El número dos del chavismo ahora cuenta con el manejo de las policías de Venezuela. Varias víctimas relataron a Infobae el calvario que viven por la constante persecución de las fuerzas de seguridad

“No hay ante quién acudir. La Fiscalía está parcializada, igual que la Defensoría del Pueblo y ¿cómo denunciar ante un cuerpo policial cuando ellos son los que están extorsionando?”, es uno de los mensajes que desde todo el país llegan ante la ola de extorsiones que se ha desatado por parte de funcionarios policiales persiguiendo a dirigentes políticos, mutando la acción hacia comerciantes, empresarios o hacia personas a quienes tengan algo que quitarles.

Todo indica que pasaron de ser hechos aislados, porque desde que Diosdado Cabello fue nombrado Ministro del Interior y tiene el manejo de las policías, se desencadenó lo que sería una política de Estado, porque está ocurriendo en todo el país y con el mismo modus operandi. Los funcionarios policiales, algunos militares, argumentan tener una foto o video, además de advertirles que saben dónde viven o trabajan ellos y su familia.

En Biruaca todos los días han estado desfilando numerosas personas que son citadas por la policía que se identifica como Antiterrorismo, que son Policías del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) que en realidad están extorsionando a todos los que citan.

Al director de una emisora en el municipio Juan José Mora, con la amenaza de cerrarle la estación de radio, le ordenaron eliminar un programa donde se leían noticias, además de colocar música. La Policía de Carabobo ha citado a gran cantidad de personas a la Comandancia ubicada frente a la Plaza Bolívar, donde los extorsionan.

“Sí, hay temor. La policía de Carabobo anda con pasamontañas en motos, llegan a donde hay dirigentes políticos para perseguirlos, los citan así como también lo hacen con comerciantes. A un amigo, quien estuvo en un centro de votación en Rómulo Gallegos, lo detuvieron en Morón, se lo llevaron a Policarabobo y lo soltaron el miércoles en la tarde pero tuvo que pagar”, le dice una de las personas que fue testigo de mesa y está siendo perseguido.

Encapuchados y armados llegan policías a detener o a citar a personas para extorsionarlas

En Apure

Los habitantes de San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo, estado Apure, están siendo acosados y perseguidos por funcionarios policiales que los acusan de terrorismo y los amenazan con trasladarlos a cárceles peligrosas si no pagan altas sumas de dinero.

Así lo relatan a Infobae apureños que denuncian la extorsión contra mujeres que estuvieron en una caravana, salieron en una foto celebrando el triunfo de Edmundo González o porque simplemente son opositoras, funcionarios de antiextorsión y secuestro se las llevan para extorsionarlas y les piden dinero con amenazas de imputarles terrorismo.

“Esos funcionarios andan en tres carros y van a casas principalmente de mujeres vulnerables. Las citan para que se presenten a la sede frente al asilo de ancianos en Biruaca y ahí las coaccionan”.

“El gobierno está por todos lados amenazando y todos estamos asustados”, le dice a Infobae un habitante de San Juan de Payara, agregando que “se ha visto mucho maltrato aquí. El Gobierno hace lo que le da la gana y este pueblo está sin Ley”.

“En la mañana llegaron dos camionetas con guardias y funcionarios de la Dgcim, y se metieron a mi casa, como si uno fuera un delincuente, pero yo no me encontraba porque hacía poco había salido”.

Muchos habitantes de Pedro Camejo pasaron hacia Colombia huyendo de la represión. “Es el refugio que les tocó. Algunos regresaron, pero se preparan para irse otra vez porque se volvió a encender el tema electoral”.

“A casa de mi vecina les llegaron funcionarios armados hasta los dientes, casi a la medianoche, como si ella no pudiera ejercer sus derechos políticos. Se meten a las casas así sea a la fuerza, tumban las puertas, haya o no niños”.

“A uno le quitaron 5 mil dólares, a otro 3 mil y algunos más han tenido que pagar 2 mil y hasta 300 dólares. Esos funcionarios vienen de afuera, se presentan con la cara cubierta y no dan sus nombres”.

El pueblo de San Juan de Payara está azotado por la extorsión de los funcionarios que acusan a los opositores de terroristas

Vecinos señalan, por lo menos a dos responsables identificados “a José Cabrera, quien es el encargado de Fronteras aquí en el municipio, y al funcionario Núñez. Esos dos, con gente de los consejos comunales, lanzan la información de a quiénes buscar y dónde están. Es una persecución muy macha”.

“A una joven, que estaba por la plaza del pueblo, el 30 de julio, después de las elecciones, salió en una foto, incluso con los brazos cruzados mirando, le llegó una citación para que se presentara en Biruaca. Mil 500 dólares le están pidiendo los funcionarios porque si no paga la amenazaron de acusarla de terrorismo y enviarla a la cárcel de Tocuyito”.

“Da mucha arre… cómo extorsionan a gente que es inocente. En el caso de esa pobre muchacha de San Juan de Payara la vi por ahí vendiendo una vaquita que tiene para poder pagarle a esos funcionarios delincuentes”.

“A todo el que están citando les quitan dinero. En las citaciones les dicen que deben presentarse y cuando la gente asustada va a ver por qué las citan, sin que tengan antecedentes y sea gente trabajadora, las acusan de terrorismo, de instigación al odio y les mencionan que son órdenes de Nicolás Maduro”.

“Mis vecinos se fueron para el otro lado (hacia Colombia). Yo estoy resguardado. Mi hija se fue con su bebé porque su esposo también aparece en una foto. Mi marido se fue a casa de su mamá en San Fernando”, le dice a Infobae una mujer que revela temor porque ella también aparece en las fotos, pero no puede irse porque cuida de sus ancianos padres.

Uno de los vecinos que habló con Infobae dice con absoluta seguridad: “¿Quién no va a aparecer en las fotos, si todos en el pueblo estamos en esas fotos, porque todos salimos a celebrar el triunfo para que la dictadura cayera? Todo el pueblo estaba en la calle”.

“De eso se están aprovechando. Al que aparece en las fotos sin hacer nada les quitan hasta mil 500, pero al que estaba sonando campanas o agitando les han pedido hasta 5 mil dólares”.

Así fue la visita de Maria Corina Machado a San Juan de Payara durante la campaña. “Todo el pueblo salió”, dijo un apureño

Si tiene dinero

En el municipio Juan José Mora, estado Carabobo, sucede algo similar que en otras poblaciones del país. “Desde hace días, los cuerpos de seguridad se están llevando ya no solo a dirigentes políticos, sino a comerciantes, emprendedores, es decir, a gente que maneja algo de dinero”.

“Solo en la última semana han extorsionado a más de una docena de comerciantes, incluso a vendedores de repuestos de vehículos, a quienes llaman y les dicen que tienen fotos de ellos o de sus vehículos que estaban en las caravanas en apoyo a Edmundo González. A algunos de los citados les han quitado desde 500 dólares hasta miles”.

La semana pasada la Policía de Carabobo arreció las detenciones. A un modesto dirigente de la Plataforma Unitaria le pidieron 500 dólares, bajo amenaza de levantarle un expediente por terrorismo y asociación para delinquir.

Pedro “Coco”, un habitante de la parroquia Urama fue citado por la Policía de Carabobo a quien debió pagarles para que lo dejaran en libertad, y ahora lo citó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para lo mismo, por lo que decidió irse del país ante la imposibilidad de seguir pagando.

En Morón salió el pueblo durante la campaña y las elecciones

A otro vecino del municipio Juan José Mora cuando le citaron demostró que no tenía nada de dinero para pagar, entonces los funcionarios le quitaron las dos motos que la familia usaba para movilizarse.

La primera víctima que se conoce de los citados en ese municipio fue el del negocio “Robert” de autoperiquitos, “de quien supe que tuvo que pagar 1.200 dólares, porque le dijeron que sabían que él estuvo en las caravanas del cierre de campaña”.

Otro caso es el de una ferretería en la Encrucijada de Morón, propiedad de José David y su esposa. “Al señor Cotiche, quien tiene un hijo preso por la Operación Gedeón, se llevaron a su hermano que tiene una venta de repuestos y le quitaron dinero”.

“El martes se llevaron a Obtulio Romero, dirigente de la Plataforma Unitaria: él estaba en La Encrucijada de Morón, lo llevaron a la sede de la Policía y le quitaron 300 dólares. Escoge con pinzas a quienes tienen negocios”.

Villavicencio es un habitante de Carabobo, que se identificó siempre con la revolución bolivariana, hasta que se cansó, como millones de venezolanos que acompañaron al chavismo alguna vez. “El señor Villavicencio, quien está relacionado familiarmente con José David el de una Ferretería también extorsionado por la policía, estuvo activo en las caravanas de la Oposición y tuvo que pagar”.