Un hombre perdió la vida tras accidentarse con el camión que conducía por la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 308, en la zona de la ciudad de Chajarí.
Según informó el jefe departamental de la Policía Federación, Edgardo Montenotte, el transportista era oriundo de Paraguay y trasladaba un producto químico, similar al agua oxigenada.
La circulación fue interrumpida en la zona, debido a que el vehículo obstruía el tránsito y emanaba una especie de vapor o humo que provenía de los químicos que transportaba.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios con jurisdicción en el lugar del vuelco procedió a cauterizar la zona, en medio de un amplio despliegue policial.
El INVyTAM y “Techo” trabajan para construir “módulos habitacionales” en barrios de emergencia de Concordia. Provincia aportaría fondos , desconociendo todos los esfuerzos para desarrollar la incipiente forestoindustria, en este caso el municipio de Concordia se vuelve a equivocar.
El Concejo Deliberante de Concordia se apresta a tratar un proyecto de ordenanza que habilitará al Instituto de Vivienda y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM) a recibir fondos provinciales, que serán aplicados a la construcción de viviendas en barrios de extrema vulnerabilidad, en un proyecto de trabajo conjunto con la ONG “Techo”.
Desde el INVYTAM resaltaron “la experiencia que TECHO ostenta, con la construcción de 17.928 módulos de vivienda registrados a la fecha y el antecedente de articulación efectiva desde el año 2005 con Municipios de al menos 10 Provincias Argentinas, entre las que se destacan Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza y Corrientes”. Además, la ONG ha sido reconocida por organismos internacionales de prestigio en materia de hábitat, vivienda e integración socio urbana, como son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.
Una vez aprobada la ordenanza, el Municipio podrá gestionar los fondos ante las autoridades provinciales y, por intermedio del INVYTAM, trabajar en un convenio con la Fundación TECHO que permita, para fin de año, la concreción de 130 módulos habitacionales.
Estarán destinados a barrios asentados sobre dominio público y con condiciones críticas en materia habitacional. Desde hace algunos meses el Instituto por intermedio de su Dirección Comunitaria se encuentra trabajando en territorio, realizando relevamientos preliminares para confeccionar la preselección de asentamientos.
La ONG TECHO, desde su página web, explica que las “viviendas de emergencia” que levanta son “prefabricadas en madera, lo que permite su construcción en un tiempo acotado. Se ejecutan por las familias que reciben la casa y un grupo de voluntarios”.
El Ministerio Público Fiscal recurrió el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones que el 5 del actual denegó la concesión de la prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de cárcel en 2022 en el marco del megajuicio; a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, que recibió 6 años y medio; y que se haga efectiva en la Unidad Penal de Paraná la condena a 6 años y medio al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez.
En un fallo dividido -por el rechazo a la petición que había formulado el 18 de abril Fiscalía votaron los jueces María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara; en disidencia, Elvio Osir Garzón- no hizo lugar a la petición, razón por la cual los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Bafdano acudieron con un recurso para llegar a Casación. Señalan en el e3scrito que «la resolución atacada resulta equiparable a una decisión definitiva por serio riesgo de frustración (no realización de la ley penal sustantiva) de los efectos de la sentencia condenatoria de fecha 07/04/2022, recaída contra los antes nombrado; y frente a la muy probable responsabilidad internacional del Estado argentino, atento a la materia involucrada».
El tribunal que, por mayoría, rechazó las prisiones: María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón (en disidencia) y Julián Carlos Vergara.
El jueves 5 del actual, los jueces resolvieron por unanimidad rechazar el pedido de traslado y alojamiento de Báez en una unidad carcelaria. Y aún cuando admitieron que existía riesgo de fuga de parte de Urribarri y Aguilera, «pese a la gravedad del asunto, por decisión de la mayoría de sus integrantes, se estimó que tal riesgo podría ser razonablemente contenido con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva». Así, la resolución fue: «No hacer lugar a los pedidos formulados por los representantes del Ministerio Público Fiscal, de inmediata detención del imputado, Pedro Ángel Báez, y su traslado a la Unidad Penal, a los fines del comienzo de la ejecución de la pena impuesta; y de prisión preventiva de los imputados, Sergio Daniel Urribarri y Juan Pablo Aguiera».
En vez de prisión preventiva, el tribunal impuso : a) fijación de domicilio, que no podrán variar sin autorización judicial, con la obligación de concurrir semanalmente ante la Fiscalía interviniente, o con asiento en la jurisdicción del domicilio de los imputados, dando cuenta de su presencia; b) prohibición absoluta de salida del país, como de la localidad de residencia de los encausados, quienes deberán entregar el pasaporte, el que quedará a resguardo del tribunal; c) oficiar a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y Jefatura de la Policía de la Provincia, a fin de que se efectúe la comunicación pertinente de la presente medida a las distintas reparticiones policiales del país, y aquellas que se encuentren en los pasos fronterizos; d) fijar en $20 milllones en concepto de caución real.
Al fundar su planteo, la Fiscalía señaló respecto del exministro Báez se había solicitado la detención del condenado y su posterior traslado y alojamiento en una unidad carcelaria «al entender, en sintonía con la postura de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, y del vocal Miguel Ángel Giorgio que la sentencia a su respecto se encontraba firme». Pero el tribunal «entendió, en sus efectos, todo lo contrario. Es decir, si bien diferenció la situación de Báez de la posición procesal de Urribarri y Aguilera, consideró que al haber deducido, estos últimos, recurso extraordinario federal contra la decisión del máximo Tribunal provincial que rechazó la queja por recurso de impugnación extraordinaria denegado (…) los efectos de interposición de dichos remedios debían extenderse a éste condenado, con lo que la sentencia no podía comenzar a ejecutarse, no obstante encontrarse firme».
Solicitan a CARU información sobre el dragado del río Uruguay y la planta de hidrógeno verde
Invocando el Acuerdo de Escazú para el acceso a información pública ambiental, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina (AAAA) solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que dé cuenta sobre dos proyectos polémicos.
Uno es la idea de llevar a cabo un dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. El otro es la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde en el ejido de la Municipalidad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, por el cual piden que entregue “la totalidad de la documentación existente”, se indicó en la nota. Ambas iniciativas se encuentran bajo la jurisdicción del ente binacional y, por lo tanto, el control de las obras que se ejecutan en la misma. En los dos casos se desconoce si hubo o no presentación de estudios de impacto ambiental.
En sendas notas elevadas este 9 de septiembre, la organización de abogados ambientalistas argentinos presentó una solicitud de acceso a la información pública. Lo realizó en el marco del Acuerdo de Escazú, y por el cual la Argentina tiene un compromiso de respetar los derechos humanos en materia ambiental.
Dragado
En la primera carta dirigida al presidente de la delegación por el Uruguay, Mario Daniel Ayala Barriosm y su par de la Argentina, Roberto A. Salafia, se solicita la entrega de “copias certificadas” de “la totalidad de la documentación existente” en la CARU “en razón del proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. De igual manera si existen en dicha proyección o menor, pero también de mayores profundidades en el canal de navegación, a las profundidades existentes hasta el presente, en el Tramo Fray Bentos, Paysandú-Colón”, se precisa en la misiva conocida por ERA Verde.
La AAAA solicita especialmente “los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la o las empresas impulsoras de la iniciativa, de así corresponder, o de los desarrollados por los equipos técnicos de la Comisión”. Asimismo, que se aclare “sí los mismos fueron evaluados y aprobados por las máximas autoridades ambientales de la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, como por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, en razón de ser la titular de sus bienes naturales conforme Constitución de la Nación Argentina y la provincia de Entre Ríos”. En caso que no cuenten con esta documental, los abogados ambientalistas demandan saber “en qué etapa de desarrollo administrativo institucional” se encuentra el mentado proyecto, así como “el escenario completo de los procesos de autorizaciones, audiencias públicas, etc, conforme la legislación vigente”.
La llamaban “fantasma” porque aunque cobraba su sueldo en una escuela de Venecia, nunca iba a trabajar.
Una profesora de Historia y Filosofía contratada en un colegio de Venecia usó una increíble cantidad de engaños para faltar a trabajar durante dos décadas sin ser descubierta, hasta que sus propios alumnos se hartaron y la denunciaron. Aún así, la docente se hizo viral en todo el mundo por su batalla para evitar que la despidieran.
Los motivos de las ausencias de la docente, llamada Cinzia Paolina De Lio –aunque todos le decían “fantasma”-, fueron muchos: desde distintas enfermedades propias y de sus familiares, accidentes de trabajo y asistir a conferencias y congresos, hasta pedidos de permiso por días administrativos, licencias por maternidad o vacaciones.
La escuela Liceo G. Veronese, en Chioggia, Italia. Foto: Google Maps.
La profesora enganchaba sus licencias y ausencias y así no se presentaba en la escuela para enseñarles a sus alumnos. Eso ocurrió durante 20 años.
¿Por qué nadie se dio cuenta?
La primera pregunta que surge al conocer la noticia que está dando la vuelta al mundo ahora es ¿por qué nadie se dio cuenta de sus ausencias a lo largo de 20 años?
Quedó comprobado que fueron sus propios alumnos quienes la habían denunciado, porque las pocas veces que iba a la escuela, no enseñaba. Según informaron los estudiantes a los directivos, la profesora llegaba sin haber preparado las lecciones, por lo improvisaba en clase y usaba su celular por motivos personales para enviar mensajes de WhatsApp durante su horario escolar, sin prestarles atención a los reclamos de sus alumnos.
De Lio también les avisaba que se había olvidado los libros de texto con los que debía enseñar en su casa, por lo cual eran los alumnos los que se los prestaban, según denunciaron. Pero además, una de las cosas que más les molestaban a los estudiantes era que la profesora ni siquiera revisaba los exámenes o les prestaba atención cuando daban orales y los calificaba de manera aleatoria, con las notas que a ella le parecían.
Las idas y vueltas de su despido
Recién en 2017, después de recibir la denuncia y “pedido de evaluación de la docente De Lio” por parte del director del colegio, el Ministerio de Educación italiano comenzó el proceso de despido de Cinzia Paolina De Lio. Sin embargo, la profesora presentó un recurso de apelación, que recién al año siguiente le dio la razón y la dejó volver a “enseñar”.
La profesora faltó durante 20 años a su trabajo. Foto: Freepik
El juez sentenció que el inspector enviado no había tenido el tiempo suficiente para analizar y evaluar su desempeño docente al frente del aula y que ella podía retornar al trabajo.
Sin embargo, en la dependencia estatal no se dieron por vencidos y recurrieron al Tribunal de Casación, que descubrió que la profesora a la que se trataba de despedir con justa causa había sido contratada por los últimos 24 años, pero sumando todas sus ausencias, había faltado a su trabajo durante más de dos décadas.
Un periodista del diario italiano La Republicca quiso entrevistar a Cinzia Paolina De Lio, que a sus 56 años se hizo famosa en todo el mundo, pero ella solo contestó que su caso “era único y surrealista”, pero que no podía dar más declaraciones porque estaba en la playa.
En la jornada de hoy, por orden del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, los profesionales de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) procedieron a la apertura y al comienzo de los análisis de los dispositivos secuestrados en el despacho de la Cámara de Representantes perteneciente a Germán Kiczka y a lo incautado en la oficina que el diputado tenía en las instalaciones del Club Social en Apóstoles.
La intervención de la Saic se realizó en presencia del juez Miguel Ángel Faria, de secretaria, la fiscal de la causa -Silvia Barronis-, agentes de Cibercrimen y el perito defensor. La apertura de los dispositivos comenzó en la mañana y se prolongó hasta horas de la tarde.
En relación a los elementos peritados, se trata de una notebook, un pendrive, cuatro celulares -dos de ellos son los teléfonos que Germán tenía cuando fue detenido-, entre otros dispositivos informáticos. En tanto, los resultados de los exámenes estarán en manos del juez interviniente en los próximos días.
Como principales elementos para ser sometidos a análisis fueron apuntados los dos teléfonos móviles del diputado desaforado que tenía en la noche del miércoles 28 de agosto -uno de su propiedad y el otro perteneciente a un allegado-, el cual presuntamente también utilizaba
Mediante una resolución, Nación busca impedir que los municipios cobren las contribuciones sobre la luz, el gas o seguridad e higiene. El ministro Luis Caputo había anticipado que evaluaba “la mejor estrategia” ante los aumentos aplicados por las distintas localidades.
En medio de la tensión con los intendentes, la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, avanza en una resolución que prohibirá la inclusión de tasas municipales en las boletas de los servicios públicos, como la luz o el gas. La medida se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, según se pudo saber.
Las tasas municipales son contribuciones que pagan los ciudadanos y empresas por un servicio prestado por los municipios, como el alumbrado, barrido y limpieza (ABL) o seguridad e higiene, entre otros. De esta manera, el Gobierno busca impedir que los jefes comunales cobren estas tasas en otros servicios públicos.
El ministro de Economía, Luis Caputo había anticipado esta decisión al cuestionar a varios intendentes de la provincia de Buenos Aires por el aumento de impuestos con “fines recaudatorios”, tras la denuncia de supermercados y mayoristas por la elevada carga tributaria en comunas de distintos puntos del país.
“Estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”, adelantó el titular del Palacio de Hacienda. “Las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios”, apuntó Caputo.
El ministro también había acusado a los jefes comunales de “obstaculizar el programa económico” de Javier Milei, ya que la suba de tasas también repercute en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores”, remarcó.
Qué puede pasar con las tasas municipales en las tarifas de luz y gas
Nación busca impedir que los municipios cobren tasas municipales en servicios públicos como en las tarifas de luz y gas. Se trata de contribuciones económicas que pagan los ciudadanos y empresas en contraprestación por un servicio prestado por los municipios, como el alumbrado, barrido y limpieza (ABL) o seguridad e higiene, entre otros. En los próximos días, la medida se publicará a través de una resolución de la Secretaría de Comercio.
El ministro de Economía, Luis Caputo había explicado que “las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado” mientras que el monto tiene que “guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye”.
“Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, escribió en sus redes sociales.
Más de una década tardó el PJ para convocar a sus Congresales provinciales, y para la ocasión se usó un salón PRESTADO, que fue cedido por un sindicato, y, además, con el correr de las horas, se notó la falta de algo esencial: AGUA. No solo fue falta de previsión, sino que NO HABÍA FONDOS para solventar lo más básico de un encuentro que duraría horas.
El Partido Peronista no solamente está un poco desmantelado en lo político, tratando de rearmarse, sino que en lo económico tiene un serio desajuste porque quienes están obligados por la orgánica a aportar a la manutención de la infraestructura partidaria, se niegan rotundamente a hacerlo, esgrimiendo distintos pretextos.
Para realizar el encuentro de los 255 congresales, se recurrió a la GENTIL cesión del Sindicato de Empleados de Comercio, que puso a disposición el salón de su camping, que, si bien contaba con la capacidad necesaria, es de difícil acceso por las condiciones del camino desde tiempos inmemoriales.
Además, la ubicación es en un lugar recóndito de Paraná, que para los locales ya es difícil llegar, aun con la ayuda del GPS, por lo que fue aún más complicado para quienes eran ajenos a la ciudad. Pero el salón lo cedió el secretario del Sindicato, sin exigir ninguna remuneración, sabiendo la situación económica que atraviesa el partido, donde ningún funcionario, legislador, concejal, funcionarios hace el aporte debido, a pesar de que sus cargos los tienen GRACIAS a la maquinaria partidaria del PJ.
La miseria humana de algunos dirigentes del PJ entrerriano se hizo notar en los últimos días, ya que se excusaron tras pretextos indignantes para justificar su NEGATIVA a contribuir económicamente con el partido. No les importa que hoy están en una posición política privilegiada, ocupando un cargo, por lo que el PJ les brindó. Y muchos han mejorado su estilo de vida, e incluso, la de allegados. Pero, haciendo gala de un acérrimo egoísmo no aportan un centavo al partido, siendo que la Casa del Partido tiene una docena de trabajadores que no cobran lo debido, y lo hacen de vez en cuando.
Y esto genera bronca dentro del Partido porque denuncian que no tiene un peso partido al medio, y el salón para tan importante evento como es el Congreso Provincial , luego de más de una década sin realizarse, lo consiguieron de favor, y NI SIQUIERA PROCURARON LO BÁSICO PARA LOS CONCURRENTES, que sería agua para beber. Incluso algunos NO hablaron porque si lo hacían, se les secaba la boca, y no había una botellita de agua. Es algo que se ve incluso en las fotos del Congreso. Lo habitual es ver sobre la mesa o en las manos de quienes hacen alocuciones, una botella de AGUA mineral. Aca ni siquiera hubo botellita de agua recargada con agua corriente. Los privilegiados fueron los de la Mesa Conductora: copas y jarrita de agua para compartir, natural, recién extraída de la canilla. Catering? una utopía. Muchos se retiraron antes de que finalice formalmente el Congreso debido a horas de estar soportando la sed y también molestos por un evento tan importante que no contaba con lo básico para los concurrentes. Algunos se preguntaban si había sido a propósito, para restar participación de los concurrentes, un artilugio de los que siempre digitaron el partido.
La miseria humana de los que se niegan a aportar, demostrando desagradecimiento, falta empatía, y solidaridad, con el movimiento peronista que impulsó sus carreras políticas, y con los empleados del Partido. La miseria económica, de tener que recurrir a pedir PRESTADO un salón, y ni siquiera dejar “algo” por el uso. Y además, la desatención a los concurrentes, que debían estar horas, en debates y dando discursos, sin agua para beber en un día especialmente cálido, porque PLATA NO HAY.
Resulta increíble que encumbrados dirigentes, que cobran casi 8 MILLONES de pesos por mes siendo diputados provinciales, NO cedan un porcentaje al PARTIDO que les posibilitó sus carreras políticas, como el diputado por Gualeguaychú Juan José Bahillo, o la ex vicegobernadora y actual diputada Laura Stratta que siendo congresal por Victoria ni siquiera asistió. Una Stratta que fue noticia cuando era Ministra de Desarrollo Social, al ser denunciada por la causa SUBSIDIOS TRUCHOS y LA ADQUISICIÓN DE FRAZADAS CON SOBREPRECIOS para indigentes, los más pobres entre los pobres, salvada en su momento por el inmortal Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, en la causa de los subsidios y por el ya fallecido Laporte en la investigación sobre los sobreprecios en las frazadas. Después, como vicegobernadora, por los contratos realizados en forma irregular.
Más allá de estar obligados por la orgánica, no hay un mínimo de agradecimiento en ellos con el movimiento, y están en la tesitura de aportar, SABIENDO QUE DE ESO DEPENDE TAMBIÉN EL SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL PARTIDO.
Sueldo Bruto de un Legislador Provincial: $ 7.837.120,40 Sueldo Básico: $ 4.353.955 Gastos de Representación: $3.483.164
El PJ entrerriano está afectado de miseria económica producto de la miseria humana, de los egoísmos de algunos dirigentes que con el tiempo se fue haciendo moneda corriente, y queda de manifiesto en lo que dijo Bahillo, cuando se le pidió que aunque sea contribuya con la mitad del porcentaje debido, y dijo, dejando HELADOS a todos: “NUNCA PUSE, Y NO VOY A PONER AHORA”.
La patronal propone a los accionistas repartir 3.200 millones de pesos para compensar a sus directores
Celulosa Argentina reportó a la Bolsa de Comercio, el 30 de agosto pasado, que su controlado grupo Tapebicuá, uno de los grandes complejos forestoindustriales del país, cerró el aserradero de pino San Charbel, en la localidad de Garruchos, Corrientes, junto con el despido de más de 70 trabajadores.
Lo llamativo fue que, casi simultáneamente, también anunció que el próximo 25 de septiembre, en la asamblea de accionistas en Capitán Bermúdez, el directorio, encabezado por dos de los dueños de Tapebicuá, Douglas Albretch, y José Urtubey (hermano del ex gobernador de Salta), se repartirá 3.661 millones de pesos en honorarios
Si bien el argumento utilizado para justificar la desvinculación de más de 70 empleados fue que la decisión de despedir a todo su personal obedeció a que cayeron las ventas y a que no ven futuro commpetitivo con la escala actual, lo llamativo es que previamente habían comunicado un resultado operativo consolidado finalizado el 31 de mayo con ganancias de 45.058,7 millones, 23% superiores a los 36.512,3 millones de pesos del balance anterior (a moneda constante).
Más sorprendente aún fue que se lo atribuyó, principalmente, a mayores márgenes de la sociedad controlante del grupo, Celulosa Argentina.
Pero aún así el desempeño de los ocho miembros del directorio para justificar la compensación que se les asignará, sujeta a aprobación de la asamblea, está siendo realizado por uno de los propios directores, gerente financiero y vicepresidente de Celulosa Argentina, Diego Tuttolomondo.
Otros de los directores beneficiados, como Albretch y Urtubey, también accionistas mayoritarios de Celulosa Argentina junto a Diego Collado, otro de los directores, trabajan full time para la compañía aunque sin recibir otro sueldo en esos roles.
Grandes grupos forestoindustriales
Tapebicuá es uno de los grandes grupos forestoindustriales del país, junto a Arauco Argentina, Laharregue-Chodorgue, Forestal Las Marías y unos pocos más.
Un grupo al cual se incorporó hace poco el aserradero austríaco Acon Timber.
El aserradero de compensados fenólicos, sito cerca del límite con Misiones, es líder en el país, con una producción de 60.000 metros cúbicos al año.
Hace unos años habían adquirido el establecimiento San Charbel a TC Rey SA. San Charbel y, como se trató de unaoperación menor dentro de la cartera de negocios forestales del grupo, su cierre se interpreta como normal cuando está encarando una gran reestructuración y deshaciéndose de unidades que no son rentables.
La puesta en funcionamiento de Acon Timber, el aserradero más grande del país, representó un desafío para los más chicos que deberán competir con una industria de una escala que permite grandes eficiencias.
Los balances
Celulosa Argentina facturó en los nueve meses finalizados el 29 de febrero pasado, 175.354 millones de pesos.
De este total, Grupo Tapebicuá representó el 10% de su facturación, según el balance presentado a la Bolsa de Comercio el 11 de abril pasado.
Grupo Celulosa tiene unos 1.500 empleados, de los cuales casi 600 pertenecen a Grupo Tapebicuá.
De estos, unos 70 se desempeñaban en San Charbel, el aserradero que está situado sobre la ruta provincial 94, que pocos kilómetros después, al ingresar a Misiones, se convierte en la ruta provincial 2.
Celulosa Argentina es una empresa líder que nació en 1929, produce celulosa y papel en dos grandes plantas de Gobernador Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (provincia de Buenos Aires).
Lideró el consorcio de firmas que fundó Alto Paraná en 1982 hasta que en los años 90 entró en crisis y fue adquirida por el CEI (Citicorp Equity Investment), el brazo del Citibank dedicado a comprar empresas en dificultades financieras para luego revenderlas con una ganancia.
La historia es conocida, los chilenos de Arauco compraron en 1996 el negocio de Alto Paraná (hoy Arauco Argentina).
Celulosa Argentina fue vendida al grupo uruguayo Fanapel. Pero en 2007 volvió a manos argentinas al ser adquirida por el Grupo Tapebicuá, que formaron el norteamericano Douglas Albretch, quien reside en la Argentina hace mucho tiempo; José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta y Juan Collado.
El organismo que reúne a las provincias elegirá titular. El peronismo, cerca de conseguir la continuidad de Lamothe. Las chances de la UCR y el PRO.
Con asistencia perfecta, los gobernadores se reunirán este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir quién ocupará el sillón de secretario general del organismo por los próximos cuatro años. El peronismo respaldará la continuidad de Ignacio Lamothe, mientras que el resto de las provincias no logró unificar una propuesta.
La Asamblea Extraordinaria comenzará a las 10, cuando todos los mandatarios provinciales se congreguen en el salón de los escudos, ubicado en el séptimo piso del edificio de Retiro. Allí tratarán los dos temas que figuran en el orden del día de la invitación que envió la semana pasada el formoseño Gildo Insfrán, a cargo de la presidencia de ese órgano: la designación del secretario general y la solicitud de reincorporación de San Luis al CFI.
Hace semanas que los gobernadores se abocaron, con total discreción, a la rosca de la elección del secretario. Los nombres que circularon para ocupar el puesto son cinco: Lamothe, que va por la reelección; el exsecretario de Interior del macrismo Sebastián García de Luca, impulsado por Rogelio Frigerio; el exdiputado riojano Felipe Álvarez, que agitaba el aval de gobernadores patagónicos, encabezados por el neuquino Rolando Figueroa; el consultor Gastón Douek, promovido por el radical Gustavo Valdés; y el exministro porteño Bruno Screnci, muy cercano al cordobés Martín Llaryora.
Algunas candidaturas quedaron en el camino. Llayora no se movió por Screnci y, hacia el fin de semana, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) no habían podido unificar su apoyo a una misma figura. Desde afuera, el extitular de la UCR Gerardo Morales también hizo lo suyo y evitó que el gobernador jujeño Carlos Sadir apoyara al candidato de Valdés. Mientras tanto, el peronismo se encolumnó, sin fisuras, detrás de la reelección de Lamothe, y habría conseguido la adhesión de fuerzas provinciales.
«Vamos a tratar de sacarlo por unanimidad. Si no llegamos, tendremos la mayoría», le confirmó un gobernador de Unión por la Patria (UP) este lunes a Letra P. En JxC admiten que la división complicó demasiado el panorama, al tiempo que la figura de Lamothe no genera demasiada resistencia. «Hizo una muy buena gestión», dicen en una de las provincias que impulsaba otro nombre para el CFI.
La rosca de los dos tercios
La elección requiere de un amplio consenso. El artículo 9 de la Carta Constitutiva del CFI establece que el secretario general será designado por “dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea”. Si en la primera votación ningún candidato obtuviere esa mayoría, se procederá a una segunda votación. Si tampoco fuere exitosa, el secretario será electo por simple mayoría.
Lamothe fue electo por unanimidad en octubre de 2020, en plena pandemia. El actual secretario general del CFI tenía un nombre ya conocido para las provincias. En 2008 había empezado a trabajar en la Casa Rosada junto a Juan Carlos Mazzón, el histórico operador y armador del PJ en todo el país. Tres años después, en diciembre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner lo nombró secretario de Asuntos Municipales, debajo del ala del por entonces ministro del Interior Florencio Randazzo.
La elección de 2020 se hizo vía zoom, pocos días después de la muerte de Juan Carlos Ciácera, el hombre que estuvo a cargo del organismo durante 33 años, con apoyo del peronismo. El actual secretario general contó con el empujón del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, con quien tiene una estrecha relación, ya que ambos son oriundos de la ciudad de Mercedes.
Los cambios de la matriz productiva nos abren nuevas oportunidades y desafíos para los distintos sectores económicos que tenemos y que no paran de crecer. pic.twitter.com/9gOcVJZPpG
Aunque nunca perteneció a la agrupación, ese vínculo con De Pedro le dejó a Lamothe la etiqueta de camporista. Fue el argumento que los impulsores de otros candidatos utilizaron para conseguir su remoción. Sin embargo, en los últimos días, los gobernadores de UP se encargaron de despegarlo de ese mote. «Eso no es verdad. A Lamothe lo elegimos todos los gobernadores hace cuatro años, ya lo conocíamos de mucho antes y el CFI funciona muy bien”, le dijo a este portal un mandatario provincial que impulsa su reelección.
En los cuatro años al frente del organismo, Lamothe le escapó al encasillamiento partidario y se dedicó a la gestión y a cultivar la relación con los gobernadores de diferente signo político. Sin embargo, el CFI tiene una caja codiciada, que cualquier sector político buscaría controlar. La definición se verá este martes, a partir de las 10.
Qué es el CFI
El CFI es un organismo autárquico compuesto por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No recibe recursos de la Nación y se financia con fondos que se deducen de la masa coparticipable, que corresponde a las provincias. Los gobernadores son celosos de su funcionamiento y de lo que sucede puertas adentro. Tiene más de 300 empleados.
De acuerdo con su Carta de Constitución, los recursos son retenidos mensualmente por el Gobierno y depositados, de inmediato, a la orden del organismo en una cuenta en el Banco Nación. El monto se determina por «una tasa máxima del 0,75% a aplicarse sobre el monto que en concepto de coparticipación le corresponda» a cada provincia.
