La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) intensificó en los últimos meses los controles sobre inmuebles mediante imágenes satelitales, herramientas de detección remota y el cruce de información con los municipios, lo que permitió identificar numerosas construcciones, ampliaciones y mejoras que no habían sido declaradas.
De acuerdo con estimaciones de profesionales vinculados al sector, en la provincia podrían existir alrededor de 8 millones de metros cuadrados de construcciones o ampliaciones sin registrar. En ciudades como Concordia se estima que la superficie no declarada rondaría los 700.000 metros cuadrados, mientras que Paraná, Concepción del Uruguay y otras localidades importantes también presentarían cifras significativas.
Como consecuencia de estos controles, numerosos propietarios comenzaron a recibir intimaciones para regularizar la situación fiscal y catastral de sus inmuebles.
En ese marco, trascendió que ATER habría suscripto acuerdos de colaboración con colegios profesionales con el objetivo de facilitar el proceso de regularización y brindar mayores herramientas a los contribuyentes.
¿Qué debe hacer un propietario que recibe una intimación?
Especialistas consultados explicaron que lo primero es no ignorar la notificación.
Con la intimación en su poder, el propietario debe reunir toda la documentación disponible de su inmueble, especialmente los últimos planos aprobados, antecedentes municipales y cualquier otra presentación realizada con anterioridad. Luego deberá comparar esa documentación con la construcción existente para determinar las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente construido.
Con esa información, corresponde consultar a un profesional matriculado para que evalúe el caso y realice el trámite de regularización correspondiente ante los organismos competentes.
Una intimación significa que el Estado detectó diferencias entre la información registrada y la realidad física del inmueble. La normativa vigente establece la obligación de declarar las nuevas construcciones, ampliaciones o mejoras dentro de los plazos previstos por la legislación una vez que la obra reúne las condiciones de habitabilidad.
La importancia de contratar un profesional matriculado
La regularización constituye un procedimiento técnico y legal que debe ser realizado por un profesional independiente debidamente matriculado, ya sea un Maestro Mayor de Obras, un arquitecto o un ingeniero, conforme a las incumbencias que establece la legislación vigente.
El propietario tiene plena libertad para elegir al profesional de su confianza, quien analizará la documentación existente, verificará el estado de la construcción y elaborará la presentación técnica necesaria para regularizar la situación.
Fuentes del ámbito profesional consultadas por este medio manifestaron su preocupación por situaciones en las que quienes cumplen funciones de control o intervienen desde la administración terminan orientando o participando en trámites cuya responsabilidad técnica corresponde exclusivamente a profesionales habilitados. De confirmarse, este tipo de prácticas podría afectar la transparencia del procedimiento, generar incompatibilidades con la función de fiscalización y trasladar al propietario riesgos administrativos o legales que podrían evitarse actuando dentro del marco normativo.
Los especialistas recomendaron que el contribuyente contrate libremente al profesional de su confianza y evite recurrir a mecanismos informales o soluciones improvisadas que, aunque puedan parecer más economicas, no ofrecen las garantías técnicas, éticas y jurídicas que exige una correcta regularización.
¿Qué ocurre si se ignora la intimación?
Los especialistas coinciden en que no responder una intimación suele ser la peor alternativa.
Si el contribuyente no regulariza voluntariamente su situación, la autoridad fiscal puede efectuar una determinación de oficio de la valuación del inmueble y aplicar las sanciones previstas por la normativa tributaria, además de los intereses y recargos que pudieran corresponder.
Actualmente, tanto ATER como numerosos municipios cuentan con tecnologías de detección remota, imágenes satelitales y sistemas de comparación territorial —entre ellos herramientas como Open Buildings— que permiten identificar construcciones no declaradas con un elevado nivel de precisión.
Por ese motivo, regularizar la situación de manera voluntaria no solo evita futuras sanciones, sino que también brinda seguridad jurídica al propietario, protege el valor de su patrimonio y mantiene la documentación del inmueble actualizada para futuras ventas, sucesiones, créditos hipotecarios o cualquier otra operación sobre el inmueble.
