Por qué Mouliá discute con la Caja su jubilación

José Eduardo Estanislao Mouliá, designado a principios de 2024 por la administración del gobernador Rogelio Frigerio como titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, inició un reclamo ante la Caja de Jubilaciones, disconforme con el monto del beneficio que reguló el organismo que dirige Gastón Bagnat.

Mouliá se inició en la función pública en 1983, cuando fue nombrado por el gobernador Sergio Montiel como director de Citricultura. Luego, fue secretario de Producción en el primer gobierno de Jorge Busti, en el de Mario Mointe y nuevamente en la segunda gestión de Busti. Más tarde, integró el equipo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en el gobierno de Eduardo Duhalde y continuó en el cargo en la Presidencia de Néstor Kirchner. Su última función en el Estado fue como secretario de Producción de la Municipalidad de  Paraná, a partir de 2019, en el tramo final de la gestión de Sergio Varisco.

Mouliá accedió al beneficio de la jubilación a través de la resolución Nº 2.454, dictada el 24 de junio de 2020 por la Caja. En forma previo, se hizo el cálculo de sus años de aportes: 14 años, 6 meses y 9 días de aporte al sistema nacional; 15 años, 11 meses y 19 días en la órbita provincial; y 3 años, 6 meses y 10 días a nivel de la Municipalidad de Paraná. La cuenta dio un total de 34 años. En dicha oportunidad se especificó que el cómputo de servicios se efectuó tomando como fecha de cese el 10 de diciembre de 2019, cuando entonces Mouliá contaba con 67 años.

La resolución de la Caja decidió otorgarle la jubilación a Mouliá en 2020 y se giraron las actuaciones al Área Liquidaciones del organismo previsional a los fines de instrumentar el alta del beneficio a partir del 11 de diciembre de 2019, según el promedio de las remuneraciones percibidas por el actor en los últimos 120  meses trabajados.

Pero entonces Moulián se mostró disconforme e inició un reclamo a nivel administrativo. Sostuvo que  la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia «incurrió en un error» al determinar el haber inicial del beneficio concedido. Solicitó que se liquide su haber de pasividad computando únicamente los servicios nacionales reconocidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los últimos 120 meses antes del cese.

El área jurídica de la Caja aconsejó rechazar esa pretensión y manifestó que el criterio expuesto no importa desprotección del afiliado, ya que el rechazo de la pretensión de Mouliá no implica que éste quede sin haber jubilatorio.

En tanto, el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo se expresó en forma coincidente y rechazó el planteo. Al respecto, sostuvo que a los efectos del reconocimiento de derechos, necesariamente deben considerarse los servicios con aportes, pero a los efectos de la determinación del haber previsional debe estarse al artículo 63° de la Ley N° 8732 porque, sin perjuicio de que el afiliado renunció a la deuda por los aportes no ingresados, en su calidad de trabajador autónomo percibió una renta o ingreso mensual, y esta renta mensual es la base económica que se ha tomado para liquidar su haber de pasividad, en concordancia con el referido artículo 63°.

Y expresó que, para determinar cuál será la Caja otorgante y establecer la antigüedad laboral, se deben considerar sólo los años de servicios; en cambio, una vez concluida esta etapa, el
Organismo otorgante debe aplicar la ley previsional pertinente para establecer el monto jubilatorio que le corresponda al solicitante. En el caso concreto de Mouliá, destacó que es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia el Organismo otorgante del beneficio, por lo que, para fijar el haber previsional del recurrente, debe aplicarse el artículo 63° de la Ley N° 8732.

También la Fiscalía de Estado coincidió con la Caja y la Secretaría de Trabajo.

De tal modo, el Poder Ejecutivo, a través del decreto Nº 1.477, del 13 de junio último, rechazó la pretensión de Mouliá y dejó firme el monto de la jubilación que fijó la Caja. Aunque de momento, y en función de que se trata de una persona en funciones políticas, el pago del beneficio se encuentra suspendido, según aclaró el titular del organismo previsional, Gastón Bagnat.