En respuesta a la denuncia presentada por el abogado paranaense Dr. Miguel Ángel Aranguren, la Justicia entrerriana ha decidido abrir una causa penal contra la ex vicegobernadora María Laura Stratta, investigando la presunta comisión de diversos delitos durante su gestión en la Legislatura y, eventualmente, en su paso por el Ministerio de Desarrollo Social.
El Dr. Aranguren presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal, dirigida al Procurador General, con el fin de que se profundice en las graves afirmaciones divulgadas en publicaciones del medio digital «El Portal de Ricardo David». Dichas publicaciones denuncian posibles hechos de corrupción en la Legislatura conducida por Stratta y en el Ministerio de Desarrollo Social durante su dirección.
La denuncia, bajo el expediente número 273759 y carátula María Laura Stratta / Negocios incompatibles con la función pública, está dirigida al Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amílcar García. En ella, Aranguren, identificándose como ciudadano y vecino de la provincia, solicita formalmente la apertura de una investigación penal, argumentando que los hechos descritos podrían constituir delitos perseguibles de oficio, dada su relevancia para el interés público.
Los Hechos Denunciados
El Dr. Aranguren sostiene que accedió a la información a través de artículos publicados en «El Portal de Ricardo David» (davidricardo.com.ar), que implican a Stratta en posibles delitos como el uso indebido de fondos públicos y el empleo de personal estatal en sus negocios privados. Los puntos destacados incluyen:
– Uso indebido de fondos públicos: Según la denuncia, Stratta habría contratado a la concejal de Victoria, Silvia Affranchino, para realizar trabajos en el complejo turístico familiar «El Ceibo», pero utilizando contratos del Senado para cubrir sus honorarios. Además, Affranchino habría sido nombrada en un cargo oficial dentro del gobierno provincial, lo que implicaría un uso indebido de recursos públicos.
– Empleo de personal estatal en negocios privados: Según el portal, Stratta habría designado empleados y funcionarios públicos para tareas en sus emprendimientos empresariales, en particular en el sector turístico, utilizando recursos estatales para fines personales.
Obligación de Denuncia y Posibles Delitos
La denuncia hace referencia al artículo 235 del Código Penal Argentino, que impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar actos delictivos conocidos en el ejercicio de sus funciones. Aranguren resalta que, de ser ciertos, estos hechos debieron haber sido reportados por los empleados o funcionarios involucrados, debido a la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos que exige la ley.
Además, menciona que estos actos podrían encuadrarse en los siguientes delitos:
– Fraude a la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal) : Uso indebido de recursos estatales para obtener beneficios económicos personales.
– Falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal): Aplica si se alteraron documentos o contratos para ocultar el propósito de las acciones.
– Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal): Se refiere a actos de funcionarios que, al actuar contra la ley o sus obligaciones, comprometen la ética administrativa.
También se menciona la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que exige a los funcionarios actuar con transparencia y en interés del bien común. Los hechos descritos podrían constituir una violación de esta normativa.
Pruebas
Aranguren presenta como pruebas publicaciones de «El Portal de Ricardo David», incluidas las del 10 de octubre de 2024, así como otras entradas en redes sociales del medio (Facebook y Twitter). Estos documentos sostienen los hechos denunciados y respaldan la solicitud de una investigación penal.
Petitorio
El denunciante solicita:
Que se registre su presentación en el expediente de la denuncia penal y se inicie una Investigación Penal Preparatoria (IPP), una fase preliminar para verificar si los hechos ameritan una investigación más exhaustiva.
Que se dispongan los recursos necesarios para llevar adelante la investigación conforme a la ley.
El documento concluye con la firma del abogado y un sello de recepción de la Unidad Fiscal de Paraná, fechado el 30 de octubre de 2024, confirmando que la denuncia fue oficialmente admitida.
Este tipo de denuncias contra funcionarios públicos es fundamental para que el sistema judicial investigue posibles actos de corrupción o abuso de poder, protegiendo la confianza pública en las instituciones y el correcto uso de los recursos estatales. De comprobarse estos hechos, la ex vicegobernadora y otros implicados podrían enfrentar cargos graves, que van desde la inhabilitación para ejercer funciones públicas hasta penas de prisión.
A un nivel más amplio, esta denuncia subraya la relevancia del periodismo de investigación y el control ciudadano en la administración pública.
FUENTE: El Portal de R.David