Ahora al ex gobernador y embajador argentino Sergio Urribarri le queda una posibilidad: que la misma Cámara de Casación que ordenó su prisión cambie de opinión.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri continuará en prisión luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó hoy el recurso de hábeas corpus que presentó su defensa para revocar la prisión preventiva que cumple en la Unidad Penal 1 de Paraná, por la condena que recibió en la «megacausa» por peculado y negociaciones incompatibles.
El vocal Miguel Giorgio declaró que fue «mal concedido» el recurso de apelación, y sostuvo que los planteos de inconstitucionalidad fueron «genéricos» por lo que fueron rechazados. En tanto, su par Gisela Schumacher solicitó apartarse de la resolución ya que se consideró víctima de «violencia moral», luego de que una ONG solicitara un juicio político en su contra por mal desempeño.
Qué es un hábeas corpus
El martes 19 de noviembre Urribarri fue detenido y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. El abogado defensor Leopoldo Cappa solicitó su liberación con la presentación del recurso de hábeas corpus.
Se trata de una herramienta que busca proteger la libertad del acusado cuando es amenazada de una forma que no corresponde, o cuando las condiciones de encierro no son las adecuadas. La presentación “es idónea en esta situación de tensión urgente que sufrió Urribarri”, explicó el letrado y remarcó que con su detención “se están violando garantías constitucionales y generando un precedente muy peligroso para la ciudadanía entrerriana”.
Sin embargo, la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo determinó que el recurso era improcedente, ya que la defensa tiene otras vías para discutir la decisión: “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos, con un procedimiento abreviado», dijo.
El abogado Cappa coincidió en que existen “instancias recursivas como la impugnación extraordinaria”, y que si no se hace lugar “está el recurso de queja directo al STJ», pero sostuvo que si debe «esperar a que ese recurso llegue a la Sala Penal nos estamos yendo en el tiempo y tenemos la feria judicial encima», lo que haría que Urribarri continúe en la cárcel, al menos, hasta luego de la feria judicial.
Schumacher pidió apartarse
La vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, solicitó apartarse de la resolución del planteo presentado por las defensas de Sergio Urribarri y otros acusados en la megacausa para terminar con la prisión preventiva que se les impuso. Según detalló APF, alegó «sentirse afectada en su juicio interno por la presión social que recibió y los planteos de juicio político que se le hicieron en causas anteriores relacionadas».
En el pedido de excusación Schumacher menciona que ha sido objeto de dos denuncias y una ampliación presentada ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento que tienen como fin la apertura de un juicio político en su contra invocando la causal de mal desempeño. «Por una de esas denuncias, fui notificada por la Comisión con el fin de presentar un descargo, lo que así efectué, y no así de la segunda denuncia que habría presentado, según los medios de comunicación, una Asociación Civil llamada ‘Entre Ríos sin Corrupción'», dijo.
«Si bien quiero expresar el rechazo categórico de conducta irregular de mi parte, toda esta situación ha generado en mí una grave afectación en mi juicio interno, configurante de lo que se denomina ‘violencia moral’ que afecta mi tranquilidad y que no me permiten juzgar la causa con la serenidad que exige el proceso», fundamentó.
Qué le resta a Urribarri
Si bien se esperaba una decisión de este tipo, Urribarri y su defensa apuntan a otro recurso de Impugnación Extraordinaria Provincial para recuperar su libertad. Pero ese recurso será analizado por la propia Cámara de Casación que determinó su prisión preventiva la semana pasada.
El 7 de abril de 2022, Urribarri recibió 8 años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras que su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez fueron condenados a 6 años y medio de cárcel. Los tres permanecen en una Celda Especial Individual (CEI), conocida popularmente como «celda de admisión».
La decisión judicial fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2023, y más tarde la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de apelación de las defensas, que actualmente buscan llevar esa decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los fiscales de la investigación, Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron la efectivización de las penas.