La novedad fue informada por el diario La Nación, en una notica titulada: “pese al relato libertario, la primera privatización de una ruta tendrá financiamiento del Estado”
Concesión de Ruta 14. La nota que lleva la firma del periodista Diego Cabot, apunta que el BICE aportará un crédito para obras iniciales. La aparición del dinero público cambió las condiciones y ahora sí habría al menos cuatro constructoras interesadas, “todas de viejos conocidos de la obra vial”, señala el medio capitalino.
“Con los interesados de siempre, con la billetera floja y con la mano tiesa a la hora de aportar capital propio, los constructores de obra pública de toda la vida le torcieron el brazo al Gobierno y lograron que el financiamiento para hacer las obras en la primera ruta nacional concesionada por la administración Milei lo aporte el Estado”, comienza subrayando el artículo.
La novedad apareció a horas del cierre del llamado a licitación para la concesión de la llamada Ruta del Mercosur, que corre por la 12 y 14, además del puente Rosario–Victoria y anexos como el acceso a la represa de Salto Grande, pero ya se había definido el viernes pasado. Fue entonces cuando el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) publicó un nuevo crédito destinado a los que quieran presentar sus ofertas para quedarse con el corredor.
“En el marco de la licitación 504-0007-LPU25 lanzada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación para el Tramo 1 de la Red Federal de Concesiones, BICE [Banco de Inversión y Comercio Exterior] dispuso la estructuración de financiamiento a través de un esquema fiduciario de garantía y fondeo”, dice la comunicación oficial de la entidad.
Firmas conocidas
Cuando se abran los sobres este miércoles, aparecerán, al menos, cuatro ofertas, todas ellas de conocidas empresas de la obra pública vial. Según pudo establecer el diario La Nación, se trata de constructoras que no estaban interesadas en aportar el dinero necesario para dejar la ruta en condiciones de “transitabilidad” con dinero propio y con una garantía de cumplimiento, tal el requisito del pliego, y luego de terminada la obra, cobrarse con peaje y tiempo de concesión. Pero claro, la aparición del crédito del BICE modificó el panorama.
La novedad cambió tangencialmente la licitación, ya que hasta que se conoció la novedad, y de acuerdo a decenas de declaraciones de funcionarios del área, incluido el presidente Javier Milei, este esquema de concesiones de la obra pública vial no iba a requerir dinero del Estado, sino que serían los empresarios los que aporte el capital que luego, se cobrarían con el peaje.
Sin embargo, La Nación habló con cuatro empresas y el principal problema era que nadie estaba dispuesto a financiar la obra con dinero propio. Los bolsillos de los viejos contratistas de la obra pública argentina no están acostumbrados a servirse de su capital en el mundo público, ya que históricamente trabajaron con el dinero estatal. Como dice el dicho popular: “Con la nuestra”.
Nombres conocidos
El BICE, actualmente, está presidido por Maximiliano Voss y Evert Van Tooren, presidente y vicepresidente, y cuanta con un directorio formado por Nicolás Scioli (Hermano de Daniel), Felipe Núñez (uno de los conductores del canal de streaming oficialista Carajo) y Martín Vauthier, economista cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.
El diario La Nación remarca que “la noticia no deja de sorprender. En principio, porque se escribe a contramano del discurso libertario donde el Estado se repliega, en este caso un banco, y abandona el financiamiento público para tender una mano al sector privado. Se podrá decir que, en realidad, y técnicamente es así, el BICE financia a una empresa. Pero, detrás de esta medida se esconde dinero para la obra pública y, además, el final de una negociación con los empresarios de la obra pública que no miraban la licitación con interés”.
La salida del crédito del BICE, a pocas horas de la apertura de los sobres, no es ni más ni menos que el camino que se encontró a último momento para evitar otra prórroga al proceso que se inició en marzo, cuando el Estado se hizo cargo del corredor después de que termine el contrato de Caminos del Río Uruguay (Crusa), anterior concesionaria.
Fin de concesión
En abril, el Gobierno decidió poner fin a la concesión privada. A través de Vialidad Nacional, retiró las cabinas de peaje, asumió la administración de las rutas y dejó a unos 500 trabajadores en una situación incierta, ya que, sin concesión nueva, se quedaron sin empleador.
El diario capitalino también subraya que la tarifa proyectada —unos $4200 cada 100 kilómetros para un automóvil—, es considerada insuficiente para cubrir la magnitud de obras necesarias, más a aún en un contexto de tensión cambiaria.
La transición también dejó heridas abiertas en el plano laboral: medio millar de empleados quedaron fuera de convenio, sin certezas sobre su futuro. Y en lo institucional, el proyecto despertó críticas por la falta de documentación clara en algunas prórrogas y por la elección de Vialidad como administrador, un organismo con historial cuestionado en materia de transparencia y que, además, fue disuelto por el gobierno de Milei y vuelto a reimplantar por el Congreso, cuando no aprobó el decreto de necesidad y urgencia que había dispuesto el fin del organismo.
