Oficialismo, dialoguistas y silvestres provinciales acompañaron. Rechazo kirchnerista y de la izquierda. El proyecto pasa ahora al Senado, donde habrá una fuerte resistencia cristinista. Obtuvo 138 votos afirmativos

El Gobierno parece haber aprendido de las tropelías de la temporada estival pasada y, en una sesión ágil y sin apremios, no sólo votó la suspensión de las PASO: apenas ingresada la noche de este jueves, el pleno de la Cámara baja aprobó y giró al Senado los cambios penales sobre reincidencia y reiterancia, una iniciativa clave en seguridad para los intereses de la Casa Rosada, con la que cree que desactivará la denostada “puerta giratoria”.

La ley en cuestión recibió 138 votos afirmativos, 94 negativos y una abstención, durante la definición en general. Luego se pasó a la particular, donde revalidó una cantidad menor de legisladores, sin poner en riesgo su destino. Del lado de los avales aparecieron las bancadas de La Libertad Avanza, PRO, las diversas usinas radicales y silvestres provinciales, mientras que la oposición estuvo del lado del kirchnerismo y la izquierda. Ahora, se espera una fuerte resistencia del cristinismo en el Senado.

En cuanto al proyecto, el primer artículo deja en claro que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Es parte del corazón del texto, que fue detallado por la legisladora del PRO y titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado.

La diputa por Córdoba explicó: “¿Qué es lo que pasa? Cuando un delincuente sale a cometer otro delito, y hay muchos que no tienen pena de cárcel inmediata, como robar un quiosco, se lo detiene pero se lo suelta y nunca cumple la pena efectiva de prisión para que sea considerado reincidente”.

Rodríguez Machado agregó que, con las modificaciones propuestas, “para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, por lo que “no va a entrar y salir por la misma puerta”.

Seguido a ello, enfatizó como segunda cuestión que “cuando un delincuente comete muchos delitos, no hay un criterio legal único para la pena total, a veces se hace un ‘mix’, y eso tampoco va a pasar más, ya que la pena final va a ser por la sumatoria de todos esos delitos”.

Por último, la cordobesa destacó la diferencia entre “reiterancia” y “reincidencia”. En ese sentido, dijo que “un juez hoy valora y dicta en base a la posibilidad de fuga y/o entorpecimiento de la causa”, y que a partir de la ley empujada por la Casa Rosada “se incorporará un tercer supuesto, que son las imputaciones previas que haya tenido, lo cual deberá también ser valorado por el juez”.

La respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar y aterrizó de la mano del rionegrino Martín Soria. “Rechazamos la intención, no supera el mínimo test de constitucionalidad”, aseguró, y sumó: “Buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar ciudadanos completamente inocentes. El eje central es sustituir la presunción de inocencia de los habitantes por la de un juez, sobre si cometerá un delito en un futuro. Es la futurología penal de los jueces, una categoría nueva, inédita”.

Desde el radicalismo, Pamela Verasay puso de ejemplo a su provincia, Mendoza: deslizó que “desde la implementación -en dicho distrito-, terminó la ‘puerta giratoria’ y disminuyó en casi 50% los delitos contra la integridad física, incluido los homicidios y robos con armas de fuego”.

En tanto, desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño -es respetado por muchos bloques- insistió en la “prudencia” que se debe contemplar a la hora de “legislar” sobre estas cuestiones y manifestó: “Agravamos a quienes eligen delinquir como forma de vida. El avance del narcotráfico, el terrorismo, el delito organizado y el descontrol en muchas regiones del país nos obliga a cuidar a los ciudadanos con herramientas concretas y no dejar que los jueces hagan nuestro trabajo”. El cordobés no olvidó mencionar que “la mayoría de la doctrina nacional y extranjera está en contra de este tipo de medidas”.

Como última oradora, la libertaria María Celeste Ponce sugirió que el objetivo de la iniciativa es “poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.