En Diputados, Gustavo Bordet presenta un dictamen de minoría de Unión por la Patria que propone declarar la emergencia por sobreendeudamiento, establecer mecanismos de regularización y reestructuración de deudas, eliminar intereses punitorios y fijar un límite del 30% de los ingresos familiares para el pago de cuotas. Una iniciativa que pone sobre la mesa un problema real que afecta a millones de argentinos y que merece un debate serio. Sin embargo, hay una pregunta inevitable: ¿cuánto pesa una propuesta política cuando quien la impulsa atraviesa una investigación judicial que pone en discusión su propio patrimonio?
EL PROBLEMA DE LA CREDIBILIDAD: CUANDO EL DISCURSO POLÍTICO CHOCA CON LA REALIDAD
La credibilidad no se pierde necesariamente en los tribunales. Muchas veces comienza a erosionarse mucho antes, en la percepción de una sociedad que observa, compara y empieza a desconfiar de quienes durante años ocuparon los espacios de poder. Y ese es el verdadero problema que enfrenta buena parte de la dirigencia argentina: la creciente distancia entre lo que proclama desde una banca y lo que la ciudadanía espera de su conducta pública.
Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que examina la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. La investigación tuvo procedimientos en propiedades vinculadas a su familia y abrió, además, una discusión sobre los límites de los fueros parlamentarios, particularmente por la suspensión de las pericias sobre sus teléfonos hasta que se pronuncien las cámaras legislativas. Todo esto ocurre sin que exista una condena ni una imputación formal que permita dar por acreditada una responsabilidad penal. La distinción es fundamental, pero no elimina el legítimo interrogante social sobre la transparencia de quienes ejercen cargos públicos.
El problema de fondo es otro: los fueros, concebidos para proteger la independencia del Poder Legislativo y evitar persecuciones políticas, no deberían convertirse, en la percepción ciudadana, en una barrera que prolongue indefinidamente las respuestas judiciales. La diferencia entre una garantía institucional y un privilegio utilizado para demorar una investigación es una discusión que la Argentina todavía no ha resuelto satisfactoriamente.
Y mientras los expedientes avanzan, retroceden o quedan sujetos a interpretaciones jurídicas, la sociedad observa una Justicia que muchas veces parece moverse a una velocidad incompatible con la urgencia de sus reclamos. Para bien o para mal, los tiempos judiciales terminan condicionando también los tiempos políticos. Una investigación que se prolonga durante años, sin una resolución clara, no solo perjudica a quien está bajo sospecha: también alimenta la desconfianza generalizada hacia las instituciones.
UNA DIRIGENCIA QUE NO PUEDE SEGUIR MIRANDO PARA OTRO LADO
Lo que sucede con Bordet no puede analizarse como un episodio aislado ni como una disputa exclusiva del peronismo entrerriano. Es parte de un problema mucho más amplio, que involucra a una clase política que, con distintos nombres, colores partidarios y discursos, ha administrado el poder durante las últimas décadas.
La sociedad empieza a exigir algo más que promesas, proyectos legislativos o discursos de ocasión. Exige explicaciones, transparencia y resultados. Y esa demanda puede crecer a medida que salgan a la luz nuevas investigaciones, se revisen patrimonios, se examinen contrataciones y se conozcan actuaciones de funcionarios y exfuncionarios que durante años parecieron moverse en un terreno de escasos controles.
No se trata de condenar por anticipado ni de convertir una sospecha en una sentencia. Se trata de comprender que la responsabilidad política y la responsabilidad penal son dimensiones diferentes. Un dirigente puede no haber cometido delito alguno y, aun así, tener la obligación de ofrecer explicaciones públicas suficientes cuando su actuación o su patrimonio quedan bajo investigación.
En ese escenario, la presentación de un dictamen para aliviar el endeudamiento familiar adquiere una dimensión política inevitable. Las familias argentinas enfrentan dificultades concretas para pagar tarjetas, préstamos y gastos cotidianos. No necesitan que se les recuerde desde una banca que la situación es preocupante: necesitan soluciones reales. Pero también tienen derecho a preguntarse por qué deben confiar en dirigentes cuya propia conducta está siendo examinada por la Justicia.
La paradoja es evidente: mientras se habla de aliviar las deudas de los ciudadanos, la política sigue cargando con una deuda de credibilidad que no se cancela con proyectos, declaraciones ni apariciones públicas.
EL FUTURO DE UNA POLÍTICA QUE DEBERÁ RENDIR CUENTAS
La advertencia es clara: lo que hoy aparece en determinadas investigaciones podría ser apenas una parte de un proceso mucho más amplio de revisión social e institucional. La ciudadanía está cada vez menos dispuesta a aceptar que los cargos públicos, las estructuras partidarias o las inmunidades parlamentarias sean interpretados como mecanismos de protección personal.
Los fueros no equivalen a impunidad, pero tampoco deberían ser una excusa para que las investigaciones queden atrapadas en una interminable sucesión de trámites. Su existencia tiene una justificación constitucional. Lo que corresponde discutir es cómo garantizar que esa protección no termine debilitando el principio de igualdad ante la ley.
La política argentina necesita entender que el desgaste de la confianza pública no es una simple operación de adversarios ni una cuestión de comunicación. Es el resultado acumulado de promesas incumplidas, sospechas que tardan años en aclararse, escándalos que se repiten y una ciudadanía que muchas veces siente que las reglas no son iguales para todos.
Bordet tiene derecho a defenderse, a cuestionar la investigación y a reclamar que se respete el debido proceso. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir que las dudas se despejen y que la Justicia actúe sin privilegios ni persecuciones.
Porque el verdadero cambio que necesita la Argentina no consiste únicamente en reemplazar a unos dirigentes por otros. Consiste en modificar una cultura política en la que el poder no sea un refugio, los fueros no se confundan con inmunidad personal y la rendición de cuentas deje de ser una consigna para convertirse en una obligación.
Y entonces, cuando un legislador levante la voz para defender a las familias endeudadas, la sociedad podrá escuchar su propuesta y discutirla por su contenido, sin que el peso de las sospechas sobre quien la presenta termine opacando el debate.
La pregunta que queda abierta es tan simple como incómoda: ¿cuántos años más está dispuesta a esperar la Argentina para que la Justicia y la política demuestren, con hechos, que nadie está por encima de la ley?
Por Alejandro Monzón
