia de unos 80.000 fiscales en las 30.000 mesas de votación dispuestas para los comicios presidenciales, merced a lo cual pudo reunir más del 80% de las actas electorales digitalizadas, que arrojan un triunfo para Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, contra el 30% de Maduro, y recorren las redes sociales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el gobierno, proclamó la victoria del actual presidente con el 52,1% de los sufragios, sin exhibir hasta el momento ningún acta.

Maduro fue el protagonista de la crónica de una farsa anunciada por él mismo, cuando pocos días antes de la contienda electoral aseguró que iba a ganar “por las buenas o por las malas”. Confirmó así el grotesco fraude masivo dirigido a consolidar un régimen dictatorial bajo la ficción de un proceso electoral viciado desde el comienzo hasta el final. Desde la proscripción de candidatos opositores, como María Corina Machado, hasta la detención ilegal de sus asesores y otros dirigentes disidentes, y desde las trabas para que casi 5 millones de ciudadanos venezolanos en el extranjero pudieran ejercer su voto hasta la persecución de fiscales y la manipulación de las urnas pusieron en evidencia la naturaleza represiva y fraudulenta del régimen.

Además de experimentar el más grande éxodo de la historia del hemisferio occidental, con más de 7,7 millones de venezolanos exiliados en la última década, tanto la ONU como distintas organizaciones de derechos humanos han reportado años de continuos crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales para borrar las disidencias.

La muerte del Estado de Derecho en Venezuela se produjo a la vista de todos. Y si hasta hace poco algunos distraídos pretendían desconocer las violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro, estas se potenciaron en la opinión pública mundial tras los últimos acontecimientos.

El Helicoide fue concebido en los años 50 como un centro comercial futurista que representaba el afán de entonces por el progreso y la modernidad en medio de la bonanza petrolera venezolana, pero hoy es el mayor símbolo de la opresión y represión ilegal del régimen de Nicolás Maduro. Este caracol de cemento de 13 pisos ubicado sobre una colina de Caracas, en Roca Tarpeya, se ha convertido en el más grande centro de torturas de América Latina, por el que han pasado innumerables presos políticos. Su diseño, cuya originalidad había sido reconocida por Pablo Neruda y Salvador Dalí, imita el de la Torre de Babel y apuntaba a que los clientes del proyectado shopping pudieran llegar en automóvil hasta la propia puerta de cada local comercial, pero paradójicamente terminó siendo una unidad del siniestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llena de oscuras celdas.

Informes de organizaciones como Human Rights Watch y un más reciente documental realizado por el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (Cescos), la Fundación Friedrich Naumann Argentina y Atlas Network, titulado “Ecos de libertad: historias del Helicoide”, han recreado, a través de testimonios de prisioneros y carceleros, los escalofriantes hechos vividos por quienes pasaron por ese centro de detención: descargas eléctricas, asfixia, brutales palizas y constantes amenazas de muerte.

Hasta el 23 de enero de 2018, Víctor Navarro era un joven estudiante universitario consagrado al trabajo social para ayudar a personas en situación de calle. Un día después, 35 oficiales encapuchados, sin orden de captura ni de allanamiento, ingresaron en su domicilio y lo llevaron al Helicoide, donde fue detenido y torturado durante cinco meses, al cabo de los cuales fue liberado tras una negociación política y bajo condiciones tales como la prohibición de salir del país, usar redes sociales o hacer declaraciones a la prensa. Pudo escaparse de Venezuela y pedir refugio en la Argentina. Hoy tiene 29 años de edad y es un activista de derechos humanos cuyo propósito es visibilizar lo que está sucediendo en su país con el fin de lograr el apoyo de la comunidad internacional para cerrar los centros de torturas en Venezuela y en el mundo. Para eso ideó una experiencia de realidad virtual, “Realidad Helicoide”, que permite apreciar a quien transita por el inhóspito centro de detención las atrocidades que él y miles de personas vivieron como presos políticos del chavismo.

Entre los muros del Helicoide se han perpetrado actos de violencia que dejaron cicatrices indelebles en quienes fueron allí privados de su libertad. “La dimensión del daño puede llegar a deshumanizarte tanto que sientes que estás perdiendo tu propia identidad y que no sepas quién eres, y hasta te generen culpabilidad. La cárcel no se termina cuando sales de allí. Es una tortura constante”, narra Navarro. La posibilidad del suicidio pasó más de una vez por su cabeza mientras estuvo detenido. Y aun hoy el sonido de las llaves, el tamaño de los edificios o la luz del sol han pasado a tener una percepción distinta para él: el daño es irrecuperable.

Los testimonios que se escuchan en “Ecos de libertad” son elocuentes sobre el horror que se vivió y aún se vive en El Helicoide. “Te vamos a llevar a una entrevista en la que vas a conocer al diablo”, recuerda Diannet Blanco que le dijeron cuando se la trasladó a ese centro de detención; más tarde recibiría descargas con una Taser en sus senos y en otras partes de su cuerpo. En tanto, Javier Tarazona, reconocido defensor de los derechos humanos que dirige la organización FundaRedes, lleva 1129 días de detención arbitraria, acusado de traición a la patria e instigación al odio.

Precisamente, la llamada ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, sancionada en noviembre de 2017 por la objetada Asamblea Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por militantes del chavismo, se convirtió en el instrumento para justificar las persecuciones del régimen contra sus opositores y para intentar silenciar a la prensa. La norma establece penas de hasta 20 años de cárcel, el cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos. Ha sido fuertemente criticada por considerársela diseñada para penalizar la disidencia política y para promover la censura y la autocensura.

El rey Maduro está desnudo. Pero nada garantiza que vaya a dejar el poder ni mucho menos admitir su derrota electoral. Ni él, ni muchos de sus funcionarios ni los jefes militares de Venezuela podrían salir de su país sin correr riesgos de ser apresados, puesto que tanto en la Corte Penal Internacional de La Haya como en distintos países hay procesos abiertos contra ellos por violaciones de los derechos humanos. Quienes gobiernan hoy Venezuela están convencidos de que podrán sostener el statu quo mientras la fuerza de las armas esté bajo su control. ¿Es en este contexto viable el cambio político por la vía de las urnas? El reconocimiento de los legítimos vencedores y la salida hacia una auténtica democracia no parecen sencillos, aunque la presión internacional podría hacer que en algún momento se rompa la cadena de mando y se desmorone el régimen.

El propio Maduro, quien afirmó que esta vez “no habrá perdón” para los disidentes, anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y habló de “campos de reeducación” para los díscolos. De sus declaraciones se desprende que se avecina una nueva etapa de represión ilegal y terrorismo de Estado en su máxima expresión.

Las salvajes historias del Helicoide y de otros centros de detención venezolanos, tan parecidas a las atrocidades que vivió la Argentina en los años 70, parecen ser ignoradas en nuestro país por los cultores de un falso progresismo, probablemente con el afán de ocultar los espurios negocios que los ligaron con el chavismo. Hoy Maduro puede representar una mancha venenosa para el kirchnerismo, pero ya es muy tarde para que este intente despegarse.

La vigencia de la sintonía entre el kirchnerismo y el chavismo quedó en evidencia ayer, durante la conferencia que ofreció Cristina Kirchner en la jornada organizada en México por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Allí la expresidenta elogió el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países que siempre ha reivindicado México y destacó el avance de los gobiernos nacionales y populares durante la primera década del siglo XXI, mencionando en primerísimo lugar a Hugo Chávez.

La expresidenta argentina también expresó que en Venezuela “no hay diablos ni ángeles” y le envió un irónico mensaje a la líder opositora María Corina Machado, al señalar, en referencia a su participación en una marcha pública efectuada ayer en Caracas: “Nos sentimos halagados de que haya terminado con su período de clandestinidad”. En su única diferenciación con el régimen de Maduro, pidió que “por el propio legado de Chávez se publiquen las actas” electorales, en sintonía con un comunicado que firmaron los presidentes de México, Brasil y Colombia, países que se abstuvieron de firmar el proyecto de declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar transparencia en los comicios venezolanos.

La relación entre el kirchnerismo y el régimen de Maduro, en síntesis, sigue gozando de buena salud. Javier Milei, agradecido.