El proceso de decomiso de bienes contra los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez entra en su etapa de ejecución tras el fallo firme de la Justicia. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias de la megacausa de corrupción que conmovió a la provincia.
Rodríguez Signes aclaró que la función de la Fiscalía de Estado se limita al aspecto patrimonial y que la medida administrativa resulta inminente. Una vez recibida la notificación formal del tribunal actuante, la repartición tramitará la ejecución en conjunto con la Escribanía Mayor de Gobierno. Este mecanismo ya cuenta con antecedentes directos en la provincia, donde la administración actuó bajo el mismo esquema en condenas de causas anteriores como Yedro, Righelato, Pacayut, Taleb y Rodríguez.
En cuanto al destino final de los activos incautados, el funcionario explicó que, al no haber establecido la sentencia un fin específico, la asignación queda bajo la órbita exclusiva del Gobernador. En los precedentes registrados, los inmuebles y bienes decomisados quedaron a disposición del Ejecutivo provincial para ser reasignados a reparticiones públicas o a fuerzas de seguridad, como la Policía de Entre Ríos.
Respecto al monto total a recuperar, el fiscal detalló que el perjuicio fue determinado originalmente en pesos actualizables. La Fiscalía analiza si el decomiso dispuesto absorbe la totalidad del daño patrimonial causado o si corresponderá promover acciones resarcitorias complementarias por los distintos hechos independientes juzgados en la causa.
En el plano institucional y previsional, el fiscal confirmó que las jubilaciones que perciben Báez y Urribarri no sufrirán alteraciones por tratarse de derechos de carácter personal. Por otra parte, en relación con el sueldo que percibía Aguilera por su puesto en el Senado provincial, la Cámara alta dará la baja administrativa correspondiente al ejecutarse la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa alcanzó su definición patrimonial de forma paralela a la resolución penal. Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los recursos de la defensa, la condena a ocho años de prisión efectiva para Urribarri y de seis años para Báez y Aguilera quedó firme, dándose inicio inmediato al cumplimiento de la pena en unidad penal y a la inhibición definitiva de sus bienes con información de Análisis digital
