El encuentro, uno de los destacados de la vitivinicultura provincial, tendrá su presentación oficial en la Representación del Gobierno de Entre Ríos, como antesala de una nueva edición que se realizará en septiembre en Victoria.
La presentación tendrá lugar el martes 18 de agosto, a las 15hs, en la Representación, Suipacha 844, CABA, donde se darán a conocer los principales detalles de la sexta edición.
Organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), “Entre Ríos entre Viñas” se realizará los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Victoria y reunirá a bodegas, productores, especialistas y amantes del vino.
El encuentro propone una experiencia que integra producción vitivinícola, gastronomía y turismo, con distintas actividades destinadas a acercar al público la diversidad del sector, promover a las bodegas y productores entrerrianos y fortalecer el turismo enológico en la provincia.
La capacidad intelectual del presidente Javier Milei vuelve a estar bajo la lupa. Resolver la crisis económica y política actual exige más que retórica, y las últimas decisiones del Ejecutivo ponen en duda si existe un plan consistente para salir del estancamiento.
Hay problemas que no se resuelven con discursos, consignas políticas ni mirando solamente las grandes variables de la economía. Hay problemas que se sienten en el bolsillo, en la mesa familiar y, cada vez con mayor frecuencia, en el resumen de la tarjeta de crédito. Y este es uno de ellos. La morosidad de las familias argentinas volvió a encender una luz de alarma: el incumplimiento en las tarjetas de crédito llegó al 11,7%, mientras que en los préstamos personales alcanzó el 14,2%. La irregularidad del conjunto de los préstamos a hogares también se mantiene en niveles preocupantes. No estamos hablando simplemente de estadísticas bancarias: estamos hablando de argentinos que empiezan a pagar una tarjeta con otra, que refinancian el resumen, que dejan de pagar el total para abonar el mínimo, que compran alimentos en cuotas o que recurren a un préstamo personal para cubrir gastos que antes podían afrontar con su salario. Y ahí aparece una pregunta que el Gobierno debería hacerse: ¿hasta cuándo puede una familia sostener el ajuste utilizando crédito caro para compensar un ingreso que todavía no alcanza?
El dato debería preocupar especialmente porque la morosidad familiar alcanzó niveles que no se veían desde hace muchos años. Según los informes difundidos durante este año, el deterioro está relacionado con tasas elevadas, ingresos familiares que todavía no recuperaron plenamente su capacidad de compra y una utilización creciente del crédito como mecanismo para compensar las dificultades cotidianas. Es decir, hay una parte de la sociedad que no está endeudándose para darse lujos: se está endeudando para vivir. Y esa diferencia es fundamental. Una familia que utiliza la tarjeta para comprar alimentos, medicamentos, pagar servicios o completar los gastos del mes no está necesariamente viviendo por encima de sus posibilidades; muchas veces está intentando sostener un nivel de vida que su salario dejó de poder financiar.
El Gobierno tiene una oportunidad
Javier Milei llegó a la Presidencia con una enorme capacidad para interpretar los problemas estructurales de la Argentina y con la decisión de enfrentar cuestiones que durante décadas fueron postergadas. Precisamente por eso, ahora tiene una oportunidad política y humana que no debería desaprovechar: demostrar que también puede tener empatía con la clase media y media baja. No se trata de pedir que el Estado vuelva a subsidiar artificialmente el consumo, ni de obligar a los bancos a regalar dinero. Tampoco de regresar a las recetas que durante años terminaron generando inflación, déficit y pérdida de poder adquisitivo. Se trata de encontrar un mecanismo inteligente para evitar que una familia que se atrasó con la tarjeta quede atrapada durante años en una espiral de intereses, refinanciaciones y punitorios.
Con la capacidad intelectual que el Presidente ha demostrado para enfrentar problemas complejos, resolver este problema debería ser relativamente sencillo. Podría impulsarse, junto con el Banco Central y el sistema financiero, un esquema extraordinario y transparente de reordenamiento de deudas de consumo, con plazos razonables, tasas previsibles y condiciones que permitan a quienes todavía tienen ingresos demostrar capacidad de pago y volver a la normalidad. El objetivo no debería ser premiar al moroso, sino impedir que el moroso ocasional se convierta en un insolvente permanente. Hay una diferencia enorme entre condonar una deuda y ofrecerle a una persona que quiere pagar una oportunidad razonable para hacerlo.
Los bancos no son enemigos. Necesitamos un sistema financiero sólido, rentable y capaz de prestar dinero. Una economía moderna necesita crédito y necesita entidades financieras fuertes. Pero una cosa es prestar dinero y otra muy diferente es convertir una dificultad transitoria de una familia en una deuda prácticamente imposible de cancelar. Cuando una persona entra en mora, el sistema debería buscar recuperar el capital y mantener al cliente dentro del circuito financiero, no empujarlo hacia una sucesión de refinanciaciones cada vez más costosas que terminan haciendo crecer la deuda mucho más rápido que la capacidad de pago.
Por eso, sería razonable que bancos, Gobierno y Banco Central estudien alternativas para premiar al que quiere pagar, ofreciendo condiciones especiales de regularización a quienes tengan ingresos comprobables y voluntad de ponerse al día. No sería populismo. Sería inteligencia económica. El banco recuperaría un crédito que de otra manera puede transformarse en incobrable, la familia recuperaría previsibilidad y el sistema financiero conservaría a un cliente que, una vez normalizada su situación, volvería a utilizar el crédito de manera saludable.
El ministro Luis Caputo dijo que la gente se sobreendeudó a la espera de una licuación por inflación que finalmente no ocurrió. (Foto: Ministerio de Economía).
Una oportunidad para reactivar el consumo
Aquí aparece una segunda cuestión que quizás sea todavía más interesante para el Gobierno: ayudar a ordenar las deudas familiares no solamente tendría un efecto social, también podría transformarse en una herramienta de reactivación económica. Una familia asfixiada por el resumen de la tarjeta deja de consumir. Postergará la compra de un electrodoméstico, una reparación de la casa, ropa, muebles, una salida, un viaje o cualquier otro gasto que pueda esperar. Una familia que logra ordenar su deuda, en cambio, recupera previsibilidad y, cuando recupera previsibilidad, vuelve progresivamente a consumir. Eso mueve al comercio, el comercio compra a proveedores, los proveedores producen, la producción genera empleo y el empleo genera más consumo. Es el círculo virtuoso que la Argentina necesita construir después de tantos años de crisis.
Incluso existe un punto que merece ser discutido seriamente: durante mucho tiempo se habló de restringir el uso de las tarjetas de crédito como mecanismo para contener determinados comportamientos de consumo. Pero cuando una parte de la población comienza a utilizar la tarjeta para comprar alimentos y cubrir necesidades básicas, la situación cambia completamente. El crédito deja de ser solamente una herramienta de consumo y comienza a funcionar como un mecanismo de supervivencia financiera. Y cuando una familia llega a ese punto, el problema ya no es cuánto consume: el problema es que su ingreso no alcanza para cubrir todos sus gastos corrientes.
El Gobierno tiene razón cuando sostiene que la inflación es uno de los grandes males que Argentina debía combatir. Pero la estabilidad macroeconómica tiene que terminar llegando al mostrador, al salario y al resumen de la tarjeta. Porque una familia puede vivir con una inflación mucho más baja y, sin embargo, seguir sintiendo que no llega a fin de mes si buena parte de su ingreso está comprometida en cuotas, intereses y refinanciaciones. La estabilización de la economía es indispensable, pero también lo es conseguir que los argentinos recuperen gradualmente la capacidad de consumir sin necesidad de endeudarse permanentemente.
Por eso, la próxima batalla económica no debería ser solamente contra la inflación: también debería ser contra la asfixia financiera de las familias. No hay recuperación del consumo posible si millones de personas tienen comprometida una parte creciente de sus ingresos futuros. Y tampoco hay verdadera recuperación de la clase media si cada aumento salarial termina absorbido por deudas acumuladas durante los años de inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Una oportunidad para Milei
Javier Milei ha demostrado que está dispuesto a hacer reformas que muchos consideraban imposibles. Ahora tiene delante un problema diferente. No necesita inventar una revolución ni abandonar sus principios económicos. Necesita demostrar que la libertad económica también puede tener sensibilidad social; que defender el mercado no significa mirar indiferentemente cómo una familia queda atrapada en una deuda; que ordenar las cuentas públicas no significa ignorar a quien necesita una oportunidad para volver a ponerse de pie; y que bajar la inflación debe ser solamente el comienzo de una recuperación que finalmente llegue a quienes trabajan, pagan impuestos y sostienen todos los días la economía real.
Presidente: quizás esta sea una de esas oportunidades en las que una decisión inteligente puede producir dos resultados al mismo tiempo: aliviar a millones de familias y reactivar el consumo. Con la capacidad intelectual que usted ha demostrado para enfrentar problemas mucho más complejos, resolver el drama de las tarjetas debería ser sencillo. Pero esta vez hay algo más: no alcanza con tener razón. También hay que demostrar que se entiende a quienes todavía están haciendo enormes esfuerzos para llegar a fin de mes.
Quizás ahí esté una de las mejores oportunidades para que el Gobierno demuestre que el cambio económico que propone no solamente puede ordenar las cuentas de la Nación, sino también devolverle tranquilidad a la familia que todos los meses mira el resumen de la tarjeta con preocupación. Porque una Argentina que vuelve a consumir no necesita consumidores endeudados hasta el cuello. Necesita familias que puedan volver a comprar sin miedo.
La publicación recorre los 43 años de trayectoria del histórico trío humorístico a través de fotografías, anécdotas y testimonios. El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, acompañó la presentación.
Miguel Del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato presentaron “Todo fue un sueño”, el libro que recorre los 43 años de historia de Midachi. La publicación fue presentada en el marco de “La Despedida”, la gira final del grupo.
Durante el encuentro, los integrantes de Midachi repasaron los comienzos del grupo y compartieron recuerdos y experiencias de una trayectoria que los llevó desde Santa Fe a escenarios de todo el país.
Mouliá acompañó la actividad en el marco de la vinculación que la Representación mantiene con otras representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Estos encuentros fortalecen los vínculos entre las provincias y nos permiten acompañar expresiones de nuestra cultura. Midachi construyó desde Santa Fe una trayectoria que trascendió generaciones y llegó con su humor a todo el país”, destacó.
De la presentación participaron también el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica; el delegado de la Casa de Santa Fe, Hernán Rossi; el periodista y guionista Daniel Datola; y el escritor Diego Arandojo, responsables estos últimos del trabajo de recopilación que dio origen al libro.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que el estacionamiento medido permanecerá liberado durante este próximo fin de semana largo.
La medida, según lo comunicado a los medios, estará vigente desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del martes 18 de agosto, en los horarios habituales.Fuente: EER – Comunicación Municipalidad de Concordia.
La Municipalidad de Estancia Grande continúa fortaleciendo su parque automotor con nueva maquinaria destinada al mantenimiento y mejoramiento de los caminos de la localidad. La Municipalidad de Estancia Grande avanza con el proceso de adquisición de una motoniveladora 0 km, una incorporación que permitirá reforzar de manera significativa las tareas de mantenimiento, mejoramiento y conservación de los caminos de la localidad. El proceso será posible a partir de los recursos obtenidos mediante la subasta realizada el pasado 12 de agosto en el Corralón Municipal, en el marco de una administración que, según se destacó desde el Ejecutivo local, busca sostener criterios de orden, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. La adquisición se concretará mediante el correspondiente proceso de licitación, dando un nuevo paso hacia la incorporación de una maquinaria considerada fundamental para atender las necesidades de infraestructura vial de Estancia Grande. La nueva motoniveladora se sumará al parque automotor municipal, que durante la actual gestión del intendente Javier Goldín viene incorporando maquinaria y vehículos 0 km destinados a mejorar la capacidad operativa del Municipio. Desde la gestión municipal señalaron que contar con equipamiento propio permite fortalecer la prestación de servicios, optimizar los recursos disponibles y responder con mayor rapidez a las necesidades de los vecinos, especialmente en una localidad donde el mantenimiento permanente de los caminos resulta fundamental para garantizar la circulación y la conectividad.
Una gestión que transforma recursos en obras y servicios La incorporación de la motoniveladora forma parte de una política orientada al fortalecimiento del parque automotor municipal, procurando que los recursos administrados por el Estado local se traduzcan en herramientas concretas para la comunidad. En este sentido, la subasta realizada en el Corralón Municipal permitió generar recursos que ahora tendrán un destino estratégico: avanzar en la adquisición de una máquina nueva, que quedará al servicio de las tareas municipales. “Más maquinaria, más trabajo y más herramientas para seguir haciendo crecer Estancia Grande” es el concepto que sintetiza esta nueva etapa de la gestión, que apunta a continuar modernizando el equipamiento municipal y mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos. Con la futura incorporación de la motoniveladora 0 km, Estancia Grande da un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios públicos y en la construcción de una gestión basada en la planificación, la responsabilidad y la transformación de los recursos en soluciones concretas para la comunidad.
“La mejor respuesta es la que se prepara a tiempo”, subrayó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y destacó que el gobierno y las intendencias están trabajando juntos para anticiparse al fenómeno “y estar cerca de la gente cuando sea necesario”.
Reunión central
La Mesa del Congreso de Intendentes se reunió este jueves en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, con el propósito de analizar las proyecciones sobre el fenómeno climático de El Niño y, al mismo tiempo, evaluar el plan de contingencia que se está preparando para enfrentar sus posibles impactos.
Estimaciones
Luego de la reunión, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló en conferencia de prensa que, entre octubre y diciembre de este año, “por lo que se puede prever, van a caer aproximadamente unos 500 milímetros mensuales de agua, cuando en un año llueven 1.200 milímetros”.
“La posibilidad de que esto se dé, y de que el mayor impacto esté entre los meses de octubre y diciembre, supera el 80%. Estamos hablando de que puede llegar a haber 25.000 personas desplazadas, 5.000 evacuados y 6.250 viviendas afectadas, y hay una posibilidad, que alcanza el 95%, de que los efectos de El Niño se extiendan hasta abril, haciendo un pequeño impasse en enero y febrero por las altas temperaturas”, apuntó.
Resaltó que, “lógicamente”, es una situación preocupante, y resaltó que todas las intendencias deben comenzar a hacer trabajos de prevención, como la limpieza de cursos de agua y el monitoreo de eventuales centros para llevar a los evacuados. Además, se va a establecer un centro de acopio en Durazno para que, “en la medida en que se vaya dando este fenómeno”, se pueda tener, desde el centro geográfico de Uruguay, una “distribución de materiales a todo el país”.
Rivera y Salto serían los más afectados
“Se va a contar con una línea de crédito de 750 millones de dólares, de los cuales 350 estarán disponibles en 2026 y 400 millones en 2027, a través del BID [Banco Interamericano de Desarrollo]y de la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe], para hacer frente al impacto que pueda tener la presencia de El Niño y las consecuencias posteriores. Pensemos que esto va a impactar no solo a nivel de inundaciones, sino también en la agricultura y la vivienda”, subrayó Legnani.
Luego, el intendente de Canelones resaltó que a su lado tenía a los representantes de dos de los departamentos que estarían más afectados por El Niño: Rivera y Salto. Richard Sander, intendente de Rivera, señaló que ya han vivido situaciones “bien complejas, de muchas lluvias” en el departamento, pero se prevé que esto sea “aún peor que esos picos” que se registraron en diciembre de 2015 y en marzo y abril de 2024.
Sander resaltó que las lluvias pueden superar los 200 milímetros en un día, lo que provocaría que el escurrimiento de las aguas termine impactando en los arroyos y ríos, y sobre todo en la gente que vive en la zona aledaña a esas corrientes de agua. “Así que lo importante es estar prevenidos. Muchos ya venimos trabajando en la limpieza de cañadas y de arroyos y en el mejoramiento de alcantarillas y de puentes”, subrayó.
El intendente de Rivera dijo que van a necesitar que “los vecinos ayuden a no tirar las bolsas de basura a la calle”, y sacar los residuos a la hora de la recolección, “determinados detalles que después hacen que todo eso impacte en los cursos de agua”. Sander resaltó que lo importante de este trabajo previo es “intentar minimizar lo que va a ser un Niño superior a los que tuvimos”.
Los arroyos y el río Uruguay, doble preocupación
Por su parte, Carlos Albisu, intendente de Salto, señaló que tanto en Salto como en Paysandú y Río Negro se va a “jugar a dos puntas”, porque se prevén lluvias abundantes en los arroyos que cruzan cada uno de los departamentos y, a su vez, una afectación extra con el río Uruguay. Albisu dijo que “ojalá todo esto sea menor a lo que los pronósticos están diciendo”, pero puntualizó que deben prepararse “para la máxima”, y después, si es menos, “bienvenida sea”. “Pero no podemos quedarnos cortos en cada una de las acciones que tenemos que llevar adelante desde hoy”, acotó.
Legnani subrayó que a partir de la semana que viene, en función de las acciones que tomarán, van a empezar una campaña de difusión en cada uno de los departamentos “para tomar todas las previsiones posibles”. Y resaltó que los 500 milímetros que podrían caer en diciembre no serían los mismos que los de octubre, “porque va a haber agua acumulada y el suelo no va a absorber; por tanto, puede aumentar la cantidad de desplazados y evacuados y la situación se va a tornar bastante más grave”.
Por último, a través de sus redes sociales, Orsi escribió que “ahora comienza una nueva etapa de coordinación con los 19 departamentos, a través de los coordinadores departamentales de emergencia”. “La mejor respuesta es la que se prepara a tiempo. Gobierno nacional e intendencias trabajando juntos para anticiparnos y estar cerca de la gente cuando sea necesario. Seguimos”, expresó.
En horas de la tarde, alrededor de las 19:00, personal de la Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con efectivos del GDI de la Ciudad de Paraná, dio inicio a un operativo de saturación en el barrio Villa Busti.
Durante el despliegue, personal de Motorizada, Grupo Especial Concordia y GDI inició una persecución en inmediaciones de la vera del arroyo Manzores, donde observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó descartarse de varios envoltorios y de una piedra compactada, presumiblemente de cocaína.
Tras ser demorado, se estableció que se trataba de un hombre de 30 años, quien previamente había ingresado a una casilla abandonada donde se encontraba su hermano, un menor de 17 años. Al advertir también la presencia policial, intentó descartarse de una media que contenía varios envoltorios y otra piedra compactada.
Posteriormente, personal de la División Drogas Peligrosas realizó las correspondientes pruebas de campo, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, tanto en las piedras compactadas como en los envoltorios.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de 150 dosis de cocaína, dos piedras compactadas de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, el hombre de 30 años quedó detenido, mientras que el menor de edad fue entregado a sus progenitores.
La morosidad en Argentina dejó de ser un problema individual para convertirse en una señal de alarma económica. Casi 5,8 millones de personas aparecen en mora sobre un universo de 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras virtuales. Detrás de esa cifra hay familias, trabajadores y jóvenes que quedaron atrapados entre la pérdida de capacidad de pago, el costo del crédito y un sistema financiero que ahora debería explicar cuánto de esas deudas corresponde al capital recibido y cuánto a intereses, punitorios, comisiones y otros cargos.
Hay números que deberían obligar a detener cualquier discusión económica y mirar de frente la realidad de millones de argentinos.
En mayo de 2026, 20,9 millones de personas tenían algún tipo de deuda con bancos o billeteras virtuales y 5,8 millones registraban atrasos. Es decir, casi 28 de cada 100 deudores estaban en mora. La cifra no es una percepción: surge de datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por CEPA.
Pero detrás del número hay algo todavía más preocupante: la morosidad familiar lleva 19 meses consecutivos de aumento. En los bancos, la irregularidad de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. En las billeteras virtuales el salto fue todavía más brutal: del 7,3% al 29,6%, superando incluso el registro de la pandemia.
Las tarjetas de crédito y los préstamos personales concentran buena parte del problema. La mora llegó al 12,5% en tarjetas y al 14,9% en préstamos personales. Entre los jóvenes, la situación es todavía más grave: cuatro de cada diez créditos otorgados a menores de 24 años presentan irregularidades.
En octubre de 2024 lo anticipabamos a este colapso .
¿Todo este deterioro puede explicarse únicamente porque las familias gastaron más de lo que podían pagar? Sería demasiado sencillo. Durante los años de inflación elevada, millones de argentinos utilizaron tarjetas y préstamos no para financiar vacaciones o consumos suntuarios, sino para comprar alimentos, pagar servicios, combustible, medicamentos, impuestos y llegar a fin de mes.
Y allí aparece la otra cara del problema: el costo del crédito.
Cuando una familia cae en el pago mínimo de una tarjeta, la deuda puede convertirse en una bola de nieve. Intereses, intereses punitorios, seguros, cargos y otros conceptos pueden hacer que una persona que ya está financieramente debilitada quede atrapada durante meses o años.
Eso no significa que todo interés elevado sea automáticamente usurario. Significa algo más elemental: cuando millones de consumidores terminan atrapados en una deuda que crece más rápido que sus ingresos, el Estado debería preguntarse si el mercado funcionó correctamente y si todos los cargos cobrados fueron razonables, transparentes y legalmente admisibles.
Y esa revisión no debería ser contra los bancos ni a favor de los bancos. Debería ser a favor de la transparencia y de la competencia.
Los bancos también deben hacerse cargo
Argentina no puede pretender construir una economía sana mientras millones de consumidores quedan atrapados en mecanismos de crédito que, en determinadas circunstancias, pueden terminar siendo económicamente asfixiantes.
Los bancos cumplen una función indispensable. Las tarjetas de crédito también. El crédito es una herramienta necesaria para que una economía crezca.
Pero el crédito no puede transformarse en una máquina de multiplicar deuda cuando el cliente ya demostró que perdió capacidad de pago.
Si durante los años de inflación las entidades financieras cobraron tasas, punitorios, comisiones o cargos que, analizados caso por caso, resultaran abusivos o contrarios a la normativa, corresponde revisar esas operaciones.
No sería un “premio al moroso”.
Sería, precisamente, hacer cumplir las reglas del mercado.
Hay un antecedente que Argentina debería mirar
España ofrece un ejemplo particularmente interesante.
Su Tribunal Supremo estableció criterios para considerar abusivos determinados intereses de las tarjetas de crédito “revolving” cuando no existía transparencia suficiente sobre el verdadero funcionamiento de la deuda. Y en marzo de 2025 resolvió que un usuario podía reclamar la devolución de lo pagado por encima del capital efectivamente recibido, dentro del período reconocido judicialmente.
Es decir: no se trató de regalarle dinero al deudor, sino de determinar cuánto había recibido, cuánto había pagado y qué parte de lo cobrado resultaba jurídicamente improcedente. Ese antecedente merece ser estudiado en Argentina. El Gobierno nacional, el Banco Central y el Congreso deberían analizar un mecanismo excepcional de revisión y saneamiento del endeudamiento de los hogares, no para licuar deudas indiscriminadamente, premiar a quien nunca quiso pagar ni trasladar al Estado el costo de decisiones privadas, sino para responder una pregunta mucho más seria: ¿cuánto de lo que hoy deben millones de argentinos corresponde realmente al capital recibido y cuánto se acumuló por intereses, punitorios, comisiones y cargos durante los años de mayor inflación?
La respuesta podría conducir a tres caminos concretos: recalcular deudas cuando existan cargos abusivos, ofrecer refinanciaciones razonables sobre el capital genuinamente adeudado y establecer mecanismos de devolución cuando se compruebe que un consumidor pagó por encima de lo legalmente exigible. Argentina ya cuenta con normas de defensa del consumidor que exigen información sobre tasas, costo financiero total, sistemas de amortización y gastos adicionales, mientras que el BCRA estableció durante 2026 nuevas disposiciones sobre las tasas de financiación vinculadas con tarjetas. Por eso, la discusión ya no debería limitarse a cuánto deben los argentinos. La pregunta es cuánto de esa deuda merece ser pagado exactamente como fue calculado.
Una oportunidad para el Gobierno de Milei
Si el objetivo es construir una economía basada en reglas, competencia y responsabilidad individual, proteger al consumidor financiero no debería ser presentado como una bandera populista. Todo lo contrario: un mercado verdaderamente libre necesita consumidores informados y empresas que compitan sin abusar de su posición. El presidente Javier Milei, su equipo económico, el Banco Central, sus asesores y los legisladores tienen delante un problema que no debería quedar atrapado en una discusión partidaria. Son 5,8 millones de personas en mora; son familias, trabajadores y jóvenes que comienzan su vida financiera endeudados, pero también millones de potenciales consumidores que necesitan recuperar la confianza en el crédito.
La salida no es perdonar indiscriminadamente las deudas: es auditar, transparentar, corregir abusos y devolverle racionalidad a un sistema que necesita recuperar algo que el dinero por sí solo no puede comprar: confianza. Porque si el nuevo modelo económico pretende terminar con los privilegios, también debería preguntarse si el ciudadano que durante años pagó intereses exorbitantes tiene derecho a que alguien revise la cuenta. Esa pregunta, más temprano que tarde, tendrá que llegar a los escritorios de Economía, del Banco Central, del Congreso y de la propia Casa Rosada.
Desde la Represa de Salto Grande indicaron que la suba del río Uruguay no tendrá las marcas que hubo a principio de este mes.
Este jueves la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un comunicado en el que informó que el nivel del río Uruguay volverá a ascender hacia el fin de semana.
Cabe destacar que el río llegó a experimentar un ascenso que llegó a los 11,25 metros sobre el puerto de Concordia y desde hace una semana comenzó el descenso. Este jueves por la tarde el río estaba en 8,52 metros, aunque desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande volvieron a informar sobre un leve ascenso.
“En principio no se prevé que se superen los niveles máximos alcanzados los primeros días del mes de agosto. Sin embargo, dependiendo de lo abundantes que resulten las lluvias de los próximos días en la cuenca de aporte (especialmente en la zona más cercana al lago), es probable que el río vuelva a presentar una tendencia ascendente”, señalaron.
El Niño también se hará sentir en el río Uruguay
“Cabe destacar que la persistencia del río en niveles relativamente elevados será habitual durante los próximos meses. Tal como se ha anticipado en reiteradas oportunidades, esto responde al fenómeno El Niño que se prevé, será muy fuerte. Por lo tanto, las actividades costeras deberán adaptarse a estas ‘nuevas condiciones’ que nos impone la naturaleza”, indicaron.
Tras la bajante reciente, desde el Ente de Costanera habían comenzado con las tareas de limpieza tanto en la costanera como en la costanera Nebel. Debido a las lluvias, recomendaron a los concordienses no circular por esas zonas ya que los pisos “están resbaladizos”.
El Gobierno de Entre Ríos oficializó un incremento del 3 por ciento en diversos componentes del salario docente, con vigencia desde los haberes de julio de 2026. La medida, que busca recomponer los ingresos del sector, se tomó tras cumplirse las instancias de negociación colectiva.
El decreto establece mejoras remunerativas y actualizaciones en los montos mínimos garantizados para los trabajadores de la educación en toda la provincia. Estos incrementos permanecerán vigentes hasta que se adopten nuevas medidas salariales en el marco de la normativa vigente.
Uno de los ejes centrales es el aumento del 3 por ciento sobre el valor del Punto Índice Docente, calculado sobre los valores vigentes al mes de junio. De esta manera, el punto para Jornada Simple se fijó en 281,4668, mientras que para Jornada Completa pasó a 486,3593. Asimismo, se aplicó la misma suba a los adicionales de los códigos 18 (65.273 pesos), 117 (23.051 pesos) y el código 38, que ahora asciende a la suma de 109.894 pesos. También se incrementó en igual porcentaje el adicional establecido por el Decreto Nº 5863/05.
En simultáneo, el Ejecutivo provincial procedió a la readecuación del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y del Complemento Provincial de Conectividad. Para quienes desempeñan Jornada Simple, el Fopid se estableció en 87.070 pesos y el concepto de Conectividad en 62.148 pesos mensuales. En el caso de la Jornada Completa, estos valores se actualizaron a 138.139 pesos y 100.297 pesos respectivamente, fortaleciendo la estructura de ingresos. Estos cambios implican redefinir importes previos para ajustarlos a la actual estructura salarial dispuesta por el presente decreto.
Respecto a los haberes mínimos de bolsillo netos de descuentos, el decreto fija un piso de 850.000 pesos para cargos de Jornada Simple con 20 horas. Para los docentes con Jornada Completa de al menos 600 puntos, el salario mínimo garantizado alcanza los 1.143.317 pesos a partir de julio. Por su parte, para aquellos con una carga horaria menor a las 20 horas semanales, el haber mínimo de bolsillo se estableció en 754.513 pesos. Para estos cálculos se contemplaron el adicional del Código 06, el Fopid y el plus de Conectividad.
La normativa fue rubricada por el gobernador Rogelio Frigerio junto a los ministros de Economía y de Gobierno y Trabajo, tras las proyecciones financieras pertinentes. El texto aclara que estas medidas se dictan en uso de las facultades constitucionales para asegurar la política salarial del sector público provincial. Los incrementos regirán hasta que se dispongan nuevas pautas en el marco de la Ley Nº 9.624 de Convención Colectiva. La viabilidad de la medida fue confirmada por las áreas técnicas en función de las proyecciones presupuestarias efectuadas
Finalmente, la medida contempla un aumento en las transferencias para las escuelas públicas de gestión privada que cuentan con aporte estatal. Esto garantiza que la recomposición salarial y las actualizaciones del Fopid y Conectividad lleguen a todos los sectores del sistema educativo. Los nuevos valores tienen carácter retroactivo al 1º de julio de 2026, asegurando que el beneficio se perciba con la liquidación de dicho mes. Con esta decisión, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los docentes entrerrianos
