Para regularizar deudas con las provincias sin recurrir a fondos estatales, el Gobierno de Javier Milei presentó el Régimen de Reparación Federal, una iniciativa orientada a compensar los pasivos a través de la transferencia de activos nacionales, como empresas, rutas o tierras fiscales.
El anuncio fue realizado por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior y segundo de Guillermo Francos, quien anticipó que el régimen será publicado en el Boletín Oficial este viernes. Según Catalán, el objetivo de esta propuesta es avanzar “hacia un verdadero federalismo” y facilitar una «nueva etapa» en la relación entre Nación y las provincias, permitiéndoles asumir el control de su destino financiero.
La propuesta ofrece “vías alternativas para saldar deudas” que no involucran recursos monetarios, sino que permiten la compensación mediante activos nacionales. Entre las opciones mencionadas se encuentran:
Transferencia de empresas nacionales operativas en las provincias, Acciones de empresas estatales, Terrenos fiscales y, Rutas nacionales, que podrían ser concesionadas por las provincias para financiar mejoras en infraestructura.
Catalán subrayó que el régimen plantea una «mesa de diálogo abierta», en la que tanto la Nación como las provincias pueden sugerir herramientas adicionales para llegar a acuerdos consensuados. “No estamos cerrados a ninguna herramienta que puedan proponer las provincias,” afirmó, describiendo el espíritu de “borrón y cuenta nueva” que inspira la normativa.
Condiciones y plazos
La adhesión al Régimen de Reparación Federal es voluntaria. Las provincias dispondrán de 30 días hábiles para notificar su interés en participar y luego 60 días para conciliar los pasivos. No obstante, el proceso de conciliación podría presentar desafíos, dada la disparidad en los criterios de evaluación y la valuación de activos nacionales a ofrecer.
Catalán reconoció que aquellas provincias sin deuda estarán en una posición ventajosa para negociar, aunque destacó que el Gobierno tiene «varias zanahorias para ofrecer». Para las provincias, el beneficio de este régimen radica en poder reducir sus pasivos y mejorar su capacidad de crédito, haciéndolas elegibles para financiamiento a tasas razonables y con potencial de emitir deuda.
Coordinación con el Ministerio de Economía y Privatizaciones
El control y monitoreo de este régimen estarán a cargo del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, mientras que la Secretaría de Privatizaciones, encabezada por Diego Chaher, lleva adelante un análisis de los activos nacionales disponibles.