Con rechazo del kirchnerismo, una nueva provincia aprobó la Ley de Ficha Limpia

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Con 36 votos a favor y 5 en contra, la iniciativa resultó y ya son siete las jurisdicciones que adhirieron.

Fue durante la segunda sesión extraordinaria del año que los legisladores de Río Negro debatieron y aprobaron el proyecto de Ley de Ficha Limpia, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck y con la contra del kirchnerismo. Se trata de la séptima provincia que aprueba esta iniciativa, dedicada a evitar que personas condenadas por delitos de corrupción sean candidatas o candidatos a cargos públicos electivos.

Pedro Pesatti, vicegobernador y quien presidió la sesión de este miércoles, aseguró que este logro implica “un punto de partida para la reconstrucción de la política argentina”. Además, señaló: “En un escenario donde la política argentina transita una peligrosa pendiente de desconfianza y desencanto, la aprobación de Ficha Limpia impulsada por el Poder Ejecutivo, es el sistema más riguroso del país y de la región, y representa algo más que una declaración de principios: es una decisión concreta y necesaria para garantizar que los representantes públicos estén libres de cualquier sombra de corrupción o deshonra». 

Desde la UCR también festejaron su aprobación: «La UCR felicita a sus legisladores provinciales Lorena Matzen y Ariel Bernatene por su trabajo para lograr que hoy Río Negro sea la séptima provincia en tener Ley de Ficha Limpia. Se sancionó con 36 votos a favor y 5 en contra del kichnerismo». 

Bernatene agradeció «a quienes trabajan incansablemente por la transparencia», y Matzen, presidenta del bloque, redactó a través de sus redes: «¡Es un trabajo de muchos años que por fin da sus frutos! ¡Gran trabajo del partido a lo largo y ancho de la provincia y de la ciudadanía que se puso al hombro esta iniciativa!». 

Dicha ley fue impulsada para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a administrar recursos públicos y promover la transparencia y la ética en la política. La propuesta prohíbe que accedan a estos puestos aquellos condenadas por delitos como corrupción, lesa humanidad, entre otros. Además, los partidos políticos deben exigir a todos los precandidatos y candidatos un Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.