La Justicia investiga una serie de adquisiciones de gas natural comprimido realizadas entre 2020 y 2021 durante la gestión municipal anterior. Según la acusación fiscal, el combustible habría sido comprado para abastecer un parque automotor que no contaba con vehículos impulsados por GNC. Las imputaciones incluyen peculado, falsedad ideológica y abuso de autoridad.
La Justicia de Concordia avanzó en una de las causas más resonantes vinculadas a presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del ex intendente Enrique Cresto. Según pudo saber 7Paginas, fueron formalmente imputados la ex secretaria de Desarrollo Urbano Mireya López Bernis y otros ex funcionarios municipales en una investigación que analiza una serie de compras de Gas Natural Comprimido (GNC) realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las adquisiciones fueron justificadas para abastecer vehículos del parque automotor municipal que, según surge de la investigación, no existían o no funcionaban con ese tipo de combustible.
La causa contempla al menos ocho hechos incorporados a la imputación y el monto total de las operaciones bajo sospecha supera los 2,6 millones de pesos de aquella época, cifra que actualizada representa varios millones de pesos.
La acusación fiscal
Según la imputación, el entonces director de Talleres y Depósitos de la Municipalidad, Jorge Raúl Pérez, habría impulsado reiteradamente compras directas de miles de metros cúbicos de GNC alegando necesidades operativas del parque automotor comunal.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en el ámbito municipal no existían vehículos impulsados por gas natural comprimido, por lo que las adquisiciones carecerían de justificación real.
La acusación agrega que el combustible habría sido utilizado posteriormente “en provecho propio y/o de terceros”, extremo que forma parte de la investigación judicial en curso.
El rol de los ex funcionarios
La ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, aparece mencionada en la mayoría de los hechos investigados debido a que, según la acusación, visó y aprobó los expedientes que permitieron concretar las compras.
También fueron imputados la ex directora de Compras y Suministros, Liliana M. Freytas; el ex coordinador Legal, y Claudio D’Antonio.
La Fiscalía les atribuye distintos grados de participación en los procedimientos administrativos cuestionados.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la presunta omisión de solicitar presupuestos comparativos, la falta de cotejo de precios exigidos por la normativa municipal y la ausencia de controles administrativos que debían intervenir en cada contratación.
Facturas y compras bajo sospecha
Los hechos investigados comprenden adquisiciones realizadas a las empresas Chiqui García S.R.L. y Portal del Lago S.R.L.
Las operaciones cuestionadas incluyen compras por:
$229.950 entre septiembre y octubre de 2020.
$278.800 entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
$294.800 entre enero y febrero de 2021.
$310.800 entre febrero y marzo de 2021.
$310.800 entre marzo y abril de 2021.
$398.800 entre mayo y junio de 2021.
$370.300 entre julio y agosto de 2021.
$438.800 entre agosto y septiembre de 2021.
Todas las operaciones habrían tenido como destino declarado el abastecimiento de vehículos municipales que, según sostiene la investigación, no funcionaban con GNC.
Los delitos atribuidos
En cada uno de los hechos, la Fiscalía encuadró las conductas investigadas, de manera preliminar, en el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal.
Además, las imputaciones incluyen los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la acusación, Jorge Raúl Pérez fue señalado como presunto autor material de las maniobras investigadas, mientras que López Bernis, Freytas, D’Antonio y otros funcionarios fueron imputados como presuntos partícipes necesarios o coautores, según el expediente correspondiente.
Una investigación que sigue avanzando
Fuentes judiciales indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que aún restan medidas probatorias para determinar el destino final del combustible adquirido y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
La hipótesis de la acusación sostiene que existió una estructura administrativa destinada a justificar compras públicas sin una necesidad real, utilizando expedientes oficiales para dar apariencia de legalidad a operaciones que hoy son objeto de investigación penal.
Lo interesante de este caso sera saber si estos funcionarios obedecian a ordenes de otros cargos superiorios, como asi tambien los operarios de la empresa privada de Chiqui Garcia, que extendieron la facturacion.
Redacción de 7Paginas
