La Fiscalía General de Venezuela anunció el lunes la apertura de una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia tras la petición que ambos hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Nicolás Maduro y no repriman las protestas que se han desencadenado luego de la controversial elección del 28 de julio.

Así lo anunció en un comunicado el fiscal general venezolano Tarek William Saab. En el documento señaló la apertura de un proceso penal contra los dos opositores después de que difundieran un comunicado firmado por ambos en el que insisten en que González Urrutia es el ganador de las elecciones . El proceso se abre también por “abierta incitación” a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes, de acuerdo a lo que dice la fiscalía.

La fiscalía advierte también de la presunta comisión “de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia a las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.

Desde la semana pasada el presidente y otras autoridades del gobierno han exigido públicamente que se aplicara la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas que se registraron en Caracas y otras ciudades del interior luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro para un tercer periodo.

El ministerio público, afin al gobierno, informó de la decisión luego de que Machado y González Urrutia, quienes se mantienen a resguardo desde la semana pasada, urgieron a los militares a “impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio”.

Después de los comicios los aliados de González sostienen que el diplomático, de 74 años, ganó de forma arrolladora la elección, mientras que el oficialismo afirma que triunfó Maduro. Ambas posturas opuestas han agudizado las tensiones en el país sudamericano amargamente dividido por la política.

Un día después de las elecciones, el CNE oficializó la victoria de Maduro, aunque todavía no ha presentado los recuentos de votos para demostrar el triunfo. Mientras, Maduro anunció que el gobierno había arrestado a 2.000 opositores y advirtió que se detendrían a más personas; el fiscal general afirmó que la cifra de detenidos era de 1.062.

“Estamos conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. Los venezolanos no somos enemigos de la FAN”, dijeron González y Machado en el comunicado el comunicado en el que se ha basado la fiscalía para iniciar la investigación penal en contra de los dos opositores y en el que reiteraron la denuncia de fraude electoral pues dicen tener “pruebas irrefutables” de su victoria. Eso, a pesar de que las autoridades electorales proclamaron a Maduro como ganador.

“Los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato”, pidieron en el comunicado.

Maduro cuenta con la lealtad de las fuerzas armadas, el árbitro tradicional de las disputas políticas en Venezuela.

Machado y González denunciaron además que para impedir las protesta, la administración de Maduro ha “lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos (de los partidos en las mesas de votación) y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad”.

“Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando (militar) se alinea con Maduro y sus viles intereses”, acotó el escrito.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso —un exlegislador oficialista (2000-2016) y ex contralor general— entregó el lunes al Tribunal Supremo de Justicia una serie de documentos sobre las elecciones presidenciales. Esto, luego de que fuera admitida una solicitud de peritaje hecha por Maduro, aunque Amoroso no especificó ante los magistrados de la Sala Electoral si entre la documentación consignada figuraba los recuentos detallados de los votos.

Tres días después de los comicios, el gobernante pidió al máximo tribunal —donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas— que realizase el “peritaje de los resultados” y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del CNE el día de la votación.

A la par de las acusaciones de fraude en Venezuela, la presión internacional para que el gobierno venezolano y el organismo electoral, controlado por el gobierno, transparente los resultados se ha acrecentado.

Varios líderes de la región incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han instado a que se publique el desglose completo de los resultados electorales.

Los críticos del mandatario, entre ellos María Corina Machado, han dicho que en lugar de acudir al Tribunal Supremo, lo que correspondía era exigir “transparencia” al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.

Posteriormente, en una transmisión de la televisión estatal, la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral, confirmó la recepción de “todos los recaudos solicitados” y en consecuencia, dijo que “esta sala inicia peritaje del material consignado por un lapso de hasta 15 días prorrogables”. González, junto a otros tres dirigentes políticos, fue citado para el miércoles.

La magistrada advirtió que la no comparecencia ante esa instancia legal acarreará consecuencias correspondientes previstas en la ley, sin dar detalles.

Venezuela quedó inmersa una crisis postelectoral que se ha trasladado a las calles con masivas movilizaciones en las que seguidores del oficialismo defienden la reelección de Maduro para un tercer mandato, mientras la coalición de oposición y sus votantes reclaman por un supuesto fraude electoral en contra de González —candidato unitario-— a quien consideran ganador de los comicios.

“El nuevo gobierno de la república, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional”, destacaron los dirigentes opositores.

Los resultados actualizados publicados el viernes por el CNE refieren que, con base en el conteo del 96,87% de las actas, Maduro tenía 6,4 millones de votos y González 5,3 millones.

Contrariamente, la oposición hizo públicas cerca del 80% de las actas de las mesas de votación que aseguran favorecen a González.

En un análisis realizado por The Associated Press de casi 24.000 imágenes de actas electorales, que representan los resultados del 79% de las máquinas de votación, se verificó que González recibió 6,89 millones de votos, casi medio millón más de los que el organismo electoral dice que obtuvo Maduro.