«Esto es disciplinamiento. El patricarcado es disciplinador cuando las mujeres contamos lo que nos pasa. Aquel que fue denunciado esperó el tiempo y cuando tuvo cargo público se embarcó para denunciarla a la doctora Irurzun».
La abogada Fernanda Vázquez Pinasco, representante legal de la jueza de Garantías de Federal, Susana Irurzun, denunciada penalmente por el subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal, Alexis Pereyra, por una actuación que le cupo como jueza de Faltas de la ciudad -función que ocupó antes de ser fiscal y antes de cumplir funciones de magistrada- relaciona ese reproche con una denuncia previa. Pereyra, en su rol como docente, fue profesor de la hija de la jueza y fue denunciado por delitos contra la integridad sexual de la menor.
«Esto representa nuevamente una afrenta a la niña y a la mamá de la niña. Quien denunció ese hecho contra la integridad sexual fue el papá de la niña. Pero la venganza es hacia la jueza», analizó la letrada durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Como contó Entre Ríos Ahora, la jueza Irurzun fue denunciada penalmente ante el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque en la tramitación de la denuncia, que firma Alexis Pereyra, actual subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal, los dos integrantes del Ministerio Público Fiscal de esa ciudad, Eugenia Molina y Tomas Tscherning, se excusaron de intervenir, por lo cual el Fiscal Coordinador de la Jurisdicción, José Costa, puso a trabajar en la causa al fiscal Mauricio Guerrero, de la Unidad Fiscal de Concordia.
En 2017, siendo titular del Juzgado de Faltas de Federal, la actual jueza de Garantías Susana Irurzun dictó una resolución que benefició a un ciudadano, José Armando Lozano, esposo de quien entre ese año y 2023 fuera secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Federal –en las dos gestiones del exintenente Gerardo Chapino (PJ)- María Isabel Kessler, y lo benefició en un pleito entre vecinos. Lozano acusó a los dueños de los predios linderos a su propiedad que le arrojaban aguas servidas, y la solución que encontró la jueza para saldar el entredicho fue disponer que se construyera una muro divisorio, cuya construcción fue financiada por el Estado municipal.
El 19 de octubre de 2017, la jueza de Faltas entendió que “le asiste razón al denunciante, quien en fecha 30 de julio del año 2013 radicó denuncia en contra de sus vecinos que largan agua servida y que por la caída de los terrenos terminan derivando en su inmueble, causándole gran perjuicio y debiendo soportar el foco infeccioso que está situación conlleva”.
Dijo en su resolución que entre 2013 y 2017 “este Juzgado ha intentado, sin respuesta favorable hasta la fecha que los presuntos infractores subsanen la falta y cesen en la conducta contraria a Derecho”. Entonces, y a propuesta de Lozano, la jueza ordenó la construcción de un muro divisorio a fin de poder dar una solución, aunque más no sea parcial, a lo que el denunciante refirió en este momento la imposibilidad de soportar la construcción que ello implica en forma total” por lo que la magistrada de Faltas resolvió “autorizar al Municipio (de Federal) a realizar convenio de pago con el denunciante señor Lozano a fin de que en forma inmediata el Municipio, a través del área correspondiente, Obras Públicas, construya un muro divisorio que separe el inmueble de Lozano del de sus vecinos. El costo total de dicha obra debe ser soportado en su totalidad por el señor Lozano, quien está habilitado a gestionar un plan de pago con el Municipio”.
En la presentación judicial del actual funcionario de la intendenta Alicia Oviedo (UCR), formula denuncia penal contra la exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad, María Isabel Kessler; el exjefe comunal Gerardo Ramón Chapino; la jueza Irurzun, a todos ellos por la comisión de los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y enriquecimiento ilícito.
Vázquez Pinasco aseguró que la jueza Irurzun nunca fue notificada de la denuncia en su contra; que sólo se enteró por la publicación en Entre Ríos Ahora. «La doctora nunca fue citada por el Ministerio Público Fiscal ni mucho menos. Pero al haber tomado conocimiento de la denuncia, se hizo presente en la ciudad de Concordia para estar a derecho y presentar un descargo como un primer contacto del legajo. Pero a nosotras nunca se nos notificó de nada», afirmó.
«Una vez que tomamos conocimiento de la denuncia y conocemos quién es el denunciante -no es la Municipalidad de Federal- concluimos que resulta ser que este señor Pereyra, hace unos años atrás fue denunciado por mi clienta y el padre de su hija por un delito contra la integridad sexual. Se hizo la investigación, se tomaron medidas, ese legajo penal pasó al juez civil y comercial de Federal y se tomaron medidas. Hubo respuesta del sistema judicial a esa niña. El colegio tuvo que hacer cursos de género. Y también el señor Pereyra tuvo que hacer cursos de perspectiva de género. Esto sucede, pasa el tiempo, y el señor asume como funcionario del Municipio de Federal y emprende esta empresa: esta denuncia contra quien había sido la denunciante, la doctora Irurzun. Sin tener un basamewnteo jurídico legal de los delitos que denuncia, como enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función publica, peclado. Ella era jueza de Faltas de la ciudad de Federal. Ella hizo lo que tenía que hacer por manda de la orgánica de la Municipalidad. Estaba en grave riesgo la salud pública. Existía un problema de aguas servidas. La doctora ejerció su rol como jueza de Faltas, buscó solución. Entendió que el interés público estaba sobre los intereses particulares. Y la Municipalidad le dio curso a la solución que propuso», puntualizó.
La abogada mostró su extrañeza por los delitos que Pereyra le imputa a Irurzun. «No sé cual es el eenriquecimiento, cuáles son negociaciones incompatibles con la función pública. Ella da solución desde el Municpio a un problema grave como es vivir en un foco infeccioso. Dio frespuesta favorable a la comunidad. Entendemos que esto representa un disciplinamiento a la jueza por aquello que ocurrió años atrás, y que fue un impacto en la ciudad, aquello que ocurrió en la escuela donde Pereyra era docente», subrayó.
En la presentación que Irurzun junto a Vazquez Pinasco efectuaron en la Fiscalía de Concordia dieron cuenta del estado de preocupación en el que está la jueza y su hija. «Se dejó reflejado el miedo real que sienta la doctora Irurzun y su hija, respecto de esta presentación y las reprimendas que puedan ser pasible por parte de Pereyra», agregó.