La Justicia Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar planteada por un grupo de encargados de Registros de la Propiedad Automotor y suspendió la aplicación de la la resolución 133/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación que dejó sin efecto los emolumentos propuestos tanto para aranceles registrables como también respecto a los montos mínimos y límites de las sumas que ellos percibían.

La decisión, rubricada por el juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López alcanza solo «a los Registros de la Propiedad Automotor cuyos encargados y/o representantes son aquí demandantes, hasta tanto se resuelva en
forma definitiva la cuestión de fondo, en el marco de la actuación administrativa antes iniciada y/o de la acción judicial que oportunamente se inicie, aclarando que la vigencia de esta medida se encuentra supeditada en su continuidad a la efectiva radicación de la acción principal que se en su momento oportuno inicie, dentro del plazo previsto para ello por el ordenamiento ritual».

De todos modos, se constituye en la primera resolución judicial que hace caer una medida de la administración del presidente Javier Milei porque hasta ahora todos los planteos judiciales iniciados por responsables de los Registros de la Propiedad Aumotor habían sido rechazados.

En abril último, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dejó sin efecto un aumento que su propia cartera había autorizado. La resolución actualizaba los aranceles cobrados por el Registro Automotor en las transferencias de vehículos. Según consta en el texto, estos valores no se modificaban desde el 31 de octubre de 2023.

La expedición del Título del Automotor o su duplicado tenía un costo $920 y la certificación de firmas (que se abona una vez por firma y en cada trámite), $1.300. Con la disposición que había promulgado el Gobierno esos valores ascendían a $3.870 y $29.90 respectivamente.

Por otro lado la transferencia de automotores para transporte de pasajeros o de carga tenía un costo de $60.000, y se iban a actualizar a $157.000. En tanto, la transferencia de autos subastados, armados fuera de fábrica o clásicos se pagaba $19.500, y hubiera cambiado a $45.000. Sin embargo, la nueva disposición retrotrajo el aumento y por lo tanto no hubo cambios.

Esa segunda resolución, que dejó sin efecto los aumentos, ahora fue suspendida por la Justicia y cobran vigencia aquellos incrementos.

En realidad fueron dos resoluciones. Por un lado, el ministro dio de baja la suba de los formularios, que ya habían aumentado en enero de este año. Y además congeló los ingresos que perciben los encargados de los registros, técnicamente conocidos como “emolumentos”. Estos últimos estaban frenados desde octubre del año pasado.

En la cautelar que hizo lugar la Justicia Federal de Mar del Plata los encargados de Registros del Automotor pidieron que se “disponga la suspensión de los efectos de la resolución N° 133 en lo que se refiere a la derogación del aumento de los emolumentos de los Encargados Titulares de los Registros, que se había otorgado a través del art. 2° de la resolución N°122, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en sede administrativa”. También solicitaron que  “se restaure la vigencia del artículo 2° de la resolución N° 122 con retroactividad al 1° de abril de 2024 –fecha desde la cual tuvo vigencia este acto- y se reintegre desde ese mismo momento a los Encargados, el incremento de sus emolumentos allí definido (el 60% en los montos de los valores que conforman la tabla creada por el Ministerio para liquidar emolumentos mediante resolución 1981/12”.

Y que “se ordene al Ministerio de Justicia la compensación del monto resultante de ese aumento retroactivo -desde el mes de abril inclusive- con el próximo e inmediato giro que los encargados deban hacerle, a fin de que puedan recomponer las grandes pérdidas que vienen sufriendo y que ya no pueden seguir sosteniendo. Con esta medida se pretende recomponer en cierto punto, el equilibrio de la ecuación económico-financiera que se encuentra totalmente quebrado”.

Los Registros del Automotor de Entre Ríos también iniciaron acción de amparo ante la Justicia Federal de Paraná, aunque el trámite todavía no ha sido resuelto. El planteo tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Daniel Alonso y  ya cuenta con dictamen fiscal favorable.