La Justicia resolvió rechazar un pedido de habeas corpus presentado por el abogado Pedro De La Madrid, quien había solicitado protección contra una supuesta amenaza a su libertad por parte del fiscal José Arias. El episodio se dio en el marco de una causa por el supuesto delito de Estafa Procesal, donde el controversial abogado está imputado por haberse presentado como heredero en el juicio de sucesión de su ex mujer fallecida, de la cual se había divorciado tiempo antes. Según el fallo, no se encontraron fundamentos legales para habilitar la medida de Habeas Corpus, ya que no existía una amenaza real o actual contra su libertad ambulatoria. Hoy, De La Madrid se presentó a declarar y volvió a pedir la recusación del fiscal.
Pedro De La Madrid alegó temer que el fiscal José Arias fabricara pruebas en su contra para obtener su detención, en el marco de una causa judicial por el delito de estafa procesal: La causa se inicia cuando se denuncia que el abogado se presentó -con su libreta de matrimonio -como heredero en el juicio de sucesión de su ex mujer, fallecida en marzo de 2020, de la cual estaba divorciado y estando en pareja con quien hoy es su actual esposa. En su defensa, el abogado inhabilitado para ejercer su profesión habría dicho que pensaba que un divorcio tenía efectos una vez que estaba inscripto en el Registro Civil, por lo tanto habría considerado que todavía tenía derechos sobre los bienes de su ex cónyuge.
El abogado, que en los últimos años viene recorriendo los pasillos de la justicia en carácter de condenado por otra causa de Estafa Procesal -por la que está pagando una condena de inhabilitación y prisión condicional-, además de otro puñado de imputaciones por delitos diversos, negó haber estado presente en el tribunal en la fecha que el fiscal -según el abogado- le atribuyó ciertas inconductas y pidió su detención, por lo que solicitó la recusación y el secuestro de cámaras de seguridad de tribunales, además de medidas preventivas para garantizar su libertad.
La Cámara de Casación Penal de Concordia, señaló que las cuestiones planteadas por De La Madrid ya habían sido abordadas en el proceso judicial correspondiente. Entre ellas, mencionó que el juez de Garantías rechazó la solicitud de detención formulada por el fiscal y dio curso a la recusación solicitada contra este último.
El fallo destacó que el habeas corpus no es una herramienta destinada a intervenir en procesos judiciales regulares ni a reemplazar a los jueces naturales de una causa. Su aplicación solo es válida en casos donde existan amenazas concretas e ilegales contra la libertad, lo que no se verificó en este caso.
El tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el habeas corpus no puede utilizarse para sustituir decisiones propias de un juez de la causa. Además, se enfatizó que cualquier agravio relacionado con el proceso judicial debe resolverse a través de los recursos previstos en la ley y no mediante vías excepcionales como el habeas corpus.
En consecuencia, la Justicia desestimó «in limine» (sin análisis de fondo) el recurso presentado, considerando que no existe privación, restricción ni amenaza real que justifique su intervención. El fallo dejó claro que las acciones emprendidas por el fiscal se ajustaron al marco legal y que cualquier disputa sobre su actuación debe resolverse en el proceso judicial en curso.
Un largo recorrido por tribunales
Pedro Silvio De la Madrid fue condenado en 2016 a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer como abogado por cuatro años, tras ser hallado responsable de los delitos de Uso de Instrumento Público Falso y Estafa en grado de Tentativa en Concurso Ideal, además de Sustracción y Destrucción de Medios de Prueba en Concurso Real. La condena incluía reglas de conducta, como mantener su residencia actual y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Fiscalía paralela
En mayo de 2023, DIARIOJUNIO informó que la viceintendenta y concejales de Estancia Grande enfrentarían un juicio oral por no presentar sus Declaraciones Juradas. Sin embargo, la abogada Cielo Petit desmintió esta información, argumentando que las notificaciones judiciales eran falsas. Esto llevó al municipio a investigar posibles irregularidades en los correos de notificación que recibían desde supuestas cuentas de la fiscalía, descubriéndose que estos correos eran apócrifos y enviados desde cuentas no oficiales.
El abogado Pedro Silvio de La Madrid, quien oficiaba de asesor legal del municipio, fue identificado como el posible responsable de manipular estas cuentas, actuando en representación de ambas partes en asuntos judiciales y creando una “fiscalía paralela”. Según se denuncia, habría enviado alrededor de 134 correos falsos a funcionarios municipales informando sobre demandas y citaciones judiciales inexistentes, ejerciendo una creciente influencia en la gestión de Estancia Grande, eso sumado a que había sido designado para digitalizar decretos y gestionar el sitio web del municipio.
Además, el municipio presentó una segunda denuncia contra De La Madrid por falsificación de documentos públicos. Se le acusa de crear un decreto falso en el que nombraba a su pareja, Analía Romero, y a su hermana, Daiana Alfonsina de La Madrid, como empleadas de planta permanente, asignando a Romero la misma categoría salarial que la del Intendente.
Pagarés truchos
En septiembre de este año, el abogado Pedro de La Madrid se vio envuelto en un nuevo escándalo judicial debido a una serie de pagarés en dólares presentados en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, todos asociados a ex clientes suyos. Según testimonios, De La Madrid habría manipulado documentos firmados por sus clientes, aprovechando espacios en blanco para rellenarlos con pagarés en dólares. Algunos de estos pagarés, que oscilan entre 10.000 y 80.000 dólares, están a nombre de su esposa, Analía Romero, y de su colega Alejandro Jacobi, quien también firma en algunos de ellos.
La fiscalía del doctor Martín Núñez investiga estas presuntas estafas de gran magnitud, en las que De La Madrid y sus asociados habrían aprovechado la confianza de sus clientes para montar un esquema fraudulento.
Fuente : Diario Junio