En la última semana de Juan Carlos Maqueda como juez, el máximo tribunal rechazaría los recursos de la expresidenta en el caso en la que se la investiga por lavado de dinero. Además, también declararía la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaría esta semana los recursos presentados por Cristina Kirchner en el expediente que investiga lavado de dinero en el caso conocido como Hotesur-Los Sauces y, de esta manera, la expresidenta podría afrontar en 2025 tres juicios orales en su contra.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimarían, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, la queja de Cristina Kirchner contra el fallo de la Cámara de Casación que anuló su sobreseimiento en el caso. Será la última decisión del tribunal con cuatro integrantes, ya que Maqueda se jubilará a fin de año.

La causa se centra en presuntas operaciones ilícitas a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, vinculadas a la familia Kirchner, que habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de empresarios como Lázaro Báez quienes se beneficiaron con contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Los alquileres de propiedades fueron el mecanismo investigado por la Justicia.

Según las investigaciones, los alquileres de propiedades habrían sido una pantalla para recibir dinero a cambio de favores políticos. Tanto Cristina como Máximo Kirchner figuran como principales acusados.

Los fiscales y jueces han señalado patrones similares a otros casos de corrupción asociados a la obra pública, y detallaron cómo estos fondos no tendrían una justificación económica genuina y sí fuertes vínculos con empresarios cercanos a los Kirchner.

La hipótesis es que Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de la ciudad patagónica de Calafate como contraprestación por haber recibido suntuosos contratos para hacer obra pública.

En su momento, los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grumberg sobreseyeron a Cristina Kirchner, a Máximo y a los empresarios. No hubo juicio oral y público porque plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner. La magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia.

Pero el fiscal Diego Velasco apeló el fallo y el expediente lo tomó la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes el 18 de diciembre del año pasado revocaron la sentencia y lo mandaron hacia el juicio oral, sin la inclusión de Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades. Los magistrados la quitaron de la lista de acusados porque entendieron que la hija menor del matrimonio Kirchner no tenía poder de decisión.

Tras ese fallo de Casación, Cristina Kirchner a la Corte con un recurso extraordinario, que ahora el máximo tribunal resolvería.

En caso de confirmarse la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N°5, compuesto por los jueces Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, sería el encargado de llevar adelante el juicio que, además de la expresidenta ysu hijo, tendría a otros 24 imputados, entre ellos empresarios y ex funcionarios. Esta causa aún enfrenta retrasos porque requiere la definición de los testigos y de la fecha de inicio del debate, que probablemente se celebre el próximo año.

Los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone afirmaron que Obligado y Grunberg no presentaron ninguna “prueba nueva” que justificara el cierre de la causa sin llevarla a juicio. Según destacaron, la norma general establece que una vez que un caso completa la etapa de instrucción y llega al tribunal oral, debe realizarse el juicio. Sin embargo, el Código Procesal Penal contempla una excepción: los jueces pueden dictar el sobreseimiento de un acusado si nuevas pruebas demuestran de manera evidente que no hubo delito o que el acusado es inocente, con el objetivo de evitar juicios innecesarios.

Pese a ello, Petrone y Barroetaveña argumentaron que este no era el caso. Señalaron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner basaron su decisión en dos elementos que, según ellos, no constituyen “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos causas relacionadas, la causa Vialidad (en la que la ex vicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (donde los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos, y el ex funcionario Ricardo Echegaray terminó condenado). Los camaristas enfatizaron que un requerimiento de elevación a juicio es simplemente la acusación de la fiscalía, no una “prueba” en sí misma.

En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco, encargado de la acusación en el juicio, busca acelerar el proceso. Solicitó la incorporación de nuevas pruebas provenientes de las causas de la “Ruta del dinero K” y Vialidad. Del primer caso, pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Báez -serían más de 370 comunicaciones-. Del caso Vialidad, requirió los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el del episodio de los bolsos con dinero en el convento. Sin embargo, el inicio del juicio oral aún no tiene fecha, ya que resta completar una instrucción suplementaria y concluir algunos peritajes pendientes.

Los otros juicios contra Cristina Kirchner previstos para 2025

Días atrás, la Corte también despejó el camino para la realización del juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, programado para 2025. El pasado 5 de diciembre rechazó por unanimidad un recurso presentado por la ex mandataria en la causa donde se la acusa de encubrimiento y abuso de autoridad. Con este fallo, quedaron confirmados los jueces que llevarán adelante el juicio: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, cuyas recusaciones también fueron rechazadas por la Corte.

El Memorándum, firmado en 2013 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, surgió de una reunión en Alepo, Siria, y fue revelado por el fallecido periodista Pepe Eliaschev. Este pacto secreto, relacionado con la investigación del atentado a la AMIA, incluía nueve puntos que proponían la creación de una Comisión de la Verdad para analizar el caso y permitir el interrogatorio de los iraníes sospechosos del ataque, quienes están sujetos a notificaciones rojas de Interpol.

El Congreso argentino llegó a aprobar el Memorándum con Irán, pero el fiscal Alberto Nisman denunció que se trataba de una maniobra para encubrir el atentado a la AMIA. Con base en escuchas telefónicas, afirmó que el acuerdo buscaba levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los acusados iraníes, permitiendo que dejaran de ser perseguidos.

Cuatro días después de presentar su denuncia contra la entonces presidenta, Nisman fue hallado muerto en su domicilio con un disparo en la cabeza, el 18 de enero de 2015. El pacto nunca llegó a entrar en vigencia y el 21 de diciembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal declaró definitivamente su inconstitucionalidad.

Recientemente, la Corte rechazó las apelaciones de las defensas de Cristina Kirchner, Angelina Abbona, Carlos Zannini, y del actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, entre otros, contra la revocación de sus sobreseimientos en esta causa. Entre los acusados que enfrentarán el juicio oral también figuran Oscar Parrilli, Eduardo Alberto Zuain, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Esta causa, que se encuentra en una etapa avanzada, ya completó la instrucción complementaria y admitió a los testigos que declararán durante el juicio. Aunque el proceso parecía encaminado hacia un juicio oral, Cristina Kirchner fue sobreseída previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8, que consideró que los hechos investigados no constituían delito.

El juez Andrés Basso, uno de los magistrados que llevarán adelante el juicio por la causa del Memorándum con Irán