La Corte Suprema declaró inconstitucionales las sucesivas reelecciones de Gildo Insfrán en Formosa, pero esa perpetuación no hubiera sido posible sin múltiples complicidades políticas y económicas.
En los últimos días ha surgido, casi como en un parto que ya nadie esperaba, la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó lo que ya todos sabíamos, pero que los jueces no decían o no querían decir: que las sucesivas reelecciones de Gildo Insfrán al frente del Ejecutivo formoseño eran inconstitucionales.
El tardío ejercicio de lucidez jurídica que fue esperado por años viene finalmente a cercenar –al menos en el plano conceptual, el proyecto del mandatario formoseño es perpetuarse en el poder– la posibilidad de que se extienda en otros períodos una autosucesión dinástica que ya lleva tres décadas, 29 años, para ser exactos.
El caso de la provincia de Formosa, es la mejor fotografía de un país que se niega a evolucionar y que repite hasta el cansancio los mecanismos que lo llevaron a la ruina.
La gesta feudal de Insfrán sólo puede ser comprendida en el marco de un ejercicio de populismo exacerbado mediante el cual la provincia norteña, cuyos recursos dependen en un 80% de la coparticipación, ha perpetuado su retraso mediante el clientelismo, los subsidios a destajo y un control férreo de la Justicia y de la Policía.
A lo que debe agregarse la manipulación de procesos electorales en los que se ha denunciado que votan masivamente extranjeros con documento argentino, quienes hasta percibirían jubilaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Todo ello sin mengua de contrabando y narcotráfico, dos auténticos pilares productivos en esa descontrolada zona de frontera.
El caso de Formosa no es único, pero sí el más conspicuo de un sistema caudillesco que aún se ejercita en no pocas provincias, donde inclusive se practican ejercicios de sucesión familiar entre esposas, hijos y hermanos.
Un sistema que ha sido tolerado y hasta promovido por sucesivos gobiernos nacionales sin que desde la política o la Justicia se intentara esfuerzo alguno por acotar tamaño desmadre.
Por cierto, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado con estricto ajuste a derecho no quita que el fallo llega demasiado tarde, cuando ya el daño inferido a una parte de la sociedad es de difícil solución.
Porque sería ingenuo suponer que la antiheroica gesta de Insfrán ha sido posible sólo porque el gobernador del feudo es un genio de la estrategia política.
Lamentablemente, el mandatario ha tenido un exceso de cómplices, y la tolerancia de una sociedad que le ha abonado el camino es el ingrediente fundamental.
Nada de lo que ha hecho hubiera sido posible sin la claudicación de muchos.
Por otra parte, el final de la historia aún no está escrito. A estas horas, el gobernador impulsa una reforma de la Constitución provincial que habilitaría dos períodos más de gestión, lo que habrá de inaugurar nuevos intríngulis jurídicos.
Es de esperar que en el siguiente capítulo de este culebrón argentino, nuestros jueces se tomen menos tiempo para pronunciarse.
