Concordia pudo convertirse en un referente de la construcción industrializada con madera. El proyecto de 250 viviendas para familias inundadas prometía empleo, desarrollo tecnológico y valor agregado para la producción forestal regional. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas, Nación rescindió un convenio y reclamó la devolución de fondos, años después se anunciaron nuevas partidas millonarias y un relevamiento periodístico de 2025 describió un panorama desolador. ¿Quién explica semejante fracaso?
Hay obras públicas que quedan inconclusas. Y hay proyectos cuyo fracaso representa algo mucho más grave: la pérdida de una oportunidad de desarrollo que difícilmente vuelva a presentarse en las mismas condiciones.
El caso de las viviendas de madera del barrio Agua Patito, en Concordia, reúne ambas dimensiones. Lo que se presentó como una solución habitacional innovadora, con capacidad para impulsar la industria forestal de la región de Salto Grande, terminó convertido en una historia de paralizaciones, controversias administrativas, daños materiales y nuevas inversiones para intentar resolver lo que no se había terminado.
No hablamos solamente de casas. Hablamos de carpinteros, aserraderos, técnicos, trabajadores de la construcción, instaladores y pequeñas empresas que podrían haber encontrado en ese programa una demanda sostenida de trabajo. Hablamos de una cadena productiva que necesitaba industrializar la madera en origen, generar valor agregado y demostrar que los recursos de la región podían convertirse en viviendas de calidad.
El proyecto que prometía mucho más que 250 casas
En 2017, durante la gestión municipal de Enrique Cresto y la gobernación de Gustavo Bordet, se impulsó la construcción de 250 viviendas de madera en el sector conocido como Agua Patito, al noroeste de Concordia. La iniciativa se vinculaba con la relocalización de familias que vivían en zonas expuestas a las inundaciones del río Uruguay, particularmente después de la creciente de 2015.
El proyecto fue presentado como una experiencia piloto para desarrollar viviendas de madera de alta prestación, bajo parámetros técnicos y de calidad, y aprovechar el potencial forestal de Entre Ríos y las provincias vecinas.
La propuesta tenía una lógica económica clara: en lugar de limitarse a vender madera como materia prima, la región podía transformarla en componentes constructivos, estructuras, paneles, revestimientos y viviendas completas.
Eso habría requerido capacitación, controles de calidad, planificación industrial y continuidad en las políticas públicas. También podía generar oportunidades para carpinteros, montadores, electricistas, plomeros, albañiles y trabajadores especializados en terminaciones.
El Centro de Desarrollo Forestoindustrial de Entre Ríos (CEDEFI) y el INTA habían desarrollado conocimientos técnicos vinculados a la construcción con madera. Por eso, el interrogante no es si la madera podía utilizarse para construir viviendas, sino por qué un programa concreto que pretendía demostrar ese potencial no consiguió sostener sus objetivos.
El primer antecedente incómodo: el terreno y las advertencias
El emplazamiento elegido para el barrio también fue motivo de controversia. Según publicó El Entre Ríos en octubre de 2019, durante el debate legislativo de 2017, los concejales opositores Carola Laner y Esteban Benítez cuestionaron la compra de los terrenos por su precio y por las condiciones del lugar.
La misma publicación señaló que la propia Subsecretaría de Obras Públicas municipal había advertido sobre aspectos vinculados a la aptitud del predio.
Años después, un relevamiento de Redes de Noticias publicado el 28 de septiembre de 2025 describió sectores con agua acumulada que dificultaban el acceso a las áreas previstas para otras construcciones. El artículo también documentó estructuras caídas, viviendas incendiadas y plateas de hormigón que habían quedado sin las casas proyectadas.
Estos antecedentes obligan a revisar una cuestión fundamental: ¿qué estudios de suelo, drenaje e infraestructura se realizaron antes de decidir la ubicación del barrio? ¿Qué advertencias técnicas existieron, quiénes las recibieron y qué decisiones se adoptaron?
Las respuestas deben surgir de los expedientes y los informes originales. Pero las preguntas son inevitables cuando una inversión habitacional de esta magnitud termina expuesta a semejante deterioro.
2019: las primeras entregas y la ruptura del convenio nacional
En abril de 2019 se entregaron las primeras diez viviendas de madera. Era el momento de demostrar que la propuesta podía funcionar y avanzar hacia el objetivo de las 250 unidades.
Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo año, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación comunicó mediante carta documento la rescisión de un convenio firmado en 2017, relacionado con las obras de pavimento e infraestructura para las 100 viviendas existentes y las 250 proyectadas en Agua Patito.
La publicación de El Entre Ríos del 18 de octubre de 2019 informó que Nación fundamentó su decisión en el vencimiento de los plazos y en el incumplimiento del objeto y de las obligaciones asumidas. También intimó al municipio a reintegrar $2.879.674,45 correspondientes a una parte del anticipo financiero.
El episodio merece ser examinado con precisión. No constituye, por sí mismo, una prueba de corrupción ni permite atribuir automáticamente responsabilidades penales. Sí demuestra que existió un conflicto formal entre Nación y el municipio por el cumplimiento de un convenio y la utilización de fondos públicos.
La Municipalidad dio su propia versión al día siguiente. La entonces secretaria de Obras Públicas, Mireya López Bernis, sostuvo que Nación había enviado solamente el 10% del monto presupuestado para esas obras y que el municipio había continuado los trabajos con recursos propios. Según explicó, se habían rendido los gastos y solicitado una actualización de los fondos por el aumento de los costos. También afirmó que el dinero reclamado correspondía a un remanente que no se había utilizado.
Las dos posiciones deben formar parte de la reconstrucción periodística. La pregunta pendiente es qué ocurrió después con el reclamo de reintegro, cómo se regularizó la situación y cuál fue el costo final de las obras.
2022: más de $609 millones para terminar 105 viviendas
El 12 de octubre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación anunció un acuerdo con el intendente Enrique Cresto para finalizar 105 viviendas de Agua Patito mediante el Programa Reconstruir.
La inversión anunciada superaba los $609 millones. El propio Gobierno nacional explicó que el programa buscaba retomar obras de viviendas paralizadas entre 2016 y 2019.
El anuncio confirmaba que, cinco años después del impulso inicial, todavía había un conjunto importante de unidades cuya terminación debía financiarse nuevamente.
En febrero de 2023, Elonce informó sobre la instalación de más de 200 familias en el sector de las viviendas en construcción. En esa oportunidad, la información publicada indicaba que había diez unidades terminadas, otras 42 con importantes grados de avance y 106 con las plataformas consolidadas.
Esos números describían el estado informado de las obras en ese momento, no el total de viviendas de madera que finalmente quedaron habitables.
Aquí aparece otra pregunta que la administración pública debe responder: ¿cuántas de las viviendas contempladas en los sucesivos convenios se terminaron efectivamente, cuántas fueron entregadas y cuántas quedaron abandonadas?
Anunciar una inversión no equivale a ejecutarla por completo. Para conocer el resultado real hacen falta certificados de obra, pagos, actas de recepción y un inventario actualizado de las viviendas.
2024 y 2025: deterioro, vandalismo y un barrio que quedó a mitad de camino
El 24 de agosto de 2024, Elonce publicó información sobre los daños registrados en Agua Patito. La cobertura describió pisos destruidos y estructuras de madera dañadas. También informó sobre la recuperación de chapas presuntamente sustraídas, denuncias y evaluaciones técnicas municipales para determinar el alcance de los daños.
El municipio señaló entonces que desconocía las causas exactas y los responsables de los nuevos actos de vandalismo, y que sus equipos técnicos debían elaborar un informe.
En agosto de ese mismo año, el Concejo Deliberante autorizó una partida de $300 millones para la terminación de ocho viviendas de bloques de hormigón en Agua Patito. La Ordenanza 38.377, sancionada el 8 de agosto de 2024 y promulgada el 12 de agosto, habilitó la contratación correspondiente mediante concurso de precios y estableció que los fondos debían rendirse.
No debe confundirse esa inversión con la finalización de las viviendas originales de madera: la norma se refería específicamente a ocho unidades de hormigón.
Un año después, el 28 de septiembre de 2025, Redes de Noticias publicó un relevamiento del barrio que describió un panorama alarmante. Según ese medio, de las 250 viviendas de madera previstas, no quedaban más de 40 en pie. Se observaron estructuras derrumbadas, viviendas incendiadas, unidades con signos de humedad y otras que nunca habían pasado de la platea de hormigón.
Ese recuento corresponde a la observación periodística del medio y no reemplaza un inventario oficial. Sin embargo, las fotografías y los testimonios publicados constituyen elementos relevantes para exigir una evaluación técnica y patrimonial completa.
La oportunidad industrial que también se perdió
El aspecto más grave de esta historia puede no estar limitado al dinero invertido ni a la cantidad de viviendas que no llegaron a terminarse.
La construcción industrializada con madera podía impulsar un circuito económico regional. Cada vivienda demandaba materia prima, procesamiento, fabricación, transporte, montaje e instalaciones. Una política sostenida podía generar especialización, capacitación y nuevas oportunidades comerciales para empresas de la región.
Pero una experiencia piloto necesita algo más que un anuncio: requiere continuidad, estándares de calidad, control de ejecución, mantenimiento y previsibilidad para que las empresas inviertan.
Si el programa no logró consolidarse, corresponde analizar por qué. ¿Falló la planificación? ¿Hubo deficiencias en la ejecución? ¿Se eligió un terreno sin resolver adecuadamente sus condiciones? ¿Se interrumpió el financiamiento? ¿Faltaron controles, seguridad o continuidad administrativa?
No todas esas preguntas tienen necesariamente la misma respuesta. Algunas pueden involucrar decisiones de una gestión; otras, circunstancias posteriores. La investigación debe establecer qué ocurrió en cada etapa, sin convertir una hipótesis en una condena anticipada.
Lo que sí resulta evidente es que el objetivo inicial de demostrar una alternativa industrial para la vivienda social quedó seriamente comprometido por el desenlace del programa.
¿Quién responde por los recursos y por las familias?
Las responsabilidades deben investigarse desde el origen hasta el estado actual del barrio.
La administración que impulsó el proyecto debe explicar la selección del terreno, los procedimientos de contratación, la planificación y el cumplimiento de los convenios. Las autoridades nacionales deben informar sobre los desembolsos, la rescisión de 2019 y el posterior financiamiento para retomar las obras. Las gestiones municipales siguientes deben dar cuenta de las medidas adoptadas, los trabajos efectivamente terminados y el destino de los recursos recibidos.
También debe conocerse si hubo informes técnicos que advirtieran sobre fallas constructivas, qué empresas ejecutaron cada etapa, qué observaciones se formularon y si se aplicaron sanciones o garantías contractuales.
Y existe una responsabilidad social que no puede quedar relegada: las familias que necesitaban una vivienda segura no pueden convertirse en las principales perjudicadas por los incumplimientos, las disputas administrativas o la falta de continuidad.
La memoria pública no puede detenerse en las inauguraciones
Cuando se acercan las elecciones, los dirigentes suelen recordar sus anuncios, enumerar sus realizaciones y reivindicar las obras que consideran parte de su legado. Pero una rendición de cuentas seria también debe incluir aquello que no se terminó, los recursos que hubo que volver a invertir y las oportunidades que no llegaron a materializarse.
Agua Patito merece una explicación integral. No solamente por las familias que esperaban una casa, sino también por los trabajadores y los sectores productivos que podían encontrar allí una oportunidad de desarrollo.
Concordia necesita transformar su potencial forestal en empleo, tecnología e industria. Para eso hacen falta políticas públicas que puedan evaluarse por sus resultados, no solamente por sus anuncios.
No se trata de afirmar que toda la responsabilidad recae en una sola persona o gestión. Se trata de reconstruir una cadena de decisiones, identificar los incumplimientos que puedan probarse y establecer qué ocurrió con los recursos públicos.
La pregunta final es tan sencilla como necesaria: ¿quién va a presentar ante la comunidad el balance definitivo del proyecto Agua Patito?
Cuánto se presupuestó, cuánto se pagó, qué se construyó, qué quedó destruido, qué se recuperó y qué medidas se adoptaron para evitar que una experiencia semejante vuelva a repetirse.
Porque cuando una obra pública fracasa, no solamente se pierden materiales y dinero. También se posterga el derecho a una vivienda digna, se debilita la confianza ciudadana y se deja escapar la posibilidad de crear trabajo y riqueza en la propia región.
Y Concordia no debería aceptar que una oportunidad de semejante magnitud termine convertida en una historia sin respuestas.
