UP9: Báez consiguió en 24 horas autorización para visita de su hermano y una notebook; Urribarri quiere trabajar con 100 internos en la panadería.
Dos exfuncionarios entrerrianos condenados por corrupción realizaron solicitudes particulares dentro de la Colonia Penal El Potrero. Mientras Pedro Báez obtuvo en tiempo record la autorización para recibir a su hermano e ingresar una computadora portátil Samsung, Sergio Urribarri pidió incorporarse al sector de panadería, donde trabajan alrededor de 100 internos. Los antecedentes de aislamiento del exgobernador y las advertencias de la jueza Cecilia Bértora sobre posibles irregularidades penitenciarias vuelven a poner bajo la lupa los criterios de autorización y la igualdad de trato dentro de la cárcel.
La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú vuelve a quedar en el centro de la discusión por las condiciones de alojamiento, los procedimientos administrativos y los controles que se aplican dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta vez, dos exintegrantes del gobierno entrerriano condenados por corrupción quedaron vinculados a solicitudes particulares ante las autoridades de la Colonia Penal El Potrero: el exgobernador Sergio
Urribarri y el exministro de Comunicación Pedro Báez.
Los pedidos son diferentes, pero ambos abren interrogantes sobre los criterios que utiliza el Servicio Penitenciario para resolver autorizaciones y garantizar que las mismas reglas se apliquen a todas las personas privadas de libertad.
11 de septiembre: la llegada de Urribarri y los primeros problemas de convivencia
Sergio Urribarri llegó a la UP9 el 11 de septiembre de 2026. Desde sus primeros días de detención, su seguridad personal se convirtió en una preocupación, luego de que trascendieran episodios de hostilidad, insultos, exigencias económicas y amenazas atribuidas a otros internos.
Según distintas publicaciones periodísticas, el exgobernador optó por permanecer dentro de su celda y evitar los espacios comunes, como el patio, la biblioteca y la cancha de fútbol, para no exponerse a situaciones de conflicto.
La situación fue planteada ante las autoridades judiciales. Incluso el sacerdote Rubén Melchiori, quien lo visitó en el establecimiento, manifestó que lo había encontrado «con mucho miedo» y describió su sufrimiento como «espantoso».
Posteriormente, se informó que Urribarri permanecía alojado en un sector separado del resto de la población penitenciaria, bajo condiciones especiales de resguardo.
Ese antecedente resulta central para entender el nuevo escenario: quien inicialmente habría evitado compartir los espacios comunes por temor a agresiones ahora pretende incorporarse a una actividad laboral en la que participan alrededor de un centenar de internos.
14 y 15 de noviembre: el pedido de Pedro Báez y una autorización en 24 horas
En paralelo, otro exfuncionario condenado por corrupción realizó una solicitud particular ante las autoridades de la UP9.
De acuerdo con la documentación conocida, Pedro Báez, exministro de Comunicación de Entre Ríos, presentó el 14 de noviembre un pedido para que se autorizara el ingreso de su hermano al establecimiento en calidad de visitante.
Pero la solicitud no se limitó a una autorización de visita. Báez también pidió permiso para ingresar una computadora portátil marca Samsung.
El dato que llama la atención es la rapidez de la respuesta administrativa: la presentación fue realizada el 14 de noviembre y, al día siguiente, el 15, ya contaba con la autorización correspondiente. Es decir, el trámite habría sido resuelto en apenas 24 horas.
El ingreso de una computadora portátil a una unidad penitenciaria no constituye una cuestión menor. Se trata de un dispositivo electrónico cuyo destino, utilización, acceso y permanencia deben estar sujetos a condiciones específicas de seguridad.
Por eso, surgen preguntas que requieren una explicación institucional: ¿para qué se autorizó el ingreso de la notebook? ¿Dónde permanecerá el equipo? ¿Quién podrá utilizarlo? ¿Qué controles se establecieron? ¿La autorización fue otorgada por la dirección de la unidad o por otra autoridad del Servicio Penitenciario?
También resulta necesario conocer si existen antecedentes de autorizaciones similares para otros internos y cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a ellas.
El derecho a mantener contacto con familiares no está en discusión. Lo que corresponde esclarecer es si el procedimiento aplicado a Báez responde a las mismas exigencias administrativas y de seguridad que se imponen al resto de la población carcelaria.
Bértora confirmó que Urribarri quiere trabajar en la panadería
Tres días después de la autorización otorgada a Báez, el 18 de noviembre, la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, se refirió públicamente a otra solicitud particular: la de Sergio Urribarri para incorporarse al sector de panadería de la UP9.
Durante una entrevista con el programa televisivo Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral, la magistrada confirmó que el exgobernador había solicitado trabajar.
«Urribarri pidió trabajar», expresó. Al ser consultada sobre el lugar elegido, precisó: «En la Unidad Penal número 9, pero pidió ir al sector panadería, se ve que le interesaba esa función en particular».
Bértora explicó que en ese sector trabajan alrededor de 100 internos y que el pedido debe ingresar en una lista de espera. También señaló que se evalúan las condiciones personales, las habilidades y las posibilidades de aprendizaje de cada solicitante.
Durante la entrevista, el periodista le planteó una aparente contradicción: Urribarri había solicitado permanecer separado del resto de la población penitenciaria por razones de seguridad, pero ahora pretende incorporarse a un espacio laboral compartido.
«La verdad es que es un contrasentido esto», reconoció la jueza. La magistrada sostuvo que el pedido debe recibir el tratamiento administrativo
correspondiente, como ocurre con las solicitudes de cualquier otra persona privada de libertad.
Sin embargo, queda planteada una cuestión que necesita una respuesta de las autoridades penitenciarias: ¿cómo se compatibilizaría la incorporación de Urribarri a un sector donde trabajan alrededor de 100 internos con las condiciones de resguardo que motivaron su alojamiento separado?
¿Compartirá efectivamente el espacio de trabajo con los demás internos? ¿Tendrá horarios diferenciados? ¿Se establecerán medidas especiales de seguridad? ¿Se modificará su régimen de alojamiento?
La decisión no involucra solamente la voluntad del exgobernador de trabajar. También compromete la responsabilidad de las autoridades penitenciarias de garantizar su integridad física y la seguridad del resto de las personas alojadas en el establecimiento.
La advertencia de la jueza: funcionarios que facilitan el ingreso de drogas y celulares
En la misma entrevista televisiva, Bértora realizó declaraciones sobre otro problema que atraviesa al sistema penitenciario: el ingreso de drogas y teléfonos celulares a las cárceles.
Consultada sobre cómo llegan esos elementos a los establecimientos pese a las requisas, las cámaras y los procedimientos de seguridad, su respuesta fue contundente: «Hay funcionarios infieles, seguro».
La magistrada explicó que el ingreso de elementos prohibidos puede producirse por requisas deficientes o por la participación directa de agentes penitenciarios.
«Hay una requisa mal hecha, tanto respecto de las visitas como de los internos que están con salidas y regresan a la Unidad Penal, o tal vez simplemente sean funcionarios que ya de por sí ellos ingresan drogas o celulares», manifestó.
También advirtió sobre grupos de internos que presionan a otros presos y a sus familiares mediante exigencias de dinero, y sobre la posibilidad de que determinadas organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
Sus declaraciones adquieren especial relevancia cuando se analizan las autorizaciones para el ingreso de dispositivos electrónicos y las condiciones de acceso de personas externas a los establecimientos penitenciarios.
¿Las mismas reglas para todos?
Los casos de Báez y Urribarri dejan planteada una discusión que excede la situación particular de dos exfuncionarios condenados por corrupción.
En una unidad penitenciaria que aloja a casi 700 internos, la transparencia de los procedimientos administrativos y la igualdad de trato deberían ser principios fundamentales.
No se trata de cuestionar el derecho de los condenados a recibir visitas, acceder a herramientas de trabajo o realizar actividades educativas. Se trata de conocer si las autorizaciones se conceden con criterios objetivos, si existen controles suficientes y si los tiempos administrativos son iguales para todos.
¿Por qué el pedido de Báez para ingresar una computadora portátil y recibir a su hermano fue autorizado en apenas 24 horas? ¿Qué condiciones se establecieron para la utilización de la notebook? ¿Cuánto debe esperar un interno común para obtener una autorización semejante? ¿Qué requisitos debe cumplir Urribarri para incorporarse a la panadería? ¿Se respeta el mismo orden de prioridades para los demás internos?
Y, especialmente, ¿cómo resolverá la conducción de la UP9 la contradicción entre las condiciones de aislamiento que se plantearon para resguardar al exgobernador y su eventual incorporación a un ámbito laboral compartido con un centenar de personas?















