La denuncia penal presentada al procurador general de la provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Luciano Amilcar García, es por los delitos de Negocioaciones incompatible, fraude a la administración pública, malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito.
La provincia de Entre Ríos se encuentra en el ojo de la tormenta tras una denuncia penal presentada por Luis Ángel Zanabria, oriundo de la ciudad de Paraná, que podría destapar una red de corrupción que alcanza a las más altas esferas del poder. En su denuncia, Zanabria acusa al exgobernador Gustavo Bordet y a sus colaboradores cercanos de haber montado un imperio inmobiliario corrupto.
La bomba estalló a partir de un artículo publicado en nuestro portal, titulado «El auge y la caída de un imperio inmobiliario en Concordia: la red de corrupción que involucra a Bordet y Orabona». Allí, se describe cómo Juan Domingo Orabona, mientras era cajero de Bordet, habría facilitado la compra de más de 130 propiedades para Hugo Mena, propiedades que luego terminaron en manos de personas muy cercanas a Bordet, e incluso del propio Bordet. Todo esto habría sucedido mientras Bordet era intendente de Concordia, utilizando su poder para comprar terrenos a precios irrisorios, lotearlos, urbanizarlos y revenderlos a precios exorbitantes.
Zanabria no se anduvo con rodeos y en su denuncia detalló cómo Bordet, entre 2010 y 2016, urdió un plan maestro con la colaboración de Orabona, Mena y Flavia Beckman. Todo comenzó con la compra de un terreno perteneciente a la familia Socas. Tras obtener los permisos necesarios para lotearlo, Bordet dirigió obras públicas para aumentar el valor del terreno. Todo estaba calculado: los prestanombres Mena y Beckman le habrían dado el poder total a Orabona para administrar y disponer del inmueble, asegurando que los beneficios fluyeran hacia el círculo íntimo del entonces intendente.
Zanabria ha presentado la noticia original publicada en este portal como prueba, y ha solicitado que se investiguen actas, escrituras, poderes y otros documentos clave de las escribanas Luján Orabona y María Dolores Moulla. Además, exige informes de la AFIP y ATER para corroborar esta red de corrupción inmobiliaria.
Con esta denuncia, se espera que la justicia actúe con rapidez y firmeza. Las acusaciones son graves y el público espera respuestas. El escándalo no solo podría desmoronar la reputación de Bordet y sus allegados, sino también sacudir los cimientos del poder en Entre Ríos.
Este es solo el comienzo de un caso que promete revelar los entresijos de la corrupción en Concordia. Las miradas están puestas en los siguientes pasos de la justicia y en cómo responderán los acusados a estas serias imputaciones.
