En un giro llamativo, el diputado provincial Enrique Cresto, actual legislador por el bloque Más para Entre Ríos y exintendente de Concordia, encabezó un pedido de informes sobre presuntas designaciones irregulares en la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia. Lo que sorprende no es el contenido del reclamo, sino el autor del mismo.
La iniciativa, que también cuenta con el acompañamiento de legisladores oficialistas y de la libertaria Gladys Liliana Salinas (PCP), solicita al gobierno provincial detalles sobre nombramientos, designaciones, pases y afectaciones de personal docente y no docente realizados en 2025 por el organismo dependiente del Consejo General de Educación.
En el texto se denuncia que habría ingresos de “familiares y personas allegadas” a cargos estatales, en detrimento de suplentes con más de una década de trayectoria. También se señala el malestar creciente entre los trabajadores del área, que reclaman la falta de equidad y el desprecio por los concursos de antecedentes y méritos.
Hasta aquí, todo suena razonable: exigir transparencia, defender la carrera docente, velar por el acceso igualitario a cargos públicos. El problema surge cuando se observa el nombre del legislador firmante: Enrique Cresto, heredero de una estructura política con fuerte presencia territorial y reiteradas denuncias mediáticas y sociales sobre manejo discrecional de cargos, recursos y fondos públicos.
Cabe preguntarse entonces:
¿Es un acto de arrepentimiento o un intento de blanquear la imagen?
¿Busca realmente transparencia o simplemente proyecta en otros lo que muchos señalan en su propia gestión?
¿Quién controla al que dice controlar?
Resulta paradójico que el impulsor del pedido de informes haya sido parte –según críticas de diversas fuentes políticas y periodísticas– de la misma lógica clientelar que ahora denuncia. El reclamo podría haber sido una oportunidad genuina para sanear las prácticas políticas, pero el nombre del firmante siembra más dudas que certezas.
En Concordia, ciudad marcada por altos niveles de pobreza estructural, desempleo y desigualdad, los cargos públicos han sido históricamente botín de guerra para las estructuras políticas de turno. Esta realidad convierte a cualquier acusación sobre acomodos en una pelea por el control del aparato estatal, más que en un acto de verdadera justicia.
El proyecto legislativo finaliza pidiendo claridad, pero deja en el aire una incómoda pregunta:
¿Transparencia o teatro político?
