Habían planteado en Comodoro Py que existía una “mesa judicial” en Entre Ríos contra el exembajador en Israel; la jueza Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la provincia
Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.
La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.
Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.
La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.
Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.
Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.
Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.
Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.
