Paraná: noticias y actualidad

Cresto sigue imputado: el “ad honorem” que terminó bajo la lupa por comisiones millonarias

3 agosto, 2026 por Redacción

La causa de los seguros avanza y complica al exintendente de Concordia. La Justicia rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por su defensa. La investigación busca determinar por qué el municipio incorporó intermediarios privados para gestionar seguros con el IAPSER, pese a que ya mantenía una relación contractual directa con la aseguradora estatal.

La denominada causa de los seguros continúa avanzando y mantiene imputado al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, luego de que la Justicia rechazara el planteo de nulidad y el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa.

El expediente investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública, a partir del mecanismo utilizado durante la gestión municipal para la contratación y administración de seguros a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).

El caso vuelve a poner bajo la lupa una pregunta central: ¿por qué la Municipalidad de Concordia necesitaba incorporar intermediarios privados en una relación comercial con una aseguradora estatal con la que ya contrataba directamente?

Un productor “ad honorem” que terminó cobrando millones

Uno de los principales capítulos de la investigación se remonta a fines de 2019, cuando, mediante la Resolución Nº 11.592/19, la Municipalidad designó a Ignacio Caprarulo como productor asesor de seguros.

La resolución establecía que la función tendría carácter “ad honorem”, es decir, que no implicaría una remuneración por parte del municipio. Entre sus tareas figuraban el asesoramiento y la capacitación.

Sin embargo, el expediente judicial puso el foco en otro aspecto de aquella designación: Caprarulo habría actuado como intermediario entre la Municipalidad y el IAPSER y percibido importantes comisiones abonadas por la propia aseguradora provincial.

Según la documentación incorporada a la causa, durante 2023 habría recibido aproximadamente 20,7 millones de pesos, además de un remanente correspondiente a enero de 2024.

La cuestión que analiza la Justicia no es solamente cuánto dinero se pagó en concepto de comisiones, sino qué justificación tenía la intervención de un productor privado en una contratación que involucraba a una aseguradora estatal y a un municipio que ya mantenía vínculos comerciales directos con ella.

Cambió el intermediario, pero no el mecanismo

La investigación también pone la lupa sobre lo ocurrido en octubre de 2023, cuando, hacia el final de la gestión de Cresto, Caprarulo fue reemplazado por CETW Brokers S.A.

De acuerdo con lo señalado en el expediente, la nueva intermediaria habría percibido aproximadamente 8,9 millones de pesos entre noviembre de 2023 y enero de 2024, únicamente por la administración de las pólizas relacionadas con riesgos del trabajo.

Para la Fiscalía, el reemplazo no habría alterado sustancialmente el mecanismo cuestionado: cambió el intermediario, pero continuó el esquema de comisiones.

La pregunta que busca responder la Justicia

El núcleo de la investigación pasa por determinar qué necesidad concreta existía de incorporar productores o brokers privados en una relación donde la Municipalidad contrataba con el IAPSER, una aseguradora perteneciente al Estado provincial.

La Fiscalía sostiene que los intermediarios no habrían sido incorporados con el objetivo de generar competencia entre distintas compañías aseguradoras ni, según la hipótesis investigativa, para obtener mejores condiciones contractuales.

Por eso, uno de los interrogantes centrales consiste en determinar qué servicio prestaban los intermediarios y por qué ese servicio justificaba el pago de comisiones millonarias provenientes del sistema asegurador.

También están bajo análisis los procedimientos administrativos utilizados para concretar las designaciones, los eventuales dictámenes técnicos que las respaldaron y los controles realizados antes de autorizar las operaciones.

Quiénes están imputados

Además de Enrique Cresto, la investigación alcanza al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, Fernando Barboza, a los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, a Ignacio Caprarulo y a otros involucrados.

En el caso de Cresto, la Fiscalía sostiene que habría tenido participación necesaria, al considerar que su intervención resultó determinante para incorporar productores privados en la relación entre la Municipalidad y la aseguradora estatal.

Se trata, de todos modos, de una hipótesis de la acusación que deberá ser probada en el marco del proceso judicial y que no implica una condena ni una declaración de responsabilidad penal.

La Justicia rechazó el sobreseimiento

Durante 2024, la defensa de Cresto consiguió el apartamiento del entonces fiscal José Arias. La investigación, sin embargo, continuó bajo la conducción de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes formalizaron las imputaciones en diciembre de 2025.

Posteriormente, la defensa del exintendente pidió la nulidad de la imputación y su sobreseimiento. Entre sus argumentos sostuvo que la Municipalidad no había pagado las comisiones cuestionadas y que las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión se encontraban dentro del marco de la normativa vigente.

Pero el 19 de junio de 2026, el juez de Garantías Mauricio Guerrero rechazó ambos planteos.

El magistrado consideró que la imputación presentaba una descripción suficientemente clara de los hechos investigados, incluyendo fechas, conductas atribuidas y calificación legal, por lo que entendió que no existían motivos para impedir que la investigación continuara.

Un expediente que todavía tiene muchas preguntas abiertas

Con esta decisión, Enrique Cresto continúa imputado y la causa de los seguros sigue su curso.

Ahora la Justicia deberá determinar si la incorporación de intermediarios privados en la contratación de seguros con el IAPSER respondió a una necesidad concreta de la administración municipal o si, por el contrario, el mecanismo utilizado pudo haber generado un perjuicio para el Estado.

La cuestión de fondo queda planteada: si una función fue presentada como “ad honorem” para el municipio, pero alrededor de ella se generaron comisiones millonarias pagadas por una aseguradora estatal, ¿qué beneficio concreto obtuvo la Municipalidad y qué justificó la intermediación?

Ese es, precisamente, uno de los interrogantes que la investigación judicial intenta despejar.

Con información de La Caldera
Redacción: 7Páginas

El peronismo entrerriano se parte en cuatro mientras su dirigencia todavía no entiende por qué perdió la confianza de la gente

3 agosto, 20263 agosto, 2026 por Redacción

La interna del PJ tiene cuatro sectores, varios candidatos y demasiados dirigentes disputándose la conducción. Pero existe un problema que ninguno parece querer mirar de frente: el peronismo perdió algo mucho más importante que una elección. Perdió credibilidad. Y en Concordia, su histórico bastión electoral, todavía parecen no haberse dado cuenta.

El peronismo entrerriano volvió a entrar en modo electoral. El desembarco de Axel Kicillof en la provincia aceleró una interna que ya estaba instalada y puso nuevamente en movimiento a una dirigencia que, con la mirada puesta en 2027, comenzó a disputar espacios, candidaturas y liderazgo. Los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Walter Correa recorrieron territorio entrerriano, mantuvieron encuentros con intendentes y dirigentes y dejaron detrás de cada fotografía una lectura política inevitable: el peronismo provincial intenta reorganizarse, pero todavía no consiguió encontrar una conducción capaz de contener a todos los sectores.

La visita de Bianco a San José fue una demostración concreta. Allí, en el marco del foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”, el intendente Gustavo Bastián aprovechó la presencia del funcionario bonaerense para hacer explícita su intención de competir por la Gobernación en 2027. A su alrededor se reunieron Damián Arévalo, Laura Rupp, Enrique Cresto, Marcelo Berthet, Jorge “Kinoto” Vázquez, Claudia Monjo, Gerardo Chapino, Ángel Giano y Álvaro Gabás. También estuvo Marcelo Casaretto, uno de los principales armadores del kicillofismo en Entre Ríos. La foto buscó transmitir fortaleza y unidad, pero debajo de ella aparece una disputa mucho más profunda: quién tendrá el control territorial y político del peronismo cuando llegue el momento de definir candidaturas.

El escenario es cada vez más evidente. El PJ entrerriano está dividido, al menos, en cuatro espacios. Por un lado, el armado que mira hacia Axel Kicillof y que encuentra en Enrique Cresto, Ángel Giano y un grupo de intendentes sus principales referencias. Por otro, el sector que conserva la estructura tradicional y que reúne a dirigentes como Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet, Rosario Romero, Juan José Bahillo, José Eduardo Lauritto y Laura Stratta. A esto se suma el espacio identificado con Cristina Fernández de Kirchner, donde aparecen Stefanía Cora, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. Y, por fuera de estas estructuras, Daniel Rossi decidió jugar su propia partida después de su expulsión del PJ y anunció que competirá por la Gobernación en 2027.

Cuatro sectores, múltiples dirigentes y una misma pelea: quién será capaz de conducir. Sin embargo, mientras el peronismo entrerriano vuelve a discutir candidaturas, hay una pregunta bastante más incómoda que todavía parece no encontrar lugar en sus reuniones: ¿dónde está la gente?

Porque el problema del peronismo ya no es solamente su fragmentación interna. Tampoco se reduce a decidir si el futuro será de Kicillof, Michel, Bahl, Bordet, Cresto, Rossi o cualquier otro dirigente. El verdadero problema es que una parte de sus propios militantes y seguidores dejó de creer en el discurso que durante años sostuvo al partido. Y cuando una estructura política comienza a perder la confianza de quienes históricamente la acompañaron, la crisis deja de ser exclusivamente electoral para transformarse en una crisis de credibilidad.

Concordia es probablemente uno de los ejemplos más claros de esta situación. Durante décadas, la ciudad fue presentada como uno de los grandes bastiones del peronismo entrerriano. Allí la estructura partidaria parecía tener una capacidad casi automática para ordenar a la militancia, movilizar sectores y garantizar votos. Pero esa realidad cambió y una parte de la dirigencia todavía parece no haberlo comprendido. El peronismo de Concordia continúa hablando, en muchos casos, como si conservara aquella capacidad de representación intacta, mientras una parte de sus propios militantes y seguidores comenzó a mirar a sus dirigentes con desconfianza.

El problema no es necesariamente que hayan dejado de ser peronistas. El problema es que dejaron de creerles.

Dejaron de creer en las promesas repetidas durante años, en las explicaciones que siempre encuentran un responsable externo y en la idea de que alcanza con recuperar una vieja identidad partidaria para volver a conquistar el voto popular. El vecino de Concordia compara discursos con resultados y observa una ciudad que continúa enfrentando problemas estructurales de pobreza, empleo, infraestructura, desarrollo productivo y falta de oportunidades. Y frente a esa realidad aparece una pregunta que el peronismo debería hacerse antes de volver a hablar de candidaturas: ¿por qué una ciudad que durante tantos años estuvo gobernada por dirigentes de ese signo político continúa arrastrando problemas que parecen no tener solución?

No alcanza con responsabilizar al Gobierno nacional, a Javier Milei, a Rogelio Frigerio o a cualquier adversario de turno. Tampoco alcanza con volver a organizar reuniones, actos y fotografías de unidad. La política puede utilizar las estructuras para construir candidaturas, pero ninguna estructura puede fabricar indefinidamente la confianza que perdió en la sociedad. Y mucho menos puede pretender que los votos son propiedad de un partido.

Ese es quizás el punto que el vector peronista de Concordia todavía no termina de comprender: sus militantes y seguidores ya no les creen como antes. La señal debería ser tomada con enorme seriedad porque una cosa es perder una elección y otra completamente diferente es comenzar a perder la confianza de quienes históricamente fueron la base política y electoral de una organización. Cuando el militante deja de defender al dirigente, cuando el simpatizante deja de participar y cuando el vecino que durante años acompañó comienza a preguntarse si vale la pena volver a hacerlo, no estamos frente a una simple derrota electoral. Estamos frente a una transformación mucho más profunda.

El peronismo entrerriano debería mirar especialmente hacia Concordia porque allí tiene un espejo incómodo. Una ciudad que durante décadas fue presentada como territorio propio demuestra que ningún voto pertenece para siempre a ningún partido. La sociedad cambió, las prioridades cambiaron y también cambió la manera en que los ciudadanos evalúan a sus dirigentes. Hoy el vecino quiere saber quién puede generar empleo, mejorar la seguridad, recuperar infraestructura, atraer inversiones, generar oportunidades para los jóvenes y sacar a la ciudad del círculo de pobreza y estancamiento. Las viejas consignas ya no alcanzan.

Mientras tanto, el contraste con Rogelio Frigerio debería funcionar como otra señal de alarma. Mientras el peronismo continúa discutiendo su conducción y multiplicando sus sectores internos, el oficialismo provincial mantiene una posición electoral favorable y cuenta con el tiempo político necesario para observar cómo su principal adversario intenta reorganizarse. La oposición, en cambio, todavía no parece haber asumido completamente que el problema no está solamente en encontrar un candidato competitivo, sino en recuperar una relación de confianza con una sociedad que ya no responde automáticamente a sus discursos.

El peronismo entrerriano todavía tiene tiempo para reconstruirse de cara a 2027. Pero para hacerlo deberá abandonar por un momento la obsesión por la lapicera, las candidaturas y las fotografías de unidad y empezar por algo bastante más difícil: escuchar. Escuchar a sus propios militantes, a sus simpatizantes, a quienes alguna vez los votaron y hoy no están convencidos, a los jóvenes que no encuentran oportunidades y, especialmente, a una Concordia que durante años fue considerada un bastión inexpugnable y que hoy demuestra que la política no funciona con votos cautivos.

La elección de 2027 todavía está lejos. Pero la discusión ya comenzó y el peronismo entrerriano corre el riesgo de cometer el mismo error que lo llevó a perder terreno: seguir mirando hacia adentro mientras la sociedad mira hacia adelante.

Porque las elecciones no se ganan solamente acumulando dirigentes, armando listas o consiguiendo fotografías multitudinarias. Se ganan cuando una parte importante de la sociedad vuelve a confiar en que existe una propuesta capaz de mejorar su vida.

Y ese es el desafío que hoy tiene por delante el peronismo entrerriano.

Antes de preguntarse quién será el candidato, debería preguntarse por qué dejó de ser creíble.

Porque perder una elección puede ser circunstancial.

Que tu propia gente deje de creerte es otra cosa.

Por Alejandro Monzon

La Justicia suspendió la apertura de los celulares de Bordet y Ávila hasta que lo autoricen las Cámaras

3 agosto, 2026 por Redacción

El vocal Aníbal Lafourcade resolvió suspender la pericia sobre los teléfonos del diputado nacional Gustavo Bordet y la diputada provincial Mariel Ávila hasta que exista autorización de los cuerpos legislativos que integran. Sin embargo, rechazó el pedido de la defensa para que los dispositivos sean restituidos.

La Justicia de Entre Ríos resolvió este martes suspender la apertura de los teléfonos celulares del diputado nacional Gustavo Bordet y de la diputada provincial Mariel Ávila, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida se mantendrá vigente hasta que las respectivas cámaras legislativas autoricen la realización de la pericia.

Según informó El Entre Ríos, la decisión fue adoptada por el vocal de Apelación, Aníbal Lafourcade, durante una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, donde también resolvió rechazar el pedido de la defensa para que los dispositivos fueran devueltos a los legisladores.

La investigación está caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia – Enriquecimiento Ilícito” y tiene como fiscales a José Arias y Daniela Montangie, mientras que la defensa de Bordet y Ávila está a cargo del abogado Jorge Esteban Romero.

La resolución judicial

Al fundamentar su decisión, Lafourcade explicó que correspondía hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa

“Ordeno la suspensión de la apertura de los celulares hasta que haya autorización de las Cámaras”, sostuvo el magistrado.

No obstante, aclaró que los teléfonos permanecerán bajo resguardo judicial, al rechazar el pedido para que fueran restituidos a sus propietarios.

El vocal consideró que no correspondía anular la resolución que había autorizado la pericia sobre los dispositivos, sino únicamente suspender su ejecución para evitar una eventual afectación de garantías constitucionales vinculadas a los fueros parlamentarios.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia, el abogado Jorge Romero sostuvo que el consentimiento brindado por Bordet y Ávila durante los allanamientos no implicó autorizar el acceso al contenido de los teléfonos celulares.

Además, afirmó que la Fiscalía pretendía realizar una investigación indiscriminada sobre la información almacenada en los dispositivos, lo que calificó como una “excursión de pesca” para buscar posibles delitos ajenos a la causa principal.

Política

Romero también intentó recusar al fiscal José Arias, argumentando una supuesta pérdida de objetividad y cuestionando la difusión pública de información sobre la investigación. Sin embargo, Lafourcade declaró inadmisible ese planteo y recordó que existen vías procesales específicas para promover una recusación.

En ese contexto, el magistrado también defendió el trabajo de la prensa al señalar que las audiencias son públicas y que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre los procesos judiciales.

La postura de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal José Arias sostuvo que el cambio de postura de la defensa se produjo luego del avance de nuevas líneas investigativas derivadas de los allanamientos realizados al empresario Salvador Carubia y a la firma Gruppa 3.

Según explicó, tanto Bordet como Ávila habían prestado conformidad para los allanamientos, entregaron voluntariamente sus teléfonos y facilitaron las claves de acceso, por lo que consideró aplicable el principio de los actos propios.

Equipos de comunicación

Arias también rechazó que la pericia sobre los celulares vulnere los fueros parlamentarios, al sostener que esos privilegios constitucionales protegen el ejercicio de la función legislativa y no impiden el desarrollo de medidas de prueba dentro de una investigación judicial.

En ese sentido, Lafourcade también descartó que el análisis de los dispositivos pueda interpretarse como una búsqueda indiscriminada de información.

“Analizar el teléfono no es pesca. No es pescar, es investigar. No podemos tener un órgano acusador sonso”, afirmó el magistrado durante la audiencia.

Fuente: El Entre Ríos

Un viejo vuelo en helicóptero vuelve a exponer los vínculos entre Flores, Carubia y Bordet

1 agosto, 2026 por Redacción

Una publicación de Facebook realizada en 2015, pocos meses después de la llegada de Gustavo Bordet a la Gobernación, muestra a uno de sus colaboradores más cercanos sobrevolando el autódromo de Concordia a bordo de un helicóptero que sería uno de los operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. En los comentarios -y dando a entender que era uno más de la tripulación- aparece Salvador Carubia, el empresario investigado por la Justicia como presunto testaferro del exmandatario. Once años después, la imagen adquiere otra dimensión a la luz de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Es apenas una fotografía publicada en Facebook el 6 de julio de 2015 en la que Germán Flores posa sonriente desde el interior de un helicóptero mientras sobrevuela el autódromo de la ciudad.

Hoy, esa imagen deja de ser una simple anécdota tras la audiencia realizada el miércoles pasado en los Tribunales de Concordia, donde el fiscal José Arias explicó por qué ordenó las requisas personales y el secuestro de los teléfonos celulares de Norberto Germán Flores y de su hijo, Germán Ezequiel Flores, en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet.

Lo que hace once años parecía una publicación más en una red social, hoy reúne en una misma escena a dos personas que aparecen mencionadas en la investigación judicial: Germán Flores y el empresario Salvador Carubia.

La fotografía no habría sido tomada desde una aeronave privada. Por las características visibles de la cabina, la configuración de las puertas, la ventanilla lateral con panel deslizante y otros detalles técnicos, la imagen correspondería al Bell 429 matrícula LQ-CZZ, uno de los helicópteros operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos.

En el fondo también puede identificarse con claridad el Autódromo Ciudad de Concordia.

En aquel momento Gustavo Bordet llevaba apenas unos meses como gobernador y Flores tampoco era un funcionario de primera línea. Sin embargo, ya integraba el círculo de mayor confianza desde que Bordet era intendente de Concordia. Lo había acompañado durante su gestión municipal y luego continuó trabajando junto a él en Paraná cuando asumió la Gobernación.

La publicación contiene además un detalle no menor: entre los comentarios aparece Salvador Carubia.

«Te dije ese día que de alguna forma íbamos a subir jaja», escribió el empresario.

Flores respondió:

«Jaja cómo la careteamos».

Los dos helicópteros pertenecen a la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. El análisis de la cabina y de la configuración de la aeronave permite identificar que la fotografía publicada por Germán Flores correspondería al Bell 429 (LQ-CZZ), visible en la imagen inferior, desde el cual desciende el exgobernador Gustavo Bordet. En la imagen superior, se observa al exgobernador Sergio Urribarri descendiendo de un Bell 427 (LQ-BII).

Once años después, tanto Flores como Carubia volvieron a aparecer juntos, esta ves en un mismo expediente judicial.

Durante la audiencia del miércoles, Jorge Romero, el abogado defensor de Bordet cuestionó las requisas personales ordenadas por la Fiscalía sobre integrantes de la familia Flores.

Fue entonces cuando el fiscal José Arias expuso públicamente los motivos que llevaron a avanzar sobre ellos.

Según explicó ante el juez Aníbal Lafourcade, Germán Ezequiel Flores se desempeña como gerente de una de las pinturerías pertenecientes al empresario Salvador Carubia.

Su padre, Norberto Germán Flores, continúa trabajando en la Cámara de Diputados de Entre Ríos bajo la órbita de la diputada provincial Mariel Ávila, esposa de Bordet.

Arias recordó además que Flores había sido incorporado a planta permanente de la Legislatura durante los últimos meses de la gestión del exgobernador, una designación que posteriormente fue dejada sin efecto por la administración actual. Sin embargo, luego volvió a ser contratado por la Cámara de Diputados, otra vez por Mariel Ávila, la esposa del ex gobernador y actual diputado nacional.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Justicia secuestró los teléfonos celulares tanto del padre como del hijo, aunque ninguno de los dos habría facilitado las claves de acceso para permitir las pericias.

El empresario bajo sospecha

La presencia de Salvador Carubia en aquella vieja publicación de Facebook no es poco.

El empresario concordiense se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación que lleva adelante el fiscal Arias.

Semanas atrás fueron allanados su domicilio y distintos locales comerciales vinculados a su firma Gruppa 3, las sucursales de la pinturerías Colorshop.

Flores: «Gracias Colorshop Concordia, un millón de colores…»

La Fiscalía intenta determinar si Carubia actuó como presunto testaferro de Gustavo Bordet o si existieron mecanismos destinados a ocultar patrimonio mediante terceros.

Entre las líneas investigativas aparecen facturas correspondientes a mobiliario de alta gama que habrían sido abonadas por Carubia y por la firma Gruppa 3 SRL pero instaladas posteriormente en propiedades del exgobernador; las contrataciones obtenidas por esa empresa con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CODESAL); y la compra de un terreno perteneciente a Bordet en el cuestionado loteo Mena-Beckman, procesados en la causa «contratos truchos» en la legislatura entrerriana (La pareja está acusada del reclutamiento directo de los falsos contratistas, el cobro masivo de los dineros públicos y el manejo contable de las sumas desviadas bajo registros paralelos).

La propia cronología de la conformación de las empresas de Carubia también llamó la atención del fiscal:

Gruppa 3 SRL fue creada apenas dos meses después de que Bordet asumiera como gobernador y, al día siguiente, Carubia constituyó otra sociedad comercial —Grupo Marcar SRL— junto al arquitecto Guillermo Daniel Marcone, dirigente del MID y aliado político del actual gobernador Rogelio Frigerio. Esta segunda sociedad por ahora parece estar fuera del radar del fiscal Arias.

Mucho antes de los allanamientos

La fotografía publicada por Flores permite retroceder varios años en la reconstrucción de esas relaciones personales.

No constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad ni acredita el motivo del vuelo realizado en el posible helicóptero oficial.

Sin embargo, muestra que Germán Flores y Salvador Carubia compartían un vínculo de confianza desde los primeros meses de la gestión de Bordet, bastante antes de que el empresario comenzara a aparecer asociado a contrataciones estatales y mucho antes de que ambos quedaran alcanzados por medidas ordenadas en la investigación judicial.

La imagen también deja abierta otra cuestión no menor: ¿Con qué finalidad fueron trasladados Flores y Carubia en un helicóptero que sería oficial durante aquella jornada del Turismo Carretera?

Once años después, esta fotografía que parecía destinada al álbum personal de un colaborador político se convierte en otra pieza del rompecabezas de las relaciones personales, comerciales y políticas que la Fiscalía intenta reconstruir alrededor del patrimonio del exgobernador Gustavo Bordet.

Fuentes: La reconstrucción de la audiencia judicial se basa en la cobertura realizada por El Entre Ríos. El resto de la investigación fue elaborado con documentación, registros públicos y relevamientos propios de Diario Junio.

“Queremos que Entre Ríos sea la cuna del desarrollo”, manifestó Frigerio en la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos

31 julio, 202631 julio, 2026 por Redacción

El gobernador Rogelio Frigerio, participó de la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) en Paraná. Ante referentes del sector productivo, académico y de la gestión pública, el mandatario destacó la importancia de consolidar una alianza estratégica entre el sector público y el privado como motor central para el crecimiento económico de la provincia.

La jornada se desarrolló este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial y contó también con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger. Durante su discurso, el gobernador subrayó que su gestión ha puesto en marcha un “cambio cultural” que coloca al Estado al servicio de los ciudadanos y de quienes producen.

“Durante mucho tiempo, el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras, los militantes, los contratos y, si sobraba algo, recién ahí se podía atender a los empresarios, productores, comerciantes, trabajadores del sector privado. Nosotros dimos vuelta a esa lógica”, afirmó el gobernador, enfatizando que “cuando el Estado deja de ser un obstáculo, los sectores productivos invierten”.

Acciones para el desarrollo productivo

En continuidad con esa idea, Frigerio detalló las medidas concretas que el Gobierno de Entre Ríos ha implementado para fomentar la inversión y desburocratizar la administración. Una fue la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, una herramienta para que el Estado actúe como “socio” del inversor antes, durante y después de su decisión, asegurando reglas claras y estabilidad.

Otro de los puntos señalados por el mandatario fueron los incentivos fiscales, recordando que Entre Ríos fue la primera provincia en adherirse al RIGI y en crear un régimen propio de incentivos. “En Entre Ríos las nuevas inversiones que generan empleo no pagan ningún impuesto por 15 años”, subrayó.

También destacó la renovación de la legislación ambiental y la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, que agiliza trámites que antes demoraban años, garantizando un control más eficiente y menos costos para las empresas. Por otra parte, se refirió a la reforma previsional, recientemente aprobada, la cual calificó como un “paso histórico” para atacar el déficit y destinar esos recursos al desarrollo y a la baja de impuestos.

Un Estado aliado del sector privado

En relación al vínculo con los empresarios, el gobernador fue categórico al definir la visión de su gestión: “Hoy la política escucha a los empresarios y gestiona para resolver sus problemas. Así es como siempre debió ser”. Asimismo, instó a los presentes a ser protagonistas de la transformación provincial, señalando que “el protagonismo del sector privado es el único reaseguro para que ningún político vuelva a aumentar impuestos para financiar sus privilegios”. Finalmente, Frigerio renovó su compromiso de trabajo conjunto. “Cuenten conmigo y todo mi equipo para hacer realidad este sueño. Sigamos haciendo juntos la Entre Ríos que todos soñamos”, resaltó.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, destacó la importancia de la articulación entre los distintos sectores para el crecimiento provincial, señalando que “las provincias que progresan son aquellas donde el sector público, el privado y la sociedad son capaces de construir una visión compartida”. En este sentido, Reiss expresó un claro respaldo a las medidas de fondo impulsadas por la gestión actual, valorando “esta visión del gobierno provincial” respecto a la reciente reforma previsional, la cual calificó como un paso necesario para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo a largo plazo. Asimismo, instó a continuar trabajando por un Estado eficiente y moderno, bajo la premisa de que “un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que hace mejor uso de los recursos que la sociedad pone en sus manos”.

Está en marcha la capacitación para pilotear drones de uso agrícola

30 julio, 2026 por Redacción

En un hecho inédito, Entre Ríos es sede del curso teórico y práctico para pilotos de drones en labores agropecuarias. La apertura de la actividad, en el Mirador Tec de Paraná, estuvo a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos; representantes de la Fundación Benet; y de la firma Dronesvip.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que se trata de “un servicio que está cambiando y potenciando diversos aspectos del sector agroindustrial. Consideramos fundamental acceder a capacitaciones para el manejo de esta herramienta; y a través de la fundación Benet hemos concretado la realización de este curso para la provincia”.

A su vez, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, afirmó que “la nueva ley vigente de fitosanitarios de la provincia busca la convergencia de las mejores normativas con respecto al ambiente, las buenas prácticas de producción y la productividad de los cultivos. Nuestra intención es liderar y en consecuencia avanzamos para que Entre Ríos se destaque por tener una alta productividad sustentable con el ambiente”.

Por su parte, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, expresó que “esta es la primera instancia de capacitación para obtener la licencia de piloto de drones categoría específica, curso al cual ya se han inscripto 117 personas. Se trata de una vinculación público-privada por la cual logramos traer esta capacitación al territorio provincial y facilitar de esa manera que todos los interesados puedan participar”.

Ezequiel Baus, presidente de Fundación Benet, indicó que “la Fundación Benet dicta capacitaciones para el agro en distintos rubros y, desde que Entre Ríos reglamentó una ley pionera en incluir a los drones en lo que respecta a legislación sobre fitosanitarios, vimos la necesidad y la demanda de que los operarios puedan capacitarse. Allí es donde nos vinculamos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con Dronesvip, la empresa que da los cursos y entrega los carnet de la Administración Nacional de Aviación Civil; para hacer posible esta instancia educativa”.

Alejandro Tarsia, instructor de Dronesvip, dio inicio a la primera clase virtual tras explicar que “ofrecemos la posibilidad de certificarse como pilotos de aeronaves no tripuladas, explicando tanto los riesgos como las posibilidades que nos brindan estos equipos para poder llevar a cabo buenas prácticas de aplicación. El 90 por ceinto de nuestra instrucción teórica es online, manejamos plataformas disponibles las 24 horas, en las cuales el alumno a medida que tenga tiempo pueden ir avanzando en los contenidos obligatorios del plan de estudios que solicita la autoridad aeronáutica nacional”.

Frigerio: “Los gobernadores necesitamos que a Nación le vaya bien pero también el gobierno nacional necesita que a las provincias nos vaya bien”

29 julio, 2026 por Redacción

Tras asumir la presidencia pro témpore de la Región Centro, el gobernador Rogelio Frigerio remarcó la importancia para el gobierno nacional de que a las provincias y los municipios les vaya bien, porque es donde se definen los bienes y servicios públicos que determinan la calidad de vida de la población.

En ese marco, funcionarios provinciales destacaron el valor estratégico de la presidencia pro tempore que ejercerá Entre Ríos para fortalecer la integración con Santa Fe y Córdoba y consolidar una agenda común de desarrollo productivo regional.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, resaltó la intensa actividad desarrollada durante el último tiempo y precisó que “hubo muchas acciones en común, defensa de mercados, de posibilidades comerciales y de actividades económicas que generen valor agregado y trabajo. También interacción para adecuar los organismos gubernamentales de las tres provincias a los nuevos tiempos y facilitarles la vida a las personas y a las Pymes”, afirmó.

Asimismo, Benedetti señaló que el desafío es profundizar esa agenda de integración. “Vamos a seguir el trabajo que venimos desarrollando y que también abarca planes de acción social”, sostuvo, y precisó que también “hay una acción conjunta frente a los problemas que podría ocasionar el fenómeno de El Niño, utilizando lo mejor que tiene cada provincia. El desafío es seguir trabajando fuerte”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, valoró el camino recorrido por las tres provincias y precisó que se ha “trabajado mucho en conjunto durante estos 30 meses”, en consonancia a lo manifestado por los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

En ese sentido, sostuvo que existe una gran expectativa por seguir construyendo políticas públicas compartidas. Además, destacó el trabajo conjunto en educación, salud y producción. “El Foro Productivo de la Región Centro es muy activo, con muchas políticas en común, solucionando trabas burocráticas y poniendo en común normativas y aplicaciones, que es en lo que estamos trabajando”, aseguró.

Respecto de los desafíos, Bernaudo remarcó la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el sector productivo y avanzar en obras estratégicas para el desarrollo regional. En ese marco, mencionó el impulso que va a dar la nueva etapa de la hidrovía, y recordó que “infraestructura y carga fiscal son los dos puntos que el sector productivo más reclama”.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el peso económico de la Región Centro y la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre las tres provincias. “Estamos hablando de una región de casi nueve millones de habitantes, que representa cuatro de cada 10 dólares que exporta la Argentina, aporta el 20 por ciento del PBI y produce la mitad de los granos del país. Eso habla a las claras de la importancia de la Región Centro como uno de los motores del desarrollo argentino”, afirmó.

En ese sentido, señaló que mantuvo un encuentro con sus pares de Santa Fe y Córdoba para analizar la situación fiscal de cada jurisdicción y avanzar en soluciones compartidas. “Con Santa Fe nos separa el río, con Córdoba los kilómetros, pero nos une la misma producción, el mismo perfil y la misma idiosincrasia de nuestros habitantes. Y, sobre todo, nos une el gran desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Región Centro”, concluyó.

ATER intensifica los controles: qué hacer si recibís una intimación por una construcción no declarada

28 julio, 2026 por Redacción

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) intensificó en los últimos meses los controles sobre inmuebles mediante imágenes satelitales, herramientas de detección remota y el cruce de información con los municipios, lo que permitió identificar numerosas construcciones, ampliaciones y mejoras que no habían sido declaradas.

De acuerdo con estimaciones de profesionales vinculados al sector, en la provincia podrían existir alrededor de 8 millones de metros cuadrados de construcciones o ampliaciones sin registrar. En ciudades como Concordia se estima que la superficie no declarada rondaría los 700.000 metros cuadrados, mientras que Paraná, Concepción del Uruguay y otras localidades importantes también presentarían cifras significativas.

Como consecuencia de estos controles, numerosos propietarios comenzaron a recibir intimaciones para regularizar la situación fiscal y catastral de sus inmuebles.

En ese marco, trascendió que ATER habría suscripto acuerdos de colaboración con colegios profesionales con el objetivo de facilitar el proceso de regularización y brindar mayores herramientas a los contribuyentes.

¿Qué debe hacer un propietario que recibe una intimación?

Especialistas consultados explicaron que lo primero es no ignorar la notificación.

Con la intimación en su poder, el propietario debe reunir toda la documentación disponible de su inmueble, especialmente los últimos planos aprobados, antecedentes municipales y cualquier otra presentación realizada con anterioridad. Luego deberá comparar esa documentación con la construcción existente para determinar las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente construido.

Con esa información, corresponde consultar a un profesional matriculado para que evalúe el caso y realice el trámite de regularización correspondiente ante los organismos competentes.

Una intimación significa que el Estado detectó diferencias entre la información registrada y la realidad física del inmueble. La normativa vigente establece la obligación de declarar las nuevas construcciones, ampliaciones o mejoras dentro de los plazos previstos por la legislación una vez que la obra reúne las condiciones de habitabilidad.

La importancia de contratar un profesional matriculado

La regularización constituye un procedimiento técnico y legal que debe ser realizado por un profesional independiente debidamente matriculado, ya sea un Maestro Mayor de Obras, un arquitecto o un ingeniero, conforme a las incumbencias que establece la legislación vigente.

El propietario tiene plena libertad para elegir al profesional de su confianza, quien analizará la documentación existente, verificará el estado de la construcción y elaborará la presentación técnica necesaria para regularizar la situación.

Fuentes del ámbito profesional consultadas por este medio manifestaron su preocupación por situaciones en las que quienes cumplen funciones de control o intervienen desde la administración terminan orientando o participando en trámites cuya responsabilidad técnica corresponde exclusivamente a profesionales habilitados. De confirmarse, este tipo de prácticas podría afectar la transparencia del procedimiento, generar incompatibilidades con la función de fiscalización y trasladar al propietario riesgos administrativos o legales que podrían evitarse actuando dentro del marco normativo.

Los especialistas recomendaron que el contribuyente contrate libremente al profesional de su confianza y evite recurrir a mecanismos informales o soluciones improvisadas que, aunque puedan parecer más economicas, no ofrecen las garantías técnicas, éticas y jurídicas que exige una correcta regularización.

¿Qué ocurre si se ignora la intimación?

Los especialistas coinciden en que no responder una intimación suele ser la peor alternativa.

Si el contribuyente no regulariza voluntariamente su situación, la autoridad fiscal puede efectuar una determinación de oficio de la valuación del inmueble y aplicar las sanciones previstas por la normativa tributaria, además de los intereses y recargos que pudieran corresponder.

Actualmente, tanto ATER como numerosos municipios cuentan con tecnologías de detección remota, imágenes satelitales y sistemas de comparación territorial —entre ellos herramientas como Open Buildings— que permiten identificar construcciones no declaradas con un elevado nivel de precisión.

Por ese motivo, regularizar la situación de manera voluntaria no solo evita futuras sanciones, sino que también brinda seguridad jurídica al propietario, protege el valor de su patrimonio y mantiene la documentación del inmueble actualizada para futuras ventas, sucesiones, créditos hipotecarios o cualquier otra operación sobre el inmueble.

¿Testigos o imputados? La causa que quema en las manos de la justicia y no para de escalar

22 julio, 2026 por Redacción

El auto de apertura a juicio de la mega causa de los contratos truchos deja al descubierto la responsabilidad directa de la dirigencia política al frente de la Legislatura provincial, con figuras centrales como Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Aldo Ballestena, Sergio Urribarri y José Allende en el centro de las críticas. Resulta jurídicamente e institucionalmente insostenible argumentar que bajo sus gestiones se hayan sustraído millones de dólares sin su aval, máxime considerando que el propio José Eduardo Lauritto firmó el decreto Nº 123 H.C.S. (Honorable Cámara de Senadores) , normativa que fija de manera explícita las responsabilidades en este tipo de contrataciones políticas. Los testimonios clave expuestos en el expediente revelan que este mecanismo de sustracción estuvo lejos de ser obra de «perejiles», consolidándose en cambio como una verdadera política de estado legislativa diseñada y ejecutada por las máximas jerarquías políticas de Entre Ríos durante casi dos décadas.

Noticiaspolíticas

El reciente auto de apertura a juicio en la mega causa de los Contratos Truchos de la Legislatura provincial, firmado por la jueza de Garantías número uno de Paraná, Marina Barbagelata, ha puesto en marcha un proceso de escala inédita, con dieciocho acusados en el banquillo, cuatrocientos cuarenta y uno testigos citados por la fiscalía y un reclamo por una sustracción que supera los 53 millones de dólares . Sin embargo, detrás del anuncio institucional, se esconde una paradoja jurídica e institucional que amenaza con empantanar el proceso y genera una encrucijada sin salida para los tribunales.

Doble rol

El tribunal de alzada que deba llevar adelante el juicio oral se enfrentará a un obstáculo estructural de proporciones. Las defensas de la causa han ofrecido, y se ha admitido, una nómina de testigos que convierte la lista en un desfile sin precedentes de la plana mayor de la política entrerriana de los últimos veinte años.

En la lista de citados a declarar como testigos figuran nombres de altísimo peso, como los exvicegobernadores Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Pedro Guastavino, Jose Cáceres, Aldo Ballestena y Laura Stratta, los expresidentes de la Cámara de Diputados y bloques Sergio Urribarri, José Allende, ex presidentes de los bloques legislativos y los ex legisladores Juan Carlos Navarro, Hugo Darrichon, Leticia Angerosa, Daniel Ruberto, entre otros.

El nudo crítico reside en cómo puede la justicia aceptar a estos dirigentes como testigos con obligación de decir verdad en la causa Contratos I, cuando en el desprendimiento conocido como Contratos II varios de ellos se encuentran bajo la condición de imputados y citados a indagatoria.

La Constitución y el Código Procesal son tajantes al establecer que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Si un tribunal cita como testigo a quien está siendo investigado e indagado en una causa paralela por los mismos hechos, la citación roza la nulidad procesal. Para librarse de esa encerrona, se perfila un camino casi obligado, consistente en que el tribunal deba desestimarlos como testigos.

Asimismo, en el caso de quienes ejercen cargos con fueros, como el exvicegobernador y actual senador nacional Adán Bahl o la diputada provincial Laura Stratta, es de prever que elijan refugiarse en sus fueros para declarar por escrito y evitar el cara a cara en el estrado. Los demás, como José Eduardo Lauritto, José Allende, José Cáceres o Aldo Ballestena, deberán dar explicaciones en persona.

Poderlegislativo

Descuido millonario

Para el imaginario social resulta insostenible la hipótesis del desconocimiento. A lo largo de la investigación se determinó que la firma de decretos, resoluciones de asignación y autorizaciones de pago requerían la firma de las máximas autoridades de las Cámaras. Sin ir más lejos, en la causa consta la Resolución ciento veintitrés, que blindaba el control administrativo estableciendo que sin la firma del titular del cuerpo nada salía.

Al dividir la sustracción total de manera proporcional entre los distintos períodos de gestión, las cifras resultan escalofriantes para cualquier administración pública.

En el Poder Ejecutivo y Senado, durante la gestión de José Eduardo Lauritto, dividiendo proporcionalmente el desfalco, bajo su período habrían desaparecido proporcionalmente unos diez millones de dólares. José Eduardo Lauritto, abogado, exjuez federal, exministro ex diputado nacional y referente de Concepción del Uruguay, nombró en su momento a Néstor Dietz para controlar la administración. Hoy en la causa está imputado su director de administración, Juan Orabona, pero Néstor Dietz no aparece en la nómina. Resulta difícil de explicar que a un exjuez le hayan sustraído semejante fortuna de las arcas que debía administrar sin que se diera cuenta, o si acaso los directores firmaban lo que las máximas autoridades les ordenaban.

En la Cámara de Diputados, bajo la conducción de José Allende, con Sergio Cardoso a cargo del servicio administrativo, desaparecieron cifras similares estimadas en unos diez millones de dólares, argumentando que el funcionario le robaba a la Cámara sin que la presidencia lo advirtiera o también cumplía directivas de las máximas autoridades.

En el Senado, durante la gestión de Adán Bahl, contador público nacional, exministro de Gobierno y exintendente de Paraná, se plantea el interrogante de si es posible sostener ante la sociedad que a un profesional de las ciencias económicas le sustrajeron haciendo cálculos proporcionales más de diez millones de dólares de su propio presupuesto sin sospechar absolutamente nada.

La estrategia defensiva de la dirigencia ha consistido en alegar que no firmaban las nóminas finales, la pregunta es que va a pasar cuando en las audiencias les muestren los decretos que llevan su firmas, porque hasta ahora le han atribuido la responsabilidad exclusiva a los cuadros técnicos y contables, representados por Juan Domingo Orabona, Sergio Cardoso, Jorge Lázaro o los indigentes Mena y Beckman. Sin embargo, la pregunta para la sociedad sigue siendo la misma, oscilando entre negligencia supina, inoperancia o complicidad por omisión.

Por la complejidad de las citaciones, la enorme masa probatoria y el dilema constitucional de los testigos e imputados, los especialistas que siguen el expediente coinciden en que el debate oral no se realizará este año, existiendo además serias dudas de que pueda concretarse antes de que finalice el año próximo.

El caso genera máxima presión sobre el Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público Fiscal evitó en una primera etapa apuntar a la cúpula política directiva, el avance del expediente y las citaciones cruzadas amenazan con resquebrajar la estructura política provincial. Ningún argumento legal podrá borrar de la opinión pública el verdadero interrogante sobre si a los máximos administradores de la provincia les robaron millones de dólares sin que se enteraran, o si la impunidad simplemente se quedó sin margen.

Noticiaspolíticas

Frente a la contundencia de las pruebas acumuladas, resulta insostenible pretender que la responsabilidad política pueda diluirse tras meras excusas administrativas. ostener que referentes con la trayectoria de José Eduardo Lauritto, José Allende y Adán Bahl desconocían el vaciamiento sistemático de las arcas legislativas constituye una burla directa a la ciudadanía. José Eduardo Lauritto, amparado en su formación jurídica y en la autoría de normativas como el Decreto número123, José Allende, con el dominio absoluto del aparato en Diputados, y Adán Bahl, valiéndose de su solvencia técnica como contador público, manejaron presupuestos multimillonarios donde los fondos públicos se evaporaban sin control.

Hoy, Adán Bahl se encuentra amparado por los fueros, más enfocado en calcular su futuro político que en rendir cuentas sobre su paso por la presidencia del Senado. Esta estrategia de especulación electoral se apoya en una dilación procesal casi eterna, donde los planteos de nulidad, las apelaciones cruzadas y la sobrecarga del tribunal amenazan con postergar el juicio de manera indefinida, haciendo jugar el tiempo a favor de la prescripción y el olvido. La justicia enfrenta ahora su encrucijada definitiva, porque si el proceso se empantana en los tiempos burocráticos y se detiene únicamente en los mandos medios e intermediarios, terminará convalidando la existencia de una matriz de impunidad blindada, donde las cúpulas políticas diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron de un desfalco histórico sin pagar costo alguno ante la ley.

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

17 julio, 2026 por Redacción

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

Desde que se habilitó la inscripción online, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a Banco Entre Ríos continúa mostrando una importante respuesta de la comunidad y sigue vigente. Hasta el momento, el programa recibió más de 5.500 solicitudes de empleados públicos, privados y jubilados interesados en reorganizar sus compromisos financieros.

Beneficios del programa

60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.
Tasa fija del 60% TNA.
Plazos de hasta 60 meses.
Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados.

Cómo inscribirse
El Plan de Alivio Financiero continuará abierto durante los próximos meses para quienes deseen acceder al beneficio. La solicitud es simple y se realiza de manera 100% online.

1) Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero
2) Completar los datos básicos y la información solicitada en el formulario.
3) El Banco analiza cada situación particular y se comunica con el cliente para informarle el resultado de la evaluación crediticia.
4) Si el cliente está calificado, el banco le otorga un turno para avanzar con el trámite y luego presentar los certificados de deudas.

La iniciativa está destinada a empleados públicos, empleados privados y jubilados de la provincia y permite cancelar deudas con distintas entidades mediante una nueva financiación con hasta 60 cuotas, tasa fija preferencial y 60 días de gracia para comenzar a pagar, brindando una herramienta concreta para ordenar las finanzas personales y recuperar capacidad de ingreso.

Con este programa, el Gobierno de Entre Ríos y el Banco Entre Ríos continúan trabajando de manera conjunta para ofrecer soluciones financieras que acompañen a las familias entrerrianas y contribuyan a fortalecer la economía de la provincia.