En un supuesto intento desesperado por aplacar la tormenta judicial que se avecina, el ex gobernador Gustavo Bordet habría comenzado a ejercer una fuerte presión sobre sus contactos políticos, partidarios y hasta miembros del Poder Judicial de Entre Ríos, con el objetivo de desplazar al fiscal de Concordia, José Arias. De lograrse esta destitución, se generaría un escándalo mayúsculo, no solo afectando gravemente la imagen de la justicia entrerriana, sino también resultando altamente contraproducente para Bordet, exacerbando las sospechas sobre su integridad y manejo de influencias.

Desde la divulgación de la declaración jurada de bienes que Bordet presentó al asumir como diputado nacional, las sospechas sobre su enriquecimiento ilícito se habrían ido confirmando con las investigaciones sobre su patrimonio. Este escrutinio habría generado un clamor social por esclarecer la acumulación de inmuebles y depósitos bancarios que posee el ex gobernador.

Ante el avance de las investigaciones dirigidas por el fiscal Arias, Bordet habría iniciado una intensa campaña, utilizando sus contactos políticos para solicitar y exigir favores que conduzcan a la destitución del fiscal. La presión ejercida buscaría influir en el Ministerio Público Fiscal para que actúe en su favor. Bordet parecería prever que ni siquiera sus fueros parlamentarios podrán protegerlo ante la cantidad de pruebas reveladas en los últimos días, que señalarían irregularidades durante su gestión como intendente de Concordia y su relación comercial con un testaferro manejado por Orabona, su cajero personal.

La investigación por enriquecimiento ilícito habría dejado a Bordet en una posición comprometida, ya que se habrían descubierto múltiples inmuebles, incluidos departamentos, campos y una lujosa mansión en un exclusivo country de Concordia, valuada en un millón de dólares. También se habrían revelado depósitos bancarios en pesos y dólares.

El fiscal Arias habría comenzado a enviar oficios a la Aduana para rastrear las salidas del país de Bordet, y también habría solicitado información patrimonial declarada a la Dirección General de Rentas. Estas mismas solicitudes se habrían extendido a su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, y su hija.

José Emiliano Arias sería uno de los tres fiscales asignados por el coordinador de la Fiscalía de Concordia, José Costa, para investigar el patrimonio del ex gobernador y actual diputado nacional. Los otros dos fiscales serían Martín Núñez y Mario Guerrero, pero quien más preocuparía a Bordet sería Arias, debido a su determinación en el caso.

Además del avance de esta investigación, Bordet enfrentaría el caso de sobornos Tortul-ENERSA, donde sus colaboradores más cercanos estarían implicados, especialmente su ex secretario Legal y Técnico, y síndico de Enersa hasta su fallecimiento, José Gervasio Laporte. Las escuchas telefónicas y correos electrónicos en poder de la Justicia Federal mencionarían a Bordet como destinatario de pagos indebidos.

Asimismo, habría resurgido la causa de los Contratos Truchos, que podría ir a juicio el próximo año. En esta operatoria, Hugo Mena habría actuado como testaferro de Juan Domingo Orabona, realizando operaciones inmobiliarias en nombre de Bordet, quien habría dotado de mejoras los terrenos adquiridos con dinero de la Municipalidad, incrementando su valor y generando ganancias inmobiliarias significativas.

Ante estos avances, Bordet se sentiría acorralado y amenazado por las investigaciones en su contra. Intentaría remover al fiscal José Arias. De lograrse esta destitución, se generaría un escándalo mayúsculo, no solo afectando gravemente la imagen de la justicia entrerriana, sino también resultando altamente contraproducente para Bordet, exacerbando las sospechas sobre su integridad y manejo de influencias.