Cuando el Estado responde y la concesión se borra

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El accidente ocurrido este domingo al mediodía en la zona sur de Concordia, a la altura del kilómetro 248,5 de la autovía, volvió a exponer una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar: cuando la vida está en riesgo, no siempre quienes cobran el peaje están a la altura de las responsabilidades que asumieron.

Una pareja que regresaba hacia Estancia Grande sufrió la caída de su motocicleta tras el reventón del neumático delantero. El saldo fue una mujer de 28 años, Melisa Alegre, con diversas escoriaciones que debió ser hospitalizada, y el conductor con lesiones leves. Un siniestro vial más en las estadísticas, sí, pero con un trasfondo que no puede pasar inadvertido.

Mientras la nueva concesión de Autovías del Mercosur, en manos de Cartellone S.A., exhibe una preocupante falta de previsión y compromiso operativo, fue el Estado el que volvió a dar la cara. Ante la ausencia total de móviles de seguridad, auxilio mecánico y ambulancias propias de la empresa concesionaria, una unidad del sistema público de salud debió intervenir para asistir a la víctima y trasladarla al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Y aquí reside el núcleo del problema: Cartellone S.A. no cuenta con ambulancias, no dispone de auxilio vial y carece de móviles de seguridad, servicios que sí estaban garantizados bajo la concesión anterior. Es decir, administra una autovía clave, cobra peaje regularmente, pero no cumple con los estándares mínimos de seguridad vial. Una concesión que recauda, pero no responde.

Resulta inadmisible que una empresa privada que explota una traza altamente transitada no tenga un sistema propio de emergencias, trasladando esa carga —y ese riesgo— a los municipios y al sistema público de salud, que terminan cubriendo un vacío que no les corresponde. En materia de accidentes, cada minuto cuenta. Y cada demora puede costar una vida.

En este contexto, corresponde destacar la intervención del gobierno de Estancia Grande, que, aun sin jurisdicción directa sobre la autovía, respondió ante la emergencia. Cuando la concesión privada se ausentó, el Estado estuvo presente. Una vez más.

Las preguntas son inevitables: ¿quién controla a la nueva concesionaria?, ¿quién exige el cumplimiento de sus obligaciones contractuales?, ¿cuántos accidentes más serán necesarios para que se entienda que la seguridad vial no es un gasto, sino una responsabilidad ineludible?

La autovía no puede transformarse en tierra de nadie. Mucho menos en una ruta donde el peaje se cobra sin demoras, pero la asistencia brilla por su ausencia. Cartellone S.A. debe dar explicaciones. Y rápido. Porque cuando la ambulancia no llega, las consecuencias no se miden en balances ni contratos, sino en vidas.