A través del decreto Nº 450/2025, que aprueba las adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), el Gobierno Nacional definió las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico que beneficiará al usuario y tendrá al sector privado como actor clave.
Ese decreto, dictado en el marco del artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, permitirá avanzar en el proceso de lograr un mercado eléctrico “competitivo, abierto y transparente”, aunque en esa tarea la Nación presiona a las provincias para que los municipios eliminen todas las tasas que gravan el consumo de energía eléctrica.
A través de esa norma nacional se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. Su factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados, plantea ahora la administración del presidente Javier Milei, y de ese modo reedita un planteo que lo había hecho en 2024 el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, cuando ya había generado reacción adversa.
El tema en Entre Ríos se judicializó: hay presentaciones de usuarios particulares que presionan para que a través de la Justicia se obligue a los municipios a quitar las cargas fiscales de la facturas de luz, y también una acción de la Provincia que defiende la autonomía que establece el artículo 74º de Ley Nº 8.916 del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial. “Los concesionarios actuarán como agente de percepción de los tributos establecidos por la Provincia y/o los Municipios, sobre el consumo de energía eléctrica, hasta el límite que establezca el Poder Ejecutivo”, dice esa norma.
Pero ninguno de esos planteos ha avanzado judicialmente. Ni siquiera se ha resuelto la cuestión de la competencia, si toca resolver a los tribunales entrerrianos o se trata de una cuestión federal.
Además, cuando el tema se instaló en 2024 la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) fijó posición, y aclaró que “el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica es de jurisdicción provincial. Enersa es uno de los concesionarios del servicio de suministro de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos y, por lo tanto, es un sujeto regulado por la Autoridad de Control, que es el Ente Provincial Regulador de la Energía (E.P.R.E.) y la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. Ambas entidades son quienes fijan las condiciones para la prestación de dicho servicio”.
Enersa, dijo entonces, “cumple con el Marco Regulatorio Provincial, que establece que todos los concesionarios del servicio, tanto Enersa como las 18 Cooperativas Eléctricas, están obligados a cobrar en la factura los conceptos por “Contribución Única” y “Tasa Municipal” (Artículos 24 del Contrato de Concesión y 74 del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial / Ley 8916)”.
En la provincia de Entre Ríos existen los siguientes procesos abiertos y en trámite:
- “Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor (Codec) c/Energía Entre Ríos SA y otro s/Contencioso Administrativo”, en trámite ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.
- Cooperativa Servicios Públicos 25 de Mayo Ltda c/Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y Otro s/Acción de Inconstitucionalidad”, que se tramita ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná.
- “Gómez Ema Rosa c/Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos La Paz Ltda (CELP) y Otros s/Acción de Inconstitucionalidad (Daños y Perjuicios)”, en trámite ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná.
- “Vento José Leonardo c/Enersa-Superior Gobierno de Entre Ríos – Entre Provincial Regulador de la Energía s/Acción de Clase. Inconstitucionalidad- Daños punitarios”, que se tramita en la Justicia Federal.
- “Cabrera María Josefa – Wuille Zunilda Raquel c/Cooperativa Eléctrica de Chajaría Ltda – Ente Regulador de la Energía Entre Ríos –Superior Gobierno de Entre Ríos s/Acción de clase”, que se tramita en la Justicia Federal.
