Causa digna de copiar, de tantas que se deberían iniciar en defensa de los derechos de tantos trabajadores , que son coptados por tantos “dirigentes de uñas filosas” , debería ser ejemplar y sentar precedente.
En una causa que comenzó en 2021, Alcides Camejo, secretario general del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) de Concordia, junto a otras nueve personas, fueron imputados por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.
La investigación, llevada adelante por la fiscal federal María Josefina Minatta, abarca presuntos desvíos de fondos del SOF y la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF) entre 2014 y 2017, extendiéndose hasta 2021.
La denuncia original fue realizada por trabajadores del sector, incluyendo a Claudio De los Santos, Omar Sampietro, Antonio Leyes y Leandro Ragone.
En la misma se señalaban irregularidades en el manejo de fondos, principalmente en la administración de cheques y la adquisición de vehículos cuyos titulares eran familiares de los imputados.
Entre los involucrados en las maniobras delictivas se encuentran Walter Rodrigo Monzón, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos y Marisa Eugenia Santín, quienes, según la investigación, habrían incrementado su patrimonio de forma desproporcionada respecto a sus ingresos declarados.
El informe detallado también incluye la compra de diversos vehículos de alta gama, bienes inmuebles y transacciones financieras vinculadas a la adquisición de moneda extranjera y viajes al exterior, principalmente a Uruguay. Muchos de los implicados, además, figuran como beneficiarios de programas sociales del Estado, consignó 7 Páginas.
La fiscalía avanzó con la imputación por lavado de activos y administración fraudulenta, y la justicia federal, a través del Juzgado de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, dispuso la citación de los acusados para prestar declaración indagatoria en los próximos días.
La causa continúa avanzando y se espera que la justicia determine la responsabilidad de los imputados en los delitos señalados, que habrían perjudicado tanto al sindicato como a su obra social, mientras que los fondos desviados se habrían incorporado al sistema financiero mediante maniobras ilegales.
