Solicitan a CARU información sobre el dragado del río Uruguay y la planta de hidrógeno verde

Invocando el Acuerdo de Escazú para el acceso a información pública ambiental, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina (AAAA) solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que dé cuenta sobre dos proyectos polémicos.

Uno es la idea de llevar a cabo un dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. El otro es la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde en el ejido de la Municipalidad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, por el cual piden que entregue “la totalidad de la documentación existente”, se indicó en la nota. Ambas iniciativas se encuentran bajo la jurisdicción del ente binacional y, por lo tanto, el control de las obras que se ejecutan en la misma. En los dos casos se desconoce si hubo o no presentación de estudios de impacto ambiental.

En sendas notas elevadas este 9 de septiembre, la organización de abogados ambientalistas argentinos presentó una solicitud de acceso a la información pública. Lo realizó en el marco del Acuerdo de Escazú, y por el cual la Argentina tiene un compromiso de respetar los derechos humanos en materia ambiental.

Dragado

En la primera carta dirigida al presidente de la delegación por el Uruguay, Mario Daniel Ayala Barriosm y su par de la Argentina, Roberto A. Salafia, se solicita la entrega de “copias certificadas” de “la totalidad de la documentación existente” en la CARU “en razón del proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. De igual manera si existen en dicha proyección o menor, pero también de mayores profundidades en el canal de navegación, a las profundidades existentes hasta el presente, en el Tramo Fray Bentos, Paysandú-Colón”, se precisa en la misiva conocida por ERA Verde.

La AAAA solicita especialmente “los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la o las empresas impulsoras de la iniciativa, de así corresponder, o de los desarrollados por los equipos técnicos de la Comisión”. Asimismo, que se aclare “sí los mismos fueron evaluados y aprobados por las máximas autoridades ambientales de la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, como por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, en razón de ser la titular de sus bienes naturales conforme Constitución de la Nación Argentina y la provincia de Entre Ríos”. En caso que no cuenten con esta documental, los abogados ambientalistas demandan saber “en qué etapa de desarrollo administrativo institucional” se encuentra el mentado proyecto, así como “el escenario completo de los procesos de autorizaciones, audiencias públicas, etc, conforme la legislación vigente”.