Es el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal. Le envió un oficio esta mañana a Victoria Villarruel para el que cuerpo trate el pedido. La magistrada pidió también la detención, previa extradición, de la secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están con prisión domiciliaria en Paraguay
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió esta mañana el desafuero del senador Edgardo Kueider en un oficio enviado por mail a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”. Lo hizo en el marco en el marco de la causa contra el legislador por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro. Más temprano, le había adelantado la medida por celular a la vicepresidenta.
La magistrada no puede pedir su extradición directamente porque Kueider tiene fueros como senador nacional, por lo que la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos para ponerlo a disposición del juez competente. El Senado tendrá hoy una sesión especial en la que la Cámara alta tiene que resolver si lo expulsa, como reclama el kirchnerismo, o si lo suspende en sus funciones como promueve el ofiailismo y aliados, hasta que haya una definición en la causa judicial que afronta en Paraguay por tratar de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar, desde Brasil ,en un camioneta la madrugada del 4 de diciembre.
Al pedido de desafuero debe asignársele un número de expediente para que tenga un trámite formal, lo que está a cargo de la Secretaría Parlamentaria. Según pudo saber que se estaba concretando en el transcurso de esta mañana. Luego debe ser girado inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que tendrá 60 días para emitir dictamen. Pese a estar en período de sesiones extraordinarias, esa Comisión se puede reunir por tratarse de un tema disciplinario. Paradójicamente, el presidente de Asuntos Constitucionales es el propio Kueider. Para poder tratarlo directamente sobre tablas en el recinto, sin dictamen de Comisión, se necesitan dos tercios de los votos. El cuerpo tiene 180 días para tratarlo.
En el marco de esta misma causa por enriquecimiento contra Kueider, Arroyo Salgado pidió, además, la detención de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay, para lo que pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes.
La joven – de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva – es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.
Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya – Golsur SA – en Ciudas del Este. Primero habría dicho que fue para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.
Ambos están con prisión domiciliaria detenidos en un departamento de lujo en Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando, por el intento de ingresar una cantidad de divisas muy por encima de lo permitido por la ley sin declarar, monto fijado USD 10.000. Están alojados en el edificio Tierra Alta, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación.
La Constitución Nacional le impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 que dice que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; y el 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
Para que Kueider pueda ser indagado y/o detenido, la Cámara respectiva deberá votar su desafuero previamente con dos tercios de los votos, para concretar la suspensión en sus funciones. No se trata de una expulsión, ya que si la Justicia no lo hallara culpable, podría hipotéticamente reintegrase al cuerpo. Hoy no está claro si el Senado reuniría los votos exigidos, ya que tanto el kirchnerismo – que tiene una mayoría de 33 – como el oficialismo y aliados están enfrentados respecto de qué hacer con el senador pescado in fraganti en Paraguay.
La detención fue dispuesta por la magistrada luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas que lleva adelante la magistrada, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná. En ese expediente, Arroyo Salgado investiga el pago de coimas de esta empresa de seguridad privada a organismos públicos nacionales y provinciales, entre los cuales se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, bajo el mandato del peronista Gustavo Bordet. Esas decisiones tomadas por Kueider a partir de mayo fueron interpretadas por la Justicia Federal como “evasivas” para ocultar pruebas y dieron pie al pedido de detención.
En ese edificio, según reveló la revista Análisis de Paraná el 6 de junio pasado, Betail SA figuraba hasta mayo de este año como titular de las expensas de cinco unidades, según reveló la revista Análisis el 6 de junio pasado. Se trata de dos departamentos – el 6 “D” y 6 “E” – con un valor de aproximadamente USD 150.000 cada uno; dos cocheras; y un semipiso en el 13 “A” de tres dormitorios, con un valor de mercado de USD 350.000. En total, en mayo, las expensas sumaban $118.000. En diciembre, ascendieron a $255.000.
En ese mismo inmueble de lujo también tiene departamentos los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, que estaban al frente de la filial de Paraná de Securitas y fueron procesados por Arroyo Salgado por el pago de sobornos a funcionarios de Entre Ríos para conseguir o mantener los contratos de seguridad privada de ENERSA. La magistrado dispuso su prisión preventiva, pero la Cámara Federal de San Martín revocó luego esa medida.