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La deuda asfixia a las familias: casi 159 mil entrerrianos están en mora y el Gobierno mira para otro lado

Entretenimiento de costa a costa

La morosidad familiar alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001. En Entre Ríos hay 158.736 deudores en situación irregular y el índice llega al 13,2%. Pero detrás de las estadísticas aparece una discusión mucho más profunda: las tasas extraordinarias que se aplicaron durante los últimos años, los intereses que se acumularon sobre las deudas y un sistema de refinanciación que, en muchos casos, vuelve a cobrar intereses sobre obligaciones ya incrementadas. El Gobierno nacional debe convocar a los principales bancos y exigir una solución que no siga descargando todo el peso de la crisis sobre las familias.

La Argentina enfrenta una crisis de endeudamiento familiar que ya no puede ser considerada un simple problema de administración doméstica ni una cuestión que deba resolverse exclusivamente entre particulares. Cuando millones de personas tienen dificultades para pagar sus tarjetas, préstamos personales y compromisos financieros, estamos frente a un problema económico y social que requiere respuestas políticas.

Los números son contundentes. Según los datos de septiembre de 2026 del relevamiento que sirve de base a este análisis, Entre Ríos registra 158.736 deudores morosos, una irregularidad del 13,2% y un endeudamiento promedio superior a los dos millones de pesos. El promedio nacional alcanza el 15,4%.

La situación adquiere una gravedad todavía mayor cuando se observa que la morosidad familiar llegó a niveles comparables con los de la crisis de 2001. No estamos hablando solamente de personas que dejaron de pagar una cuota: estamos hablando de trabajadores, jubilados, comerciantes y familias que comenzaron a utilizar el crédito para sostener gastos cotidianos y terminaron atrapados en una cadena de obligaciones que crece más rápido que sus ingresos.

El Gobierno no puede desentenderse

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron que el endeudamiento y la morosidad constituyen un problema entre privados y que cada persona debe hacerse cargo de sus decisiones.

Esa explicación puede resultar jurídicamente cómoda, pero es políticamente insuficiente frente a la dimensión del problema.

¿Puede el Estado permanecer como un simple espectador cuando millones de familias quedan atrapadas en un sistema de financiamiento que les exige intereses cada vez más difíciles de afrontar?

¿Puede el Gobierno exigir sacrificios a los trabajadores, jubilados y consumidores, mientras deja librada a la negociación individual la salida de una crisis crediticia que compromete la economía de millones de hogares?

La responsabilidad individual existe, pero no puede utilizarse para ocultar las condiciones en las que se otorgaron los créditos, las tasas que se cobraron, los costos adicionales y la falta de mecanismos eficaces para evitar que una deuda inicialmente manejable termine convirtiéndose en una obligación prácticamente impagable.

El Estado no tiene que pagar las deudas de los particulares. Pero sí tiene la obligación de garantizar transparencia, competencia, reglas razonables y protección frente a prácticas abusivas.

Tasas extraordinarias: ahora hay que revisar qué se cobró

Durante los períodos de mayor incertidumbre inflacionaria, el sistema financiero aplicó tasas de interés extraordinariamente elevadas, incorporando previsiones de inflación, riesgo y costos financieros que llegaron a traducirse en costos efectivos de financiamiento de varios cientos por ciento anual en determinadas líneas y modalidades.

En algunos productos y operaciones se denunciaron costos financieros que superaron el 470% anual. Es importante distinguir entre tasa nominal, tasa efectiva y costo financiero total: no son conceptos equivalentes y deben analizarse operación por operación.

Pero la pregunta que corresponde formular es inevitable: ¿qué ocurrió con todos esos intereses cuando las previsiones inflacionarias que habían servido para justificar semejantes costos comenzaron a quedar muy por encima de la inflación efectivamente registrada?

En 2026, el IPC acumulado hasta octubre llegó al 26,9%, mientras la variación interanual se ubicó en el 33,1%, según el INDEC.

Esto no significa que toda tasa de interés deba coincidir automáticamente con la inflación, porque también intervienen el costo de fondeo, el riesgo de incumplimiento y otros componentes. Sin embargo, sí obliga a revisar si los costos financieros aplicados fueron razonables, cómo se calcularon y si existieron mecanismos para trasladar a los clientes las reducciones posteriores de las tasas.

Lo que no resulta aceptable es que las familias hayan soportado costos extraordinarios durante los períodos de mayor incertidumbre y que, cuando necesitan una salida, deban volver a negociar sobre saldos que ya incorporan intereses, punitorios, cargos y otros conceptos.

Refinanciar no puede significar volver a endeudar al que ya no puede pagar

Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del problema.

Muchas entidades presentan sus planes de refinanciación como una solución para los clientes en dificultades. Sin embargo, hay que mirar con atención qué se está refinanciando y bajo qué condiciones.

Si una familia acumuló una deuda de capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y cargos adicionales, y la entidad vuelve a financiar el saldo completo, el resultado puede ser una nueva deuda construida sobre una obligación que ya había crecido considerablemente.

En otras palabras: se refinancia capital más intereses, y sobre ese nuevo saldo se vuelven a calcular cuotas e intereses.

El problema se agrava cuando la cuota ofrecida parece accesible, pero el plazo prolongado termina multiplicando el costo total de la operación.

Hay casos en los que se ofrecen refinanciaciones con tasas nominales cercanas al 22%, pero ese porcentaje, por sí solo, no permite determinar si la propuesta es conveniente. Hay que conocer el costo financiero total, los cargos, el plazo, el sistema de amortización y el monto final que deberá pagar el cliente.

La pregunta es sencilla: ¿se está ayudando a salir de la deuda o solamente se está convirtiendo una deuda vencida en una nueva obligación financiera?

El Banco Nación, por ejemplo, informó en septiembre de 2026 una reducción de la tasa de su programa de refinanciación del 35% al 29%. Ese tipo de medidas demuestra que existen instrumentos para mejorar las condiciones, pero también deja en evidencia que todavía hay un amplio margen para discutir una solución más profunda y extendida.

Las tarjetas de crédito también deben rendir cuentas

Otro capítulo merece una revisión específica: las tarjetas de crédito.

Durante años, numerosos usuarios enfrentaron tasas elevadas por financiar saldos, pagar parcialmente los resúmenes o ingresar en situaciones de mora. A eso se sumaron intereses punitorios, cargos y costos asociados que muchas veces resultan difíciles de comprender para el consumidor.

El crédito con tarjeta, que debería ser una herramienta de consumo y organización familiar, terminó convirtiéndose para muchos en una trampa financiera.

Cuando una persona paga el mínimo porque no puede afrontar el total del resumen, el saldo restante comienza a generar nuevos intereses. Si vuelve a pagar parcialmente, la deuda continúa creciendo. Y cuando finalmente no puede cumplir, aparece la refinanciación.

Así se construye una cadena que puede prolongarse durante meses o años.

No se trata de desconocer que el crédito tiene un costo ni de sostener que las entidades deben prestar sin evaluar riesgos. Se trata de exigir que ese costo sea transparente, proporcionado y compatible con la capacidad real de pago de los usuarios.

Los bancos también deben ser parte de la solución

El sistema financiero no puede limitarse a cobrar, refinanciar, ejecutar garantías o transferir carteras problemáticas.

Las entidades bancarias participaron activamente del negocio del crédito durante los años de tasas elevadas. Algunas compañías financieras y entidades especializadas registraron niveles importantes de rentabilidad, aunque los resultados no fueron iguales para todos los bancos ni para todos los períodos.

El propio Banco Central informó que el sistema financiero mantuvo rentabilidad positiva en julio de 2026. También existen diferencias importantes entre entidades y segmentos: por eso no corresponde afirmar que todos los bancos tuvieron ganancias extraordinarias en igual proporción.

Pero precisamente porque el sistema financiero cuenta con mecanismos de supervisión, información y capacidad de negociación, el Gobierno debe sentar a sus principales actores en una mesa de trabajo.

No puede haber un esquema en el que las ganancias se administren como un asunto privado, pero las consecuencias sociales del sobreendeudamiento se descarguen exclusivamente sobre las familias.

Los bancos tienen que asumir una responsabilidad proporcional al papel que desempeñaron en la expansión del crédito y en las condiciones en que lo otorgaron.

Una salida concreta: que el Gobierno convoque a los principales bancos

El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el Banco Central deberían impulsar una mesa de negociación con los principales bancos públicos y privados, las entidades emisoras de tarjetas y los proveedores no financieros de crédito.

No alcanza con anunciar nuevas líneas de refinanciación. Hace falta un programa nacional de saneamiento de deudas familiares con reglas claras y condiciones verificables.

Entre las medidas que deberían discutirse se encuentran:

  1. Revisión de los saldos: auditar las deudas refinanciadas y verificar que los intereses, punitorios, cargos y comisiones hayan sido correctamente aplicados.
  2. Revisión de intereses acumulados: analizar mecanismos de reducción o bonificación de los intereses extraordinarios en los casos de sobreendeudamiento, especialmente cuando el cliente demuestra voluntad y capacidad parcial de pago.
  3. Refinanciación sobre capital depurado: evitar que los consumidores queden atrapados en refinanciaciones sucesivas sobre saldos inflados por intereses y cargos discutibles.
  4. Tasas razonables y transparentes: establecer condiciones especiales para la regularización de deudas familiares, con información clara sobre tasa nominal, tasa efectiva y costo financiero total.
  5. Cuotas compatibles con los ingresos: establecer planes de pago que contemplen la capacidad económica real de cada familia, sin prolongar indefinidamente la deuda.
  6. Protección de trabajadores y jubilados: impedir que las obligaciones financieras absorban una proporción desmedida de los ingresos destinados a alimentación, vivienda, salud y servicios esenciales.
  7. Supervisión de tarjetas y billeteras virtuales: revisar los costos financieros, las condiciones de refinanciación y las prácticas de cobranza de todo el circuito de crédito al consumo.

La propuesta no implica premiar al que no paga ni establecer una condonación generalizada. Implica reconocer que existe una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional y que el sistema financiero también debe aportar para evitar un deterioro social todavía mayor.

Una crisis que ya llegó a los hogares

El informe del CEPA advierte que la morosidad en las billeteras virtuales creció de manera extraordinaria y que una parte importante de los deudores se encuentra en situaciones de alto riesgo o directamente irrecuperables. También señala que los bancos restringieron el crédito a clientes con antecedentes de incumplimiento, mientras una parte de la demanda se desplazó hacia proveedores no bancarios, donde el costo financiero puede resultar mucho más elevado.

La consecuencia es peligrosa: quien deja de poder pagarle al banco puede terminar recurriendo a un financiamiento más caro, profundizando su situación.

Y cuando ya no puede pagar tampoco esa segunda deuda, comienza el camino hacia la exclusión financiera.

No es un problema menor. Es una amenaza para el consumo, el comercio, las economías regionales y la estabilidad de miles de hogares.

La pregunta que el Gobierno debe responder

Si la política económica exige a las familias realizar un esfuerzo para ordenar las cuentas, también debería exigirles a las entidades financieras que revisen las condiciones de un endeudamiento que alcanzó dimensiones extraordinarias.

No alcanza con decir que cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones. Tampoco alcanza con ofrecer otra refinanciación que, en determinados casos, vuelve a incorporar intereses sobre intereses y posterga el problema.

El Gobierno nacional debe convocar a los bancos, revisar las tasas aplicadas, transparentar los costos y promover una salida que permita recuperar la capacidad de pago de las familias.

Porque detrás de los 158.736 entrerrianos en mora hay personas que trabajan, familias que intentan sostener sus hogares y ciudadanos que no pueden quedar condenados durante años por deudas que se volvieron impagables.

Una economía no puede considerarse ordenada si sus indicadores macroeconómicos mejoran, pero millones de familias quedan atrapadas en una espiral de intereses y refinanciaciones. El equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse ignorando el desequilibrio de las cuentas familiares.

«El Gobierno no tiene que cancelar las deudas de los argentinos, pero sí debe dejar de mirar para otro lado y exigir que quienes participaron del negocio del crédito también participen de la solución».

No se puede exigir responsabilidad únicamente al que debe, mientras se libera de toda responsabilidad a quienes fijaron las condiciones de un sistema de crédito que hoy tiene a millones de familias contra las cuerdas.

REDACCION : ANÁLISIS LITORAL

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