El colectivo de abogados que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura presentó una nota ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para iniciar un proceso de remoción de los legisladores que visitaron a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
El Colectivo Mario Bosch remitió una nota a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la que advirtió que Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Guillermo Montenegro (CABA), Lourdes Arrieta (Mendoza), Rocío Bonacci (Santa Fe) y Alida Ferreyra (CABA), “elegidos por el voto democrático y que tienen una representación en el Congreso de la Nación, carecen de la habilidad moral exigida mínimamente por nuestra Constitución Nacional para seguir ejerciendo esos cargos”.
El planteo se sustenta en lo previsto en la Constitución Nacional en cuanto establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.
En un hecho inédito desde el retorno de la democracia, el 11 de julio pasado, una comitiva liderada por Benedit visitó a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Incluso ha trascendido que el entrerriano gestionó personalmente el convite que le llegó a su despacho desde el círculo de los presos. En la cárcel de Ezeiza se entrevistaron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y otros genocidas condenados.
El argumento inicial del encuentro fue para conocer el estado de los presos en la cárcel; aunque cabe recordar que desde el entorno de los represores vienen impulsando pedidos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a quienes hayan cumplido 70 años.
Lo cierto es que la narrativa de Benedit, en su descargo en el grupo de WhatsApp de los diputados de La Libertad Avanza es de elocuente corte negacionista: “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, dijo. No eran “represores”.
Entre los repudios que recogió la visita de los diputados a los represores, el ex gobernador Gustavo Bordet dijo en la red social X (ex Twitter) que “definir a esos genocidas como ‘ex combatientes’ y embestir contra la Justicia por condenarlos no sólo es una actitud repudiable que merece sanciones políticas”.
El planteo de abogadas y abogados que integran el Colectivo Marios Bosch remite al debate que se dio en su momento cuando el Congreso impidió la asunción del genocida Antonio Domingo Bussi como diputado nacional electo. Poco después tomó la misma postura para el represor Luis Abelardo Patti.
Los casos de Bussi y Patti no eran totalmente análogos a la discusión que plantean los abogados que representan a sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión ilegal. En primer lugar, porque en aquel entonces el Congreso rechazó que Bussi y Patti asumieran en sus bancas; pero además, y principalmente, porque por mucho que sean negadores de los secuestros, aplicación de torturas, homicidios, desaparición de personas, vuelos de la muerte, la existencia de centros clandestinos de detención y demás atrocidades, no se trata de perpetradores, como se demostró en el caso de Bussi y Patti, ambos condenados.
Las abogadas y abogados que integran el Colectivo Mario Bosch consideraron que “la visita que realizaron estos funcionarios públicos debe leerse como parte de un discurso y una política negacionista que el actual gobierno nacional viene llevando adelante, con el objetivo de frenar el camino de Memoria, Verdad y Justicia y el Nunca Más, pisos de consenso social de nuestra democracia construido a lo largo de décadas”.