CONCORDIA: El municipio se jacta de desalojar ranchos, pero ignora la intrusión de un influyente inversor inmobiliario

La municipalidad de Concordia informó con orgullo que este lunes “liberó y despejó un predio municipal en las calles Maipú y 3 de Febrero.” En el operativo, ampliamente promocionado, participaron la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM), la Unidad Operativa y personal de la Comisaría Tercera. Se trataba de un asentamiento de ranchos de madera, precariamente instalados bajo la Cota 14. No hubo dudas ni titubeos por parte de las autoridades municipales al momento de proceder con el desalojo, demostrando su firmeza cuando se trata de los más vulnerables. Sin embargo, este medio informó sobre una usurpación mucho más sofisticada y, curiosamente, menos urgente para el municipio. Se trata de un terreno de 4.860,69 metros cuadrados, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Concordia, valuado entre 600 y 700 mil dólares según fuentes inmobiliarias consultadas. Este valioso lote, que cuenta con todos los servicios básicos—agua, gas natural, luz, cloacas—ocupa casi una manzana completa y se encuentra estratégicamente ubicado cerca de la Avenida Eva Perón, el hipermercado Carrefour, agencias de autos oficiales, el Regimiento y la escuela privada “La Jirafa Azul.” En este caso, no se trata de “desconocidos” sino del conocido arquitecto Pablo Gadea, uno de los desarrolladores inmobiliarios más destacados de la región, con estrechos lazos con el poder económico y político de la ciudad. 

A través de ingeniosos artilugios administrativos y legales, este renombrado empresario reversionó el cuento de la abuelita y adquirió los derechos y acciones posesorias, además de todos los derechos litigiosos, sobre la lucrativa parcela de 4.860,69 metros cuadrados de una anciana octogenaria de apellido Merro que era su clienta. Esta mujer había enfrentado tres fallos judiciales en su contra, en dos juicios diferentes -en 2007 y 2014, el primero de ellos confirmado en 2010 por la Sala II en lo Civil y Comercial- y ante dos jueces distintos del fuero Civil y Comercial de la ciudad, al intentar acreditar la posesión del inmueble, cuestión que no pudo hacer y espera hacerlo en un tercer intento que se tramita desde febrero del año 2022 en el Juzgado Civil y Comercial 2

El INVyTAM apropió dicho terreno por trámite de “Dominio Eminente” el 21 de julio del año 2023. Luego de conseguir certificados de Provincia, Municipio y Registro de Propiedad y asegurarse que no tenía propietarios. Se hizo la mensura, se inscribió en Catastro de la provincia a nombre del municipio y finalmente se hizo la escritura.

Ante el avance de obras, como un muro medianero y trabajos de limpieza de parte del desarrollador inmobiliario, desde el INVyTAM se encendieron las alarmas y se pidió la urgente intervención a la subsecretaría de Obras Públicas, a la subsecretaría de Legal y Técnica y a la secretaría de Gobierno.  

El 15 de enero, ya con los “derechos adquiridos”, Gadea -por medio de una nota al intendente Azcué- pidió cambiar el tipo de obra, desistir de construir el Galpón de Usos Múltiples para construir una “vivienda unifamiliar para uso propio y de mi familia”, explicó. 

Ante los insistentes reclamos del INVyTAM -y lo dictaminado por la Subsecretaría de Gobierno- para “que se arbitren los medios necesarios para notificar a la señora María Inés Merro y al arquitecto Pablo Benjamín Gadea a fin de que cesen en forma inmediata en cualquiera acto que implique disposición y/o actividad alguna que importe el cambio de destino de los lotes de titularidad del INVyTAM, bajo apercibimiento de realizar las denuncias penales que correspondan”, finalmente el 16 de enero, el Departamento de Obras Privadas notificó a la mujer y el arquitecto para que detengan la obra de calle H. Yrigoyen Nº2425, entre Madre de Calasanz y José Arévalo.

La denuncia de este medio fue realizada hace cuatro meses y, desde entonces, todo sigue igual. El cerco perimetral que construyó el empresario Gadea sigue intacto, delimitando un terreno que, según los papeles, pertenece al municipio. No hubo operativos espectaculares y la estratégia -como tantas veces- parece ser la de dejar que el tema se enfríe mientras en la justicia se tramita un tercer juicio de usucapión. 

Los funcionarios municipales, que se muestran implacables con los débiles pero complacientes con los poderosos, están peligrosamente cerca de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no desmantelar el cerco del señor Gadea y tomar posesión del terreno, al menos hasta que la justicia se vuelva a expedir.

FUENTE: DIARIO JUNIO.

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OTRO CASO CALLADO POR LA GESTION ANTERIOR