En el marco de los Operativos de Control en Rutas que dispone la Jefatura de Policía de Entre Ríos, bajo las órdenes del Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia que encabeza el Dr. Néstor Roncaglia, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (DGPSV) informó una serie de procedimientos realizados entre el 18 y el 24 de noviembre en puestos de control de toda la provincia.
La labor se enmarca en un esquema continuo de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad vial, desplegado sobre rutas provinciales y nacionales.
18/11/25 – Cigarrillos electrónicos sin aval aduanero y secuestro vehicular
Paso Cerrito – Infracción al Código Aduanero
A la 1.30 de la madrugada, personal del Puesto de Control Vial Paso Cerrito detuvo un Chevrolet Zafira conducido por un hombre de 45 años, oriundo de Eldorado (Misiones). Tras la verificación de rigor, se hallaron 220 cigarrillos electrónicos de origen extranjero, sin documentación respaldatoria. La Aduana Concordia tomó intervención y dispuso el secuestro de la mercadería, iniciando actuaciones por tenencia injustificada con fines comerciales.
Pedido de Secuestro Activo – Chevrolet Onix
Ese mismo día, a las 20.10, se retuvo un Chevrolet Onix Joy manejado por una mujer de 45 años, residente en Castelar (Buenos Aires). El sistema MINSEG/SIFCOP detectó un pedido de secuestro activo solicitado por la Unidad Fiscal N°2 de Morón. La Fiscalía de Chajarí ordenó el secuestro y la identificación de la conductora.
19/11/25 – Robo automotor y pieza de arma sin documentación
Paso Cerrito – Pedido de secuestro vigente
Se detuvo un Volkswagen Fox conducido por una mujer de Cañuelas (Buenos Aires). Los sistemas informáticos arrojaron un pedido de secuestro de fecha 04/07/2022, por una causa de Robo Automotor. La Fiscalía de Chajarí dispuso el secuestro del rodado.
Paso Telégrafo – Pieza de arma de fuego
Personal policial identificó un Chevrolet Astra, cuyo conductor trasladaba una culata de escopeta Centauro con sistema percutor, sin numeración ni documentación. La Fiscalía de La Paz ordenó el secuestro e inició actuaciones por infracción al art. 189 bis del Código Penal.
20/11/25 – Huevos sin documentación y detenido con pedido de captura
Mabragaña – Transporte irregular
Se controló un Mercedes Benz tipo furgón que trasladaba 6.030 huevos sin habilitación de SENASA ni documentación de traslado. La Dirección de Producción Animal formalizó el acta y ordenó regresar la carga a origen.
Tala – Pedido de captura
Durante un control rutinario, se identificó a un hombre proveniente de Misiones, sobre quien pesaba un pedido de captura por Robo en grado de tentativa, solicitado por el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas. Fue notificado y quedado a disposición de la Justicia.
21/11/25 – Asociación ilícita y pesca ilegal
Santa María – Pedido de captura
Se detuvo un Chevrolet Prisma conducido por un hombre de Sauce Viejo (Santa Fe). SIFCOP registró un pedido de captura vigente por asociación ilícita y estafas reiteradas. La OGA Paraná tomó intervención y notificó al involucrado.
Gualeguaychú – Pesca de especies vedadas
A las 18.30 se retuvo un Toyota Corona GLI que llevaba 30 kg de pescado (Tararira, Dorado y Surubí), dos especies en veda. Se labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Pesca N° 4.892 y normas complementarias.
21/11/25 – Menudencias sin cadena de frío (Victoria)
Un camión Iveco con semirremolque térmico trasladaba 3.334 kilos de menudencias vacunas sin frío debido a la rotura del equipo. Se labró el acta correspondiente y se dio intervención a Prevención de Delitos Rurales.
22/11/25 – Armas y animales silvestres: secuestro en Mabragaña
Se detuvo un Renault 12 con dos ocupantes. En el interior se hallaron dos carabinas calibre .22, municiones y, en el baúl, dos animales silvestres: un ciervo axis y un carpincho. Al no contar con documentación ni calidad de legítimos usuarios, la Fiscalía ordenó el secuestro por tenencia ilegal de armas (Art. 189 bis).
23/11/25 – Paso Cerrito: Secuestro de una Fiat Toro
A las 16.30 se detuvo una Fiat Toro Freedom, cuyo conductor viajaba desde Misiones a Buenos Aires. MINSEG/SIFCOP registró un pedido de secuestro vigente del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Campana. La Fiscalía de Chajarí dispuso el secuestro.
24/11/25 – Paso Cerrito: Secuestro de Volkswagen Suran
Una Volkswagen Suran conducida por una mujer de Chajarí presentaba un pedido de secuestro de 2021 solicitado en Córdoba por una causa de Robo Automotor. Se concretó el secuestro y se identificó a la conductora.
Resultados generales del fin de semana
Controles de alcoholemia
Se realizaron 4.172 controles en toda la provincia, arrojando 26 resultados positivos. Rige la Ley Provincial 10.460 – Alcohol Cero, que establece tolerancia cero para conducir en todo Entre Ríos.
Balance 2025 de la DGPSV
479 vehículos secuestrados
42 armas de fuego incautadas
84 detenidos
Movilidad en rutas
Entre el 20 y el 24 de noviembre se registraron:
39.536 vehículos ingresados
32.099 vehículos egresados
“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tardó seis años para dictar un fallo de seis renglones, en una causa de corrupción de alto impacto en Entre Ríos. Se trata de las condenas de prisión efectiva que recibieron en 2018 el exvicegobernador del PJ, Héctor Alanís, y el exsenador de la UCR, Humberto Re, por el desvío de más de 6 millones de pesos/dólares del Senado provincial, entre 1988 y 1999. Aquella tardía sentencia (18 años después de los hechos) aún no está firme. Una discusión sobre los jueces que deben integrar la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se resolvió hace un mes por el máximo tribunal del país, donde se había presentado un recurso en 2019.
Pasaron dos gobiernos y medio y una pandemia, entre otros hechos relevantes, hasta que la Corte resolvió que aquel recurso no estaba bien fundamentado, por lo que devolvió el expediente a Entre Ríos. Ahora, los vocales de la Sala Penal del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak, a quienes les rechazaron la excusación para intervenir, junto a un tercer vocal (la excusación de Miguel Ángel Giorgio había sido aceptada) deberán resolver acerca de las críticas a la sentencia condenatoria presentada por los abogados defensores.
Las condenas por hechos de corrupción ocurridos más de un cuarto de siglo atrás, aún no están firmes.
La causa, desde su inicio, fue dilatada y cajoneada durante los primeros años. En 2013, la jueza de Instrucción Marina Barbagelatta dictó el procesamiento de Alanís, Re y los demás imputados (el sobrino del exvicegobernador Maximiliano Alanis; el exdirector administrativo del Senado, José Crettón Pereyra, y el exlegislador Elcio Viollaz), por Peculado. Esta resolución fue anulada al año siguiente por el Tribunal de Apelaciones, integrado por Elvio Garzón, Hugo Perotti y Miguel Ángel Giorgio, quienes dictaron el sobreseimiento de los acusados. Luego, la Sala Penal del STJ revocó este sobreseimiento con el voto de Carubia y Carlos Chiara Díaz, mientras que Mizawak se abstuvo debido a esta mayoría en el fallo. En 2015 los exfuncionarios fueron procesados nuevamente. Viollaz falleció en 2014.
En 2018 fue el juicio: Maximiliano Alanis y Crettón Pereyra firmaron un juicio abreviado y acordaron 2 años y 8 meses de prisión condicional. Luego del debate, donde la Fiscalía pidió 5 años y medio de cárcel para los dos principales involucrados en la trama de corrupción, se dictó la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Los defensores recurrieron esta sentencia y llegaron a la Sala Penal del STJ, donde la causa se volvió a empantanar.
¿Qué pasó? Los tres actuales vocales de esta Sala se excusaron por ya haber intervenido en el proceso. Se conformó un tribunal para analizar estas excusaciones: se la aceptaron a Giorgio (porque había dictado el sobreseimiento en aquella oportunidad cuando era juez de la apelación) pero se la rechazaron a Carubia y a Mizawak, por considerar que nunca se expidieron sobre la cuestión de fondo de la causa. Lo curioso es que no solo los jueces querían apartarse, sino también los defensores y el Ministerio Público Fiscal. Es decir, todos, con el fin de garantizar parcialidad en la sentencia final.
El procurador general de Entre Ríos Jorge García acudió ante la Corte Suprema nacional por este conflicto (el recurso fue acompañado con el visto bueno de la defensa), en 2019, cuando la causa volvió a dormir el sueño de los justos. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen de ocho páginas en el cual consideró que debía hacerse lugar al recurso y revocar la decisión criticada por todas las partes.
Enfatizó que “la garantía a un tribunal imparcial es un elemento del derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio”.
Sostuvo que García “lleva la razón, en tanto el trámite de las actuaciones respalda el temor de parcialidad alegado” y que el caso “puede comprometer los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de corrupción”.
Casal consideró que la cuestión era “evidente en el caso de la excusación del juez Carubia”, ya que “evaluó la fiabilidad de los testimonios y la prueba documental”. Respecto a Mizawak, indicó que aunque se abstuvo de votar en la resolución final que anuló el sobreseimiento (debido a la coincidencia de los dos votos anteriores), ella intervino activamente a lo largo de todo el procedimiento de impugnación.
Finalmente, el 23 de octubre de 2025, los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, resolvieron “que el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentación autónoma (artículo 15 de la ley 48). Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación interino, se lo desestima. Notifíquese y devuélvase”.
Ahora sí, la Sala Penal del STJ entrerriano deberá resolver finalmente si queda firme o no la condena por el escándalo del robo de dinero del Senado provincial hace 26 años.
El nuevo formato digital del Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios permitió depurar la base de datos, concentrar la pauta en prestadores activos y fortalecer la transparencia y eficiencia de la comunicación pública.
Hace pocos más de tres meses, el Gobierno de Entre Ríos concretó una transformación profunda en el sistema de registro de proveedores de espacios publicitarios, a partir de la implementación del nuevo Registro Digital, que reemplazó al esquema vigente desde 2009.
Hasta el momento, son 482 los proveedores que han ingresado al nuevo sistema, cifra que refleja una reducción cercana al 70 por ciento. Este cambio no es solo una cuestión numérica: detrás de cada registro se advierte un proceso de transformación. En esta nueva etapa digital, la mayoría de los proveedores históricos volvió a inscribirse y actualizó sus datos, renovando su vínculo con el sistema.
Al mismo tiempo, se sumaron nuevos actores, provenientes tanto del ámbito provincial como nacional, que aportan diversidad y fortalecen la red de servicios y oportunidades que comienza a consolidarse en esta plataforma renovada.
Según se informó desde la Secretaría de Comunicación y Prensa, este proceso forma parte de una depuración integral de la base de datos, con el propósito de orientar la pauta oficial hacia proveedores verificables, formales y activos.
“Este proceso no busca excluir. Tener un registro digital, confiable y actualizado nos permite administrar la pauta con criterios objetivos y eficiencia administrativa”, señaló el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman.
El nuevo sistema permitió además centralizar toda la gestión de la pauta, desde la inscripción y cotización hasta la certificación y facturación, garantizando trazabilidad completa y menor margen de error. También facilita la baja de registros inactivos y el seguimiento en tiempo real de los trámites.
Cabe mencionar que el Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios fue creado por ley 11.043 y es único para toda la Administración Pública. El Registro Digital 2025 representa un paso clave hacia una política de comunicación pública moderna y transparente, que fortalece la relación institucional con los proveedores y optimiza el uso de los recursos destinados a la pauta oficial.
El movimiento turístico durante este fin de semana largo fue muy alto en toda la provincia. Algunos destinos alcanzaron entre el 90% y el 100% de ocupación.
Entre Ríos volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un promedio estimado de ocupación del 95% en las principales ciudades y complejos turísticos.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que el balance fue “muy bueno y nos alegra mucho”. Sostuvo en ese marco, que “el trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos”.
Los informes enviados por el sector privado detallan que localidades como Colón, Federación, Santa Ana, Villa Elisa, Rosario del Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y los complejos termales registraron niveles de ocupación que fueron del 90% al 100 %, consolidando un movimiento turístico muy favorable para la provincia.
Estos resultados reflejan el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación que lleva adelante el Gobierno provincial junto a municipios y prestadores turísticos.
La Justicia aplicó 16 años de cárcel a Mariano Acuña, abogado en Gualeguay, dirigente deportivo, formador en Ley Micaela, profesor en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Unviersidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), consejero directivo por el claustro docente y a cargo de la cátedra de Derechos Humanos. Lo condenaron por prostituir adolescentes, a quienes citaba en su vivienda, les daba droga -marihuana, clonazepán-, los abusaba y les sacaba fotos. Cuando allanaron su vivienda, el 24 de diciembre de 2024, encontraron pend drives con más de 8.000 fotografías.
Desde que su casa fue allanada, en la previa de la Nochebuena de 2024, Acuña está detenido, primero en la Jefatura de Policía de Gualeguay, y ahora en la Unidad Penal N° 9, de Gualeguaychú, ya con condena firme por cuanto hubo juicio abreviado.
La causa se caratuló “Acuña Mariano Blas s/ Grooming reiterado, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual con acceso carnal y en grado de tentativa, abuso sexual simple, corrupción de menores reiterada, suministro de estupefacientes a título gratuito reiterado, producción de pornografía infantil reiterada, privación ilegítima de la libertad reiterada”.
En audiencia que se realizó el miércoles 12 del actual, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay Roberto Javier Cadenas refrendó un acuerdo de juicio abreviado que celebraron la fiscal Mariángeles Schell, el querellante Ricardo Monzón y el defensor de Acuña, Javier Ronconi. Fueron cuatro hechos gravísimo de corrupción de menores, suministro de estupefacientes y producción de pornografía infantil por los que se lo condenó a 16 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
La Justicia entrerriana vuelve a exhibir su peor rostro: el de una estructura lenta, temerosa, burocrática y funcional a los poderosos. Cada vez que un caso de corrupción golpea las puertas del poder político, el sistema judicial responde con una combinación letal de dilaciones, tecnicismos y tibiezas que vacían de sentido cualquier expectativa de verdad o reparación. Y la llamada megacausa de las Coimas, que arrastra hace más de una década el lastre del urribarrismo, no es la excepción: es la prueba más dolorosa de una decadencia institucional que ya nadie puede disimular.
Porque mientras los fiscales reconstruyen con detalle quirúrgico el circuito de coimas, sobreprecios, favores, dinero en efectivo, cheques triangulados, objetos de lujo y pasajes comprados a funcionarios, el exgobernador Sergio Urribarri está hoy en su mansión, riéndose del sistema, ostentando una reclusión domiciliaria VIP que indigna a la mayoría de los entrerrianos. Las imágenes que circulan desde hace meses —asados, reuniones políticas, tertulias con dirigentes que buscan congraciarse con un condenado por corrupción— describen con crudeza el estado actual de la Justicia: es tan débil con los poderosos como implacable con los ciudadanos comunes.
Un sistema que no se anima a encarcelar al poder
El contraste es brutal: mientras cualquier entrerriano de a pie va preso por muchísimo menos, el dirigente señalado como el cerebro de una estructura de recaudación ilegal millonaria sigue libre, activo, influyente y protegido. ¿La razón? Una Justicia que evita enfrentar a quienes acumulan años de conexiones políticas, empresariales y judiciales. Un sistema que parece más preocupado en resguardar privilegios que en honrar la Constitución.
La reciente resolución de la Cámara de Casación Penal —que rechazó el sobreseimiento solicitado por las defensas de Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros— fue presentada por algunos sectores como una señal de avance. Pero el trasfondo es otro: el proceso sigue empantanado, el tiempo juega a favor de los imputados, y la ciudadanía observa cómo la impunidad se mantiene intacta.
Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel cerraron la vía de la queja. Una decisión correcta en lo técnico, pero insuficiente en lo político. Insuficiente frente al clamor social que exige una Justicia que deje de mirar para otro lado “cada tanto” y empiece a actuar con la fuerza que corresponde en causas donde se usó y abusó del dinero público.
Una causa monumental, un sistema vergonzosamente lento
La causa investiga un esquema organizado de coimas, sobornos, retribuciones ilegales y beneficios personales que se extendió durante todo el urribarrismo. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cómo, licitación tras licitación, se montó un sistema matemático de corrupción: porcentajes fijos, PLM distribuidos como sueldos paralelos, sobreprecios planificados y una cadena de favores cuyo cálculo total —según informes contables— implica millones de pesos desviados del Estado provincial.
Las pruebas son tan abrumadoras que incluyen:
correos electrónicos
mensajes internos
planillas con distribución de coimas
asientos contables
pagos en efectivo
cheques triangulados
compras de objetos de lujo
pasajes aéreos para funcionarios y familiares
entregas de dinero en las oficinas del empresario Cardona
la trama de empresas asociadas para simular servicios
el vínculo directo entre Cardona y Urribarri, con comunicaciones a través de líneas telefónicas a nombre de terceros
Todo está documentado. Todo está probado. Y aun así, el exgobernador continúa sin pisar una cárcel.
Una Justicia que se esconde detrás del reglamento
Las defensas presentaron una interminable serie de recursos, recusaciones y planteos de nulidad. Y el sistema judicial entrerriano respondió como siempre: con laberintos procesales, con resoluciones que miran más la letra chica que la gravedad institucional del caso, con decisiones que evitan avanzar con fuerza y con un uso del “gravamen irreparable” como comodín para la inacción.
El juez de Garantías Julián Vergara rechazó pruebas pero también sostuvo que la denegatoria del sobreseimiento no es apelable. El juez Brugo confirmó luego esa postura. Casación cerró la vía. Y pese a que todo suena a avance, la maquinaria real se mueve a paso de tortuga, con un juicio oral que se anuncia pero nunca llega.
Mientras tanto, la sociedad entrerriana asiste a un espectáculo indignante: un exmandatario condenado en otra causa (las “Causas unificadas”), procesado en esta megacausa de coimas, y con acusaciones de 10 años de prisión efectiva, viviendo sin sobresaltos, recibiendo visitas políticas y ejerciendo influencia real sobre sectores del peronismo que lo siguen considerando un “jefe”.
El divorcio total entre la Justicia y la sociedad
La decadencia ya no es abstracta: es palpable. Una Justicia que no le habla a la gente, que no responde a su demanda de integridad, que no actúa con celeridad ni capacidad, que no se planta frente a un poder político que durante años colonizó sus estructuras.
La imagen no podría ser más simbólica: Urribarri en su mansión, entre privilegios y asados; la Justicia entrerriana, entre expedientes y excusas. Y en el medio, millones de entrerrianos que pagaron —literalmente— las coimas con las que se enriqueció un pequeño círculo.
La pregunta es simple: ¿cuántas pruebas más hacen falta para que la Justicia actúe con la firmeza que la sociedad exige?
La respuesta, lamentablemente, la conocemos todos.
La Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urrinarri, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicados en la megacausa de las Coimas, y con pedidos de condena de 10 años de cárcel para el primero, y 9 años de prisión para el segundo.
Los defensores habían llegado en queja a Casación luego del rechazo al planteo casatorio efectuado por parte del juez de juicio Santiago Brugo y en el que, entre otros planteos, perseguían que se dictase el sobreseimiento de Urribarri en esa investigación penal. Con el votos de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, la Cámara de Casación Penal les cerró esa vía.
“Por todo ello -dice la resolución de la Cámara-, estando suficientemente fundamentado el rechazo de los recursos casatorios oportunamente interpuestos, y no verificándose que se haya descartado erróneamente un supuesto válido para habilitar la instancia casatoria; al no verse configurado tampoco prima facie un gravamen irreparable que justifique adelantar la jurisdicción de esta Cámara; y atendiendo también al principio taxativo que rige en relación a la admisibilidad de esta instancia, siendo imprescindible la constatación del mentado gravamen irreparable, o afectación tal que permita excepcionar las reglas generales (todo lo cual no se verifica en autos), corresponde rechazar las quejas interpuestas”.
El 5 de junio último, al resolver la remisión de la megacausa a juicio, con pedido de condena a 10 años de cárcel para Urribarri y 9 años para Cardona Herreros, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara desechó distintos planteos de las defensas, a saber: no hizo lugar a la exclusión de pruebas cuya admisibilidad fuera cuestionada por los abogados defensores; rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado; y también denegó el pedido de nulidad del requerimiento fiscal.
El 5 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Nicolás Brugo revisó a pedido de las defensas esa resolución de Vergara y la dejó firme. También, rechazó un recurso de queja. Ante esa resolución, lo defensores fueron con un recurso de casación, que el magistrado tampoco aceptó, y entonces le quedó la vía de la queja.
Las defensas entendieron que la resolución de Brugo, a la que consideran «arbitraria», no trató «todos los agravios sin argumentos concretos». Señalaron que «está en juego aquí la garantía del debido proceso que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de la ley». Y señalaron que «estamos ante un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior en razón de la violación a la garantía del debido proceso».
En su resolución, Brugo señaló que el ordenamiento legal «dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable».
El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.
Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.
El caso ya fue elevado a juicio oral el 1º de agosto, aunque por vía separada las defensas recusaron a los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incidente que de momento no ha sido resuelto.
A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.
En la resolución, el magistrado planteó que “no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por los señores defensores de los encartados Sergio D. Urribarri, Diego A. Cardona Herreros, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone contra la resolución que le denegó el sobreseimiento puesto que esta no se encuentra incluida dentro de los supuestos expresamente previstos por el ritual para la procedencia del recurso ni se encuentra dentro decisiones que se declaran apelables”.
El juez recordó que la ley “habilita el recurso de apelación pero respecto del sobreseimiento ´concedido´ y ´no el denegado´. Dicha postura fue la adoptada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos ´Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad ´ (…), en donde se dijo: ´En esa faena, con la simple lectura del artículo 399 del CPP queda claro que sólo resulta apelable por parte del fiscal y el querellante la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podría apelar cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo 397 o se le hubiere impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado, ante su dictado, de que el proceso no afecta el buen nombre y honor’ del sospechado”.
Vergara sostuvo que “el Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable”. Por otra parte, “tampoco resulta apelable el dictado de la resolución que deniega el sobreseimiento dado que ella no causa un gravamen irreparable puesto que la decisión de que el imputado siga sometido a la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo”.
Los defensores también apelaron la resolución dictada el 5 de junio al considerar que dicha decisión les causa un «gravamen irreparable» al no hacerse lugar a la nulidad y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal ya que, según su criterio, la agregación al legajo lo fue en violación a las leyes, especialmente, cuestionan la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales claramente condicionadas, ambas ofrecidas por Fiscalía.
“En este sentido –dijo el juez-, adelanto que el recurso de apelación también debe rechazarse por inadmisible en atención a que lo resuelto en fecha 05/06/25 y admitir como válida la evidencia probatoria ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y fuera cuestionada por los señores defensores no causa gravamen irreparable que habilite la admisión del recurso de apelación”.
En cambio, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ejerce su propia defensa, que puso en crisis la resolución de Vergara que dispuso no admitir una serie de evidencias probatorias propuestas por el mencionado letrado en ejercicio de su defensa propia ya sea en el escrito de contestación ( oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
Qué se investiga
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De todos ellos, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, zafó con juicio abreviado; esa misma beneficiará al exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Miguel Ulrich
La Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, S.E. Bogna Ruminowicz, solicitó personalmente a la Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande, Sra. Silvia Sierak, la extensión de invitaciones formales a gobiernos, universidades, medios de comunicación y empresas de la región, informando esta gestión al Consejero de Asuntos Políticos-Económicos, D. Adam Ryszka. Gracias a esta articulación diplomática, ya han confirmado su presencia instituciones de Argentina y de la República Oriental del Uruguay, reflejando el creciente interés regional por fortalecer vínculos con el Estado de Polonia.
Un encuentro económico y estratégico de máxima relevancia
La Embajada de Polonia en Buenos Aires y la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) organizan el Foro Económico 2025 Polonia–Argentina, que se desarrollará los días 26 y 27 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Acto Oficial tendrá lugar el 26 de noviembre, en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de representantes de gobiernos, instituciones, empresas, universidades y medios de comunicación de ambos países. El 27 de noviembre se realizarán encuentros sectoriales con sesiones B2B en los ámbitos tecnológico, agropecuario, energético y minero, exclusivos para participantes previamente acreditados.
El Foro contará con la presencia del Vicecanciller de Polonia, Marcin Bosacki; el Vicepresidente de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, Paweł Pudłowski; y delegaciones de los Ministerios de Finanzas, Clima y Medio Ambiente, y Bienes del Estado. Participarán además más de 30 empresas polacas líderes, con tecnologías e innovaciones en los sectores energético, minero, agro, espacial, FinTech y SpaceTech.
Participación académica internacional
Tres prestigiosas instituciones académicas polacas ya confirmaron su participación:
Universidad de Varsovia: el Prof. Paweł Wiechetek presentará un programa de cooperación en I+D+i, orientado a bioeconomía, salud y desarrollo sostenible, con especial enfoque en la región de la Triple Frontera (Argentina–Brasil–Paraguay).
NCBJ – Centro Nacional de Investigaciones Nucleares: referente europeo en investigación nuclear, tecnologías espaciales, ingeniería, ciencias ambientales, minería, energía y desarrollo farmacéutico.
Universidad Politécnica de Breslavia: una de las principales universidades técnicas de Polonia, destacada en innovación aplicada, transferencia tecnológica y cooperación con sectores industriales como energía, minería, medicina, IT, ingeniería y tecnologías espaciales.
Interés de la Región de Salto Grande
La Delegación de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la región de Salto Grande celebra la amplia respuesta institucional obtenida. Gobiernos regionales, universidades y medios de comunicación de ambas orillas del río Uruguay ya confirmaron su presencia, fortaleciendo el proceso de integración y cooperación con Polonia.
Contacto
Para mayor información, acreditación tardía o vinculación con empresas e instituciones participantes, comunicarse con: Delegada de la Cámara de Comercio Empresarial Argentino-Polaca en la Región de Salto Grande Sra. Silvia Sierak 📞 03454-134843
La crisis del Partido Justicialista de Concordia dejó de ser una interna partidaria para transformarse en un conflicto institucional, policial y político de una gravedad sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Lo que hasta ayer era una disputa de conducción hoy se convirtió en un escándalo que involucra denuncias de usurpación, intervención policial, registros fílmicos, violencia de género sin intervención judicial y la sombra de viejos operadores políticos que, pese a haber perdido toda legitimidad, buscan volver a controlar un partido que ellos mismos llevaron al abismo.
El inicio del escándalo: las cámaras del PJ captan el ingreso de los consejeros
La secuencia comenzó cuando Facundo Ruiz Díaz, presidente del PJ recientemente destituido por el Consejo Departamental, advirtió a través de las cámaras de seguridad del edificio partidario movimientos irregulares: un grupo de dirigentes ingresaba a la sede en medio de la noche, manipulando accesos y desplazándose en los pasillos internos como si tomaran posesión del lugar.
Las imágenes —según confirmaron fuentes cercanas al titular destituido— mostraban a personas identificadas dentro de la estructura partidaria en momentos en que se ejecutaba la maniobra de cambio de cerraduras y toma de control del inmueble.
Ruiz Díaz, al ver la escena, consultó de inmediato con abogados y radicó una denuncia policial, dando comienzo a un expediente penal que hoy sacude los cimientos de la vida política local.
Intervención policial y resguardo del edificio
La denuncia motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos, que se hizo presente en la sede partidaria y permanece custodiándola para evitar incidentes, a la espera de instrucciones judiciales sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones ejecutadas por el grupo de consejeros.
Según fuentes policiales, el caso está caratulado como posible usurpación, y todas las personas que aparecen en los registros fueron notificadas en el marco de la denuncia.
Los denunciados: quiénes son, a qué responden y qué intereses representan
De acuerdo a la presentación judicial y al material audiovisual, los dirigentes presentes fueron:
Javier Orduna, abogado del PJ, congresal partidario y referente visible del PAR.
Facundo Pérez, consejero suplente e hijo del histórico dirigente gremial “Turco Pérez” (ATE).
Sabrina Masariche, consejera vinculada políticamente a Enrique Cresto.
Fabián Adente, consejero.
Ana Mengarelli (PAR), consejera.
Andrea Brassat (PAR).
Agustín Cáceres (PAR).
Todos ellos están mencionados en la denuncia como presuntos responsables del ingreso irregular y la intención de tomar control material del inmueble, según la carátula policial.
El operativo fue percibido por miembros de la actual gestión como “un avasallamiento brutal, típico de quienes siempre creyeron que el partido era una propiedad privada”.
El dato más fuerte: Orduna y una denuncia de violencia de género sin actuación judicial
En medio de la crisis, sale a la luz un aspecto aún más grave: Javier Orduna, uno de los protagonistas centrales del operativo, tiene una denuncia por violencia de género presentada por la vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, que ya fue asentada en sede judicial.
Lo más escandaloso es que, pese a la magnitud del hecho, no hubo actuación de oficio, ni medidas cautelares, ni movimientos institucionales que garanticen protección o investigación. Silencio total. Y hoy, ese mismo dirigente denunciado por violencia aparece liderando el ingreso a la sede partidaria, ofreciendo un cuadro de impunidad que genera indignación profunda dentro del partido.
“Es una persona violenta, que actúa siempre al límite. Si no se hace lo que él quiere, lo intenta imponer por la fuerza”, señalan fuentes internas de la actual gestión que aseguran sentirse amenazadas y avasalladas.
Cresto y Giano: los titiriteros de una dirigencia sin autoridad moral
En medio del caos, resurge una sospecha que para muchos en el peronismo ya es certeza: Enrique Cresto y Ángel Giano, dos figuras centrales del peronismo local que perdieron toda credibilidad social y partidaria, estarían operando desde las sombras la maniobra destituyente.
No aparece en fotos. No firman documentos. No levantan teléfonos públicamente. Pero los movimientos del sector vinculado a ellos, los nombres alineados a sus estructuras y la lógica política de la operación apuntan directamente en esa dirección.
El diagnóstico interno es despiadado:
Cresto, señalado como el “mariscal de la derrota”, perdió toda legitimidad y arrastra un nivel de rechazo incluso entre la propia militancia.
Giano, desgastado por años de internas y alianzas pendulares, aparece como parte del mismo modelo agotado.
Ambos son considerados por gran parte del PJ como responsables históricos de la pobreza estructural y la desocupación crónica de Concordia, cuyos indicadores de miseria se consolidaron durante sus gestiones.
Son dirigentes que “se cagaron en la gente”, dicen hoy jóvenes militantes, resumiendo una década de frustraciones acumuladas.
Lo paradójico —y ofensivo para muchos afiliados— es que quienes condujeron el peronismo a su peor crisis política, social y electoral en décadas, buscan ahora volver al control partidario, incluso si eso implica operaciones de fuerza, atropellos legales o el uso de sectores juveniles como punta de lanza.
Un partido dividido entre la renovación real y la decadencia histórica
En este escenario, la disputa no es generacional, sino moral: un sector de jóvenes militantes realmente renovadores —como Orduna en el discurso pero no en sus acciones— intenta tomar el partido con métodos cuestionables, mientras otros jóvenes rechazan las prácticas violentas y la tutela de estructuras vetustas como las de Cresto y Giano.
La sociedad observa, los afiliados murmuran, y el PJ sigue hundiéndose en su propio laberinto.
¿Qué queda después? Una interna que ya no es interna
El PJ Concordia enfrenta hoy:
Denuncias penales por usurpación.
Denuncia de violencia de género sin tratamiento judicial.
Policeía resguardando la sede.
Cámaras de seguridad como prueba central.
Ingresos nocturnos registrados en video.
Figuras que perdieron legitimidad intentando recuperar poder.
Una ciudad devastada socialmente por los mismos dirigentes que ahora reaparecen.
El peronismo local no atraviesa una interna: atraviesa una crisis ética, una fractura de autoridad, una disputa por el control de los despojos de un modelo agotado.
Conclusión: el dilema no es la presidencia del PJ, es Concordia
El verdadero debate ya no es quién se sienta en el sillón de la sede partidaria. El debate es otro:
¿Va a seguir Concordia prisionera de los dirigentes que la hundieron en décadas de pobreza, desocupación y manipulación política? ¿O podrá, de una vez por todas, romper el círculo de decadencia que hoy estalló en una causa penal?
La primicia está en marcha. El expediente también.
Un nuevo capítulo en la interminable saga del PJ de Concordia tuvo lugar en las últimas horas. El Consejo Departamental de la segunda ciudad más grande de Entre Ríos, con mayoría de sus integrantes presentes, resolvió destituir al titular partidario, Facundo Ruiz Díaz, tras su negativa a renunciar a la presidencia.
Como había trascendido a principios de noviembre, parte de la conducción le pedía que “voluntariamente” diera un paso al costado tras haber militado en las legislativas para una lista que no fue la del partido. Ruiz Díaz recibió una carta documento con ese pedido, que calificó como “ilegítimo”. Ante su negativa, el Consejo avanzó con la destitución.
Según publicó Letra P, el acta ya fue presentada al Consejo Provincial del partido. El Consejo departamental es soberano y tiene la potestad de tomar la decisión; la autoridad provincial solo debe validar las firmas.
Cresto y Giano: los operadores de un modelo agotado
Aunque públicamente no aparecen involucrados, numerosos sectores internos coinciden en que Enrique Cresto y Ángel Giano estarían moviendo hilos desde las sombras para condicionar o directamente voltear a la nueva conducción partidaria. La maniobra no sorprende: para la militancia y para gran parte de la ciudadanía, ambos forman parte del núcleo dirigencial que llevó al peronismo local al colapso electoral y social.
En el caso de Cresto, la evaluación es lapidaria: perdió toda legitimidad, está señalado como el “mariscal de la derrota”, y es cuestionado incluso por aquellos que alguna vez militaron bajo su estructura. Su figura aparece hoy asociada a una realidad innegable: bajo sus gestiones, Concordia mantuvo récords de pobreza, desocupación y exclusión, posicionándose año tras año entre las ciudades con peores indicadores del país.
A ello se suma Ángel Giano, cuya trayectoria reciente dejó una huella similar: alianzas fluctuantes, disputas internas sin rumbo y una desconexión profunda con la realidad social. Para buena parte de la militancia joven, tanto Giano como Cresto —y otros referentes del mismo espacio que integraron ese círculo de decisiones— son responsables directos de haber conducido a Concordia a los niveles crónicos de pobreza, indigencia y falta de oportunidades que todavía hoy condenan a miles de familias.
La acusación es puntual: ellos construyeron el modelo que ahora intentan controlar otra vez, pese al evidente rechazo social que arrastran.
Una paradoja irritante: los más cuestionados intentando volver
La tensión interna tiene un trasfondo casi grotesco: dirigentes sin legitimidad pública, señalados por la ciudadanía como parte del problema estructural de la ciudad, vuelven a la carga —desde las sombras o desde los sellos partidarios— para intentar recuperar poder. Lo hacen sobre la espalda de jóvenes que intentan enderezar lo que ellos mismos dejaron caer.
Mientras tanto, Ruiz Díaz enfrenta el reproche formal de haber militado para otro espacio. Respaldó la candidatura de Héctor Maya (Partido Socialista), en una lista acompañada por el ex PAR Gustavo Guzmán y con el apoyo de UPCN, conducido por José Allende, referente político del ahora destituido presidente.
El acta: destitución y cambio de cerraduras
El acta del 14 de noviembre establece tres puntos: destitución, ejercicio colegiado de la conducción y el cambio de cerraduras de la sede. La conducción provincial ya validó el documento, y la destitución quedó firme.
Para garantizar la validez legal, los consejeros presentaron corrimientos por renuncias y fallecimientos que habilitaron que suplentes firmaran como titulares.
La renovación juvenil frente al desgaste moral de la vieja guardia
La movida interna está impulsada por un grupo de jóvenes que representan una renovación real: Javier Orduna (PAR), Facundo Pérez (Germán Abdala–ATE), entre otros. Buscan reconstruir al peronismo desde abajo, con una práctica política distinta y sin las conductas que, según ellos, hundieron al partido en la desconfianza social.
En esa reconstrucción chocan de frente con lo que describen como “la vieja dirigencia que se cagó en la gente”, la misma que gobernó —y desgobernó— durante años, consolidando los indicadores más dolorosos de la ciudad: pobreza estructural, desocupación crónica, desigualdad persistente y una fractura social que todavía sangra.
Quién es Facundo Ruiz Díaz
Ruiz Díaz llegó a la presidencia del PJ en marzo de 2024 con la lista Renovación Peronista, que triunfó con apenas 698 votos en una interna de bajísima participación dentro de un padrón de 16.000 afiliados. Antes había participado del armado que impulsó a Giano como precandidato a intendente en las PASO de 2023.
Es empleado provincial y titular de UPCN Concordia. En las legislativas militó la lista Entrerrianos Unidos, que llevó a Maya como senador y a Guzmán como diputado nacional.
Un final abierto, pero con una certeza: el peronismo ya no puede volver a ser lo que fue
La disputa no termina con un acta ni con un cambio de cerraduras. Lo que está en juego dentro del PJ Concordia no es un sillón, ni la presidencia partidaria, ni un control administrativo. Lo que se define es si el peronismo vuelve a quedar secuestrado por los mismos dirigentes que lo llevaron al abismo, o si de una vez por todas se permite que nuevas generaciones, limpias del desgaste y del cinismo acumulado, empiecen a reconstruir lo que otros destruyeron.
El dilema no es 2027.
El dilema es si Concordia va a seguir atrapada en las manos de los responsables de su pobreza o si podrá empezar —al fin— un camino distinto.
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