La cueva financiera operaba con tarjetas de débito a nombre de otros ciudadanos. En su departamento hallaron $45 millones, miles de euros, reales y dólares.
Una fiscalía federal de Santa Fe solicitaron la elevación a juicio de una causa que tiene a cinco personas imputadas, entre ellas un entrerriano, acusadas de administrar una “cueva financiera” que hasta septiembre de 2023 funcionó en el Complejo Amarras Center, en la zona del puerto de la capital de la provincia vecina.
Más de 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, cuyas cuentas se utilizaban para la compra y venta de dólares, fueron incautados en el allanamiento al departamento que habitaba el principal acusado y dio origen a la investigación. Al dar por concluida la investigación, los fiscales presentaron esta semana la requisitoria de elevación a juicio ante Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Santa Fe.
El fiscal federal cotitular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez, y los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, llevan adelante la acusación.
La estructura delictiva, de acuerdo a la investigación, accedió a dólares estadounidenses frente a las restricciones establecidas para operar en el mercado cambiario, “valiéndose de la utilización de cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, a quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio”, recalcó la fiscalía.
Según los investigadores, las cuentas eran utilizadas para bancarizar ventas de divisas “marginales, y tener acceso a dólares en efectivo a través del dólar MEP, además de canalizar pagos de terceros y efectuar consumos personales”. Como ejemplo, se señala que las transferencias recibidas (3.653 con personas físicas y jurídicas) fueron por $305.148.945,98; mientas que las enviadas (340 con personas físicas y jurídicas) generaron una salida por un total de $84.273.641,78.
Divisas, 39 tarjetas de débito y viajes
En septiembre del 2023, la Policía de Santa Fe allanó un departamento situado sobre calle Sara Pinasco de Julierac del Complejo “Amarras Center”, en un exclusivo condominio de la ciudad de Santa Fe. Allí fue detenido Ángel Yamil Benavídez, oriundo de Diamante y quien es acusado de intermediación financiera no autorizada; defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito en 39 hechos que concurren realmente entre sí; lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, todos en concurso real.
Benavídez, que actualmente permanece con prisión preventiva, fue empleado de la Municipalidad de Santa Fe y también asesor del Concejo Deliberante. En su departamento se secuestraron $28.451.600, 22.035 euros, 23.000 reales y 83.172 dólares, algunos de los cuales contaban con sellos de retiro de entidades bancarias; una máquina de contar billetes, bandas elásticas y bolsas utilizados para el traslado de valores.
Además, hallaron 39 tarjetas de débito del Banco Santander a nombre de diferentes personas, una carpeta con fotocopias de 39 DNI, y chips de líneas celulares fichados con los mismos números que tenían las copias de los DNI.
También se encontraron comprobantes de depósitos en cuenta y transferencias bancarias, tres teléfonos celulares y un equipo informático. Al proceder al allanamiento de la cochera correspondiente al inmueble con el objeto de registrar una camioneta marca Volkswagen Taos perteneciente a Benavídez, en su interior se secuestraron otros 16.800.000 pesos.
Según la investigación, Benavídez gastó casi $4 millones en consumos de tarjetas de crédito en 2022 (más de 18.000 dólares al cambio informal), a lo que debe sumarse la frecuencia de sus viajes al exterior: Holanda, España, Perú, Brasil, Italia y Qatar -para asistir al mundial de fútbol, entre otros destinos, lo que para la fiscalía “indica un patrón claro de liquidez disponible para financiar este nivel de consumos”. Durante sus visitas, también realizaba compras con las cuentas obtenidas bajo nombres de las víctimas.
La intervención de la fuerza de seguridad se concretó por otro motivo: el inquilino había sido denunciado en el Ministerio Publico de la Acusación de la provincia por retención de bienes. Sin embargo, a partir del hallazgo de gran cantidad de “elementos compatibles con la existencia de delitos contra el orden económico y financiero”, se dio intervención al fiscal federal Rodríguez.
Múltiples pruebas
En la causa se acumularon múltiples pruebas documentales, informativas, periciales, testimoniales y materiales para dar cuenta de la operatoria ilícita. En ese sentido, se examinaron informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto de mercadería secuestrada en un local comercial que se utilizaba para captar clientes para créditos; informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA); criptoactivos, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de la Caja de Valores S.A.
Por otra parte, se hizo un relevamiento y búsqueda de las direcciones IP (Protocolo de Internet, que identifica a un dispositivo) usadas para la emisión de facturas electrónicas de Benavídez, consulta a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de Operadores de Cambio Autorizados del Banco Central de la República Argentina, y un listado sobre los titulares y sucursales del Banco Santander correspondientes a las tarjetas secuestradas.
“Nos encontramos en condiciones de sostener que se efectuaron las diligencias investigativas necesarias para tener por acreditado los extremos fácticos que posibilitan reconstruir históricamente la existencia de una estructura dedicada a la realización de actividades de intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, al margen del control estatal portátil”, recalcaron los fiscal Rodríguez y los coadyuvantes Orzuza Kock y Traverso en el requerimiento de elevación a juicio.
Al valorar las circunstancias y naturaleza del hecho, destacaron que “este tipo de delitos encuentran su ámbito propicio en economías regionales caracterizadas por presentar un caudal significativo de actividades marginales, que constituyen un peligro potencial para la integridad física y espiritual del cuerpo social, como consecuencia del accionar de las bancas de hecho que operan sin autorización ni resguardo estatal”
“Cueva financiera”
La Justicia determinó que, de las conversaciones citadas en el expediente, se aprecia que terceros se comunicaron con Benavídez para consultar el precio de divisas, lo que el imputado respondió proporcionando la cotización y la dirección de la oficina, e indicaba que debían preguntar por “Consultora La Resistencia”.
Allí aparece con un rol importante la contadora María Laura Miassi, imputada por intermediación financiera no autorizada; lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad y por haberlo cometido en ejercicio de una profesión; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, en calidad de partícipe necesaria y en concurso real.
En esa línea se resalta que la conducta de la contadora fue fundamental en las maniobras: “Aportó sus conocimientos técnicos en materia contable y específicamente se dedicó a revisar periódicamente la ecuación económico-financiera del negocio ilícito utilizando como método: la registración de cada operación, el control del stock de billetes y el cálculo final de las ganancias obtenidas”, apuntó la fiscalía.
Estas operaciones se concretaban de forma presencial y mediante transferencias bancarias. Otro elemento ilustrativo es que las actividades ilícitas les reportaron significativas ganancias que, también, fueron aplicadas para la adquisición de bienes registrables, todo ello con la finalidad de otorgarles apariencia de licitud.
Esa situación se contrapone con la inexistencia de ingresos lícitos provenientes de otras fuentes suficientes para la adquisición de los bienes identificados en poder de Benavídez, Miassi y la Sociedad de Servicios La Resistencia, integrada por el primero de los nombrados y Quartucci. A eso se suma la emisión de facturación apócrifa en cabeza de Benavídez por parte de la contadora.
Otros imputados
En la causa también fueron imputados Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, por el delito de intermediación financiera no autorizada; y Carlos Raúl Quartucci por lavado de activos de origen ilícito. A todos les atribuyeron distintos roles en las “actividades de intermediación financiera sin contar con autorización” del BCRA, montos que utilizaban “para ser aplicados a operaciones de lavado de activos desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023”.