La inseguridad no se combate con discursos, ni con promesas de futuro. Se enfrenta con decisión política, prevención, presencia policial y una Justicia que funcione. En el conurbano bonaerense, la violencia y el delito siguen siendo una preocupación cotidiana para millones de ciudadanos que sienten que el Estado no siempre está donde más se lo necesita.
Axel Kicillof suele hablar de futuro, de desarrollo, de derechos y de un modelo de provincia que pretende proyectarse como alternativa política para el país. Pero hay una pregunta que no puede esquivar: ¿de qué futuro se puede hablar cuando la libertad de salir a trabajar, regresar de noche, esperar el colectivo o abrir la puerta de una casa está condicionada por el miedo?
No se trata de exagerar ni de construir una realidad a partir de titulares policiales. Se trata de observar una problemática que golpea con particular crudeza al conurbano bonaerense, donde las desigualdades sociales, la expansión del delito y las deficiencias en la prevención exponen una realidad que ningún relato político puede ocultar.
Los propios números oficiales ofrecen un panorama que merece atención. Según el Ministerio Público bonaerense, durante 2025 se registraron 808 víctimas fatales por homicidios dolosos en toda la provincia, con una tasa de 4,63 cada 100.000 habitantes. En el conjunto del conurbano, La Plata y Mar del Plata, la tasa llegó a 5,23, prácticamente el doble de la registrada en el interior provincial, que fue de 2,58.
Y hay otro dato que resulta especialmente inquietante: las investigaciones por homicidios en ocasión de robo consumados pasaron de 24 en 2024 a 27 en 2025, un incremento del 12,5% en cantidad de víctimas fatales, mientras que las investigaciones por este tipo de hechos, incluidos los tentados, también aumentaron.
El propio gobernador ha defendido su gestión exhibiendo una reducción de los homicidios y sosteniendo que la provincia alcanzó indicadores históricos favorables. En febrero de 2026, Kicillof informó que en 2025 se habían registrado 751 homicidios y 89 casos en ocasión de robo. Sin embargo, el informe posterior de la Procuración contabilizó 808 víctimas fatales. La diferencia responde a criterios y universos de registro que deben explicarse con claridad. La discusión no puede reducirse a una competencia de estadísticas: detrás de cada cifra hay una vida perdida, una familia destruida y una comunidad atravesada por el dolor.
Porque la inseguridad no es solamente el homicidio que ocupa las primeras planas. También es el trabajador que entrega su celular para evitar que lo maten, la comerciante que baja las persianas antes de tiempo, la madre que espera un mensaje para saber si su hijo llegó a destino y el jubilado que vive detrás de rejas, aun dentro de su propio hogar.
¿En qué momento naturalizamos que vivir con miedo forme parte de la rutina? ¿Cuándo empezamos a aceptar que la prevención del delito sea una promesa recurrente y no una obligación irrenunciable del Estado?
El problema es también político. La seguridad pública no es una concesión ideológica ni una disputa de marketing entre oficialismos y oposiciones. Es una de las responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno. Y si bien ninguna administración puede resolver por sí sola décadas de desigualdad, exclusión, narcotráfico y deterioro institucional, tampoco puede utilizar esos antecedentes como una excusa permanente para explicar las falencias del presente.
Kicillof tiene derecho a defender sus indicadores y a cuestionar las políticas nacionales. Lo que no puede hacer es pretender que los resultados estadísticos favorables en determinados delitos clausuren el debate sobre la experiencia diaria de los ciudadanos. Una tasa puede bajar y, aun así, persistir territorios donde la violencia condiciona la vida de sus habitantes.
El desafío es todavía mayor cuando se observa el vínculo entre inseguridad y abandono social. Allí donde faltan oportunidades, infraestructura, educación, integración y políticas sostenidas de prevención, el delito encuentra terreno fértil. Pero no hay que confundir las causas estructurales con una justificación de la violencia. La pobreza no convierte a nadie en delincuente y la marginalidad no puede ser una condena para quienes viven honestamente en barrios postergados.
El conurbano bonaerense no necesita convertirse en una postal electoral ni en un escenario de promesas grandilocuentes. Necesita un plan verificable, con objetivos concretos, transparencia en el uso de los recursos, fuerzas de seguridad capacitadas y equipadas, coordinación con los municipios y una Justicia que evite que la impunidad se transforme en otra forma de desaliento colectivo.
La política debería comprender que el miedo también destruye la confianza pública. Cuando el ciudadano siente que debe resolver individualmente su propia seguridad, que las alarmas y las rejas reemplazan la tranquilidad y que la respuesta institucional llega tarde, se deteriora algo mucho más profundo que una estadística: la credibilidad del Estado.
Y aquí vuelve la pregunta inicial: ¿de qué futuro nos quiere convencer Axel Kicillof? ¿De uno construido sobre anuncios, confrontaciones y aspiraciones presidenciales, o de uno en el que un bonaerense pueda caminar por su barrio sin sentir que está arriesgando su vida?
Gobernar no es solamente administrar indicadores ni disputar el sentido de la política nacional. Gobernar es hacerse cargo de los problemas concretos, escuchar a las víctimas, corregir errores y demostrar con hechos que la vida de los ciudadanos está por encima de cualquier estrategia partidaria.
Porque el futuro del que habla un dirigente pierde credibilidad cuando el presente de millones de personas está atravesado por la incertidumbre, la violencia y el miedo.
La seguridad no puede esperar a la próxima campaña electoral. Para millones de bonaerenses, la urgencia no es el futuro que promete la política: es poder vivir tranquilos hoy.
