En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.
El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.
“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.
Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.
La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.
A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:
Direcciones Generales Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra. Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo. Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore. Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.
Subdirecciones Generales Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio. Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez. Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello. Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino. Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez. Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo. Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero. Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.
Jefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora. Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday. La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk. Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez. Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente. Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez. Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda. Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina. Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda. Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.
Subjefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich. Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler. Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra. Federal: Crio. Inspector José Luis Luna. Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger. Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos. Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra. Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong. San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.
Hubo una vez, en Concordia, un sonido que volvía a latir después de años de silencio. Era el rumor metálico de los rieles, el soplido cansado pero digno de una locomotora que regresaba, y la emoción contenida de quienes nunca dejaron de creer que el tren podía volver. No era una fantasía romántica ni un capricho nostálgico: era trabajo, era identidad, era futuro.
El sábado 26 de marzo de 2005, después de una década de abandono, el tren volvió a salir desde Concordia hacia la estación del parador Ayuí, en el área de la represa binacional Salto Grande. Más de 170 turistas provenientes de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de Entre Ríos eligieron ese fin de semana largo para ser parte de una experiencia que combinaba turismo, integración regional y reparación histórica.
Detrás de esa postal había algo mucho más profundo: el esfuerzo silencioso y persistente de los ex trabajadores ferroviarios, organizados en la Cooperativa de Trabajo Ferrotur Mesopotámica, nacida en 1997, cuando el ferrocarril entrerriano había quedado herido de muerte tras el cierre del ramal Urquiza en 1992, durante la década menemista. Aquellos hombres habían visto desaparecer su fuente de trabajo, pero no resignaron ni el oficio ni la memoria ferroviaria.
Ferrotur consiguió unidades en desuso en Paraná y las trasladó a Concordia para recuperarlas. Eran coches primera, pullman y un coche turístico que, tras meses de trabajo artesanal, volvieron a rodar. Con ese material, en 2004 pusieron en marcha el tren turístico que partía desde Concordia Central, recorría 17 kilómetros y finalizaba a metros de la represa. Hasta fines de 2008, transportaron cerca de 8.000 personas, desde jardines de infantes hasta escuelas de adultos.
El recorrido no era solo un traslado: era un viaje por la geografía social y urbana de la ciudad. El tren pasaba por el hipermercado, el polideportivo, el kilómetro 6, la Pampa Soler, el Golf Club, barrios de autoconstrucción, el cementerio del Pinar del Campanario, la cantera de Scebola, la villa termal, el autódromo, el puerto y el Campo El Alambrado, hasta llegar a Ayuí. Desde allí, colectivos llevaban a los pasajeros a recorrer la represa y una lancha los paseaba por el lago. Para muchos chicos y chicas fue la primera vez que vieron su ciudad desde los rieles.
Aquel día inaugural de 2005, el entonces gobernador Jorge Busti recorrió parte del trayecto junto a los visitantes y habló de “un puntapié inicial para la reactivación ferroviaria en toda la provincia”. Se anunciaron gestiones ante la Nación, pedidos de máquinas, autorizaciones para cruzar a Salto, ampliaciones de recorridos. Se habló de unir Concordia con Concepción del Uruguay, de Basavilbaso a Paraná, de atraer turismo desde Buenos Aires e incluso de un servicio desde Federico Lacroze hasta el litoral. Algunas promesas se cumplieron por un tiempo. Otras nunca pasaron del anuncio.
La idea original de Ferrotur siempre fue unir Concordia con la ciudad de Salto, pero nunca obtuvieron autorización para cruzar al vecino país. Las gestiones eran complejas: Cancillería, Aduana, Migraciones. Paradójicamente, no había entonces ningún tren de pasajeros argentino que cruzara una frontera internacional. Aun así, la cooperativa formaba parte activa de cada intento de reactivación y asesoraba a la Provincia en los emprendimientos ferroviarios.
En 2008 llegó otro golpe silencioso. En el convenio de comodato se establecía que los coches seguían siendo propiedad de la Provincia y que, si se decidía reactivar el servicio regular de pasajeros, podían ser reclamados. Así ocurrió. Las unidades en mejor estado fueron llevadas a Paraná y utilizadas en los servicios Paraná–Basavilbaso y Paraná–Concepción del Uruguay. Ferrotur quedó sin material rodante y, con ello, sin actividad directa, aunque nunca dejó de ser parte del proyecto ferroviario entrerriano.
Pero lo que sí fue real —y profundamente humano— fue la escena dentro de los vagones mientras el tren existió: el maquinista, el guarda, el encargado de controles, todos ex ferroviarios, atendiendo a pasajeros y periodistas con una mezcla de profesionalismo y emoción difícil de disimular. En sus rostros se veía algo más que satisfacción laboral: era la alegría de volver a escuchar el tren andar. De volver a ser.
Esa reconstrucción paciente y colectiva fue finalmente brutalmente interrumpida cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó el retiro de toda la formación ferroviaria que los trabajadores habían recuperado con años de esfuerzo. No hubo explicaciones claras. No hubo debate público. No hubo respeto por el trabajo realizado ni por los fondos nacionales que habían respaldado el proyecto, cuyo destino aún hoy permanece envuelto en dudas, especialmente frente a las cifras millonarias que posteriormente se anunciaron para la supuesta reparación integral de las vías ferroviarias entrerrianas, jamás investigadas por la Justicia.
Lo que siguió fue devastación. Las formaciones retiradas quedaron abandonadas, desmanteladas y canibalizadas en galpones y playas de maniobras de la ciudad de Paraná. Donde hubo motores en marcha, quedaron hierros oxidados. Donde hubo planificación y esperanza, se impuso la soberbia, el egoísmo y la desidia de un poder político que no toleró una experiencia exitosa nacida desde abajo, desde los trabajadores.
Hoy, ese daño es irreparable. Pero la memoria no.
Este relato no es solo un recuerdo: es un homenaje. A los ferroviarios de Concordia que demostraron que el tren podía volver. Que el Estado podía articular con cooperativas. Que el desarrollo regional no era una utopía. Y también es una denuncia histórica: porque lo que se destruyó no fue solo una formación ferroviaria, sino una oportunidad concreta de integración, trabajo y futuro.
Concordia tuvo un tren. Y quienes lo hicieron posible merecen algo más que el olvido.
Este jueves se realizó el acto de egreso de la XXII° Promoción de Agentes de Policía en Rosario del Tala. 79 funcionarias femeninas se suman a la Policía de Entre Ríos.
El jefe de la Policía, Claudio González, encabezó la ceremonia de egreso de la XXII° Promoción de Agentes. Durante el acto, las nuevas funcionarias juraron lealtad a la Constitución y se realizó el tradicional desfile de cierre.
Además, la ceremonia contó con la entrega simbólica de despachos a seis agentes y el reconocimiento a aquellas que se destacaron por su mérito académico y aptitud física, acompañados por los acordes de la Diana de Gloria.
El acto finalizó con la adopción del dispositivo para el desfile, donde las flamantes agentes de policía marcharon ante las autoridades y familiares presentes, marcando el inicio formal de su carrera profesional en la fuerza de seguridad provincial.
La víctima viajó desde Bariloche tras mantener una relación virtual durante cuatro meses. Fue drogada, dormida y despojada de su vehículo, dinero y pertenencias. La mujer, de 60 años, cuenta con antecedentes por estafas reiteradas bajo el mismo modus operandi.
Un vecino de San Carlos de Bariloche denunció haber sido víctima de una estafa millonaria luego de viajar a Concordia para concretar un encuentro personal con una mujer con la que mantenía contacto virtual desde hacía aproximadamente cuatro meses.
Según consta en la denuncia, el vínculo se había iniciado a través de una aplicación de citas. La mujer, de unos 60 años, manifestaba vivir en la provincia de Corrientes. Tras varias semanas de conversaciones, acordaron verse personalmente el 11 de noviembre en la ciudad de Concordia.
El hombre arribó alrededor de las 20.30 en su vehículo utilitario —un furgón equipado con escalera externa y paneles solares— y se trasladó al departamento que la mujer había alquilado para el encuentro. Cerca de la medianoche la buscó en la terminal de ómnibus, donde la vio por primera vez. Ya en el domicilio, permanecieron conversando hasta que ella le ofreció una pastilla alegando que aliviaría un dolor de cabeza.
De acuerdo al relato de la víctima, se durmió casi de inmediato y recién despertó cerca de las 9.30 del día siguiente. Al hacerlo, constató que la mujer había desaparecido junto con su vehículo, su billetera con documentación personal, su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, por lo que radicó la denuncia policial.
Como dato relevante para la investigación, el denunciante señaló que días antes del encuentro había alojado en su vivienda —a pedido de la mujer— a un joven que se presentó como su supuesto hijo, a quien incluso trasladó posteriormente hasta la provincia de Buenos Aires antes de continuar solo su viaje hacia Concordia.
La investigación y la captura
A partir de la denuncia, se desplegaron intensas tareas investigativas que permitieron identificar a la presunta autora del hecho. El reconocimiento fue posible mediante el análisis de registros de cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia, donde se la observó arribar en un colectivo de larga distancia minutos después de la medianoche.
En paralelo, el vehículo sustraído fue detectado horas más tarde por lectores automáticos de patentes en el puesto caminero Paso Cerrito. Con los elementos reunidos, la fiscalía a cargo del doctor Tscherning solicitó la detención de la sospechosa, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del doctor Bastián.
El pedido de captura fue cumplimentado por la Policía de Corrientes, que procedió a la detención de la mujer —de 60 años— y al secuestro de los elementos robados en Concordia: dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares estadounidenses y la camioneta de la víctima.
Un historial marcado por estafas
La detenida, conocida en el ambiente delictivo y que solía presentarse con el nombre de “Roxana”, cuenta con un amplio prontuario vinculado a estafas bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Según los registros judiciales, se presentaba como abogada y periodista rural y habría actuado de manera reiterada mediante engaños a hombres mayores.
En 2003 ya había sido denunciada en el marco de un caso de secuestro, cuando le habría solicitado dinero a la madre de un estudiante a cambio de información. En 2023 fue condenada a tres años de prisión en suspenso por la falsificación de documentos con el objetivo de apropiarse de una propiedad rural de 35 hectáreas en sucesión, en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.
A fines de 2024 volvió a ser identificada en el marco de hechos ilícitos cometidos junto a dos hombres, quienes la asistían en el saqueo de viviendas. La investigación determinó que utilizaba perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas como Facebook y Tinder para captar a sus víctimas.
Uno de los hechos esclarecidos ocurrió en mayo de 2024 en la ciudad de Corrientes, cuando acordó un encuentro con un hombre contactado por redes sociales. Tras ser invitada a su domicilio, la víctima quedó profundamente dormida luego de compartir unos mates. En agosto del mismo año se registró un episodio similar, repitiendo idéntico modus operandi.
La causa continúa bajo investigación para determinar si existen más víctimas y posibles cómplices vinculados a esta serie de estafas.
La Justicia y el Banco Central investigan a la empresa que un financista cercano al “Chiqui” Tapia le compró a dos concordienses
Los problemas para Maximiliano Ariel Vallejo, el financista preferido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no se limitan a un expediente judicial. El Banco Central tiene un sumario abierto contra ese empresario y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera. Fuentes al tanto de la investigación dijeron que el expediente contra “Centro de Inversiones Concordia” sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.
Vallejo está imputado “en el sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario”, según consta en una denuncia penal que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), revelaron los periodistas Nicolás Pizzi y Ignacio Grimaldi.
Esa presentación agrega que “se resolvió su instrucción sumarial mediante Resolución N° 359, de fecha 3/10/23, firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, por haber incrementado, sin conformidad previa del BCRA, sus tenencias en moneda extranjera”.
El diario La Nación contactó a Ariel Vallejo pero desde su entorno se limitaron a responder que desconocía la denuncia de la Procelac y que no tenía ningún sumario en trámite en el BCRA. El domingo, luego de la revelación de este diario, el empresario publicó un mensaje contundente en WhatsApp: “La traición viene de adentro”.
Ante una consulta, desde el Banco Central informaron que se abrieron una serie de investigaciones de operatorias cambiarias entre 2022 y 2023 que involucran a casas y agencias de cambio con acceso a los dólares de las reservas internacionales. “Hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas”, agregó la entidad comandada por Santiago Bausili, aunque rechazó responder sobre el caso puntual de “Centro de Inversiones Concordia”.
Vallejo, según publicó La Nación, es parte de una causa judicial por lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico. Ese expediente comenzó con una denuncia de la Procelac, a cargo de Diego Velasco. Además de Vallejo, aparecen una empresa constructora, y una casa de cambio de la que fue accionista: “Centro de Inversiones Concordia” operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas, en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.
Esa causa judicial se cruzó con otro expediente incipiente, también por lavado de dinero, contra Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio que sigue preso en la cárcel Ezeiza, y Francisco Hauque. Hace tres semanas, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti del avance del expediente contra Vallejo y otras personas. Los investigadores no encontraron puntos de contacto pero en el mercado aseguran que hay decenas de operaciones cruzadas.
En la causa de Piccirillo, que comenzó como una simple amenaza, hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escucha tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados…”, le dijo Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba. En el entorno de los financistas aseguran que aludían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras.
Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50% de “Centro de Inversiones Concordia”, su hijo el 20%, y Silvia Torrado el 30% restante.
Sus antiguos accionistas, Sergio y Marcelo Yelin, vendieron su participación y al mismo tiempo compraron otra casa de cambio también mencionada en la causa judicial: “Concordia Inversiones”.
La operación le trajo problemas a Vallejo con el Banco Central desde el comienzo. El 2 de marzo de 2022, la entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por “realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados”, pese a que la infracción había ocurrido cuando los dueños eran los Yelin. Ellos también fueron sancionados, con multas de $3,2 millones y $2,4 millones para cada uno.
Cuando le tocó dar explicaciones ante el BCRA, la madre de Vallejo le echó la culpa a los Yelin. “Señala que los nuevos socios no detectaron al adquirir el operador de cambios, la presencia de infracciones que se endilgan en el presente sumario y manifiesta resultar desconocido cualquier obrar que previo al contrato aludido, podría haber constituido un incumplimiento. Agrega que ni la entidad ni los socios actuales de la entidad detentan responsabilidad alguna por las operaciones e infracciones que se habrían cometido con anterioridad”, dice el expediente.
Pese a ese mal comienzo, “Centro de Inversiones Concordia” empezó a operar grandes cantidades de dinero. Apenas inició la gestión de los Vallejo, la firma compró moneda extranjera equivalente a $2,5 millones, cifra superior a la de sus ventas ($715.000).
Esta ecuación desfavorable se revirtió seis meses después. El informe de Entidades no financieras del BCRA refleja que en el primer semestre de 2021, “Centro de Inversiones Concordia” vendió más de lo que compró, tendencia que se repitió en la segunda mitad del año. En ese período, Vallejo se corrió de la agencia, al menos en los papeles, y su madre se quedó con el 70% de la empresa.
En 2022, el dinero operado por las casas de cambio vinculadas a los Vallejo se multiplicó y se encendieron nuevamente las alarmas. El 18 de julio de ese año, los inspectores del Central fueron a una sucursal de Lomas Cambio SAS y se encontraron con un cartel que rezaba: “Nos mudamos a Seguí 780″. Esa dirección llevó a las autoridades a uno de los lugares más importantes en la estructura de negocios de Vallejo, la sucursal de Sur Finanzas de Adrogué.
“Se encuentra un local comercial de dos plantas, que en su frente cuenta con un cartel que dice ‘Sur Finanzas’ y en su extremo derecho menciona otras firmas ‘Valle Business S.A. – Centro de Inversiones Concordia S.R.L. – Roma Inversiones S.A.’”, dejaron asentado los inspectores en el sumario interno.
En Valle Business, Graciela Vallejo figuraba como presidenta y Maximiliano Vallejo como director suplente. Según el registro de comprobantes de facturas apócrifas de la ex-AFIP (ARCA), esta firma emitió documentación falsa.
En el expediente sobre Lomas Cambio SAS declararon varias personas. “El señor Gerardo Carrozza, quien indicó ser el Gerente General de Sur Finanzas” señaló que “la única vinculación que poseen con Lomas Cambio S.A.S. es como cliente de compra-venta de moneda extranjera entre entidades”, dice el sumario.
En tanto, Graciela Vallejo agregó que “Centro de Inversiones Concordia” operó en una sucursal de Lomas Cambio SAS (Diagonal Brown 1239 -Local 7- Adrogué) “durante el período 01-09-2020 hasta el 05-11-2021″. Es decir, desde que los Vallejo adquirieron sus acciones hasta que inauguraron su local en la calle Seguí 780.
La red de empresas de los Vallejo
El segundo semestre de 2022 marcó el punto de despegue para las empresas vinculadas a los Vallejo. “Centro de Inversiones Concordia” reportó que el total de sus operaciones pasó de $6,8 mil millones, en el primer semestre, a $23,8 mil millones.
Informe de entidades no financieras, publicado por el BCRA
En paralelo, el Informe de Entidades no financieras del Banco Central indica que Graciela Vallejo se transformó en la única accionista de la casa de cambio “ARS Cambio”. Tras su desembarco, las operaciones treparon de $534 millones a casi $20.000 millones.
La madre de Vallejo también adquirió el 100% de las acciones de otra casa de cambio muy conocida en la zona zur del Gran Buenos Aires: “Fenus SAS”. Esa firma pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8,4 mil millones en el primer semestre de 2023.
En ese momento, “Centro de Inversiones Concordia” dejó de aparecer en el reporte oficial donde el BCRA informa las compras y ventas de moneda extranjera de las casas de cambio. La fecha coincide con el inicio del sumario del Central contra los Vallejo y Centro de Inversiones Concordia.
Según la información recolectada por la Procelac, ese sumario se impulsó porque la casa de cambio incrementó “sin conformidad previa del BCRA, sus tenencias en moneda extranjera respecto a lo estipulado en el punto 5.9.2. del Texto Ordenado de Exterior y Cambios”. Esa norma determina que las casas de cambio deben solicitar la conformidad del BCRA para poder incrementar sus tenencias en moneda extranjera.
El contador apuntó a los “traidores”
La primera reacción de Vallejo luego de conocida la denuncia de la Procelac llegó el domingo. Publicó un mensaje contundente entre sus amigos de WhatsApp: “La traición viene de adentro”. ¿Se refería a la interna de la AFA?
Vallejo arrancó en la zona Sur del Gran Buenos y creció de manera vertiginosa de la mano del presidente de la AFA. Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y está presente en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso.
Gran parte de las acciones comerciales de la empresa en redes sociales están vinculadas a la AFA. La última fue hace dos meses. “Messi juega su última Eliminatoria y vos podés estar ahí”, decía el posteo. Un jugoso “beneficio” reservado sólo para clientes.
Su próximo objetivo, aseguran en el mundo del fútbol, sería lanzar una tarjeta de crédito junto a la AFA, su principal impulsor. “Se vienen cositas…”, publicó, enigmático, el empresario en junio desde su cuenta de Instagram. En ese posteo se mostraba sonriente junto al capitán de la Selección, Lionel Messi.Fuente: La Nación – Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi
Advierten que la exposición del rostro en perfiles públicos podría facilitar estafas digitales
En ámbitos de ciberseguridad se viene señalando una preocupación creciente: la posibilidad de que grupos de hackers estén utilizando herramientas de inteligencia artificial para reconstruir rostros a partir de fotos publicadas en redes sociales y, con esa información, intentar vulnerar sistemas de verificación de identidad en plataformas financieras como Mercado Pago.
De acuerdo con versiones que circulan entre especialistas y fuerzas de seguridad, esta modalidad consistiría en capturar imágenes claras del rostro de los usuarios —especialmente aquellas que se encuentran en perfiles públicos de Instagram, Facebook o TikTok— para generar modelos faciales sintéticos capaces de engañar ciertos procesos de autenticación. Esto, en caso de ser exitoso, permitiría a los delincuentes ingresar a cuentas digitales y vaciarlas en pocos minutos.
Aunque por el momento no hay confirmación oficial de organismos federales, fuentes consultadas por Análisis Litoral reconocen que este tipo de maniobras son técnicamente posibles con la tecnología disponible y que se encuentran dentro del radar de las investigaciones sobre estafas digitales.
Una advertencia preventiva: limitar la exposición del rostro
En este contexto, algunos especialistas sugieren, como medida preventiva, evitar el uso de fotos personales del rostro en perfiles públicos, dado que esa información podría ser utilizada para entrenar modelos de IA destinados a imitar la biometría facial.
También recomiendan mantener activada la verificación en dos pasos, revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas y restringir la información visible en redes sociales, especialmente cuando se trata de imágenes que podrían servir para falsificar identidades.
Tecnología avanzada y estafas cada vez más sofisticadas
El avance de la inteligencia artificial generativa viene ampliando el abanico de herramientas al alcance de los ciberdelincuentes. La generación de “deepfakes” faciales cada vez más realistas y la capacidad de replicar gestos o rasgos específicos plantea nuevos desafíos para los sistemas de autenticación biométrica, que hasta hace pocos años se consideraban infranqueables.
Si bien no se han difundido casos confirmados que involucren esta técnica en Argentina, distintos organismos de seguridad y expertos privados advierten que se trata de un escenario plausible y que los usuarios deberían adoptar mayores precauciones ante el crecimiento sostenido de las estafas digitales.
El propietario de una cadena de geriátricos de Concordia fue imputado por Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado contra una ex empleada, madre soltera con tres hijos a cargo. Según la denuncia, el hombre la obligó durante un largo período de tiempo a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de dejarla sin trabajo.
Una pericia psicológica oficial describe el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima y el daño persistente que padece hasta hoy, con ansiedad elevada, dificultades para dormir y ataques de pánico. La imputación fue formalizada esta semana, y el acusado hizo uso de su derecho a no prestar declaración.
La víctima, que habló con este medio, contó que trabajó en dos geriátricos de la cadena, uno en calle Corrientes y otro en la intersección de San Luis y Vélez Sarsfield, además de prestar servicios particulares a una interna. Desde el inicio de su relación laboral, comenzó a notar que el empleador la controlaba de manera constante, tanto dentro como fuera del horario laboral. Según sus declaraciones ante la Justicia, el hombre exigía “favores sexuales” como condición para mantener el empleo.
—“Ni bien ingresaba al establecimiento, él me veía por las cámaras y empezaban los mensajes de WhatsApp. Me pedía que le dijera el color de la ropa interior y siempre eran mensajes de contenido sexual”, relató.
El acusado la habría convocado frecuentemente a su oficina, trasladándola al turno noche cuando había menos personal y pocas posibilidades de pedir ayuda. Allí se habrían producido los episodios más graves, siempre bajo la amenaza de perder el empleo.
—“Nunca lo miraba a la cara ni lo tocaba. Me hacía poner las manos en el escritorio y él se ponía detrás. Siempre así”, recordó la mujer.
Sus compañeras notaban su angustia: “Salía agitada, muy ansiosa, temblando”, aseguró.
La víctima también enfrentaba una situación económica precaria, lo que reforzaba su dependencia del empleador. Agobiada por las presiones y el hostigamiento, renunció en febrero de 2024. Tras dejar el empleo, perdió su vivienda y se mudó con sus hijos al garaje de la casa de su madre, y desde entonces sigue viviendo ahí y casi no sale a la calle por miedo cruzarse con su ex empleador, vergüenza y ataques de pánico.
La mujer relató a este medio que no cree haber sido la única víctima de este empresario y que su denuncia podría alentar a otras mujeres a animarse a hablar: “Yo soy la primera que lo denuncia, hubo muchas otras chicas en estos años. Compañeras que arreglaron con plata y renunciaron. Hago público mi caso porque creo que es una forma de protegerme y que otras chicas se animen también a denunciar. Soy la única que lo denuncié por ahora. Imaginate mi miedo. Aislada hace un año y nueve meses por miedo a salir a la calle y cruzarlo, a que me pase algo”.
El delito imputado es Abuso Sexual con Acceso Carnal -reiterado-, tipificado en el artículo 119 del Código Penal, que contempla las agresiones sexuales con penetración y establece penas de seis a quince años de prisión. Se trata de un delito considerado como uno de los hechos más graves dentro de los delitos contra la integridad sexual.
Una pericia oficial concluyó que “el relato fue siempre coherente, estable y sin contradicciones”, y detalla un impacto traumático profundo sobre la víctima, con ansiedad, pensamientos negativos persistentes y miedo a interactuar socialmente. Según se desprende, la necesidad de sostener un alquiler y mantener a sus hijos fue utilizada como herramienta de coerción por el presunto abusador.
—“Sabía que estaba mal, pero no tenía opción. Tenía que mantener a mis hijos y pagar el alquiler. No podía hacer otra cosa”, recordó la mujer, reflejando la dependencia económica que facilitó la explotación.
La causa judicial está a cargo del fiscal auxiliar Mauro Jaume, con querella del abogado Diego Briceño. El defensor del imputado es Leopoldo Lambruschini, reconocido penalista de Paraná y tal vez uno de los letrados más influyentes de la provincia, habituado a moverse en causas donde se cruzan política, poder y dinero. Su trayectoria lo ubica en el centro de algunos de los procesos más ruidosos de los últimos tiempos: defendió a José Humberto Flores en un caso de dádivas donde los principales imputados fueron el ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; tuvo a su cargo la defensa del contador Juan Domingo “Palito” Orabona, ex responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado, acusado en la causa por el escándalo de los “contratos truchos” en la Legislatura; ejerció la defensa en causas de corrupción del exdiputado provincial y referente del gremio UPCN José Ángel Allende, y también fue defensor de la «fiscal anticorrupción» Cecilia Goyeneche en el jury que terminó destituyéndola.
En paralelo a esta causa penal, se tramita un juicio laboral ante el Juzgado de Trabajo Nº4, a cargo del Dr. Roberto Masara, por incumplimientos de derechos laborales que también serían un reflejo de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, informó que finalizó con éxito el operativo para el ordenamiento y traslado de vehículos preventivamente secuestrados.
La acción tuvo como objetivo principal liberar el espacio y subsanar la mala imagen que generaba la acumulación de autos sobre la banquina de la ruta nacional 12 y en el predio adyacente al puesto de control vial Brazo Largo, un punto neurálgico en el ingreso a la provincia.
El operativo, que se extendió desde el 14 de abril hasta el pasado 8 de octubre, fue ejecutado bajo la coordinación de la Policía y resultó en el movimiento de un total de 175 unidades.
Para la realización del traslado, se requirió una importante logística, que incluyó la utilización de los móviles policiales 1439 con tráiler, la Grúa Policial (Móvil 292) y el Móvil 811. La tarea fue posible gracias a la colaboración interinstitucional con Vialidad provincial y nacional.
Con 600 efectivos desplegados, se realizan 54 allanamientos simultáneos en Concordia por una causa que investiga la venta ilegal de armas y drogas a través de redes sociales. Hay al menos 20 detenidos y secuestraron más de 20 armas de fuego.
Una megainvestigación judicial y policial derivó este miércoles en un operativo sin precedentes en Concordia, con 54 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. La causa, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta, apunta a desarticular una organización delictiva que se dedicaba a la venta ilegal de armas y drogas a través de redes sociales.
El procedimiento, encabezado por la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, comenzó durante la madrugada y contó con la participación de alrededor de 600 efectivos policiales de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos, incluyendo grupos especiales, unidades motorizadas, y Policía Científica.
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, también se encuentran presentes en los allanamientos. Desde la fuerza provincial destacaron que se trata de un operativo inédito por su magnitud y alcance territorial.
Según datos preliminares los uniformados secuestraron al menos 20 armas de fuego de diverso calibre, municiones, chalecos antibalas, motos con pedido de secuestro por robo y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.
Además, unas 20 personas fueron detenidas y quedarán a disposición del Ministerio Público Fiscal. “La causa se inició en el marco de una investigación por la venta ilegal de armas de fuego, vinculada a los más de 200 armamentos secuestrados en distintos operativos desarrollados a lo largo del año”, confirmó el jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli.
El funcionario explicó que la investigación permitió establecer una red que comercializaba armas y municiones a través de redes sociales, con un circuito de compra-venta que incluía intermediarios y potenciales compradores.
En un impactante operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), un hombre fue rescatado tras haber vivido en condiciones de esclavitud durante una década en un campo rural del departamento Victoria, provincia de Entre Ríos. El sujeto era obligado a trabajar bajo régimen de servidumbre, sin recibir salario ni acceso a condiciones básicas de vida.
El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la PFA, bajo directivas del Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Ángel Martín y la secretaría del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer. Las diligencias incluyeron allanamientos simultáneos en las localidades de Victoria y Gualeguay, que culminaron con la detención del presunto explotador y el secuestro de elementos de interés para la causa.
Diez años de explotación y abandono
La investigación comenzó a partir de una denuncia de vecinos de la zona rural, quienes alertaron que un hombre vivía en una tapera sin agua, luz ni gas, y que era obligado a realizar tareas de siembra, cosecha y cuidado de animales bajo extensas jornadas laborales.
Tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores confirmaron la situación de explotación y aislamiento extremo. La víctima relató que vivió en esas condiciones durante unos diez años, sin recibir dinero, alimentándose de animales silvestres y agua de estanques, a más de ocho kilómetros del poblado más cercano.
Asistencia y contención
Una vez rescatado, el hombre fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Actualmente, permanece bajo resguardo y atención médica.
Por su parte, el detenido fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.
Compromiso en la lucha contra la trata
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal destacaron a 7Paginas, que este operativo ratifica el compromiso del Estado en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas, reafirmando la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento integral a las víctimas.
El caso conmocionó a la región por las condiciones inhumanas en las que la víctima fue hallada, recordando que aún existen situaciones de esclavitud moderna en ámbitos rurales del país.
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