El caso Kueider, con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, está en proceso de esclarecer las diversas ramificaciones en las que estuvo y sigue estando involucrado el senador Edgardo Kueider. En estos momentos, el gobierno nacional estaría evaluando la posibilidad de retirar las “gentilezas” que Kueider recibió como retribución por su histórica votación en el Senado, una retribución que parece estar vinculada a favores políticos. Las «gentilezas» más conocidas tienen como origen la ciudad de Concordia, lugar natal del senador,(Salto Grande, Anses etc etc) quien DESDE HOY es conocido por su «mochila verde» en Paraguay.
Mientras tanto, dentro del peronismo provincial, crece la preocupación de que la prensa porteña pueda comenzar a poner el foco en los distintos actores involucrados en diversas causas de corrupción que se entrelazan. Entre ellos, destaca el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, quien ha presentado una declaración de bienes que resulta complicada de justificar. Bordet se ha visto vinculado con lo que, según versiones, habrían sido retornos de “Tortul”, de los cuales Kueider no estaría exento. A esto se suma la megacausa de los «Contratos Truchos», cuyo tratamiento judicial ha sido, sorprendentemente, postergado.
En noviembre pasado, el Poder Judicial había decidido congelar la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura. Se había previsto que las audiencias de remisión a juicio comenzaran en los primeros días de ese mes, pero, debido a una serie de solicitudes de aplazamiento, el proceso sufrió demoras.
A principios de septiembre, la Justicia finalmente había establecido las fechas para las audiencias de remisión a juicio en esta megacausa. El 31 de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio, pero el trámite se complicó debido a una disputa de competencia con la Justicia Federal.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial había fijado las audiencias para los días 11, 12 y 13 de noviembre, sin embargo, en los últimos días previos se sucedieron varios pedidos de aplazamiento. En marzo de este año, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el pedido de intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, y ratificara la competencia de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelata, la magistrada reactivó la investigación.
La megacausa de los Contratos Truchos investiga los contratos laborales presuntamente falsificados en la Legislatura de Entre Ríos, un caso que abarca una década, entre 2008 y 2018. La causa busca establecer el desfalco de fondos públicos mediante la creación de contratos laborales fraudulentos, que habrían servido para establecer una red de recaudación de fondos destinada a financiar la política.
La investigación comenzó en 2018, pero en 2021 se produjo un conflicto de competencia que retrasó su avance. Aunque la investigación estaba en manos de la jueza Barbagelata, algunos defensores de los imputados solicitaron que el caso fuera transferido al Juzgado Federal a cargo de Daniel Edgardo Alonso, argumentando que los delitos investigados implicaban la violación de la Ley Electoral. Según esta versión, los fondos desviados de la Legislatura habrían sido destinados a financiar campañas del Partido Justicialista, lo que justificaría la intervención de la Justicia Federal.
Qué investiga la causa Contratos Truchos
La investigación penal se abrió en septiembre de 2018. Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry remitieron la causa a juicio -en medio ocurró el planteo de competencia- y señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.
¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.
Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta.
“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan: “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales; la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.